Reporte ante Naciones Unidas del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión en Colombia, Sr. Ambeyi Ligabo. Quien resaltó en su informe “el sentimiento generalizado de inseguridad que reina por la militarización del país, acompañado de la estigmatización de las posiciones contrarias. El reporte ilustra los lazos existentes entre los militares y agentes del orden con los paramilitares, escribe García Sanclemente, enviado especial de ANNCOL a la 61 Conferencia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra-Suiza).
17.03.2005 [Cesar García Sanclemente/ANNCOL] Después de visitar Colombia y de entrevistarse con muchas personalidades entre ellas con el Vicepresidente Francisco Santos, el Defensor del Pueblo, con miembros de la Corte Constitucional, con medios de comunicación entre ellos el semanario Voz, y con algunos partidos políticos entre ellos el Partido Comunista colombiano y algunas ONGs, el reportero especial presentó su informe sobre la situación colombiana. De su extenso reporte sintetizamos los puntos más importantes para nuestros lectores.
El señor Ligabo resaltó en su informe “el sentimiento generalizado de inseguridad que reina por la militarización del país, acompañado de la estigmatización de las posiciones contrarias. El reporte ilustra los lazos existentes entre los militares y agentes del orden con los paramilitares.
Sobre la reforma proyectada a la constitución por el gobierno de Uribe, el experto sostiene que puede “dar lugar a debilitar fundamentalmente la acción de Tutela, que ha sido el mecanismo judicial basado en la Constitución para proteger los derechos de todos los ciudadanos. Esta reforma puede restar fuerza a la autoridad del Tribunal Constitucional, a sus funciones de fiscalización y en definitiva la independencia de los jueces”.
Las criticas fueron claras en torno a la política de “seguridad democrática” del gobierno Uribe, esta legislación no es compatible con las disposiciones de varios instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia, en particular el pacto internacional de Derechos Civiles y políticos. “Todo tipo de critica, comentario u observación podría interpretarse como un ataque al Estado -sostiene el experto-, con los efectos devastadores en el debate pluralista”.
Sobre los paramilitares, el experto sostiene que -éstos a pesar de la supuesta tregua- “a finales del 2002, han asesinado desde entonces a unas 600 personas” añadiendo que éstos “han llevado a cabo funciones del Estado vinculadas a la seguridad, sin tener competencia judicial: detenciones, masacres, y que han actuado como personal de seguridad de algunas multinacionales”.
En el reporte presentado a la 61ª comisión de derechos humanos, “se considera que aterrorizar a los civiles mediante tácticas como las matanzas, los asesinatos selectivos y las amenazas constituyen un recurso eficaz para erradicar todo tipo de apoyo, real o supuesto, a la guerrilla. Además, los grupos paramilitares pueden ejercer une notable presión sobre los campesinos y los indígenas a fin de abrir el camino a nuevas iniciativas económicas, como la explotación del petróleo y el carbón” ( podemos añadir que se presionara a los campesinos para votar por la reelección de Uribe en las zonas de influencia paramilitar a cambio de la impunidad, como esta demostrado con su proyecto jurídico de desmovilización)
Las leyes mas cuestionadas porque alejan a Colombia de los tratados por ella firmados y refrendados en la constitución son en su orden, el decreto de conmoción interior, Decreto 2002, declarado inconstitucional por la Corte, el Decreto legislativo 245 que extiende el estado de conmoción interior, declarado también inconstitucional por la Corte, el decreto 128 para conceder indultos a los paramilitares, el proyecto de ley estatutaria 85 (2003) para suspender las penas de prisión y penas punitivas a los paramilitares. Otro de los artículos bajo la lupa de Naciones Unidas es el acto legislativo 223 denominado “Estatuto antiterrorista” pues según el criterio del relator, este constituye una grave amenaza a la libertad de expresión y puede aumentar la impunidad.
Entre las reformas que más causan preocupación de Naciones Unidas es el intento del gobierno colombiano de librarse del control de la Corte Constitucional, proponiendo la reforma de ésta mediante el acto legislativo N° 10 del 2002, que la debilitaría sustancialmente, así como también a la aplicación de la Tutela.
Sobre las ausencias y deficiencias del programa de protección del ministerio del interior, el relator se entrevisto con el Vicepresidente Santos, éste argumentó la ausencia de recursos del Estado para cumplir con el programa, (Frente a este punto, podríamos señalar como el Estado tiene dinero para pagar recompensas, para crear mas batallones, mas brigadas militares, pero para la protección de las personas amenazadas jamás hay recursos), la seguridad según Santos se manifiesta en el aumento del pie de fuerza de las unidades de policía para proporcionar más seguridad a los ciudadanos.
El relator hizo especial énfasis en la concentración de los medios de comunicación en Colombia, ésta tendencia “da origen a una serie de fenómenos inquietantes como la autocensura y la desaparición del periodismo profesional de investigación. Con el fin de conservar su puesto y su salario, y acuciados por el miedo de convertirse en objetivo de grupos paramilitares, muchos periodistas han preferido actuar con discreción o, en muchos casos, sumarse a la corriente de opinión política dominante” (Ver por ejemplo las posturas de los periodistas del Tiempo, el Espectador, RCN, Caracol, Semana, Cambio, que contribuyen a la estigmatización de los dirigentes de izquierda como ligados a la insurgencia, y como también señalan autorías y responsabilidades sin investigar: casos como la masacre de Trujillo, presentada como un Combate, o como la muerte de los sindicalistas de Arauca presentada también como un combate, cuando en realidad era una ejecución extrajudicial.)
Se subrayo en este informe que la prensa colombiana raramente daba cabida a opiniones y análisis distintos de las ideas del gobierno.
Lo que los periodistas olvidan es que son explotados también por los monopolios al servicio el régimen. Este reporte indica que sólo el 51% de los periodistas tienen contrato por tiempo indefinido y que su ingreso medio era de 400 dólares de los EEUU, lo mismo que un taxista. Los periodistas mejor remunerados ganan 1.000 dólares, pero la única manera de conseguir un salario alto es trabajar para un político o un partido político importante o vender publicidad paralelamente a la actividad periodística. “La inseguridad laboral, la inexistencia de un sindicato, la falta de un sistema efectivo de pensiones y la falta de seguridad contribuyen a mermar la calidad del periodismo y la independencia de los periodistas”.
Otro panorama que contrasta con la prensa oficial es la prensa considerada opositora al régimen, el relator se entrevistó con un representante del semanario VOZ, quien afirmo que a pesar de estar amparados por el plan de protección, no hacia mucho que habían asesinado a dos de sus corresponsales y que se habían puesto dos bombas en su oficina principal. La fiscalía investigó los delitos, aparentemente, sin resultados. VOZ se ha publicado durante 47 años y ahora en ciertos departamentos como Putumayo, Arauca y gran parte de Antioquia el semanario no esta disponible: sus distribuidores están amenazados y para el ciudadano común puede resultar peligroso comprarlo.
