Página Principal
Página Principal Mapa del Sitio Resumen del Sitio Contactanos Suscribite a nuestro boletín informativo Página Principal
Buscar en el Sitio:  
www.rodolfowalsh.org > Claves









HERRAMIENTAS

 Versión para imprimir de: (¿Qué pretende hacer EEUU?<br>¿Para qué tanta inmunidad?)

 Generar una versión PDF de: (¿Qué pretende hacer EEUU?<br>¿Para qué tanta inmunidad?)

EEUU castiga a quien no se somete
¿Qué pretende hacer EEUU?
¿Para qué tanta inmunidad?
Traducción del The New York Times y Comentario IRW
Por El Equipo
Publicado digitalmente: 22 de agosto de 2005

Comentario IRW
Artículo de "The New York Times"

Equipo de Investigaciones 'Rodolfo Walsh'Comentario IRW

Sin ningún tipo de pudor EEUU ventila sus disputas internas, sus contradicciones, a través de los medios. Se mueve con tal soberbia que llega a sorprender que aún pretenda más impunidad, vale decir "inmunidad"...

Pero no debe haber confusiones: las contradicciones no son referidas a las políticas de fondo -a las políticas de dominación- sino a las formas que las mismas adquieren (y adquirirán en el futuro).
No se discute en el artículo del New York Times si se debe o no violar la soberanía de las naciones, si se deben o no alienar los recursos naturales de los países, o si se debe o no someter a los pueblos. Lo que está en discusión es cómo hacer todo ello de la mejor manera posible, de la manera más eficiente y conveniente.

Por detrás de la cuestión del Tribunal Penal Internacional subyace, sin que nadie lo explicite, una presunción atroz: EEUU sabe que para sustentarse como potencia mundial deberá recurrir en el futuro a métodos condenables jurídicamente y ha optado por desarrollar una política "preventiva" en el ámbito del derecho internacional para inocentar a los "futuros criminales" norteamericanos de antemano.

Con inusitada franqueza el artículo prueba que argumentos como los del combate a los carteles de la droga, al terrorismo, a la inmigración ilegal, a la corrupción, así como la ayuda humanitaria y el sustento de las "democracias" son meras excusas para justificar la injerencia norteamericana que ahora exige, mediante extorsión económica, ponerse por encima de toda ley.

En sí este artículo desnuda las ambiciones norteamericanas, al dejar en claro que los pedidos de inmunidad, tanto para soldados como para civiles, no son un elemento puntual de la política exterior norteamericana, sino que forman parte de una estrategia geopolítica mas amplia, que presupone acciones de diversa índole pasibles de ser sancionadas por el Tribunal Penal Internacional -así como por las diversas legislaciones nacionales-. De otra manera no se explica (el artículo no lo explica...) a qué viene tanto interés en ostentar "inmunidad" legal.

Por otro lado, en algunos pasajes, no se puede dejar de percibir cierto cinismo en la descripción de las dramáticas situaciones por las que atraviesan varios países, llegando a exponer con rudeza el grado de humillación y sometimiento al que se han visto sometidas varias naciones -a través de sus gobernantes- debido a las políticas extorsivas de EEUU.

Pero quizás lo peor sea que las voces disonantes en EEUU no se hacen escuchar para exigir el fin de las acciones destinadas a saciar las ambiciones imperialistas norteamericanas, sino para demandar más prolijidad en la faena.

El Equipo

Exigencia de los EEUU de inmunidad para los norteamericanos provoca irritación

Los cortes de Bush en las ayudas, debidos a la cuestión del Tribunal Penal Internacional, perturban a los vecinos

Exige que sus soldados y funcionarios no sean sometidos a proceso
The New York Times Internacional
Por Juan Forero
Publicado el 19 de agosto de 2005

BOGOTÁ, Colombia, 18 de agosto - Hace tres años la administración Bush comenzó a presionar a los países para que protejan a los norteamericanos del nuevo Tribunal Penal Internacional de La Haya, que fue pensado para ser el primer tribunal permanente para procesar crímenes como el genocidio.

Desde entonces Estados Unidos ha cortado la ayuda a aproximadamente dos docenas de naciones que rechazaron firmar los acuerdos de inmunidad que las autoridades norteamericanas dicen destinadas a proteger soldados y miembros del gobierno americanos contra procesamientos por motivos políticos.

Para la administración Bush los cortes de la ayuda son el precio a pagar por negarse a ofrecer colaboración en un área donde ve a Estados Unidos, con sus fuerzas militares diseminadas a través del globo, como siendo singularmente vulnerable.

Pero particularmente en Latinoamérica y el Caribe, hogar de 12 naciones que han sido penalizadas, los cortes están generando un fuerte resentimiento delante de lo que muchos ven como una diplomacia de mano dura, señalaron funcionarios y diplomáticos en siete países.

Más que eso, algunos norteamericanos también están comenzando a cuestionar la política, en la medida que líderes políticos y militares en la región se quejan de que los cortes de la ayuda están acabando con la buena voluntad y perjudicando su capacidad de cooperar en otras áreas importantes, como las campañas contra las drogas y el terrorismo.

En un testimonio ante el Congreso en marzo, el general Bantz J. Craddock, comandante de fuerzas militares americanas en Latinoamérica, dijo que las sanciones habían excluido a oficiales latinoamericanos de programas de entrenamiento norteamericanos y podrían permitir que China, que ha estado buscando lazos militares en América Latina, llene el vacío.

"Ahora corremos el riesgo de perder contacto e interoperabilidad con una generación de oficiales militares en muchas naciones de la región, incluyendo varios de los principales países", dijo el general Craddock al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado.

La mayoría de las penas, establecidas en una ley que entró en efecto en 2003, han sido en forma de cortes en entrenamiento militar y otras ayudas de seguridad. Pero el proyecto de presupuesto presentado en diciembre también permite nuevos cortes en programas sociales y de salud, de educación contra el SIDA y mantenimiento de la paz, de asistencia a refugiados y reformas judiciales.

Aunque las cantidades son una miseria para Washington, su pérdida se está sintiendo duramente en países pequeños.

En un arrebato, en junio, el presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, dijo a una emisora de televisión de Quito que él no se curvaría ante Washington. "Absolutamente nadie me va a meter miedo", dijo. "Ni el gobierno, ni Alfredo Palacio, ni el pueblo ecuatoriano deben temer."

Su país tiene una de las mayores bases militares norteamericanas de la región y se ha vuelto cada vez más importante como puesto de vigilancia norteamericano de todo el comercio de cocaína y la inmigración ilegal. No obstante, Ecuador ha perdido 15 millones de dólares desde 2003 y puede perder otros 7 millones de dólares este año.

Cuando los 18 jueces internacionales del Tribunal Penal Internacional prestaron juramento en marzo de 2003, el tribunal era apoyado por 139 países y promocionado por sus partidarios como el proyecto más ambicioso del derecho moderno internacional.

Fue pensado para sustituir los tribunales “ad hoc” que tratan atrocidades en Yugoslavia, Rwanda y Sierra Leona. Este año el Consejo de Seguridad, con la abstención de Estados Unidos, dio aprobación al tribunal para procesar los casos relacionados con las atrocidades en Darfur, Sudán.

Muchos juristas dicen que es improbable que los norteamericanos lleguen a enfrentar alguna vez el tribunal porque su foco está en los crímenes de guerra más notorios, como el genocidio sistemático, y el tribunal fue diseñado para juzgar casos de países donde el sistema judicial es incapaz o poco dispuesto a lidiar con tales casos. También hay salvaguardias que le darían a los tribunales militares y civiles de Estados Unidos jurisdicción propia sobre los norteamericanos.

Pero los miembros de la administración Bush, incluyendo alguno del Departamento de Estado, afirman que mismo así el tribunal aún podría actuar contra funcionarios norteamericanos.

"La posición encarada por Estados Unidos va mucho más allá de las personas en servicio activo e incluye responsables de nuestro gobierno", dijo un alto funcionario del Departamento de Estado, que fue autorizado a hablar sobre esta política, pero solo si no fuese identificado. "No estamos alucinando que nuestros funcionarios están en peligro".

"La idea es que el tribunal consigue un segundo proceso si no está satisfecho", agregó el funcionario.

Bruce Broomhall, director del centro para el estudio del derecho internacional y la globalización en la universidad de Quebec en Montreal, discrepa. Él observó que, para el tribunal actuar contra un supuesto criminal de guerra, el promotor debe probar a los jueces que el país anfitrión "está protegiendo al individuo acusado de responsabilidad criminal".

Mismo así, dijo Broomhall, hay "un atisbo" de argumento por detrás de la preocupación de la administración. "Si el crimen es suficientemente organizado e intenso y un crimen contra la humanidad - si usted consigue atravesar ese primer umbral - es potencialmente un crimen dentro de la jurisdicción del tribunal", dijo.

Otros, como Richard Dicker de Human Rights Watch, reconocen que hay países que pueden desear utilizar el tribunal "como ariete político".

"Lo que está en disputa", dijo Dicker, director de derecho internacional del grupo, "es qué tipo de salvaguardias son necesarias para prevenir esta clase de distorsiones. Estados Unidos ha adoptado una solución que es hostil al imperio de la ley, que dice que como somos el estado más poderoso del mundo, nosotros crearemos un sistema judicial de dos pesos y dos medidas".

George Nethercutt, un ex-congresista republicano del estado de Washington que fue autor de la enmienda que pide los cortes en ayuda económica, aprobada en diciembre, reconoció que la posibilidad de un norteamericano enfrentar cargos es pequeña. Pero dijo que presionar a los países para que firmen los acuerdos "no le parecía una expectativa desproporcionada", porque la ayuda no es un derecho.

Pero los opositores en el congreso americano llaman a los esfuerzos del gobierno de política "hiperactiva-preventiva", que hace más mal que bien.

"Estamos ejerciendo presión constantemente sobre otros países, y llega un punto en que se genera un rechazo y nos perjudica: nos perjudica militarmente, perjudica nuestras relaciones comerciales, nos perjudica políticamente", dijo el diputado Bill Delahunt, demócrata de Massachusetts.

Los miembros de la administración observan que se han firmado más de 100 acuerdos de inmunidad. Pero los partidarios del tribunal dicen que la mayoría han sido firmados por países pobres altamente dependientes de la ayuda de Washington; aliados de la OTAN, como Gran Bretaña y Alemania, han sido eximidos de las penas (cortes), así como otros países ricos como Australia y Japón.

En cerca de dos tercios de los países que han firmado, los cuerpos legislativos no han ratificado los acuerdos, poniendo en duda su legalidad, dijo la Coalición para el Tribunal Penal Internacional, que apoya el tribunal.

En total 53 países, de Kenia a Ecuador y hasta algunas naciones europeas, han declinado firmar los acuerdos, diciendo que el esfuerzo de Washington mina su compromiso con el tribunal. No todos fueron penalizados y algunos, como Paraguay y Dominica, más adelante han cedido a la presión norteamericana y firmaron los acuerdos.

En Latinoamérica los acuerdos de inmunidad y las sanciones han sido especialmente duros de tragar para los gobiernos de izquierda que han llegado al poder rechazando las políticas económicas impulsadas por EEUU.

"Es una política contradictoria e ingrata", dijo Luis Hernández, coronel jubilado del ejército de Ecuador que fue formado en la Escuela de Guerra del ejército de Estados Unidos.

Los expedientes presupuestarios americanos demuestran que Uruguay, cuyo nuevo gobierno de izquierda se ha negado vehementemente a firmar un acuerdo de inmunidad, perdió 1,5 millón de dólares desde 2003. Costa Rica ha perdido cerca de 500.000 dólares, y la inestable Bolivia ha perdido 1,5 millón de dólares.

Además, el programa internacional de Educación y Entrenamiento Militar de Estados Unidos, que paga para que los oficiales militares latinoamericanos estudien en los Estados Unidos, redujo sus matrículas a 770 oficiales por año, de una media anual de 3.000, dijeron funcionarios militares.

La mayoría de las naciones que han perdido el dinero efectivo es carente de recursos, como Dominica, una isla del Caribe que perdió 400.000 dólares y que no ha podido accionar su única lancha guardacostas por dos años. Esto significa que no hay ninguna patrulla antidrogas o búsqueda de pescadores perdidos en el mar, dijo Crispin Gregoire, embajador de Dominica ante las Naciones Unidas.

"Tambaleábamos debido al impacto de la pérdida de la ayuda, y nuestra economía no estaba en su mejor forma", dijo. "El gobierno decidió rendirse y terminamos firmando".

Perú, un aliado cercano de la administración Bush, ha perdido cerca de 4 millones de dólares. "Uno sí siente los cortes", dijo el congresista Luis Ibérico, presidente del comité que supervisa el gasto militar y la campaña antidrogas. "Éstas son cantidades pequeñas, pero sin embargo, son necesarias para apoyar nuestro personal militar".

Por dolorosos que sean los cortes, muchos países dicen que no cederán ante la presión norteamericana.

"No cambiaremos nuestros principios por cualquier valor en dinero", dijo Michael I. King, embajador de Barbados ante la Organización de Estados Americanos. "No nos vamos a curvar por 300.000 dólares en fondos de entrenamiento".

Muchos funcionarios discuten que los tratados existentes ya protegen a los soldados norteamericanos. Los nuevos acuerdos van demasiado lejos, dicen, agregando protecciones para los norteamericanos comunes, como turistas, y los contratados no-norteamericanos que trabajan para las compañías norteamericanas.

Aquí en Colombia, por donde ya pasaron 8.000 soldados de las fuerzas armadas norteamericanas en los últimos cinco años como parte de su mayor misión en la región, un nuevo acuerdo de inmunidad hace dos años ha irritado a algunas autoridades. Colombia tenía ya un tratado de 1974 que protegía a los soldados norteamericanos contra procesos criminales.

"Estos tratados dicen que cada uno en Colombia debe respetar la ley, los indios, los chinos, los colombianos", dijo el senador colombiano, Jimmy Chamorro, que los considera ilegales. "Todos excepto los norteamericanos".

. Claves
. . El embrollo del TLC
. . Estados Unidos abre nueva base militar en Colombia
. . Colombia: Otro pupitrazo del gobierno en el Senado para aprobar el TLC
. . Campaña de Reporteros Sin Frontera contra Venezuela
. . Estados Unidos y su marcha sobre Moscú
. Ir a la sección: Claves

Investigaciones Rodolfo Walsh