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Enroque de villas: Lugano-Retiro
¿El último negocio de Ibarra?
Por José Luis Zamora
Publicado digitalmente: 9 de diciembre de 2005
Estas cuatro paredes son mi mundo, el mundo puede ser también de tablas para mirar por entre sus rendijas otra vida mejor, otro mañana. Yo vengo de cualquier parte desde el dolor de mi tierra y por vivir como vivo me llaman Villa Miseria.
Serenata de la villa miseria.
Armando Tejada Gómez.
Jaqueado por la masacre Cromagñon, Aníbal Ibarra, Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los días - tal sufriente de un inexorable estigma - sangra por las heridas que le infringió tamaña desgracia. Por lo tanto, surge cotidianamente, lo que es un secreto a voces entre sus pares políticos, hablar de Ibarra es referirse a un cadáver político en el futuro. Ibarra lo sabe, o por lo menos lo intuye y el por-venir se transforma en un gran problema para el ex fiscal que prometió tantos cambios en la Capital, finalmente consumidos en una espantosa tea humana.
Pese a ello, si algo hay que reconocerle es una audacia sin límites, ya que, aún sin respaldo y promesa mediante, permanece en su escritorio el anuncio que daría junto al gobierno nacional, un proyecto menemista de 1994, sobre la urbanización de la villa ubicada en el barrio de Retiro, por consiguiente también, sobre el traspaso de las casi 20 mil almas que conforman el complejo carenciado identificado como Villa 31 y 31 bis, que se extiende en los laterales de la autopista Illia, a otra villa en el barrio Lugano, conocida como Villa 20. Tomar una decisión de esta naturaleza es de extrema temeridad para alguien que pegaría con ello un último manotazo de ahogado en busca de mejorar la opinión popular de su gestión de gobierno o bien, como correspondería intuir, se trataría de un enorme negocio inmobiliario, cosa, que no se puede, ni se debe soslayar.
Varios proyectos se están poniendo en marcha en la Secretaría de Infraestructura porteña a cargo de Roberto Feletti, en el que se incluye un faraónico proyecto para la construcción de hoteles, oficinas, edificios, paseos, restaurantes, entre otras edificaciones, la continuación del anillo vial y de la autopista Illia, un centro de convenciones sobre la Avenida Libertador, remodelación de la zona de Aeroparque y establecer una red ferroviaria. Mas aún, no ha sido transferido el predio de la costosa zona de Retiro por parte de la Nación, a pesar que el mes pasado en las oficinas de la Corporación Puerto Madero se sentara junto a Anibal Ibarra y Roberto Feletti, el ministro de Planificación Julio De Vido para debatir el tema, que es una espina constante para todos los gobiernos, desde el año 1958 hasta la fecha. Un tablero de ajedrez endemoniado en el que los reyes del lobbismo inmobiliario permanecen en un estado de guerra interminable contra los peones de la pobreza.
¿Cómo encarar el problema habitacional de tantas familias carenciadas y que en la gestión de gobierno quede reflejado un accionar lícito y a la vez transparente?
No parece posible, ni fácil, ya que según a podido establecerse, se habría dado lugar a un concurso público en el que resultaron “ganadores” los arquitectos Miguel Baudizzone, Jorge Lestard y Alberto Veras. Pero el apresuramiento por construir lugares de “alta sociedad” parece tener algunas trabas, debido a los “porcentajes” en juego, que hasta ahora, nadie acierta en sortear.
Que Julio De Vido se haga presente en la negociación no es novedad dado que buena parte de las tierras donde se levanta la Villa 31 pertenece a la Administración General de Puertos. O sea: al gobierno nacional. Otra tercera parte corresponde a Repsol YPF y una poción mínima a la Ciudad, por lo tanto “el acuerdo tripartista” o “emprendimiento” de urbanización parece encaminarse, primeramente, en la aprobación de la Legislatura porteña, donde aún no ha llegado el plan y, rápidamente, obtener la anuencia de un escaso 30 por ciento de los habitantes para su desarraigo con previo pago de un subsidio, para que regresen a sus provincias o países de origen o el otorgamiento de una vivienda.
Ahí, con esto último, es cuando entra a jugar un enroque de villas que, ni Bobby Fischer, hubiera concebido mejor en sus brillantes estrategias de juego. Peones contra peones. Los reyes, se sientan a espera el resultado.
Con la construcción de cuatro a ocho torres de departamentos - unas 3000 viviendas - en la Villa 20 del barrio de Lugano en Capital Federal, se daría por solucionado el tema, sin tener en cuenta la oposición manifiesta de los habitantes de la misma.
Por lo tanto, una ecuación a priori daría como resultado diez puntos a tener en cuenta:
a) El “negocio” posee dos patas. Una en cada villa.
b) El proyecto será encarado por la Corporación Puerto Madero, quien se encargará del management.
c) El “resto” de los habitantes de la villa 31 y 31 bis no existe en “carpeta” de gobierno, por lo tanto este proyecto inmobiliario superior no cuenta con un plan estratégico de realojamiento de familias.
d) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no posee recursos inmobiliarios, como hoteles o pensiones para paliar la situación de la gente con insoslayable prioridad humanitaria y los pocos que existen se encuentran, la mayoría, en deplorable estado de conservación edilicia, siendo sólo un negocio para sus propietarios, dado que dichos recursos son dilapidados del presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no ayudan en nada a mejorar la condición de vida infrahumana en la que se encuentran sus ocupantes.
e) Los emprendimientos de urbanización se encuentran frenados por la Justicia a raíz de quejas de los vecinos de ambas villas, han expresado su voluntad de quedarse, oponiéndose a cualquier iniciativa que implique su erradicación. “Tenemos derecho a vivir en la ciudad”, han expresado.
f) Repsol YPF, - según fuentes del gobierno porteño - es “ciento por ciento colaboracionista”. Entonces, comencemos a dudar.
g) La vastedad de las arcas del tesoro de la ciudad no alcanzaría para desembolsar el dinero necesario para indemnizaciones no programadas de seguir aumentando la afluencia de nuevos moradores. Debido a ello, todo se mantiene en el más estricto secreto, ocultando la verdadera situación que ampara a las familias carenciadas que allí viven.
h) Existen muchas familias con títulos de propiedad que obtuvieron mediante el Plan Arraigo, cuando el intendente era Carlos Grosso. Se trata, hoy, de uno de los lugares “más cotizados” del distrito, a la entrada de Capital Federal.
i)El proyecto resulta contradictorio respecto a lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dado que lesiona en varios de sus artículos los derechos de los habitantes del Barrio Padre Carlos Mugica.
j)Un resultado del CNPHy V 2001, muestran la existencia de 341.287 viviendas en las que no se pudieron realizar entrevistas con sus propietarios para determinar los motivos por los cuales se encuentran en situación de virtual abandono y que podrían constituirse, llegado el caso, en una oferta inmediata para implementar un programa para solucionar la escasez de vivienda en la Ciudad, tendiendo a cero.
Las “villas miseria” surgieron en la década del treinta, aunque esta manifestación de reclamo social en demanda de un inalienable derecho a la vivienda, se reafirma como un fenómeno impensado en el marco de masivas inmigraciones internas en nuestro país a partir de los cuarenta.
La tasa de crecimiento de la población urbana se vio superada ampliamente a la del crecimiento de la población industrial. Debido a ello, el éxodo trajo aparejado una acelerada expansión del área metropolitana, consolidándose de forma precaria el hábitat para estos desplazados, en sitios denominados villas miseria o villas de emergencia.
Emergencia que, para la gente que las ocupó hasta el día de hoy, no ha dejado de ser un tema recurrente de urgente solución, dado que se encuentran muy lejos de poder reinsertarse a los cánones establecidos de la sociedad y que muy por el contrario son portadores de adscripciones estigmatizantes por parte de ésta, como apodos con connotación peyorativa como “villeros”, “cabecitas negras” y en el peor de los casos, directamente “negros villeros”. En los últimos años, el recurrente latiguillo de la inseguridad tapó el bosque y, muy lejos de mostrar la verdadera raíz del problema, tapó el único árbol que debiera ser regado, el derecho que les asiste como ciudadanos de la Ciudad.
Dice el Preámbulo de la Constitución Nacional en una de sus partes “”promover el bienestar general” y reafirma en su artículo 14 bis “la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
Mas, no solo allí se plasman los derechos olvidados por los gobernantes, también el artículo 17 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa: “La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades”.
Además, en su artículo 18 reafirma: “La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio”.
En suma, se actúa y se busca lo contrario a lo establecido por ley.
Por ejemplo, el 30 por ciento de las viviendas en la Villa 31 y 31 bis, son casillas, el 2 por ciento poco menos que taperas y el resto, casas construidas con un carnavalesco conjunto de ladrillos, maderas y chapas, en donde reinan los planos de construcción que no han sido debidamente autorizados. El 78 por ciento de la gente no posee ningún tipo de cobertura médica, y un gran porcentaje de chicos sufre el problema de la desnutrición infantil. Los servicios públicos básicos, como agua potable, alumbrado público, red de cloacas, brillan por su ausencia.
En los artículos 26 a 30, siempre de la Constitución de la CABA, están referidos al tema Ambiental y en el artículo 31 al Hábitat.
1) Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos.
2) Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.
En el artículo 56 de dicha Constitución, queda establecido que “los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y descentralizados, son responsables por los daños que ocasionan y por los actos u omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades legales”.
El derecho al espacio no se agota en la dicotomía propietarios - no propietarios, sino, además, en la responsabilidad, como queda claramente demostrado, que debe encarar, sin omisión o indiferencia, sin exclusión social, ni eufemismos, ni “ocultamientos”, una política que conlleve una acción de gobierno responsable, sostenida y equitativa para estos ciudadanos de la Ciudad, y no la “impresión” de una gestación en el negocio inmobiliario “mayor”, que parece encaminarse hacia una blanquesina danza de billetes, que, generalmente, van a parar al bienestar de los bolsillos menos indicados. El debate recién comienza.
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