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HERRAMIENTAS

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Guatemala
 
Lic. Laura Inés Etcharren   
Respetar la diversidad cultural
Un estudio realizado en base a la violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. La relegación de la Mujer.
Por Lic. Laura Inés Etcharren
(¿Quién es Lic. Laura Inés Etcharren?)
Publicado digitalmente: 15 de octubre de 2005
“En la lucha del bien contra el mal, siempre es el pueblo, quien pone los muertos.”
Galeano, Eduardo

Consideraciones preliminares

Para estudiar de manera más profunda y acabada, los problemas por los que atraviesan los pueblos indígenas en América Latina, no solo es necesario remontarnos al pasado, sino también, llamar a la reflexión de todos y cada uno de nosotros.
La idea, es intentar construir un conocimiento no segmentado que, a su vez, nos permita elaborar un pensamiento crítico no autárquico. Es decir, lo que aquí se pretende, es llevar adelante un estudio que invite a la toma de conciencia desde una mirada multidisciplinaria.
Un estudio que, al mismo tiempo, tenga un corte informativo para todas aquellas personas que, por diversas razones, desconocen sus derechos; creen conocerlos; o bien los conocen, pero no saben a donde recurrir en caso de que los mismos sean violados.

Para abordar el tema, es necesario tener presente que, las primeras formas de dominación de los españoles sobre los indígenas fueron: la esclavitud, el saqueo y la apropiación de las riquezas de los mismos. De este modo, y frente a la oposición de la Iglesia, la Corona Española determinó establecer la Encomienda como institución socioeconómica. Esto significaba que, mediante la misma, un grupo de indígenas se entregaba a un encomendero para trabajar a su servicio, y así, recibir protección. Sin embargo, el encomendero solo era protector de los indígenas en teoría, ya que en la práctica, era un explotador, tal como lo manifiestan los muchos memoriales de agravios de los pueblos indígenas, en donde se establece que estos últimos debían pagar un tributo, ya sea en especie, o en servicio personal.
El problema de la mano de obra, también, fue otro de los más difíciles de solucionar en los siglos de coloniaje hispánico. Debido a la escasez de mano de obra, la Corona Española institucionalizó la llamada Mita. La Mita era un sistema que obligaba a un grupo, clan, o tribu indígena a realizar un trabajo por un tiempo determinado y por una remuneración, o salario.
Ahora bien, si bien la Iglesia Católica se opuso en cierto modo a la Corona Española, en muchas ocasiones, no obró desinteresadamente. Prueba de ello, fue su accionar ante la Conquista de América. Una conquista y una colonización que se presentan, entre otras, como las tareas más terribles albergadas en la memoria colectiva. La conquista al igual que la colonización mostró un estado de guerra signado principalmente por las pasiones y por tener todo aquello que no se tiene. Bajo esas premisas, hemos podido observar, como las ansias desmedidas de poder de los hombres, convirtieron a ese genocidio en el motor de la acumulación originaria del capital, legitimada por la institución religiosa eclesiástica que, desde siempre, influyó en la construcción de la subjetividad de los individuos, dado que cuando tuvo que salvaguardar los intereses de alguna fracción de la sociedad, lo hizo legitimando el accionar burgués (el discurso hegemónico) dejando de lado todos los preceptos religiosos, además de cuestiones tales como, el respeto, la equidad y la dignidad del hombre.
Así, el movimiento de la acumulación originaria se encuentra marcado por los siguientes factores: el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros, etc [1]. Factores que establecen los albores de la era de producción capitalista, por lo que puede señalarse que “El acta de nacimiento del capitalismo es, al mismo tiempo, el acta de defunción de numerosos pueblos americanos, cuyas riquezas servirán para que la naciente burguesía europea realice el despegue.” (Dri; p: 113).
Sin más, la historia de los pueblos indígenas en América Latina es, por un lado la historia de la falta de cumplimiento de los derechos humanos en tanto respeto e integración de los mismos al conjunto de la sociedad; y por otro lado, la historia del exterminio de las clases dominantes autóctonas por parte de los españoles. Tanto es así, que después de la masacre inicial, comenzó a desarrollarse el denominado proceso de ladinización [2], en torno a la constitución del Estado-Nación.
Pero también, la situación pasada y actual de los pueblos indígenas, pone de manifiesto que, la existencia de convenciones y tratados no cambian el mundo y no son prueba de cumplimiento. Es decir, la legislación es fundamental para el funcionamiento y la regulación de las sociedades. La protección de derechos es vital, en toda sociedad que se precie de ser democrática.
En el caso de los indígenas, parece no ser así. Ellos también forman parte de la sociedad civil, pero el sistema, parece excluirlos, al no respetar sus derechos, generando entonces una lamentable situación de anomia y demostrando una vez más que, no todos, somos iguales ante la ley.

Sobre los Derechos humanos: Nociones Generales

Para comprender debidamente la cuestión de los Derechos Humanos, es fundamental responder a la siguiente pregunta: ¿Quien es el encargado de respetar, reconocer, y por ende aceptar, los derechos humanos? La respuesta es muy simple: El encargado de todas esas tareas es el Estado. Solo el Estado puede violar los derechos humanos, y dicha violación, puede efectuarse, ya sea por acción, o por omisión. Mediante su reconocimiento, protección y ejercicio se buscan satisfacer ciertos aspectos de las necesidades humanas.
Comprendamos que los derechos Humanos son un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social; material y espiritual.
Tales derechos son pues, el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.
¿Pero qué hacer cuando hay un acto u omisión de una autoridad, o de un particular lesivo de un derecho constitucionalmente garantizado, expresa o implícitamente? Se puede recurrir a la justicia, solicitando, en virtud de su contradicción con la norma constitucional que se constituye en ilegítima, para que dicho acto cese, o la omisión, se transforme en acción.
Es preciso tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad, y la integridad física y psicológica de los indígenas y/otras personas maltratadas, incluyendo, en caso de lesiones físicas, su derecho a un tratamiento médico adecuado, sumado además, de un resarcimiento moral y material por los daños y perjuicios ocasionados.
Otra dato a tener en cuenta es que, cuando se producen violaciones a los derechos humanos y el caso se presenta internamente (es denunciado ante la justicia del país en cuestión) y los recursos y/o instancias judiciales han sido agotados; esto es: el estado ha violado el debido proceso, hay un atraso injustificado y prolongado en la decisión sobre estos recursos, o el estado ha negado a la parte el acceso a algunos de estos recursos judiciales; el caso podría presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Cuál es el rol de la Comisión? Una vez elevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cumpliendo con una serie de requisitos que la misma demanda, a saber: las personas damnificadas tienen que ser personas reales y no jurídicas de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Convención; el Estado demandado tiene que encontrarse dentro del hemisferio; la denuncia puede hacerla cualquier persona o grupo de personas o entidad reconocida en uno de los estados miembros; tiene que haber indicios de que los hechos ocurrieron efectivamente, y que la victima, es titular de un derecho protegido por la Convención o la Declaración, derecho que aparenta haber sido violado. Reunidos tales requisitos, la Comisión comenzará a evaluar los posibilidades de admisibilidad, o no, del caso.
En el supuesto caso que el tribunal interno haya expedido un fallo definitivo, la petición debe ser presentada ante la Comisión antes de transcurrir 6 meses a partir de la notificación del fallo. De lo contrario, la denuncia debe presentarse dentro de un plazo razonable a partir de la fecha en que ocurrió la violación denunciada.
Por último, en tanto admisibilidad del caso, la comisión buscará las instancias de solución amistosa entre las partes mediante reparaciones y/o indemnizaciones. No obstante, la Comisión también podría elevar el caso ante la Corte en la medida que no solo haya violación a los derechos humanos sino también comisión de ilícitos por parte de particulares, en donde ya entraría en juego el rol del derecho penal a través del derecho internacional.

Violación a los Derechos Humanos de las poblaciones indígenas

Las comunidades indígenas parecen no gozar de la legalidad mencionada anteriormente, ya que los actos terroristas que padecieron en todo el mundo muestran una falta de conciencia y entendimiento cultural por parte de los diferentes gobiernos y de los individuos en general.
Entre otros tantos derechos tutelados, los indígenas han sufrido, principalmente la violación a los siguientes derechos:

  • A la vida (Art. 4º del Pacto de S.J de Costa Rica; Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
  • A la integridad personal (Art. 5º incisos 1 y 2 del Pacto de S.J de Costa Rica).
  • A la libertad personal (Art. 7º incisos 1-2-3-4-5-6 del Pacto de S.J de Costa Rica; Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
  • Garantías judiciales (Art. 8º incisos 1-2-3-4-5 del Pacto de S. J de Costa Rica; Art. 11º de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
  • A la indemnización, protección de la honra y de la dignidad (Art. 11º incisos 1-2-3 del Pacto de S. J de Costa Rica; Art. 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
  • De protección a la familia, derechos del niño (Art. 19º del Pacto de S. J de Costa Rica).
  • A la propiedad privada (Art. 17º inciso 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
  • De circulación y de residencia (Art. 22º inciso 1 del Pacto de S. J de Costa Rica; Art. 13º de la Declaración Universal de Derechos Humanos),
  • Igualdad ante la ley (Art. 24º del Pacto de S. J de Costa Rica; Art. 7º de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
  • Protección judicial (Art. 25º del Pacto de S. J de Costa Rica; Art. 7º de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
Tampoco podemos dejar de tener en cuenta que además de la violación de los derechos mencionados, los indígenas, han experimentado permanentemente el problema de la tierra. Recordemos que su relación con la misma es fundamental, y básica en el desarrollo y desenvolvimiento de su cultura. Además de esencial en sus creencias.
Por ejemplo, en la cosmovisión maya; el Sol es el padre; la Luna es la abuela; y la Tierra es la madre. Para la cultura indígena, la tierra ancestral, es fuente de vida y parte esencial de su identidad; es por eso que la tierra, es de propiedad comunitaria. La tierra pertenece al grupo, y no, a un individuo. No puede ser considerada como una mercancía, ni mucho menos, como un bien susceptible de apropiación privada o enajenación a terceros en las condiciones que prevén los sistemas de derecho napoleónicos.
En la Parte II del Convenio 169 de la OIT se recuerda que, al aplicar sus disposiciones “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Además, deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos, consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. Asimismo, deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.”
Si tomamos como ejemplo la constitución de Guatemala, la misma, al igual que muchas otras de América Latina se inspira en dicho convenio. La constitución guatemalteca contiene diversas disposiciones programáticas que a la hora actual, están en vías de revisión, en consonancia, no sólo con el convenio 169, sino además, con el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas que forma parte del conjunto de acuerdos que permitieron poner fin, a más de treinta años de guerra civil.

La Mujer: Antecedentes de la concepción de la mujer indígena

Para comprender la figura de la mujer en la historia de América Latina es importante analizar las características de la mujer indígena, las costumbres, la moral, la manera de subordinarse al hombre, y la participación en el trabajo de la comunidad.
La descendencia por línea matrilineal imprimió aspectos distintivos al desarrollo que se prolonga inclusive, hasta nuestros días. A pesar de los cambios que sufrió, siguió conservando los rasgos propios de su sociedad, como la vida comunitaria, oponiéndose al tipo de familia patriarcal, impuesta por la colonia.
En las comunidades indígenas, el papel de la mujer era de productora de alimentos en la relación producción-consumo. Así, la economía de subsistencia siguió en manos de los indígenas, pero la actividad fuerza de trabajo se separó de la producción social de la comunidad. El resultado fue el trabajo doméstico para las mujeres y para los hombres, una nueva forma de productividad, dirigida a la exportación.
En las culturas precolombinas, la mujer, tenía un valor indispensable para la sociedad. Durante la colonia, la comunidad patriarcal la relegó a un papel secundario. Lentamente se fue conformando el ideal machista, acerca de cómo debía ser la mujer: delicada, necesitada de protección, madre ejemplar, esposa sumisa y sobre protectora de los ancianos. Con esta concepción, aparece una subcultura femenina de adaptación y dependencia, fortaleciendo el sistema patriarcal.
Ahora bien, la lucha de la mujer por la reivindicación de sus derechos ya lleva muchos años. Aún hoy, las mismas siguen siendo víctimas de abusos y malos tratos, no respetándose sus derechos por su sola condición de mujer.
Una vez obtenido el derecho al sufragio, comenzaron a surgir con mayor claridad los derechos humanos de las mujeres. Primero fueron los reclamos de iguales derechos con los hombres y posteriormente se plantearon nuevos requerimientos.
En los años 80 y 90, se busca el logro de pago por igual para hombres y mujeres en el ámbito laboral, eliminación de restricciones en los créditos, normas de protección contra el acoso sexual y eliminación de la violencia contra la mujer entre otros. Tanto es así, que los derechos de la mujer, no solo están contemplados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer, sino que además se hallan plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica, etc.
Cabe destacar, que entre los conceptos derechos humanos, mujer y violencia, existe una vinculación muy íntima, porque aunque parezca obvio que los derechos humanos de la mujer, están teórica y formalmente contenidos en el concepto de derechos humanos, nuestro mundo cotidiano revela una realidad bien diversa. A pesar de que la gran mayoría de las legislaciones internas e internacionales, convenios, acuerdos y tratados; en la actuación de los Estados-Parte comprometidos con los documentos sobre la igualdad que firmaron y ratificaron e inclusive, en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la actuación de los diversos grupos no gubernamentales que trabajan en pro de los derechos humanos, se puede constatar que las cuestiones específicas de las mujeres reciben tratamiento secundario y marginal, por cuanto los mismos sólo tienen como referencia a una parte de la humanidad: el sexo masculino, que es considerado como el paradigma de lo humano.
En el preámbulo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas Las formas de Discriminación contra La Mujer se establece que: “la discriminación [3] contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.”
Lo mencionado nos permite decir que ningún pueblo del mundo, que se precie de ser democrático, será verdaderamente libre y justo, en la medida que persistan normas o costumbres lesivas a la dignidad y a los derechos humanos de las mujeres.
“La violación de genero contra las mujeres es económica, jurídica, política, ideológica, moral, psicológica, sexual y corporal. Los hechos violentos contra las mujeres recorren una gama que va del grito, la mirada y el golpe, al acoso, el abandono, el olvido, la invisibilidad y la negación de los mínimos derechos...” [4]

La mujer y el trabajo: Violación de Derechos Humanos

Tomemos nuevamente a Guatemala como ejemplo para así observar como en la sociedad guatemalteca la mujer era explotada en la maquila. Entre los derechos violados podemos encontrar largas e intensivas jornadas de trabajo, las bajas remuneraciones, discriminación salarial y la inestabilidad en el empleo. Sumado a esto encontramos el maltrato, la amenaza constante de despido en caso de embarazo, la vejación al derecho de sindicación y de negociación colectiva, la humillación constante y el sometimiento inhumano de las trabajadoras.
Los salarios abonados en las maquiladoras centroamericanas son bajos, quizás inferiores a las remuneraciones estimadas en México. Se acercan o son inferiores a los salarios mínimos fijados a nivel nacional, los cuales no permiten en ningún país adquirir la cesta básica calculada para sobrevivir.
“Las maquiladoras de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua emplean más de 200.000 trabajadores, la mayoría mujeres jóvenes que han migrado de las comunidades rurales que no pueden competir con importaciones agrícolas baratas.” (Art. RSM; 1995) "No podemos pretender que hombres y mujeres son iguales. Son las mujeres las que se levantan a las 4 o 5 de la mañana para preparar la comida. Son las mujeres las que se ven forzadas a mostrar su toalla higiénica sucia para probar que no están embarazadas. Son las mujeres las que tienen que pelear contra el acoso sexual. Son las mujeres las que tienen que mantener la familia junta y las que encabezan la lucha por comunidades en las que se pueda vivir." (Betty Robles, Red de Trabajadoras Mexicanas de la Maquila)
Según datos estadísticos, en Guatemala, el 90 % de los trabajadores de las maquilas son mujeres y algunas de ellas tienen tan solo 14 años de edad.
Otra de las formas donde se observaba la violación de los derechos humanos era, a través de la explotación que sufrían las personas, en las plantaciones cafetaleras, la cual estaba “basada en la sangre de esclavos, en el sudor de millones de trabajadores, dominada por unos pocos países imperialistas y grandes corporaciones, y sujeta a las fluctuaciones incontrolables y devastadoras del mercado capitalista.” (Innes; p: 3)
Debido a estas características de explotación, y a otras que, aquí no enunciaré, es que se elaboró el ya mencionado Convenio 169 de la OIT.
En la formulación de dicho convenio participaron muy activamente numerosas organizaciones indígenas de todo el mundo, lo cual explica que haya recogido, sino la totalidad de sus reivindicaciones, cuando menos, algunas de las más fundamentales. El Convenio 169 abarca tanto aspectos laborales como no laborales, pero es ante todo un instrumento internacional sobre Derechos Humanos. Sus conceptos básicos son el respeto de la identidad propia de los pueblos indígenas, la participación efectiva de estos pueblos en los procesos de toma de decisiones que los afectan y el establecimiento de instituciones o mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los interesados.
La necesidad de reconocimiento y respeto pluricultural se hace cada vez mas necesaria para garantizar en cierta forma la paz en el mundo. Tanto es así que además del Convenio aquí mencionado, constituciones de diferentes países de América Latina han reconocido esa diversidad cultural. Así la de Argentina (1994) reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos en su articulo 75 inciso 17. La de Ecuador (1998) define a su país como un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. La de Bolivia (1994) define a su país como una nación libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria, (que) adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos. La del Brasil (1988) contiene en su artículo 231 un detallado catálogo de los derechos que se reconocen a los indios. La de Colombia (1991) subraya que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. La de Guatemala (1985, actualmente en proceso de revisión) declara que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. La de México (1992) afirma que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La de Nicaragua (1995), reconoce la existencia de los pueblos indígenas, garantizándoles el derecho de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas. La de Panamá (1994) afirma que el Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales. La del Paraguay (1992) reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo. La del Perú (1993) declara que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.

Consideraciones finales

El reconocimiento de la pluriculturalidad se encuentra en marcha en América Latina. Tanto es así, que en la medida en que ese reconocimiento se acentúe, el orden jurídico del Estado, al igual que la doctrina de sus órganos judiciales, deberán evolucionar. A través de esto, se podrá llegar al momento en que el Estado de Derecho formal deje paso a un Estado de Derecho real, en el que el principio de la igualdad jurídica reconozca también, el derecho a la diferencia.
Sin embargo, son varias las problemáticas que quedan abiertas en torno al indigenismo en América Latina. Entre las más sobresalientes encontramos la ubicación que se le otorga al indio en cada país, en tanto constituyente de una etnia o clase. Es decir, el debate que gira alrededor de esta dicotomía es sumamente amplio y heterogéneo. Si seguimos la idea de Polanco nos encontramos con que el indígena constituye una etnia que, a su vez, forma parte de una clase, siendo esta última la clase campesina. De este modo, la etnicidad en Guatemala, así como en otros países de América Latina ha quedado muy ligada al campesinado y a la explotación.
También vale decir que “el indio ha permanecido ajeno a la nacionalidad guatemalteca y solo ha sido considerado como número para menesteres útiles a las clases dominantes que se han sucedido en el país, desde la conquista española hasta nuestros días.” (Galich, Manuel; p: 12).
Otra de las problemáticas que queda por resolverse, y que se desprende de la cita anterior, es la referente al indigenismo. Entendiendo al mismo como un intento de integración de los indios en el proyecto nacional y la exaltación de las culturas prehispánicas como un componente de la identidad nacional, unificada por el mestizaje.
Por otra parte, el informe elaborado por la OEA, acerca del proceso de normalización de las comunidades de población en resistencia, en 1994 llevó a la firma de los acuerdos de reasentamiento, los cuales abrieron, en cierta medida, el camino hacia la firma de los acuerdos de paz de 1996 (Guatemala). Pero lo más interesante de esta cuestión, tiene que ver con la fachada que levanta el Estado ante la Comisión de Derechos Humanos como cumplidor, en tanto respeto de los derechos humanos de la población guatemalteca, a pesar de seguir siendo hasta nuestros días, un Estado contrainsurgente.
Sin más, sería dable fomentar la conciencia social motivando a los individuos a indagar sobre todo aquello que refiere a la legislación que nos ampara a todos y a cada uno de nosotros, ya que eso podría ser el principio de creación, de más y mejores lazos de solidaridad. Denunciar y acercarnos desinteresadamente a las diversas comunidades indígenas, puesto que ellos forman parte de nuestra sociedad, al mismo tiempo que la enriquecen, mostrándonos, otros hábitos, otros usos y costumbres, de los cuales, podemos valernos mediante el intercambio de conocimiento, intentando alejarnos y alejarlos, de cualquier tipo de prejuicios para así construir, poco a poco, un mundo, donde la diversidad cultural, política y religiosa no sea motivo de enfrentamientos sino de unión.
Pero mientras en ello de trabaja, ocurre y a pesar del terror, de las muertes, del hambre, de la desigualdad, de la falta de empleo, del no respeto cultural y de la violación a los derechos humanos, América Latina sigue resistiendo y esa resistencia es tenaz. Así lo demuestran los campesinos y guerrillas mexicanas, los campesinos en Guatemala, el socialismo en Cuba, el movimiento bolivariano en Venezuela, las guerrillas en Colombia, los cocaleros de Bolivia, los indígenas de Ecuador, la desobediencia civil en Vieques, los piqueteros en nuestro país y mil luchas más por todo el continente, que ponen de manifiesto que la lucha del pueblo latinoamericano continúa. Aunque, muchas veces, las formas de lucha, terminan por desvirtuar, los fines verdaderos y los reclamos ciertamente justos.
Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la Argentina, con el movimiento piquetero. Quienes no constituyen una clase social y tampoco tienen una identidad definida. La realidad, es que ellos se encuentran en búsqueda de una identidad, y su forma de actuar termina por violar, en más de una ocasión, los derechos humanos de lo ciudadanos que habitamos esta sociedad, y que formamos parte de los hechos sociales que se van desarrollando.

Lic. Laura Inés Martín
laumartin@infovia.com.ar
Socióloga
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires. Argentina

Bibliografía Consultada

  • Dri, Rubén. Autoritarismo y Democracia en la Biblia y en la Iglesia, Capítulos V. Editorial Biblos.
  • Constituciones de los Distintos Países de Latinoamérica.
  • Convenio 169 de la OIT.
  • Pacto de San José de Costa Rica.
  • Declaración Universal de Derechos Humanos.
  • Lagarde, Marcela, Identidad de Género y Derechos Humanos. La Construcción de las Humanas.
  • Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
  • Marx, Karl. El Capital, Tomo 1.
  • OEA: Informe sobre situación de derechos humanos en las comunidades de Población en Resistencia.
  • Galich, Manuel. Situación en América. El PAÍS.
  • Héctor Díaz- Polanco. Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca. Ensayos étnicos 1982-1992. Etinicidad y autonomía en el pensamiento de Mario Payeras. Ediciones Luna y Sol, 1997.

NOTAS:

[1] Marx, Karl. El Capital, Tomo 1.

[2] Ladino: mezcla de blanco con indígena (mestizo).
Es un proceso de fragmentación por el cual la clase dominante ante el supuesto de una movilidad social, fracciona a las sectores más explotadas sin dejar que estos actúen homogéneamente, siéndole esta política funcional a su perpetuación en el poder.

[3] El articulo 1º de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entiende por discriminación, toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

[4] Identidad de Género y Derechos Humanos. La Construcción de las Humanas. Autora: Lagarde, Marcela


© Laura Inés Martín
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