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Premio Nobel exige mas "independencia" de los Bancos Centrales de América Latina.
Soberanía política e Independencia económica
Por Marcelo Felipe Gil
Publicado digitalmente: 12 de octubre de 2004

Nada es casual ni gratuito en este mundo globalizado de principios de milenio...

Así vemos como Finn Kydland, uno de los dos ganadores del Premio Nobel de Economía 2004, pidió a los gobiernos del mundo garantizar la autonomía de los bancos centrales y criticó lo que dijo es la falta de independencia de las autoridades monetarias en América Latina.

A primera vista pareciera que el "premio Nobel" nos esta hablando de una mayor independencia con respecto a los Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, BM, BID), que son los que en los hechos designan -conjuntamente con los lobbistas del mundo financiero- a los presidentes de los Bancos Centrales en América Latina. Esta capacidad la ejercen a través de diversas exigencias a la hora de renegociar el acceso al crédito por parte de las Naciones endeudadas.

Pero si leemos detenidamente nos enteraremos que, con total desfachatez, el economista Fynn Kidland acusa a los "gobiernos" de América Latina de limitar la "independencia" de los Bancos Centrales regionales.

Lo sorprendente es que los gobiernos de América Latina no tienen capacidad de designar "soberanamente" a los Presidentes de los Bancos Centrales, y mucho menos de hacerlos "dependientes" de sus políticas.

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Arminio Fraga
De director de Soros a Presidente del Banco Central de Brasil. Luego a JP Morgan.

Ejemplos de esta índole en la región abundan, pero quizás el más paradigmático haya sido el de Arminio Fraga, ex-presidente del Banco Central do Brasil -mayor país de la región-, que fuera "designado" por el ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, y que tuvo que dejar raudamente sus funciones de Director en "Managing" [1] en Nueva York para asumir dicha presidencia. Tampoco resultará casual que con posterioridad haya pasado a formar parte del Consejo Internacional de JP Morgan Chase.

En cuanto a la "independencia" que tanto reclama el "Nobel" Finn Kydland cabría recordarle las denuncias que efectuara Paul Krugman que acusó a Fraga de brindar información privilegiada a su anterior jefe (Soros), para que éste comprara bonos de la deuda brasileña, anticipando su suba.

¿Pretende el economista que los Bancos Centrales de América Latina sean menos "dependientes" de los gobiernos para que pasen a ser controlados por los "señores" del Mercado?

Como legítimo exponente de la postmodernidad, Fynn Kydland contesta con una frase digna de análisis:
"Desconozco si los propios bancos pueden hacer algo mejor, pero de alguna manera se les tiene que otorgar independencia".

Pareciera desconocer este Premio Nobel las continuas y constantes concesiones que los gobiernos han venido haciendo a lo largo del tiempo a las presiones de los Organismos Multilaterales de Crédito en América Latina. Como ejemplo podemos citar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y a la Ley de Entidades Financieras de la República Argentina (Agosto de 2003).

Así expone el Diputado Mario Cafiero (en la sesión del 27/08/2003 para aprobar la reforma anteriormente citada):

“-Por ello, es grave dictar una ley de estas características sin analizar lo que pasó. Claro; todos sabemos que hay un pedido del Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos que el 16 de enero de 2003 el ministro Lavagna y el presidente del Banco Central firmaron un memorandum de entendimiento por el que se han comprometido a hacer sancionar a este Congreso una reforma del sistema bancario, en base a los siguientes puntos:

Los procedimientos para resolver la situación de bancos en problemas se van a ver fortalecidos a través de modificaciones acordadas de la Ley de Entidades Financieras, las cuales:
i) facilitarán las transferencias de activos por parte del Directorio del B.C.R.A. a fideicomisos financieros privados;
ii) establecerán normas de valuación para transferencias de activos;
iii) detallarán claramente las facultades del Banco Central para brindar apoyo de liquidez de emergencia a los bancos en proceso de saneamiento;
iv) establecerán procedimientos para una rápida designación judicial de administradores en bancos en proceso de resolución;
v) limitarán la capacidad del Poder Judicial para anular decisiones del Banco Central sobre transferencias de activos a terceros;
vi) fortalecerán los derechos crediticios de los compradores y administradores de activos transferidos; y
vii) protegerán a los funcionarios públicos de los aspectos de la legislación actual que puedan resultar en impugnaciones o demandas de compensación contra actos realizados en un proceso de reestructuración y saneamiento bancario.”

Como se puede ver estamos mas cerca de la impunidad (presente y futura) para los "funcionarios públicos" (Léase: Presidente del Banco Central) que ante una legislación que "limite" la independencia de los Bancos Centrales.

Afirma mas adelante el recientemente premiado economista: ?en los países latinoamericanos la política monetaria no es para nada creíble?, debido a la falta de independencia de los bancos centrales.
Lo que no nos aclara es frente a quién debe ser creíble y qué intereses debe defender una institución de la que depende el ahorro, la inversión y la fortuna de los argentinos.

Uno puede desconocer los méritos académicos que han llevado al otorgamiento del Premio Nobel al economista Finn Kydland, lo que no podemos desconocer son los intereses que defiende.

Marcelo Felipe Gil

NOTAS:

[1] Managing es la sociedad de inversiones del multimillonario estadounidense George Soros


ANEXO

EXPOSICION DEL DIPUTADO MARIO CAFIERO
Agradecemos a Nac&Pop y a la lista Reconquista Popular

EN LA SESION DEL 27.08.2003

Sr. Cafiero: - Señor presidente: he presentado un dictamen de minoría -aunque no sé si formalmente se le ha dado ese carácter- en el que expongo las necesidades que, a mi juicio, hoy tiene la Argentina en relación con su sistema financiero.

 Antes de hablar brevemente de ese dictamen, diré por qué creo absolutamente inconveniente aprobar este proyecto de ley.

 Estamos hablando ni más ni menos que del ahorro, de la inversión y de la fortuna de los argentinos; es decir que esta discusión se encuentra enmarcada en el artículo 29 de la Constitución Nacional. No debemos perder de vista que el sistema financiero argentino y el Banco Central de la República Argentina -el ente rector de este sistema financiero- acaban de protagonizar uno de los colapsos financieros más graves de la historia de nuestra República. Recordemos lo que ocurría cuando, hace algo más de un año, los ahorristas comenzaron a salir a las calles reclamando la devolución de su dinero. Recordemos también al ex presidente Eduardo Duhalde, cuando en su discurso de asunción dijo que investigaría lo que había sucedido con el sistema financiero.

 Tenemos, o deberíamos tener, muy presentes todos estos hechos al momento de votar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y a la ley de entidades financieras.

 En este cuadro de situación, tampoco debemos perder de vista el hecho cierto, público y oficial, que el balance del Banco Central correspondiente a ese conmocionante y crucial año 2001, fue rechazado por sus auditores externos, tanto la auditoría privada de KPGM, contratada por el propio banco; y la auditoria oficial de la AGN. Esto es una prueba de que algo estaba muy mal y esto es gravísimo.

 Si el señor presidente lee el Informe Anual del BCRA al Congreso de la Nación y los señores legisladores me escuchan un minuto, podrán constatar que en el mismo, la AGN sostiene que -debido al efecto muy significativo que sobre los estados contables podrían tener los eventuales ajustes y reclasificaciones, si lo hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de las situaciones de incertidumbre planteadas en 3.1 (relacionadas con las tenencias de títulos públicos, redescuentos, operaciones con el FMI y otras operaciones de pases) no estamos en condiciones de expresar y, por lo tanto, no expresamos una opinión sobre los estados contables del BCRA. (p.167)

 Por su parte KPGM, en la p. 170 del mismo Informe afirma que -los presentes estados contables deben ser leídos considerando las situaciones de incertidumbre descriptas en los párrafos precedentes. Debido al efecto muy significativo que sobre los estados contables pudieran tener eventuales ajustes y reclasificaciones... no estamos en condiciones de expresar y, por lo tanto, no expresamos una opinión sobre los estados contables del BCRA considerados en su conjunto, al 31 de diciembre del 2001.

 Advertirán que ni la Auditoría General de la Nación ni la auditoría externa del Banco Central emiten opinión alguna sobre el balance de esa entidad correspondiente al año 2001.

 Esto es gravísimo.

 Con este proyecto de ley estamos otorgando más independencia, más poder, más facultades y más discrecionalidad a autoridades de un organismo que ni siquiera ha rendido cuentas acabadas de los actos, acaecidos durante el periodo con el que se pretende justificar la sanción de esta reforma de la ley; y sin siquiera saber con certeza por nuestra parte, que pasó en ese álgido periodo, y que responsabilidad tuvieron los bancos y el BCRA en la crisis que sobrevino.

 Me pregunto qué pasaría, por ejemplo, si la señora María Julia Alsogaray viniera a esta Cámara y pidiera más poderes para imprimir la guía telefónica de ENTEL. Recuerden cómo terminó el caso Meller, por el cual nosotros pedimos el juicio político al doctor Moliné O’Connor. En el mismo sentido, me pregunto qué pasaría si viniera el señor Dadone y pidiera más poderes para informatizar el Banco Nación. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Les daríamos más poderes?

 Por ello, es grave dictar una ley de estas características sin analizar lo que pasó. Claro; todos sabemos que hay un pedido del Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos que el 16 de enero de 2003 el ministro Lavagna y el presidente del Banco Central firmaron un memorandum de entendimiento por el que se han comprometido a hacer sancionar a este Congreso una reforma del sistema bancario, en base a los siguientes puntos:

 Los procedimientos para resolver la situación de bancos en problemas se van a ver fortalecidos a través de modificaciones acordadas de la Ley de Entidades Financieras, las cuales: i) facilitarán las transferencias de activos por parte del Directorio del B.C.R.A. a fideicomisos financieros privados; ii) establecerán normas de valuación para transferencias de activos; iii) detallarán claramente las facultades del Banco Central para brindar apoyo de liquidez de emergencia a los bancos en proceso de saneamiento; iv) establecerán procedimientos para una rápida designación judicial de administradores en bancos en proceso de resolución; v) limitarán la capacidad del Poder Judicial para anular decisiones del Banco Central sobre transferencias de activos a terceros; vi) fortalecerán los derechos crediticios de los compradores y administradores de activos transferidos; y vii) protegerán a los funcionarios públicos de los aspectos de la legislación actual que puedan resultar en impugnaciones o demandas de compensación contra actos realizados en un proceso de reestructuración y saneamiento bancario.

Tal como acabo de leer, el FMI solicita que esta ley que vamos a votar limite la capacidad del Poder Judicial para anular decisiones del Banco Central sobre transferencias de activos a terceros. Asimismo, en su acápite 7 dice que protegerán a los funcionarios públicos de los aspectos de la legislación actual que puedan resultar en impugnaciones o demandas de compensación contra actos realizados en un proceso de reestructuración y saneamiento bancario. En una época a esto se lo llamaba intromisión en la cuestiones de un estado soberano.

 Pero me pregunto: ¿eso es lo que pide el Fondo a todos los países? Creo que fue Aldo Ferrer quien dijo que cada país tiene el Fondo Monetario que se merece. Si me permite, señor presidente, voy a leer parte de un documento del Fondo Monetario Internacional del año 1998 sobre crisis financieras. En el Capítulo IV, página 91 -doy estos datos para que nadie pueda decir que lo estoy inventando-, el Fondo Monetario dice: -El costo de resolución de las crisis bancarias ha llegado en algunos casos al 40 por ciento del producto bruto, como por ejemplo Argentina y Chile a principios de los 80. En Chile, donde la reestructuración logró un avance significativo tras la crisis de los años 80, se despidieron a gerentes, los accionistas absorbieron pérdidas y se entablaron procesos judiciales en todos los casos de fraude. Además, se modificaron las reglas contables y la supervisión de conformidad con las normas internacionales y se impidió a los bancos otorgar créditos a prestatarios que hayan incurrido en incumplimiento. Recordar esto es bueno para aquellos que siempre ponen a Chile como ejemplo. Acá hay un ejemplo de cómo hoy estamos nuevamente discutiendo una crisis que nos está costando más del 40 por ciento del producto bruto y sin embargo hacemos todo lo contrario de lo que hizo nuestro hermano país y avanzamos en el sentido de la impunidad y no en el sentido del castigo, de la verdad y de saber qué pasó.

 Es por eso que vamos a votar en contra de esta iniciativa. Sintéticamente, señor presidente, entendemos que esta norma pretende hacer borrón y cuenta nueva con todo lo que sucedió en los bancos desde el año 1995 hasta el 2001, desligar todo lo posible al Banco Central de esta Honorable Cámara, eliminar los controles del programa monetario y cambiario y relegar el control de la Auditoría General de la Nación sólo al presupuesto operativo, es decir, a cuánto se gasta en café o cuánto cobran los empleados pero de ninguna manera meterse con las cosas importantes que resuelve el BCRA.

 Por eso me cuesta entender esta sesión. No logro comprender por qué pareciera que se acabó el recreo y que hay que hacer los deberes. Creo que esta es de las peores leyes que va a sancionar este Parlamento. Considero que esta es la continuidad en el plano civil y administrativo de la derogación de la ley de subversión económica, la que hubiera permitido juzgar y castigar penalmente a los banqueros responsables del vaciamiento perpetratado en 2001. Esta nueva ley de Obediencia debida y Punto final para los Crimenes Financieros, responde a los conceptos enunciados por el fundamentalista ex Presidente del Bundesbank, e integrante de la misión de notables que enviara el FMI el año pasado a nuestro país, Hans Tietmeyer:
 Los mercados financieros desempeñarán cada vez más el papel de gendarmes. Los políticos deben comprender que, desde ahora, están bajo el poder de los mercados financieros.

Por eso sostengo que este proyecto de ley fue elaborado con trampas, pareciera redactado por Domingo Cavallo y Liendo o algunos de sus discípulos. No se permite a ningún bloque proponer ni siquiera el cambio de una coma porque todo está pensado, y la más mínima enmienda podría modificar el sentido oculto de muchos artículos. Se sostiene que el texto ya está redactado y que nada cambia. No es verdad: cambian muchas cosas, y en muchos de los artículos hay un sentido oculto difícil de entender, como todo lo vinculado al sistema financiero.

 A veces es difícil explicar a la gente que hay «banqueros chorros». Se puede entender que haya «pibes chorros», la delincuencia común, los secuestros, los asesinatos, los robos de autos y los desarmaderos, pero no es fácil comprender cuando esos delitos los cometen personas de un alto nivel económico, de elevado status. Sin embargo, lamentablemente la historia financiera argentina está plagada de esos delitos.

 Debo agradecer al señor presidente de la Comisión de Finanzas, quien ayer me permitió exponer cuál es a mi juicio la responsabilidad que tienen los banqueros en el vaciamiento que se produjo en el año 2001. He elaborado varios informes y hasta tuve la necesidad de escribir un libro para explicar esto a la sociedad a fin de que no vuelva a suceder. Sin embargo, observo que todo ese esfuerzo es inútil. No hay ningún tipo de análisis crítico, estamos casi con una obediencia debida respecto del Fondo Monetario Internacional y este es el punto final para estos crímenes financieros.

 Comprendo que las presiones son muy fuertes y que los fundamentalistas sostienen que si no hacemos lo que el mercado indica nos podemos caer del mundo o entrar en una crisis peor, pero no creo en eso. Pienso que, como en otros terrenos, llegó la hora del fin de la impunidad. Debemos trabajar para que termine la impunidad de los crímenes financieros, los delitos de cuello blanco, que se estudian en la teoría de la corrupción.

 Se pretende más independencia para el Banco Central, y yo pregunto cómo puede haber un Banco Central independiente en un país dependiente. A mi juicio eso no es posible.

Este proyecto me recuerda las peores leyes que sancionó este Parlamento, como la de superpoderes. Así como algunos sabíamos que Cavallo pretendía evitar el efecto Puerta 12, para que pudieran salir de la Argentina sin pelearse aquellos que habían ganado mucho dinero por los intereses financieros, me fastidia enormemente que se otorguen superpoderes a los funcionarios que hoy están a cargo del Banco Central. Concretamente me refiero al presidente del Banco Central. Fui uno de los pocos diputados -no sé si el único- que impugnó el pliego de Alfonso Prat-Gay, cuyo único antecedente laboral era haber sido empleado de JP Morgan. Este yuppie de la City fue declarado en Wall Street mejor economista para la Argentina, quizás por haber estado trabajando para un banco que estuvo mezclado en los peores negociados que soportamos, como denunciara recientemente el diario Washington Post alrededor de la burbuja especulativa que Wall Street creó con los bonos argentinos, como el del megacanje y la estafa del seguro de pases contingentes, que aprovecho para denunciarlo en este recinto.

 Hace pocos días, en un artículo muy extenso se señaló cómo las empresas de Wall Street habían colaborado para que se produjera la crisis argentina, y expresamente se responsabilizó a JP Morgan, con su famoso indicador Emerging Markets Bond Index Plus -que se vinculaba con el riesgo país-, de ser parte del negociado de los bonos de la deuda externa argentina que entre 1991 y 2001 generó más de mil millones de dólares de comisiones. No estamos hablando de la deuda sino de las comisiones. Muchas voluntades se compran con mil millones de dólares.

 Tal como pasó con el tema de los derechos humanos durante la dictadura, que lo comenzamos a conocer porque desde afuera empezaron a señalarnos las violaciones en la Argentina, lo mismo está ocurriendo con los crímenes financieros. Desde afuera nos están diciendo que no fueron operaciones limpias y que hay una deuda sucia.

 Dentro de esa deuda sucia quiero denunciar hoy que una de las razones por las cuales Prat Gay está colocado ahí es para encubrir un seguro de liquidez que había contratado el Banco Central. Voy a ser muy breve en la explicación de esta cuestión que, en su momento, fue denunciada por el diputado Peyrou, del Frepaso.

 El economista Paul Samuelson en su manual de Economía dice que hay tres grandes inventos de la humanidad: la rueda, el fuego y los bancos centrales. La originalidad de estos últimos es que se crearon para que exista un prestamista de última instancia, o sea alguien que pueda emitir todo el dinero necesario para frenar un corrida bancaria. En nuestro país, Cavallo, Liendo, Pou y otros, montaron un sistema financiero absolutamente irracional porque no había prestamista de última instancia, es decir que no existía un banco central que pudiera emitir los billetes necesarios para hacer frente a una corrida, lo cual es básico en un sistema financiero.

 Después de la crisis del tequila se contrató un seguro de liquidez con un grupo de grandes bancos. Ese seguro preveía que en caso de una crisis el Banco Central podía obtener 6.100 millones de dólares de estos bancos a cambio de títulos de la deuda externa argentina.

 En el año 2001 ese seguro estaba vigente no por 6.100 sino por 4.700 millones de dólares y a cargo del JP Morgan. Cuando el señor Cavallo lleva a cabo el megacanje cambia esos títulos que estaban en un contrato. De esa forma salen de ese contrato y esos grandes bancos no traen los dólares que deberían haber entregado; solamente traen 1.700 millones de dólares que en el año 2002 les son devueltos, porque el gobierno paga los títulos a pesar de estar en default.

 Quiero señalar otro hecho más para que entendamos que ese seguro nos costó 200 millones de dólares y, evidentemente, no nos sirvió para parar la corrida. Ese seguro estaba en cabeza de la empresa donde trabajaba el señor Prat-Gay.

 Deberíamos entender que por la cuestión financiera es por donde pasan los graves problemas de la Argentina. Hace 25 años que tenemos la misma ley, firmada por el general Jorge Rafel Videla y por el doctor José Alfredo Martínez de Hoz en la época más negra del Proceso Militar, a principios de 1977. Con estos antecedentes podemos imaginarnos en beneficio de quien estos usurpadores legislaban y, sí queremos que uno de ellos sea juzgado por los crímenes de lesa humanidad; el otro debería ser juzgado por los crímenes de lesa economía.

 A partir de esta reforma y de este sistema financiero, todas las crisis financieras que se fueron dando a lo largo del tiempo fueron generando parche sobre parche, y esta última reforma es el último parche que el oficialismo pretende votar, parecería que cuando vemos que algo no funciona le damos más poderes. Esta es la cosa irracional que no entiendo, y la otra cuestión es que esta norma tiene su historia, que está muy ligada a la historia de la deuda, como toda la política del BCRA. Lo que he señalado no lo digo yo solamente porque también lo señala Roque Fernández. Cuando en el año 1990 se trató otra reforma importante de la Carta Orgánica del Banco Central, Roque Fernández, que en ese momento era director del BCRA, calculó en 67.500 millones de dólares las pérdidas del Banco como resultado del costo de las crisis financieras y de las prácticas de la patria financiera.

 La cifra citada fue elevada a 105 mil millones de dólares por una comisión investigadora creada por el entonces presidente Carlos Menem en los ’90, integrada por César Arias, Eduardo Roger -Procurador General de la Nación- y el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, doctor Ricardo Molinas.

 Entonces puede observarse lo siguiente: la crisis de los 80, la patria financiera, la plata dulce, la crisis de Martínez de Hoz, según Roque Fernández, le costó al Banco Central 67.500 millones de dólares, y según César Arias, 105 mil millones de dólares. Es decir, toda la deuda externa e incluso un poco más. Las perdidas del año 2001, le agregarían otros u$s 40.000 millones. Ahí tuvimos la oportunidad de cambiar...

 Después del costo de esta crisis financiera se montó lamentablemente este sistema bancario. El sistema bancario de los ’90 vino de la mano de la convertibilidad para generar un sistema altamente sensible a los capitales externos, y a partir de ahí cada crisis que se producía en el mundo repercutía en el sistema financiero argentino. Entonces, aparecieron crisis en Indonesia y teníamos crisis en la Argentina; había problemas en Tailandia, y se producía la crisis en nuestro país. Existían conflictos en Malasia, Filipinas, Rusia y en Turquía y teníamos problemas en la Argentina.

 Recuerdo que cuando asumió el gobierno de la Alianza, con toda la expectativa que había generado, escuchamos al señor diputado Baglini cuando se trató la primera ley de ajuste, que nos decía que había que hacer un fuerte ajuste fiscal por el derrumbe en la cotización de las acciones Nasdaq. ¿Qué son las acciones Nasdaq? Muy pocos deben saber qué son estas acciones. Sin embargo, aplicaron un impuestazo porque habían bajado estas acciones en la bolsa de Nueva York.

 Esa dependencia de la especulación financiera internacional estaba metida en el sistema financiero argentino y así es cómo seguimos con este sistema. Llegó la crisis del Tequila; algunos calcularon en 5 mil millones de dólares más el costo de la crisis del Tequila. Pagamos tasas de interés que oscilaron entre el 25 y el 65% anual durante toda la convertibilidad. Se liquidaron el BCP, el Extrader, el Banco Integrado Departamental, el Almafuerte, el Patricios, el Medefin, etcetéra. Existe un buen informe de la Comisión de Fuga de Divisas, al que probablemente la señora diputada Marcela Rodríguez hará referencia. Así podremos saber cómo estos bancos enviaban dinero negro a compañías off shore. Sin embargo, no aprendimos nada.

 ¿Saben qué fue lo peor de la crisis de 2001? Que estamos exactamente igual. ¿Saben que el señor Guillermo Nilsen afirmó en una gira por Europa que hoy debemos 172 mil millones de dólares, y que si se considerara alguna redolarización de algunos préstamos, la suma llegaría a los 185 mil millones? ¿Se acuerdan de la deuda que dejó de la Rúa? Fue de 145 mil millones. O sea que en dos años la crisis financiera nos va a llevar 40 mil millones de dólares más, como ya explicamos.

 ¿Saben cuánto se emitió en Boden y Cedros? ¿Se acuerdan de que el doctor Lavagna hablaba del festival de bonos y por eso se fue del gobierno del doctor Alfonsín? Pero este es un megaconcierto de bonos, porque no debe haber gobierno que haya emitido más bonos que los que emitió el doctor Lavagna.

 ¿Ustedes saben que el doctor Lavagna firmó junto con el doctor Duhalde un decreto que lleva el número 905, que compensa íntegramente a los bancos? Ahora vamos a discutir el CVS y el CER, que es solo la punta del témpano... y lo malo que parece que nosotros vamos en el Titanic. Creo que después viene el tema de los amparos, pero detrás de todo eso figura el decreto 905, que da 27.000 millones de pesos en compensación a los bancos.

 En definitiva, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todas estas crisis las pagó el Estado. Las pagó el pueblo con impuestos y de una vez por todas tenemos que saber quiénes ganaron con estas enormes pérdidas que tuvo el Estado.

 Por eso he presentado un proyecto que es muy sencillo, y que consta de tres artículos. Existe una especie de opacidad en la elección de los directores del Banco Central. Nadie sabe quiénes son. Fíjense qué bien procedió el gobierno nacional con respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: qué discusión interesante se hizo en relación con la designación del doctor Zaffaroni, creciendo la calidad institucional de nuestra Justicia con ese solo hecho. Entonces, propongo que se haga lo mismo con los directores del Banco Central, esto es, que cumplan con lo que dice el decreto 222/03, que es a lo que están obligados quienes son propuestos para ocupar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que exista un régimen de oposición, que podamos saber quiénes son y conocer sus antecedentes, para opinar a favor o en contra.

 El artículo 2° de mi proyecto es muy claro porque habla de una auditoría externa integral del Banco Central a cargo de la Auditoría General de la Nación.

 Finalmente, el artículo 3° habla de la creación de una comisión especial para el seguimiento de la reestructuración del sistema bancario, y de investigación de la crisis financiera de 2001. Yo creo que no podemos dar más poderes, impunidad y discrecionalidad a quienes vaciaron el país.

 No quiero hacer un examen de cada uno de los artículos, pero considero que cada palabrita esconde una trampa.

 Fíjense que en el artículo 1° se sustituye el parche vigente del apartado II, art. 35 bis de la ley de Entidades Financieras, esta redactado directamente a los fines de encubrir la maniobra del empapelamiento del sistema con títulos públicos de los que se avizoraba el default, al permitir ajustar los valores contables de ellos, a su valor neto de realización, según las normas que dicte el BCRA, y a transferir los mismos, incluso mediante fideicomisos. Este agregado de la cuestión vinculada con el «valor neto de realización», me permite volver al caso Meller, y solicitar el juicio político a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de porqué una deuda de 48 millones de pesos se convirtió en una de 400 millones.

Acá tienen el informe de la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía, donde se dice que esa deuda de 102 millones se convierte a su valor de realización según pautas de mercado en 399.103.599 pesos. Cuando uno coloca esa frase puede incrementar una deuda de 100 millones de pesos en 400 millones.

Esto de que tiene que demostrarse una arbitrariedad o irracionalidad manifiesta, me parece un absurdo. Si el señor Prat Gay dice que dos más dos es cinco, o que la deuda que tenía que pagar Fernández, la tiene que pagar González, lo podemos cuestionar, porque es absolutamente irracional. En cambio, todas las valuaciones de activos de carteras no podemos cuestionarlas, porque no es posible demostrar arbitrariedad o irracionalidad manifiesta. Eliminar a la Auditoría General de la Nación como auditora del Banco Central me parece que claramente es una medida que va en ese sentido.

Coincido con muchas de las afirmaciones que se hicieron y que criticaban el articulado. La única manera de salir de esta situación de crisis permanente y recurrente a la que el sistema financiero nos tiene acostumbrados es colocar un mayor control y disminuir la impunidad.

Así como decimos que tiene que haber traje a rayas para los que cometieron crímenes de lesa humanidad y para los evasores, también tiene que aplicarse a quienes cometieron crímenes financieros.

(*)Mario Cafiero

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