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HERRAMIENTAS

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Reproducción del artículo publicado en el Boletín Nº 160 de
 
Medio Ambiente
El saqueo mundial de los recursos naturales y la vulnerabilidad del Estado argentino (Parte I)
Publicado por argenpress.info 02-07-2006
Por Modesto Emilio Guerrero
Publicado digitalmente: 19 de julio de 2006
Resumen: la defensa del ambiente se ha
convertido en un punto de apoyo crucial
para la lucha popular contra el dominio
de las grandes empresas sobre los recursos naturales.

Existe una sostenida tendencia al agotamiento de los principales componentes energéticos del planeta y de recursos naturales indispensables para la sobrevivencia de la especie humana, después de 100 años de explotación irracional, sin planificación y control social del sistema imperialista sobre el mundo. En las últimas décadas viene mostrando niveles de alto riesgo, con expresiones de mortalidad y morbilidad masivas en regiones del globo, concentradas sobre todo en África, Asia y América latina.

El nombramiento de Romina Picollotti al frente de la Subsecretaria de Medio Ambiente en Argentina, tras el frenazo impuesto por el Partido Socialista al ex diputado Héctor Polino, el nombre postulado por el gobierno, confirma dos cosas. La primera, que continúa el proceso de cooptación gubernamental de representantes, dirigentes y luchadores de movimientos sociales, con el objetivo de desactivar procesos de resistencia y hacer degenerar organizaciones sociales y políticas críticas, de izquierda u opositoras. La segunda cosa, es la constatación de la presencia palpitante del ’ambientalismo’ como nuevo actor social, verificado en una veintena de luchas contra la explotación y control imperialista de los recursos naturales y sus fatales resultados ambientales.

La vulnerabilidad de Argentina

Argentina es, entre los países medianos, el país con las peores condiciones de sustentabilidad si lo medimos por las condiciones de propiedad, uso y explotación de sus recursos naturales renovables y no renovables. Existe una real ocupación de empresas multinacionales sobre los principales recursos naturales del país y hablar de multinacionales es hablar de Estados imperialistas. Esa ocupación a veces adopta formas locales de invasión colonialista, como en los lugares donde se instalan multinacionales mineras.

En Andalgalá, Belén y Santa María de Catamarca, por citar un caso, la empresa La Alumbrera controla mediante regalitos, las escuelas, la policía, los medios, el cuerpo de bomberos y los centros de salud. Este sistema de enclave cultural es indispensable a explotaciones de ese tipo, porque afectan propiedades territoriales, formas de vida, culturas ancestrales, bienes nacionales, recursos protegidos por escasos, como el agua. La Alumbrera usa 100 millones de litros de agua cada 24 horas para lixiviar los minerales, mientras las poblaciones de la semidesértica Catamarca pueden sufrir penas por uso ’excesivo’ de agua en sus hogares. Algo similar puede verificarse en Tucumán, La Rioja , Mendoza y toda la cadena montañosa de Sudamérica donde funcionan más de 1200 explotaciones mineras a cielo abierto.

En esa medida, como sociedad, Nación y Estado, Argentina es uno de los países más vulnerables de la región. La larga historia que llevó a este resultado pertenece a su decadencia nacional durante el siglo XX, pero el sello final fue puesto durante la década de los años noventa. Dos signos representativos de ellos, tomados al azar, son los siguientes: es el Estado que percibe la menor tasa de regalías: Apenas 18%; y es el Estado donde las multinacionales mineras más explotan, más ganan y menos pagan al fisco. En ambos casos, fueron pactos de Estado (Código Minero de 1992 y Ley de Privatización de YPF, 1990) decisiones refrendadas por el Congreso Nacional y los estados provinciales, y bien publicitadas por la prensa comercial.

Todos los demás países productores de energía en el continente retienen una tasa por encima del 60%, y casos como México, el 100%, Venezuela el 87%, Ecuador el 50%. Bolivia, que acompañaba a Argentina en el lugar más bajo de retención y vulnerabilidad nacional, subirá sus regalías, después de la reciente nacionalización, al 60% promedio.

El secreto de este debilitamiento social y nacional de Argentina radica en la propiedad: Argentina es el país donde el Estado tiene el menor control de sus recursos naturales. La privatización casi total de nuestra economía y la concesión mediante Leyes del Congreso o por otras licencias del Ejecutivo y gobiernos provinciales, dejó en estado de vulnerabilidad el presente y el futuro del país. Es una forma de recolonización, eso que pretendía el proyecto hemisférico ALCA en forma sistémica, hasta que fue derrotado por la movilización social y la oposición de algunos gobiernos.

Según la Secretaría Energética de la Nación , en 2003 siete empresas son propietarias del 85,7 por ciento de las reservas de gas natural. Repsol YPF es titular de 85 concesiones y Petrobrás de 32 en este país. Los conglomerados extranjeros Repsol YPF, Pan American Energy y Total Austral, la estatal brasileña Petrobrás y los ex grupos económicos argentinos Pérez Companc, Techint y Sociedad Comercial del Plata (SCP, grupo de la familia Soldati) participan tanto en la oferta energética como en los eslabones correspondientes al transporte, distribución y consumo industrial del gas natural.

Los incrementos proyectados al año 2010 por el organismo gubernamental, tanto en las exportaciones (11%) como en la producción total (67%) de gas natural, de no llevarse a cabo relevantes inversiones de capital de riesgo y reformularse la estrategia implementada en los contratos de exportación a largo plazo, significan una drástica disminución en el horizonte de vida actual de las reservas probadas de este energético, dejando vulnerable la sustentabilidad del abastecimiento interno, lo cual implicaría un inminente agotamiento definitivo del hidrocarburo al finalizar la década en curso.

En este sentido, de mantenerse el actual nivel de producción de gas, sin considerar las proyecciones señaladas antes, (demasiado optimistas por mi parte), las reservas gasíferas se agotarían hacia el año 2016. (César V. Herrera y Marcelo García, Argenpress 2004)

Tienen razón el especialista Félix Herrero, del Grupo Moreno, cuando señala que en Argentina “hay dos economías: la social, que es de toda la gente; y la economía de las empresas. No deben confundirse”.”Es lo que explica que hoy 13 millones de argentinos no puedan acceder al gas industrializado en red” (Gustavo A. Calleja, Director del Instituto de la Energía y la Infraestructura , enero 2006).

Felizmente, ha surgido un nuevo actor social en el terreno ambiental, como afirma el periodista uruguayo Víctor Baccetta, de la ONG Yaguarebú. En varias regiones han comenzado resistencias sociales contra los efectos contaminantes: Gualegaychú, Andalgalá, Esquel, Wilde, Palermo, Riachuelo, Santa Ma y Belén de Catamarca, Tafí del Valle, Mendoza). De esta manera, en Argentina se siguen los pasos de fenómenos de resistencia en otros países, como Guatemala, Chile, Bolivia y Perú, donde poblaciones enteras han ejercido la movilización social para proteger los recursos y sus poblaciones, a falta de Estado que los proteja.

Los dos casos más sonados de movilización por protección de recursos naturales y ambientes humanos, son al día de hoy, Perú y Argentina. En el primer caso, unas 1.500 comunidades rurales y urbanas de 18 regiones se organizaron en la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI, 2003. Clacso/OSAL, 2005) y han protagonizado luchas masivas contra los 42 proyectos de explotación multinacional a cielo abierto, que han provocado devastaciones en la flora, la tierra, la fauna, el agua y desplazamiento de poblaciones.

En Argentina, esta resistencia de pueblos latinoamericanos por sus recursos naturales se manifiesta en la multitudinaria movilización y organización asamblearia de Gualeguaychú, contra las multinacionales pasteras Botnia y ENCE, y antes el triunfo en Esquel contra un proyecto minero. Pero el desafío es varias veces más grande. Primero en el petróleo, por la nacionalización, siguiendo el ejemplo boliviano, segundo, contra los más de 600 proyectos de explotación minera que modificarán la orografía, economías regionales y seguridad en las poblaciones, flora y fauna. La tendencia visible en América latina es a la continuación de esta resistencia, porque los pueblos entienden que los Estados no garantizan su sobrevivencia.


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