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El Gobierno de los Estados Unidos llama a licitación para los trabajos de diseño y construcción de una clínica en Santa Catalina, Montevideo.(Texto e imágenes provenientes del sitio de la Embajada de EEUU en Montevideo, Uruguay).
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El Gobierno de los Estados Unidos llama a licitación para los trabajos de diseño y construcción de una clínica en Santa Catalina, Montevideo.
(Texto e imágenes provenientes del sitio de la Embajada de EEUU en Montevideo, Uruguay).
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HERRAMIENTAS

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La militarización de una zona montevideana y otros proyectos del Comando Sur
Agarrate Catalina
Gentileza Semanario Brecha, Uruguay, publicado el 11 de agosto de 2006.
Por Pablo Alfano
Publicado digitalmente: 12 de agosto de 2006
El Ministerio de Defensa anunció que la megapoliclínica en Santa Catalina, financiada con fondos del Comando Sur, será construida por empresas y mano de obra nacional, aunque una licitación internacional, convocada por Estados Unidos, también llama a consorcios o estadounidenses. El Parlamento carece de información oficial sobre este proyecto y los vecinos se quejan de la militarización de la zona sin que nadie los haya consultado.
Pablo Alfano

Para ingresar al barrio Santa Catalina no hay otro modo que hacerlo por la esquina de Burdeos y Victor Hugo. Allí hay un gran predio que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) cedió a la Armada nacional para construir 400 viviendas destinadas al personal subalterno de la fuerza de mar y sus familias. Pero la Armada, crisis de 2002 mediante, se conformó con iniciar las obras de 100 soluciones habitacionales que están casi terminadas, y dejó para una etapa posterior las 300 restantes.

En ese mismo predio la Armada cedió a la ANEP un espacio para construir una escuela de tiempo completo (para unos 300 alumnos) y un local donde funcionará una UTU con cursos de bachillerato tecnológico.

Los dos centros educativos vendrán como anillo al dedo porque en Santa Catalina viven más de 7 mil personas, de las cuales un alto porcentaje son jóvenes. La escuela 309 “no da abasto” y los jóvenes que no pueden inscribirse en el liceo del Cerro deben contentarse con estudiar en la escuela, que después de las cinco de la tarde se “transforma” en un centro de enseñanza secundaria, relataron a BRECHA integrantes de la comisión vecinal.

Los dos centros educativos -linderos a las viviendas de los efectivos navales- serán construidos con fondos de la ANEP, y para los vecinos es el corolario de más de cinco años de lucha barrial.

Pero lo que irritó a buena parte de los residentes de la zona es el anuncio de la construcción, en ese mismo predio, de una megapoliclínica con una “donación”, cercana a los 350 mil dólares que hará el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. El centro de salud brindará atención médica y odontológica a los efectivos navales y sus familias y a toda la población de Santa Catalina, ya que estará dirigido por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Los vecinos argumentan que para optimizar la atención en la zona no era necesario “llenar de milicos el barrio”, sino que bastaba con mejorar la vieja policlínica de Salud Pública que es administrada, en parte, con los recursos que obtiene una comisión de salud barrial. Algo similar sucede con una clínica odontológica construida “a puro pulmón” por un puñado de vecinos.

¿Es realmente necesario invertir más de 300 mil dólares para que nosotros nos atendamos en una policlínica rodeados de militares?, se preguntan los vecinos. Uno de ellos se queja porque desde que trascendió la idea de construir esta gran policlínica no se ha dignado venir ni un integrante de este gobierno que votamos para explicarnos de qué se trata.

La proyectada policlínica se suma a la preocupación de los vecinos por la creciente militarización del barrio. La comisión vecinal estima que un 10 por ciento de la población de Santa Catalina está compuesta por efectivos del Ejército y de la Armada “que piensan muy distinto a nosotros y les cuesta insertarse en el barrio. Y lo peor, aseguran, es que este fenómeno va en aumento. Muchos de los que vinieron de las misiones de paz del Congo llegaron con plata y están comprando terrenos baratos para construir sus casas. Yo pregunto: ¿el único lugar barato es acá o vienen porque saben que esto se va a convertir en un gran centro militar gracias a la ayudita humanitaria que nos regalan los yanquis?, dice María, una vecina que sobrevive gracias al Plan de Emergencia.

Aunque sus recursos son muy modestos quieren impedir la instalación de la policlínica porque, coincidiendo con declaraciones del general retirado Víctor Licandro, opinan que puede ser el germen de una base militar estadounidense en Uruguay.

Los vecinos tienen programado un festival en rechazo a la policlínica (seguramente el domingo 27) y piensan organizar pintadas y volanteadas incluso en coordinación con las comisiones barriales que funcionan en el Cerro. La novel radio comunitaria del barrio (107.3 FM), integrada por jóvenes de 18 a 30 años, ya comenzó a difundir todos los fines de semana su rechazo a la construcción de la policlínica de los yanquis.

¿Made in Uruguay?

En Paraguay y la Triple Frontera
Otras “ayudas humanitarias”

 
EL 1 DE julio de 2005 desembarcaron en Paraguay 400 marines de Estados Unidos con la finalidad de establecer una base en una zona estratégica del Cono Sur. Las tropas ingresaron con el consentimiento del gobierno paraguayo que, un mes antes, había firmado con Estados Unidos notas reversales autorizando “ejercicios e intercambios militares bilaterales”. Estos documentos fueron refrendados por el Parlamento de Paraguay, que si bien permitió la operación de los marines entre el 1º de julio de 2005 y diciembre de 2006, dejó en claro que este acuerdo es “prorrogable”, según el Equipo de Investigaciones Rodolfo Walsh (www.rodolfowalsh.org).
Hasta el momento, el Comando Sur desplegó cerca de 2.800 marines de los 16 mil permitidos por el gobierno paraguayo. Para tener idea de la magnitud de este despliegue vale decir que todo el Ejército de Paraguay cuenta con 14 mil efectivos.
Lo curioso es que los militares estadounidenses asentados en Paraguay tienen el estatus de funcionarios diplomáticos administrativos, según consta en el acuerdo. Esto significa que pueden entrar y salir de Paraguay cuando lo deseen, y pueden transportar libremente armas o cualquier equipamiento sin ser revisados en la aduana. Por otro lado, tienen el beneficio de exoneraciones impositivas para sus productos, materiales y propiedades, y además no tienen que responder por daños ambientales.
La base militar estadounidense es, en realidad, una ampliación de la que ya funcionaba en forma “semiclandestina” en Mariscal Estigarribia, una localidad de 3 mil habitantes ubicada en el Chaco paraguayo, a unos 250 quilómetros de Bolivia y muy cerca de las provincias argentinas de Formosa y Salta.
El gobierno paraguayo alega que detrás de este desembarco no hay nada extraño, y que sólo se trata de la aceptación de planes de ayuda humanitaria del Comando Sur.
Este lugar es estratégico para los intereses estadounidenses porque desde allí se podrían controlar las reservas de gas natural y petróleo de Bolivia. En la localidad boliviana de Tarija se encuentra una de las reservas de gas más grandes del planeta. Además, los efectivos estadounidenses pueden monitorear in situ una de las mayores reservas mundiales de agua dulce: el Acuífero Guaraní.
Pero hay otro dato más alarmante: los planes para instalar otra base en la denominada Triple Frontera (entre Argentina, Brasil y Paraguay), donde vive una importante comunidad árabe, en especial palestinos.
El mes pasado la Cámara de Representantes de Estados Unidos autorizó al gobierno de Bush a formar una fuerza especial para combatir el terrorismo en el hemisferio occidental, en especial en la Triple Frontera.
Como argumento se llegó a manejar que el líder de Al Qaeda Abu Musab Al Zarqawi, asesinado por tropas estadounidenses el 7 de junio, le pidió a los miembros de su organización que fuesen a la Triple Frontera para, desde allí, ingresar vía México a Estados Unidos.
Hace cuatro meses el Departamento de Estado estadounidense señaló en su informe anual sobre terrorismo que en la Triple Frontera viven sospechosos de apoyar a grupos extremistas islámicos, que aprovechan ese territorio poco vigilado para recaudar fondos y promover actividades ilegales.

 
No todos los vecinos se oponen al polémico proyecto. Algunos, como Marcelo, creen que cuando se instalen pongo un quiosquito y sé que no voy a salir de pobre, pero capaz que dejo de andar de changa en changa y trabajar un mes sí y tres no.

Es que superado el sofocón inicial que supuso admitir la colaboración del Ejército más poderoso del planeta, el gobierno comenzó a atenuar el impacto del anuncio apelando a la cantidad de puestos de trabajo que se crearán. La ministra de Defensa, Azucena Berrutti, aseguró que la policlínica será construida por empresas uruguayas que van a contratar a obreros uruguayos y, eventualmente, un peruano, un argentino o las personas del SUNCA que vayan a trabajar (AM Libre, 30-VI-06).

El subsecretario José Bayardi reafirmó, por su parte, que la policlínica será diseñada por técnicos de la Armada, construida por empresas uruguayas y gestionada por ASSE. Incluso relató durante su comparecencia en la Mesa Política del FA, el 31 de julio, que la idea es hacer la obra apelando a la gran cantidad de desocupados que hay en el barrio.

Pero esta idea no parece estar en los planes del gobierno de Estados Unidos, ya que llamó, a través de un “licitación internacional”, a empresas uruguayas, estadounidenses o empresas uruguayas-estadounidenses (joint ventures) interesadas en el proyecto, según un comunicado de la embajada estadounidense en Uruguay [1].

El plazo para presentar las propuestas es el próximo jueves 17 y “el idioma de la solicitación es en inglés, así como toda la correspondencia respectiva. El formulario de la propuesta (Bid Schedule) deberá ser llenado en dólares estadounidenses.

Los empresarios interesados pueden obtener las bases de esta licitación exclusivamente a través de Internet, ya que los pedidos de registro vía teléfono, correo o por fax no serán aceptados. Las empresas uruguayas que quieran acceder a las condiciones de este llamado internacional deberán registrarse en el FEDTEDS (Federal Technical Data Solution) [2].

Al margen de las formas elegidas y de sus implicancias simbólicas, esta convocatoria internacional no parece compatibilizar demasiado con la idea de brindar trabajo a los desocupados de Santa Catalina.

El gobierno acaba de anunciar que la Armada no participará más en la Operación Unitas al considerarla perimida. Pero, en forma paralela, le ha dado luz verde al Comando Sur para que siga adelante con su plan de instalarse en Uruguay a través de diferentes programas de ayuda humanitaria, un ardid que ha funcionado con éxito en otros países de la región, especialmente en Paraguay (véase recuadro).

Bayardi explicó que Uruguay no participará más en la Operación Unitas porque esas maniobras navales internacionales -creadas por el Comando Sur en 1959 durante la Guerra Fría- fueron elaboradas en un contexto de guerra bipolar y ese modelo ya desapareció. Esta decisión fue notificada por el propio Bayardi al jefe del Comando Sur, el general Bantz Craddock, durante un seminario en Washington realizado en junio por el Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa, del gobierno de Estados Unidos.

Paralelamente, en un debate radial (en El Espectador) sobre el retiro uruguayo de la Unitas, los diputados Luis Rosadilla (MPP) y Javier García (blanco) se enfrascaron en una confrontación sobre la conveniencia de la instalación de la policlínica. Rosadilla pidió no mezclar las cosas cuando García dijo que no queremos saber nada de operaciones Unitas pero para la policlínica de Santa Catalina vamos y golpeamos la puerta a pedirle plata (al Comando Sur), como hizo el gobierno. Y agregó: “Si habrá cambiado la cosa que el Movimiento de Liberación Nacional defiende al Comando Sur y su participación en la actividad que sea. Si habrá habido cambios.

García -que preside la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados- dijo a BRECHA que se enteró de la construcción del centro de salud cuando asistió, en junio, al seminario que organizó el Comando Sur. “Allí Bayardi tuvo que explicarnos a la delegación de políticos de diferentes partidos la idea de instalar esta policlínica. Tan avanzadas estaban las conversaciones que los generales estadounidenses nos mostraron hasta diapositivas con imágenes de Santa Catalina. El legislador agregó que, hasta el momento, no hay ninguna información oficial en el Parlamento sobre este asunto.

Emergencias y desastres

Los planes de asistencia humanitaria del Comando Sur incluyen mucho más que la construcción de la polémica policlínica. Inicialmente, la asistencia humanitaria consiste en una donación por un total de 1,2 millones de dólares destinados a varios emprendimientos, entre ellos la capacitación a militares y civiles uruguayos para prevenir y mitigar posibles desastres naturales.

Esta ayuda será recibida y administrada por el Sistema Nacional de Emergencias (SNE), que depende directamente de la Presidencia.

Además, el Comando Sur “donará” unos 300 mil dólares para la construcción de dos centros especializados en la prevención de desastres, y otros 90 mil para entrenamiento castrense a efectos de dar una eficaz respuesta a cualquier emergencia. A su vez, los militares estadounidenses destinarán otros 500 mil dólares para construir un almacén de materiales de apoyo en Montevideo.

El Comando Sur, en coordinación con el SNE, está brindando esta capacitación en los comités departamentales de emergencia -encabezados por los intendentes municipales- desde hace tiempo. Esto comenzó como experiencia piloto en Montevideo y Canelones y la aspiración del gobierno es trasladar este plan a los restantes 17 departamentos, dijeron a BRECHA fuentes oficiales.

El primer seminario se realizó entre el 16 y el 18 de mayo para Montevideo y Canelones y el segundo se hizo entre el 20 y 22 de junio. En julio se realizó un tercer taller donde participaron delegados designados por el intendente canario Marcos Carámbula. Por Montevideo asistió el director del Servicio de Inspección General de la comuna, Ricardo Prato, quien además integra la Comisión de Defensa Nacional del FA e integró la delegación que viajó a Washington a reunirse con el Comando Sur.

Además de las intendencias, en los tres seminarios realizados hasta ahora participaron militares de la División de Ejército I y el coordinador operativo del SNE, el coronel Domingo Montaldo.

Pablo Alfano


© Pablo Alfano
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Gentileza Semanario BRECHA (Uruguay).

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