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Reproducción del artículo publicado en el Boletín Nº 166 de
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006
IMPORTANTE Queridos/as lectores/as Desde el MORENO, los invitamos a participar activamente en la Campaña del Millón de Firmas por la Nacionalización del Petróleo y el Gas, YA!!Usted puede retirar planillas de (...)
 
Notas y Documentos
Dan arresto domiciliario a síndico de Andina-Repsol
[Diario El Mundo, La Paz, Bolivia. 27-08-2006]
Por Diario El Mundo, La Paz, Bolivia.
Publicado digitalmente: 4 de septiembre de 2006
La nota describe la nueva estafa gasífera realizada por Repsol y Petrobrás contra la población boliviana. La denuncia de la Fiscalía y la Justicia boliviana fue ampliamente respaldada por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.

El síndico de la compañía petrolera Andina-Repsol, Saúl Carlos Encinas Miranda, guardará arresto domiciliario sin custodia con libertad irrestricta sólo para asistir a su fuente de trabajo, además del compromiso de presentarse ante el juez cada fin de semana y señalar dos garantes a fin de evitar “su fuga” para no obstaculizar el proceso investigativo de un presunto contrato lesivo al país, entre la firma Andina y la brasileña Petrobrás, por un monto cercano a los 200 millones de dólares.

Así dio a conocer su conclusión el juez de turno de este sábado, Jimmy López Rojas, en la audiencia cautelar realizada en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde los representantes del Ministerio Público encabezados por el fiscal José Centenaro Cardozo, solicitaron al juez López la detención preventiva del imputado (es decir acusado) Encinas Miranda, por participar en la firma del señalado contrato que causó daño al Estado boliviano.

Sin embargo, el juez López Rojas, luego de escuchar la audiencia de las partes que presentaron sus respectivos cargos y descargos documentados entre las 17:30 y 18:30 de ayer, encontró que el síndico por el Estado, Saúl Encinas, no había participado en la firma del contrato lesivo el 30 de octubre de 2002, que fue la causal de la imputación, sino que había ingresado en su calidad de fiscalizador (síndico) a Andina el año 2003.

Y por ello, pese a la apelación del fiscal Centenaro Cardozo quien insistió en la detención preventiva del síndico-fiscalizador de la petrolera por no haber denunciado el daño económico al país cuando se exportaba gas al Brasil por un precio menor (entre 1,12 y 1,25 dólar el millar de BTU) a lo establecido en el mercado internacional, el juez López Rojas determinó dejar en libertad al acusado aplicando las medidas sustitutivas señaladas.

De esa manera fue decidida una de las instancias del proceso de investigación del acuerdo entre Andina-Repsol y Petrobrás, que fue calificado como lesivo al Estado boliviano por parte del Ministerio Público, que a través de sus representantes, señaló ayer en la audiencia cautelar, que ninguno de los ejecutivos de Andina se encontraba en la empresa el día del allanamiento que fue el viernes, cuando secuestraron documentación para verificar y acumular pruebas sobre la presunta estafa al país que desencadenó los operativos del Ministerio Público desde el viernes último.

DATOS DE LA DENUNCIA

Este último mes el actual síndico de la petrolera Andina (Repsol), Gabriel Camacho Cuéllar, denunció la existencia de un contrato “lesivo” al país por 161 millones de dólares desde 2002.

OPERATIVO

El viernes último cerca del mediodía seis fiscales del Ministerio Público, encabezados por el fiscal José Centenaro Cardozo, allanaron las oficinas de la firma petrolera Andina-Repsol, secuestrando documentación para comprobar la denuncia de estafa al país, y determinaron la aprehensión del síndico Saúl Encinas.

IRREGULAR

La Fiscalía señaló que el día del allanamiento ninguno de los ejecutivos fue visto en instalaciones de la petrolera Andina, y que de acuerdo al extracto de migración, se había comprobado que habían salido del país.

FISCALÍA ASEGURA CONTAR CON INDICIOS SUFICIENTES PARA PROCESAR A PETROLERA

Todos los argumentos esgrimidos, señaló la Fiscalía , permiten al Ministerio Público tener la certeza que los firmantes del acta 08/2002 y el “Contrato de Volatilidad de Precio de Gas”, actuaron en conjunto de manera dolosa para perjudicar al Estado boliviano y obtener jugosos beneficios económicos en desmedro del país.

Ello habría demostrado, según el Ministerio Público, que los acusados adecuaron sus conductas al tipo penal previsto y sancionado en el artículo 335 con relación a los artículos 346 y 13; toda vez que los administradores y síndicos de la empresa petrolera Andina SA, tenían la obligación de velar y cuidar los intereses de todos sus representados, pero se asociaron con pseudo representantes legales de Petrobrás, y “actuando de manera engañosa y fraudulenta para provocar el error de todos los bolivianos... les permitió no sólo labrar un contrato amañado, sino, mantenerlo a espaldas de los dueños naturales del producto para sacar provecho de tal situación” , señaló con énfasis el Ministerio Público en su imputación, que será presentada este fin de semana.

Sin embargo, continuó el Ministerio Público, no sólo son responsables penales los que dieron vida al contrato irregular, sino también todos los directores de Andina que estuvieron aprobando de manera constante la vigencia del falso contrato en diferentes Actas de Reunión de Directorio de Andina SA; tal es el caso de los directores Sergio Argento Maradei, Miguel Cirbian Krutzfeldt..." (ver I Textual), los cuales no sólo respaldaban el “ilegal” contrato, sino que estuvieron en las reuniones de directorio que avalan las Actas 5 del 29 de octubre 2003, 2 del 18 de marzo 2004, 3 del 06 de mayo 2004, Acta 5 del 16 de junio de 2004, 6 del 16 de julio 2004 y Acta 8 del 21 de septiembre de 2004.

Finalmente la Fiscalía dijo que todas las “bondades” del Contrato de Volatilidad que había permitido conseguir vender mayor volumen de gas a Petrobrás, olvidaron que dichas ventas estaban dentro de lo programado en el Contrato real y verdadero celebrado entre el Estado Boliviano a través de YPFB y Petrobrás SA; extremos que nos permiten sostener con absoluta convicción que participaron y prolongaron el engaño a los bolivianos para saquear el país y beneficiar a las empresas transnacionales del petróleo, y por consiguiente la conducta de todos y cada uno de ellos se ajusta al tipo penal ya descrito líneas arriba, concluyeron los fiscales.

TESTIMONIO I: IMPUTACIÓN

En la investigación que practica el Ministerio Público, dentro del caso signado con el número Proceso Fiscalía 01/2006, iniciado a denuncia del señor Herman Gabriel Camacho Cuéllar, en su condición de director de la empresa petrolera Andina SA, y el señor ministro de Hidrocarburos y Energía de la Nación boliviana, contra los responsables del daño económico al Estado de Bolivia y la sociedad en su conjunto, por la suscripción del contrato de ‘Reducción de Volatilidad de Precios de Gas Natural’ celebrado entre los “representantes legales” de Petrobrás SA, y la empresa petrolera Andina SA, se desprende que contra los investigados Rubén Patritti Leiva (presidente), José María Moreno Villaluenga (vicepresidente), Oscar Orona (director secretario), Ernesto López Anadon (director vocal), Hugo Tormo Albino (director vocal), Alfredo Leigue Urenda (director vocal), Enrique Herrera (director vocal), Cristian Joffre (síndico titular), Jorge Piñeiro (sindico titular), Antonio Luiz Silva de Menezes, Luis Rodolfo Landim Machado, Sergio Argento Maradei, Miguel Cirbian Krutzfeldt, Francisco Moreno Schnietz, Mario Moreno Rivero, Juan Carlos Aguilar Perales, Saul Encinas Miranda, Selenita Céspedes Saucedo, Luis Ignacio Guzmán Suárez, Hugo Tormo Albino, Gonzalo López Fanjul, Julio Gavito Omaña, Pedro Sánchez Capomagi, Ernesto López Anadon, Daniel Horacio Bustos, Miguel Angel Vukelic Fernández y otros, existen sobrados indicios de que pueden ser autores y partícipes del delito tipificado como Estafa Agravada, tipo penal, que es de orden público y sancionado con privación de libertad cuyo mínimo legal es igual o superior a dos años y que también pueden ocultarse, fugarse, ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación en la comisión de los delitos investigados.

TESTIMONIO II: IMPUTACIÓN

El 16 de agosto de 1996, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Petrobrás SA celebraron el contrato de venta de Gas por 30 millones de metros cúbicos por día como máximo, vigente hasta el 2019 y con un precio establecido inicialmente a 0.9075 dólares americanos, y ajustable de acuerdo al precio internacional del petróleo. Desde la celebración del contrato Petrobrás SA-YPFB, el precio del petróleo estuvo en alzada y obviamente el valor del gas vendido a Brasil tuvo un considerable incremento, tal como lo refleja la tabla internacional de precios que se adjunta.

El 28 de octubre de 2002, el directorio de Andina SA, reflejado en el Acta 08/2002, acordó de forma unánime aprobar el Acuerdo de Reducción de Volatilidad de precios con Petrobrás. El Acta referida se aprobó el 30 de octubre de 2002, se firma el Contrato de Volatilidad del Precio del Gas entre los “Representantes Legales” de Petrobrás, Antonio Luiz Silva de Menezes y Luis Rodolfo Landim Machado con el Gerente General de Andina José María Moreno Villaluenga. En el contrato se fija el precio del siguiente modo:

a) para el tercer trimestre del año 2002, dólar 1,15 el millar de BTU;

a) a) para el cuarto trimestre 2002, dólar 1,125 el millar de BTU;

b) b) para los años 2003 y 2004, dólar 1,125 el millar de BTU, más el índice de inflación de EEUU.

En el acta 08/2002 del 28 de octubre, menciona como presidente a Rubén Patritti Leiva, sin embargo, éste había dejado de ser por haberse revocado el Poder que tenía para fungir como tal, y estaba en su lugar Eduardo Rucci Tur y José María Moreno Villaluenga, tal como acusa el Instrumento 271/2001, además no se encontraba en Santa Cruz - Bolivia, tal como refiere el informe de Migración.

TESTIMONIO III: IMPUTACIÓN

Para celebrar el Contrato de Volatilidad de precio del Gas, no se hizo ningún estudio técnico que refiera la tendencia de baja del precio del petróleo y por ende del gas; por el contrario el precio estaba en constante alzada y las proyecciones internacionales así lo reflejaban por el momento de confrontación armada que vivía el mundo en los centros de mayor producción del petróleo. En la fecha que se celebró el contrato se fijó un precio de u$s 1,15 el millar de BTU, para el primer trimestre en forma retroactiva, pese a que el precio del gas era en ese momento de u$s 1,6474 por MMBTU.

El “Escenario” que utilizó Andina para negociar el Contrato de Volatilidad, establecía “presión de precios a la baja” y posibles acciones de Petrobrás en el “GSA”; estos fundamentos eran falsos e irreales. La firma del Contrato de Volatilidad de Precio del Gas, tuvo un alto costo económico desde el primer día de la firma del leonino contrato, tal es así que Bolivia ha devuelto a Petrobrás a través de Andina por el contrato mencionado decenas de millones de dólares americanos.

Por último, el Contrato de Volatilidad de Precio del Gas, estaba sujeto a la más alta “confidencialidad”, esto indudablemente para asegurar el engaño al pueblo boliviano.

Andina había suscrito con YPFB el Contrato “Back to Back” al igual que los otros proveedores de gas, con el único y claro objeto que YPFB cumpla con su compromiso de venta de gas a Petrobrás SA. En el Contrato Back to Back, claramente se señalaba que la relación vinculante era entre YPFB y Petrobrás, no teniendo Petrobrás relación vinculante con Andina en su calidad de proveedor. De ello se deduce que Andina actuó de forma desleal y a espaldas de YPFB en perjuicio de los bolivianos.


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