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HERRAMIENTAS

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Reproducción del artículo publicado en el Boletín Nº 166 de
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006
IMPORTANTE Queridos/as lectores/as Desde el MORENO, los invitamos a participar activamente en la Campaña del Millón de Firmas por la Nacionalización del Petróleo y el Gas, YA!!Usted puede retirar planillas de (...)
 
Petróleo
Impuesto a sobreganancias petroleras
Por Javier Diez Canseco
Publicado digitalmente: 4 de septiembre de 2006
Resumen: el político socialista peruano enjuicia al presidente
Alan García por incumplir sus promesas preelectorales
en relación a los hidrocarburos. Da ejemplos claros
de la política petrolera nacionalista en Bolivia, Venezuela y Ecuador.
Empero, el MORENO no comparte el criterio de igualdad
con que considera a los gobiernos de Brasil, Méjico,
Chile y Argentina en la defensa de sus empresas estatales.

El precio del petróleo sigue creciendo. Bordea los U$S 75 por barril, pese a que la producción de un barril de petróleo en el Perú apenas cuesta entre U$S 8 y U$S 10, pero la crítica situación internacional generada por la invasión norteamericana a Irak, la inestabilidad de Medio Oriente y la especulación de las transnacionales petroleras, nos han llevado a precios prohibitivos. Para el Perú, el impacto es serio sobre los costos del transporte y de la actividad productiva. Y hay quienes piensan que no tardará mucho en que el barril de petróleo sobrepase los 100 dólares.

El Perú es un país que tiene petróleo, aunque no se abastece, y tiene importantes depósitos de gas natural. Debemos trazar una política energética que nos permita aprovechar adecuadamente nuestros recursos, propiciando nuestro desarrollo. No podemos continuar evadiendo reformular la política energética nacional. El impacto que la situación actual tiene sobre las condiciones de vida de la gente y sobre el aparato productivo exige que el Estado cuente con políticas que preserven y defiendan los derechos e intereses de la Nación. Y aquí, un tema clave es quién controla y a dónde va la renta que genera la explotación del petróleo y del gas, porque –como lo hemos dicho antes– el alza de los precios del petróleo y del gas no solo significa perjuicios y problemas, sino también beneficios y oportunidades. Ciertamente, el aumento de precios significa perjuicio para los consumidores, pero también enormes beneficios para las transnacionales que explotan, sin haber invertido un sol adicional en nuevas tecnologías o en gastos extraordinarios. Simplemente, se beneficiaron del escenario internacional y especulan con el precio de un bien escaso y necesario.

Ante esta situación, resulta fundamental que los gobiernos cuiden el interés del país, de su aparato productivo y de sus consumidores. Ello exige que las autoridades tomen las medidas pertinentes para compensar los beneficios y perjuicios causados por el alza artificial de los hidrocarburos. ¿De qué se trata? Pues de evitar que unos obtengan gigantescas sobreganancias –las transnacionales– a costa de perjudicar a la sociedad. El Estado tiene que intervenir para garantizar una justa distribución de la riqueza y evitar el privilegio de pocos a costa del sufrimiento de las mayorías.

Por eso, en toda Latinoamérica, los gobiernos están buscando recuperar para sus países la parte de la renta petrolera que legítimamente les corresponde y potenciando las empresas estatales de petróleo y de gas, cuando corresponde. Hasta Chile, que no tiene petróleo, tiene una empresa estatal en la que invierte significativos recursos, la ENAP. Bolivia ha nacionalizado recientemente su sector de hidrocarburos y ha replanteado –a los países vecinos que abastece– la necesidad de fijar precios más justos por el gas que exporta, para permitir así mayores ingresos estatales que puedan redundar en más beneficios para el pueblo boliviano: más dinero para educación, para salud, para infraestructura, para apoyo al agro y a la pequeña y microempresa. Bolivia prevé que con esta nueva situación aumentará los ingresos del Estado hasta en 800 millones de dólares anuales, aumentando seis veces los ingresos que recibe por sus hidrocarburos. En Ecuador, el Gobierno ha planteado la renegociación de los contratos petroleros, ha rescindido el contrato con Occidental y se ha planteado la aplicación de un impuesto a la sobreganancia para que el Estado comparta los beneficios del aumento de precios. En Venezuela, el Gobierno decidió, hace algunos meses, aumentar el Impuesto a la Renta para las empresas petrolíferas, del 34% al 50%, pero, además, ha establecido un "Impuesto a la Extracción " –del 33.3% sobre el valor del petróleo extraído–, todo lo cual generará ingresos adicionales al fisco venezolano por 2 mil millones de dólares anuales. En Argentina, Chile, Brasil y México, las empresas petroleras estatales y paraestatales son fortalecidas por gobiernos que las ven como instrumentos claves para el desarrollo económico. Las naciones buscan recibir más por sus recursos naturales. Ya Estados Unidos, con Reagan, impuso, retroactivamente, un impuesto a las sobreganancias petroleras.

¿Por qué le tiembla la mano al presidente García para cumplir con su promesa electoral? ¿Es tal el poder de las empresas transnacionales que pesan más que el compromiso con los electores? Hace 2 años –con el barril de petróleo a 50 dólares– presenté un proyecto de Ley para gravar las sobreganancias petroleras. Hubiéramos recaudado unos 160 millones de dólares adicionales para dedicarlos a la educación, la salud, la infraestructura, etc. Pero el oficialismo y el APRA bloquearon esta propuesta de justicia redistributiva. En la campaña, sorprendentemente, la levantaron y ahora, en el gobierno, parecen olvidarla. No lo consintamos. Que no se juegue con los derechos del Perú. No toleremos que otra vez se vuelva a traficar con los compromisos electorales y a malbaratear nuestros recursos naturales.

Javier Diez Canseco
Político peruano,
ex candidato presidencial

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