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Juan Ramon Morales, jefe de la Triple A, "muy lejos" de Peron e Isabelita

HERRAMIENTAS

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Causa Triple A: investigación podría llegar a Perón
Por Rodolfo Jorge Brieba
Publicado digitalmente: 12 de enero de 2007
Por crímenes cometidos en 1973-1976.

Sólo falta que un testigo de la época diga que la idea de crear una banda terrorista para eliminar adversarios del gobierno no fue de José López Rega sino de su presidente, para que Juan Perón sea investigado por la comisión de delitos de lesa humanidad. Obviamente como murió, la causa no avanzará, pero sí la revisión de sus responsabilidades en crímenes que la Justicia dijo ayer que no han prescripto. Un fallo de Norberto Oyarbide extendió la no prescriptibilidad del terrorismo de Estado. ¿Hará algún juez lo mismo sobre los actos terroristas de las guerrillas de aquella época, integradas por militantes que hoy ocupan bancas en el Congreso?.

El juez federal Norberto Oyarbide declaró ayer delitos de lesa humanidad e imprescriptibles los crímenes cometidos por la Triple A, al pedir la extradición del ex integrante de esa organización Eduardo Almirón. De este modo, la Justicia centró la investigación en los presuntos homicidios cometidos por la organización que lideró José López Rega durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón. También alcanzaría al gobierno constitucional de Juan D. Perón, cuyo ministro de Bienestar Social era López Rega.

«La existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros obedecieron a circunstancias políticas enmarcadas en cuestiones ideológicas y montadas desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación», consideró Oyarbide en la resolución.

La decisión del juez se conoció luego de que organismos de derechos humanos presentaron un pedido para que active la extradición del ex jefe operativo de la Triple A que durante el gobierno de Isabel de Perón asesinó a centenares de personas.

Hace unos días se conoció que periodistas del diario español «El Mundo» fotografiaron a una persona a la que identificaron como Almirón, un ex miembro de la Triple A que huyó del país junto con López Rega en 1975.

Oyarbide recordó a Interpol que desde 1984 existe un pedido de captura contra Almirón y ayer terminó de redactar el informe para que las autoridades españolas identifiquen y detengan al imputado a los fines de disponer su traslado a la Argentina.

Almirón, quien fue custodio de la ex presidenta y de López Rega, está acusado de « asociación ilícita y homicidio doblemente calificado por el número de personas intervinientes y por alevosía al menos en ocho oportunidades», « privación ilegal de la libertad y desaparición forzada al menos en tres oportunidades». En sus fundamentos del fallo, Oyarbide citó normas de derecho internacional y doctrina de la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que los delitos investigados en esta causa «son imprescriptibles y es responsabilidad del Estado argentino juzgarlos como integrante de la comunidad internacional».

«La existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros obedecieron a circunstancias políticas, enmarcadas en cuestiones ideológicas y montadas desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación, en una práctica generalizada que constituyó una grave violación a los derechos humanos justamente porque fueron implementados y llevados a cabo desde el Estado y por sujetos que respondían a ese poder», argumentó el magistrado.

Además, el juez consideró que «se encuentran reunidos los extremos necesarios para requerir formalmente la extradición de Rodolfo Eduardo Almirón a España, a fin de someter al nombrado a juzgamiento por los delitos que aquí se investigan».

La investigación actualmentea cargo de Oyarbide se inició el 11 de julio de 1975 por una denuncia de Miguel Radrizzani Goñi contra López Rega y los comisarios Almirón y Morales, jefes de custodias de Isabel Perón.

Entre los crímenes adjudicados a la Triple A figuran el del diputado peronista Rodolfo David Ortega Peña y los de Alfredo Curutchet, Julio Troxler, Luis Mendiburu, Silvio Frondizi, Carlos Laham y Pedro Barraza, ocurridos en 1974.

En la causa surgen testimonios acerca de una reunión de gabinete que se habría hecho el 8 de agosto de 1974 en la residencia oficial de Olivos presidida por Isabel Perón en la que se habría determinado la eliminación de Julio Troxler.

Posteriormente, se habrían proyectado diapositivas con las imágenes de quienes serían asesinados por supuestas responsabilidades en actividades subversivas.

Según el hermano de Troxler, recurrieron a los generales Jorge Videla y Roberto Viola, quienes se habrían negado a brindarles ayuda.

El magistrado recordó que la Triple A «fue una organización criminal gestada desde el mismo Estado» y que los hechos cometidos por ella «se encuadran entre los que han sido descriptos en el derecho público internacional como delitos de lesa humanidad dado que nos encontramos frente a diversos hechos de extrema gravedad».

«Secuestros, homicidios, etcétera, orquestados desde el Estado y, por lo tanto, delitos que atentan contra los derechos humanos y que resultan imprescriptibles a la luz de las normas legales vigentes», fundamentó yarbide en el fallo.

Rodolfo Jorge Brieba
Periodista
Buenos Aires, 12 de enero de 2007.


© (2007)Rodolfo Jorge Brieba
Todos los derechos reservados.
Para reproducir citar la fuente.

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