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HERRAMIENTAS

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Derecho a saber lo que hasta ahora se ocultó
Por Daniel Mario Brión
Publicado digitalmente: 2 de febrero de 2007

Me pareció interesante recoger, en parte, el título de la nota que el Dr. Raúl Alconada Sempé publicó en la sección “Tribuna” (pg. 25) del diario Clarín el martes 30 de enero de 2007. Allí señala, con intencionalidad manifiesta, que “le espanta la pretensión de algunos de que sólo los peronistas pueden opinar sobre lo que ocurrió antes de 1976 y afectó a todos los argentinos”, sostiene en el mismo artículo: “…Creo necesario hacerlo si queremos intentar entender qué pudo haber pasado y por qué pasó lo que pasó en la Argentina o adaptando aquella pregunta que se hacía Zavalita, el personaje de Conversación en la Catedral, en qué momento se fue a la mierda la Argentina”.

Comparto plenamente estos dichos, pero es una pena que esa avidez por conocer lo sucedido con anterioridad a 1976, finalice en lo sucedido en Ezeiza o en cómo funcionó la orden de sancionar en forma directa que –según el ex vicecanciller dice- sugirió Perón.

Tanto se ha escrito en este enero de 2007 sobre la investigación de los crímenes cometidos por la “Triple A”, a favor como en contra, que resultaría tedioso responder o analizar cada una de las miles de paginas al respecto y no es la intención de este escrito hacerlo ni en defender a quien no necesita defensa alguna, el tres veces presidente constitucional Juan Domingo Perón, tampoco se trata de analizar la capacidad moral ni la credibilidad ningún juez de la Nación, ni mucho menos ignorar los crímenes que esa “organización” cometió, y que me resultan aberrantes.

Que los hechos se juzguen y se dicte sentencia, que los jueces hablen a través de ellas y no en notas periodísticas; que cuando se hable de dictadura, terrorismo de estado y genocidio no se recuerde sólo la ultima y sus crímenes como excluyentes, seria el anhelo democrático e institucional de cualquier ciudadano.

Se preguntaba el Dr. Alconada Sempé “en qué momento se fue a la mierda la Argentina”, pues le recuerdo: comenzó allá por el 16 de junio de 1955, cuando aviones de la Marina bombardearon al pueblo en Plaza de Mayo, no sólo eran pilotos de esa fuerza, participaron también, entre otros: el Dr. Miguel Ángel Zavala Ortiz, quien después fuera premiado con la designación como Canciller en la presidencia Illia, piloteando uno de ellos; y también fue piloto Osvaldo Cacciatore, quien años más tarde se desempeñó como Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, en la última dictadura militar; continuó luego con los asesinatos y fusilamientos de junio de 1956; con el dictado del decreto 4161 del 5 de marzo de 1956, dictadura de Aramburu; con el decreto de necesidad y urgencia que estableció el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) a mediados de 1959, presidencia constitucional de Frondizi; con el decreto ley 2713 del 10 de abril de 1963, presidencia constitucional de Guido; la Doctrina de la Seguridad Nacional, en la dictadura de Ongania de 1966.

En todos estos antecedentes se gestó el terrorismo de estado genocida en la Argentina, la Corte Suprema ha establecido, en pacifica jurisprudencia que los crímenes de lesa humanidad son IMPRESCRIPTIBLES, los represores ya no podrán invocar el paso del tiempo para evitar el castigo por los crímenes que cometieron durante la dictadura. La Corte Suprema de Justicia estableció que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y dio, así, un paso clave para la continuidad de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Se han anulado las leyes punto final y obediencia debida, y el Presidente de la Nación Néstor Kirchner ha firmado el decreto que libera a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad e inteligencia de mantener secretos de Estado en causas judiciales relacionadas con violaciones de los derechos humanos.

Por su parte el radicalismo, dice, quiere ventilar en un debate parlamentario, la violencia política anterior a la última dictadura militar, la idea partió de uno de los diputados radicales, Federico Storani, dijo el ex ministro del interior de la Alianza que pediría la convocatoria a una sesión especial para realizar “un debate integral” sobre la violencia política anterior al último golpe de estado.

Hecha esta introducción, y más allá de lo que la justicia resuelva en el tema de los crímenes de la Triple A, veo ahora el momento histórico y la voluntad política que resultan necesarios en la reconstrucción de una memoria nacional que genere, definitivamente, conciencia.

Espero que en ese debate parlamentario que propone el Diputado de la Nación Storani, se incorporen los pedidos que, el 1 de mayo de 1958, presentó el Teniente General (R.E.) Ángel Solari, para que el Honorable Congreso de la Nación disponga una exhaustiva investigación destinada a comprobar, entre otras cosas, las responsabiidades tanto en los crímenes cometidos entre el 9 y el 12 de junio de 1956, como en la firma de decreto ley que ordenó alguna de esas ejecuciones y en la existencia de una autodenominada “Junta Consultiva Nacional” determinando quienes la integraban desde lo personal y que partidos políticos componían desde lo institucional, avalando los crímenes del terrorismo de estado de esa dictadura, pedido que fue enviado a Comisión y nunca tratado.

El debate deberá integrase también en las responsabilidades de los decretos, decretos ley y planes de represión señalados precedentemente, originados tanto desde las dictaduras como desde gobiernos constitucionales (D 4161/56, Plan Conintes, D.Ley 2713/63, etc.)

La justicia deberá resolver también sobre el expediente oportunamente instruido en La Plata por el juez Belisario Hueyo, a raíz de la denuncia de Juan Carlos Livraga (sobreviviente de los basurales de José León Suárez en junio de 1956) pues al ser el terrorismo de estado un delito de lesa humanidad, es también imprescriptible.

El expediente Livraga va más lejos de lo que se pueda imaginar. Además de ser la historia oficial del caso, contiene las confesiones de los ejecutores materiales de los crímenes del terrorismo de estado, se inicia el 14 de diciembre de 1956, con su denuncia ante el juez doctor Viglione, quien cinco días más tarde por razones de competencia, la remite al doctor Hueyo.

La premura del juez actuante estaba justificada. Fernández Suárez (entonces Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), acorralado después de la confesión de Rodríguez Moreno (Jefe de la Divisional San Martín) y ante el rumor (que invadió la ciudad de La Plata) de que era inminente su prisión preventiva, acudió en busca de ayuda a los niveles más altos de la revolución libertadora. El lunes 21 de enero de 1957, por la mañana, acompañado del interventor en la provincia coronel Bonnecarrere, solicitó audiencia al general Aramburu , y fue recibido en presencia del general Quaranta. Allí pidió y obtuvo la complicidad del presidente de la Nación. Esa misma noche el interventor Bonnecarrere convocó a una reunión de emergencia, a la que asistió Fernández Suárez. Se fletó un avión especial para traer de la localidad de Ayacucho, donde se hallaba en esos momentos, al presidente de la Suprema Corte de la provincia, doctor Almílcar Mercader. En ese marco se discutieron prolongadamente los fusilamientos de José León Suárez, el peligro que para la revolución libertadora representaba la clara decisión del juez de establecer la verdad, y los medios con que contaba el Ejecutivo para impedirlo.

El caso fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 24 de abril de 1957 dictó uno de los fallos más oprobiosos de nuestra historia judicial, con la firma de todos sus miembros: doctores Alfredo Orgaz, Manuel J. Argañarás, Enrique V. Galli, Carlos Herrera, Benjamín Villegas Basavilbaso, previo dictamen del procurador general de la Nación, doctor Sebastián Soler. Este fallo, al pasar la causa a una titulada justicia militar, igualmente cómplice y facciosa, dejó para siempre impune la masacre de José León Suárez.

El fallo de la Corte dice, en media carilla:

“ Autos y vistos; considerando: Que los hechos que dan lugar a esta causa se imputan a funcionarios y empleados de la policía de la provincia de Buenos Aires, que actuó en la emergencia con subordinación a las disposiciones y autoridades de carácter militar, según resulta de lo informado a fs. 24 a requerimiento de esta Corte. Surge también de los antecedentes que los mencionados hechos ocurrieron con motivo del movimiento revolucionario sofocado en aquella ocasión, es decir, en circunstancias excepcionales en que el mantenimiento del orden interno constituía función militar específica, según doctrina establecida en la fecha en la causa “Todesco, Hernando”. Que en tales condiciones y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 136 del Código de Justicia Militar, y a lo dictaminado por el señor procurador general, corresponde declarar la competencia en la causa del señor juez de instrucción militar. Por ello y lo dictaminado por el señor procurador general, se declara que corresp onde conocer en el proceso al señor juez de instrucción militar, a quien se remitirán los autos”.

La respuesta hasta hoy, fue siempre el silencio, la clase que esos gobiernos representaban se solidarizó con aquel asesinato, lo aceptó como hechura suya y no lo castigó simplemente porque no estaba dispuesta a castigarse a sí misma.

En algunos casos se aplicó retroactivamente la ley marcial. En otros, se ignoró abusivamente la cosa juzgada. En otros, no se tomó en cuenta el desistimiento de la acción armada que efectuaron a la primera intimación los acusados.

Se trató, en suma, de un vasto asesinato, arbitrario e ilegal, producto del terrorismo de estado y cuyos responsables máximos son los firmantes de los decretos que pretendieron convalidarlos: generales Aramburu y Ossorio Arana, almirantes Rojas y Hartung, brigadier Krause, que contaron con una enorme cadena de ideólogos, instigadores y ejecutores, tanto desde lo personal como desde los partidos políticos que representaban.

Ninguno fue debidamente juzgado ni castigado, simplemente fueron beneficiados por leyes de amnistía dictadas por ellos mismos y tampoco juzgados ni castigados por los gobiernos democráticos que los precedieron.

La justicia deberá ahora, entonces, determinar fehacientemente, teniendo bien claro que no existe ni punto final, ni obediencia debida ni obligación de mantener secreto de estado en violaciones a los derechos humanos, absolutamente imprescriptibles por ser crímenes del terrorismo de estado.

En definitiva, como hijo de Mario Brión, uno de los asesinados en los Basurales de José León Suárez en junio de 1956, exijo que finalmente la memoria sea generadora de conciencia y la única manera de hacerlo es que la historia que es verdad y es justicia o no es historia juzgue a sus asesinos.

Daniel Mario Brión
Buenos Aires, 2 de febrero de 2007.


© (2007) Daniel Mario Brión
Todos los derechos reservados.
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