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HERRAMIENTAS

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Perú
Toledo en la cuerda floja
Por Carlos Angulo Rivas
Publicado digitalmente: 5 de enero de 2005

Sea cual fuere la solución a la insurgencia del Movimiento Nacionalista Peruano, luego de haber tomado a viva fuerza una estación policial en la ciudad de Andahuaylas (sierra sur central del Perú) a fin de exigir la renuncia de Alejandro Toledo o la vacancia de su puesto de presidente, la situación no regresará a la normalidad deseada por la corrupta “clase política” que gobierna el país. La sublevación del ex mayor del ejército peruano Antauro Humala, jefe de la insurgencia del MNP (capturado en forma alevosa en plena negociación) puede terminar en un arreglo negociado con el gobierno o en un genocidio al estilo de Alan García, como el ocurrido en los penales de Lima en junio de 1986. En ambos casos las heridas causadas al precario régimen toledista serán de una magnitud incalculable, pues trae al debate nacional algo que por todos los medios la “clase política” tradicional representada el el parlamento ha tratado de evitar: el restablecimiento del Estado de Derecho. Además en este escenario se enjuiciaran los últimos acontecimientos, los de diciembre del año pasado, que son de una indolencia sin nombre y sobre todo de un profundo desprecio por la opinión pública. Allí la “clase política” aprovechando la distracción por las fiestas de fin de año se coronó en despropósitos, en medio de la desvergüenza, la corrupción y la impunidad. En principio todo vestigio de honestidad, si quedaba alguno en el gobierno (Ejecutivo y Legislativo) se perdió con una celeridad sorprendente. Y debió ser así porque cualquier elemento honesto es una pesada carga para la maquinaria de la corrupción y la inmoralidad, aceitada desde el gobierno de Alan García a la fecha, pasando por los enormes estragos dejados por el delincuente prófugo Alberto Fujimori. La impunidad dejó el sabor amargo de la impotencia. Uno a uno los generales del fujimorismo, ladrones comprobados, salieron libres a gozar de sus millones de dólares gracias a la orden del Tribunal Constitucional, organismo presidido por el político tradicional Javier Alva Orlandini, ex legislador y dos veces ministro del Interior del ex presidente Belaúnde Terry. A reglón seguido, vía publicación en el diario oficial, se destituyó de sus cargos a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, por no aceptar un cambalache político en los ascensos de los altos oficiales de la Fuerza Armada, amiguismo de Toledo y de su ministro Chiabra, que de un solo tirón terminó con los reglamentos internos y el respeto al orden de méritos para terminar encumbrando como comandante general del Ejército a Luis Muñoz, un corrupto general de entre los preferidos del delincuente Vladimiro Montesinos.

En el Congreso bajo la consigna de un mal entendido espíritu de cuerpo, se defendió a parlamentarios vinculados a la red de corrupción y hasta a uno de ellos acusado de violación sexual a una menor; no satisfechos con ello y con su nula competencia en asuntos legislativos y la dación de leyes con nombre propio, se levantaron, a vista y paciencia de todos, cincuenta mil soles en total por Navidad mientras el sueldo mínimo vital en el país alcanza apenas a quinientos. También nuestros congresistas exoneraron de todo cargo, escándalos mediante, al renunciante ex ministro de Comercio y ex vicepresidente de la República Raúl Diez Canseco. Otros de los regalos navideños del gobierno de Toledo fue la destitución de los procuradores anti corrupción, debido a la pretensión de éstos de investigar a la familia presidencial, a sus asesores más cercanos y a sus ministros, incursos en enriquecimiento ilícito y negociados de tráfico de influencias; además por poner en claro la responsabilidad de Toledo en la fábrica de firmas falsas para la inscripción de su partido político Perú Posible. Por su parte, la Corte Suprema llegó al límite de la corrupción y el compadrazgo, al definir la elección de su presidente entre un fujimorista y un aprista, justamente los herederos de la deshonesta infiltración política durante los gobiernos de García Pérez y Fujimori. ¿Es esta la gobernabilidad, la concertación, la tranquilidad pública que defienden todos estos políticos, militares, magistrados, abogados, jueces, empresarios y los medios de comunicación, eco de los aplaudidos escándalos, de la impunidad y la corrupción?.

El Estado de Derecho

No vamos a juzgar aquí las simpatías o antipatías que pueden despertar las acciones políticas del ex mayor del ejército Antauro Humala. De manera objetiva, la insurgencia política, de tomar por asalto una estación policial en la ciudad de Andahuaylas, no significa un llamado a la lucha armada, tampoco una intentona golpista, menos una ruptura con el Estado de Derecho. Por el contrario, esta insurgencia llega a tener el aval de un derecho constitucional que compete a cualquier ciudadano civil o militar. En los párrafos anteriores hemos hablado de la corrupción, la impunidad y la inmoralidad, sólo del mes de diciembre último, sin extendernos a lo que ya la mayoría conoce del caso Bavaria, Almeida, Borobio, las ONGs familiares o al entreguismo total a las empresas transnacionales en detrimento de lo propiamente nacional, motivos suficientes para defenestrar al presidente de su cargo. Aquí hablaremos del Estado e Derecho. ¿Existe realmente en el Perú?

El gobierno de Toledo se llamó de transición porque se preveía en él, el restablecimiento del Estado de Derecho hecho trizas durante los años de gobierno la dupla Fujimori – Montesinos y sus generales corruptos. ¿Qué se ha hecho para reestablecer el orden constitucional? Nada, absolutamente nada. Se empezó despromulgando el estatuto dictatorial de Fujimori que servía de constitución política del país, pero se siguió y se sigue desgobernando con este nefasto compendio de leyes y decretos antipopulares. ¿Por qué señores del gobierno? ¿Por qué señores del Congreso? ¿No es acaso que todo aquello los favorece en el tinglado que han armado para continuar medrando de las arcas del Estado? Claro que lo es, porque en vuestra lógica es mejor para vosotros una ley que no existe o que sólo existe cuando a Ustedes les conviene. Modificar el estatuto de Fujimori para convertirla en una Constitución del Estado sin haber sido elegidos para este propósito o tener derecho a ello, ¿es correcto? Por supuesto que no. Aquí no hay cabida para tontos de capirote, pues bien Ustedes saben que reponer la única Constitución válida (1979) o convocar a una Asamblea Constituyente para acabar con la ausencia del Estado de Derecho, era y es lo correcto.

El gobierno de Toledo es ilegítimo como ilegítima es la cámara de representantes, ambos organismos hacen y deshacen de la ley a su libre albedrío, cuando en su conjunto, como lo selañan las encuestas, no representan el diez por ciento de la población nacional. Y todavía pretenden engañar a todos, por sécula seculorum, con un supuesto juego democrático muy bien amarrado a sus intereses. En el tinglado y en el amarre a que están acostumbrados se exhiben como varios partidos, de gobierno y de oposición se dicen, pero en el fondo son uno solo regido por la corrupción y la inmoralidad. Ese es el único partido real que gobierna el país, dispuesto a perdonar a García Pérez, a Fujimori y a Toledo venido el caso. Ese es el único Estado de Derecho que conocen. ¿Todo venía bien ensamblado verdad, hasta que un odioso Antauro Humala les arruinó las fiestas de año nuevo? Una pena, pues; sin embargo una realidad. ¿En el año 2006 querían repartirse el poder nuevamente para que todo siga igual? Los candidatos siempre los mismos, dando vueltas alrededor de la gran torta del Estado; siempre las mismas caras para empujar al pueblo a elegir entre sus propios males el “mal menor”.

La insurgencia de Humala

Respetar el Estado de Derecho le piden a Humala y los reservistas ¿Qué Estado de Derecho? Imponer el Estado de Derecho dicen los más radicales ¿Qué Estado de Derecho? Respetar la gobernabilidad, la democracia ¿existe aquello en el desbarajuste peruano? Por favor no sean cínicos. Recuerden que están en un gobierno de transición con tres años y medio en el poder y aún no han podido reestablecer la democracia verdadera y ni el Estado de Derecho. ¿Existe Estado de Derecho con cerca de dos mil linchamientos al año entre los pobres, con el descontento popular a grado extremo, con levantamientos como el de Ilave, con bloqueos de carreteras, con desempleo generalizado, con el hambre de la gente, con represión contra los reclamos, con burla al sentimiento nacional, con impunidad y desfachatez?

La insurgencia de Andahuaylas se justifica tanto como la destitución de un presidente como Toledo, incompetente, ilegítimo e ilegal, esto último si se tiene en cuenta que gobierna sin ley válida y sólo con los pretendidos ajustes del compendio estatutario del delincuente prófugo Alberto Fujimori. Recuerden que la Constitución válida (1979) los llama usurpadores del poder y que la insurgencia es un derecho cuando se produce la ruptura, la burla del poder soberano del pueblo. Poder delegado en los representantes a través de la elección democrática, nunca poder propio y personal para hacer lo que les venga en gana a los políticos tradicionales. En esta dirección la insurgencia en Andahuaylas no tiene nada que ver con la falsa acusación de un Humala en busca de ser el gobernante, sino con el llamado a una acción de masas capaz de derrocar a Toledo para ir a la convocatoria de una Asamblea Constituyente que separe la paja del trigo con miras a las elecciones generales del 2006.

Recordemos que el 90 por ciento de los peruanos pide la cabeza de Toledo para avanzar en la dirección correcta dentro de la ley, destitución a la cual se opone un conjunto de maniobreros que desean continuar en la ilegalidad regidos por el difuso compendio de leyes fujimoristas y el estatuto dictatorial. En realidad no se quiere dar paso a la opinión del pueblo, único sustento real de la democracia en cualquier país, el pánico a los referendos, al voto popular libre sin estar amarrado a las opciones que la corrupción les propone como democrática los pone fuera de juego. ¿Acaso la misma ley de partidos no es un encasillamiento que responde a los intereses de ese partido único de políticos tradicionales llamado la “clase política” que se disfrazan de varios colores para la pantomima electoral? La historia es larga y fructífera en este aspecto. Nos da la razón, ya que de lo que se trata es de distuir a la “clase política” tradicional como en Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay. Ecuador y Bolivia han dado pasos, Perú se quedó en la frustrada apertura por confiar en un individuo de dos caras como Alejandro Toledo. Pero, después de la insurgencia de Antauro Humala, será imposible continuar con el cuento de la democracia y la gobernabilidad, sea conversada o sangrienta la solución a este problema. Y reacuérdese que las crítica personales al ex mayor del ejército no vienen al caso, porque en ningún momento Antauro Humala pidió apoyo a su persona sino a una salida democrática y legal a partir de la insurgencia: la salida de Toledo por inmoral e incompetente, la restitución del Estado de Derecho vía una Asamblea Constituyente y luego las elecciones generales para encaminar al Perú por distinto destino.

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