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HERRAMIENTAS

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Uruguay
La Secretaría de Derechos Humanos en gestación
Por Samuel Blixen
Publicado digitalmente: 11 de enero de 2005
La Secretaría de Derechos Humanos cumplirá un rol clave en la armonización de los diferentes intereses que se enfrentan en las cuestiones referidas a delitos cometidos por la dictadura.

El presidente electo, Tabaré Vázquez, tiene ya definido el nombre de quien ocupará, desde el 1 de marzo, la titularidad de una Secretaría de Derechos Humanos que funcionará en el ámbito de la Presidencia. Con proyecciones y atribuciones similares a las que el presidente argentino Néstor Kirchner definió para la secretaría que desde hace tiempo funciona en el ámbito de la Casa Rosada, este nuevo elemento institucional y ejecutivo que Vázquez desea incorporar en su gestión tendrá, en una primera instancia, el objetivo prioritario de resolver las cuestiones pendientes sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Según un sondeo de BRECHA en círculos del gobierno electo, el secretario o director que asumirá la responsabilidad de la nueva oficina será una personalidad que pueda ofrecer confianza, seguridad e integridad a todos los sectores envueltos en la temática de los derechos humanos; alguien que “merezca e imponga respeto, que combine la fidelidad a los principios y la ductilidad para la negociación”, para citar las definiciones de una fuente del hotel Presidente.

De acuerdo con las informaciones recabadas por BRECHA, este futuro colaborador del presidente electo viene realizando discretos contactos con los diferentes actores para obtener una amplia base de respaldo en función de algunos puntos ineludibles que puedan definir la concepción con la cual se encarará la tarea.

La idea de una Secretaría de Derechos Humanos fue abordada en la entrevista que mantuvieron Vázquez y miembros de la Comisión de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Una secretaría que “continúe y profundice la labor de la Comisión para la Paz” fue sugerida por los familiares y bien recibida por el presidente electo. Incluso los representantes de los familiares llegaron a sugerir nombres que, a su juicio, sintetizaban las características necesarias del futuro funcionario.

Sin embargo, el futuro subsecretario de Defensa, el actual diputado José Bayardi, dijo a BRECHA que “no hay que dramatizar” sobre esta futura secretaría. Ubicado en un balneario de Rocha donde pasa unos pocos días de vacaciones, Bayardi fue enfático en desmentir las versiones que han circulado desde que, a fin de año, en una entrevista concedida a Diamante fm, habló sobre las características del organismo y las repercusiones que su actividad tendrá sobre las Fuerzas Armadas. “Todas las definiciones sobre la Secretaría de Derechos Humanos son de resorte exclusivo del presidente electo y hasta ahora, que yo sepa, sólo existe el compromiso de instalar la secretaría.”

Para Bayardi, la acción de una Secretaría de Derechos Humanos en el ámbito de la Presidencia debe constituir un instrumento que facilite la plena incorporación de las Fuerzas Armadas al proyecto de país que la izquierda se propone desplegar paulatinamente desde el 1 de marzo.

Si, como ha sostenido en diversas oportunidades, es necesario definir los intereses estratégicos que defenderán los militares y las misiones que van a cumplir en función de esos intereses, incorporados al proyecto estratégico global, la superación de los elementos que siguen dificultando la incorporación plena de los militares a la sociedad se convierte en un objetivo prioritario. “¿Sabe lo que quiero? Que los oficiales de este país vayan a la fiesta de fin de año de sus niños, en la escuela, vestidos de uniforme; el día que se vaya a la fiesta de fin de año de los niños, vestido de uniforme, habremos dado un brutal paso de integración”, había dicho Bayardi en el reportaje citado. En ese sentido, complementando su apreciación, Bayardi afirmó a BRECHA que “no creo que la cuestión pase por una declaración de pedido de perdón de la institución”. Según el futuro subsecretario, no es necesario admitir una responsabilidad institucional porque “fueron hombres quienes cometieron los crímenes”.

La opinión del diputado de la Vertiente Artiguista está directamente vinculada a los recientes acontecimientos de Chile, y en particular a la reacción del comandante del Ejército chileno, general Juan Emilio Cheyre, admitiendo la responsabilidad institucional de la fuerza a su mando después de que el presidente Ricardo Lagos diera a conocer el contenido de un informe sobre prisión y torturas que generó una honda conmoción en la sociedad. El informe confirmó que unos 35 mil chilenos habían sido objeto de torturas sistemáticas durante la dictadura y que la inmensa mayoría de las prisioneras que dieron testimonio ante la comisión admitieron haber sido objeto de agresiones sexuales y violaciones. Fue en ese contexto que el presidente Lagos afirmó sin ambages que la violación de los derechos humanos en Chile había adquirido una dimensión institucional.

El mea culpa del general Cheyre no fue acompañado por los comandantes de la Armada y de la Fuerza Aérea, quienes descartaron una responsabilidad “institucional” de sus respectivas fuerzas, aunque dejaron atrás cualquier intento de desconocer la responsabilidad “individual” y el carácter masivo de las prácticas criminales. Las diferencias en las reacciones militares no afectaron la otra gran consecuencia de la divulgación del informe, la aceleración de los trámites judiciales y el procesamiento de Augusto Pinochet por secuestros y homicidios cometidos en el marco del Plan Cóndor (véase contratapa).

La confirmación por parte de la Suprema Corte del procesamiento dictado por el juez Juan Guzmán implica que Pinochet será juzgado por su responsabilidad “personal y directa” en esos crímenes; con ello se recorre un gran trecho desde aquella primera conmoción que significó la detención en Londres del anciano dictador, detención que dejó en evidencia la imperfección y nulidad de la supuesta “transición”.

VERDAD Y RESPETO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Si la admisión de la responsabilidad institucional de las fuerzas armadas en los crímenes de las dictaduras (el gobierno argentino, antes que el chileno, la proclamó en un histórico homenaje a las víctimas frente a la Escuela de Mecánica de la Armada, la emblemática usina de tortura y asesinatos masivos) es, en opinión del futuro subsecretario de Defensa, un punto de discrepancia, en cambio no existen diferencias con las consecuencias de estos procesos: la acción de la justicia. En opinión de Bayardi la conducta de las Fuerzas Armadas respecto de las cuestiones de los derechos humanos deberá estar subordinada, como en los restantes planos, a las decisiones políticas. “Las reglas de juego van a estar claras&endash;dijo&endash; y quien se aparte de ellas tendrá tarjeta roja.” Pero, además, habrá una definición de principio: serán respetadas en su totalidad las decisiones y resoluciones judiciales. Ello implica que no habrá, desde el poder político, intención de interferir en la aplicación de esas resoluciones y que tampoco se permitirán reacciones corporativas.

Tales definiciones tienden a establecer los marcos de complementación entre el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos, cuya creación Vázquez anunciará a comienzos de febrero. En principio, dicha secretaría tendría el cometido de aplicar el artículo 4 de la ley de caducidad, que encomienda al Poder Ejecutivo la investigación de las desapariciones. Esa investigación, que no debe asociarse con las gestiones realizadas por la Comisión para la Paz, implica buscar la información correspondiente dentro de las propias Fuerzas Armadas. Al respecto Bayardi se pronunció por una amplia difusión de la verdad, que excluye la reserva y que incluye el conocimiento público de todos los detalles. “Yo no creo que se pueda construir un Uruguay integrado plenamente si no se termina de dar ese conjunto de respuestas.” Para Bayardi el cumplimiento del artículo 4 no debería provocar ningún resquemor dentro de las Fuerzas Armadas; tiene la convicción de que las “alarmas” que invariablemente surgen cuando se habla del tema (y que ahora se repitieron al debatirse sobre el proyecto de una secretaría) no expresan la intención de la inmensa mayoría de la oficialidad. Es en ese sentido que aconseja “no dramatizar” a propósito del tema.

Sin embargo, es evidente que la cuestión de los derechos humanos no se circunscribe a la aplicación del artículo 4 ni tiene por centro exclusivo los intereses y posturas de los militares. Otros actores demandan, además de verdad, justicia, y ello implica que los magistrados se enfrentan a una serie de decisiones que tienen que ver con los criterios de aplicación de normas internacionales o con las nuevas interpretaciones sobre principios legales, en particular sobre plazos de prescripciones, o el carácter inamnistiable de ciertos delitos aberrantes, o la responsabilidad de los mandos que están excluidos de la amnistía. Una Secretaría de Derechos Humanos, dijeron fuentes del gobierno electo, deberá conciliar todos esos aspectos y armonizar los distintos intereses. En ese sentido, es interpretada como significativa la disposición de las autoridades del nuevo Ministerio de Defensa de no interferir con las decisiones judiciales y facilitar su aplicación. Ello supone, además, que el gobierno tendrá una conducta esencialmente diferente en materia de reclamos judiciales del exterior.


Brecha de Uruguay - 7 de enero de 2005
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