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HERRAMIENTAS

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Venezuela y la Ley de Tierras
Pueblo vs. Oligarquía
Por Ernesto J. Navarro
Publicado digitalmente: 17 de enero de 2005

(Caracas) El cinco de enero de 2005, el Gobernador del estado Cojedes (en el centro norte venezolano), Yhonny Yánez Rangel alborotó a la opinión pública nacional al firmar el primer decreto zamorano que operativiza la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, polémico instrumento legal que salió a la luz pública el 11 de noviembre de 2001, dentro del paquete de 49 leyes habilitantes aprobadas por el gobierno bolivariano de Venezuela.
La aprobación de esta ley de tierras, trajo como producto inmediato la creación del Instituto Nacional de Tierras (Inti), organismo que asumió la tarea de revisar la situación legal de la tenencia de tierras y, en las hectáreas rescatadas, promovió la organización de campesinos y entregó cartas agrarias (que es una constancia legal de propiedad). Esto generó una reacción inmediata en los terratenientes que formaron escuadrones de choque y como consecuencia, más de 100 campesinos han sido asesinados desde que se aprobó la ley.
Cuatro años más tarde, enero de 2005, este decreto zamorano del gobernador del estado Cojedes, vuelve a recrudecer a la rancia oligarquía del campo venezolano quienes de inmediato han reaccionado ante las acciones del gobierno bolivariano, al cual acusan de estar atentando contra la propiedad privada. De inmediato los medios privados activaron su maquinaria para generar incertidumbre y anunciar una situación de violencia que acabará, por culpa de Chávez, con la paz nacional.

REACCIONES DE LOS LATIFUNDISTAS
El primer sector en reaccionar fue gremio de ganaderos, el presidente de Fedenaga, José Luis Betancourt dijo "Este no es el camino correcto. Si se quiere eliminar la propiedad y la institucionalidad, significará la pérdida de la paz". La expropiación de tierras ociosas es un tema controvertido en Venezuela, y es uno de los argumentos que usa la oposición para calificar a Chávez con un termino inventado por sus luminarias políticas: "castro-comunista" (?)
Otras organizaciones, fabricadas por los medios de comunicación privados (en virtud de la desaparición de la oposición política nacional), como “Electores Libres”, “Comité de Lucha contra el Alto Costo” y otras, declararon el 06 de enero que "los gobernadores no tienen facultad para hacer este tipo de decretos. Rechazamos de manera categórica el intervencionismo del gobierno nacional. Van a aumentar la pobreza". "Esto lleva a una incertidumbre generalizada en el sector productor venezolano", afirmó por su parte Vicente Brito, dirigente de la asociación Movimiento Federal, también de oposición y ex presidente de la central patronal Fedecamaras que apoyó el sabotaje petrolero de diciembre de 2002.

SITUACIÓN VENEZOLANA
A la fecha, la República Bolivariana de Venezuela, según datos del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) importa más del 70% de los alimentos que se consumen a diario y que forman parte de la canasta alimentaria. Presenta además la particularidad de tener más del 80% de las tierras cultivables en manos un 5% de los propietarios.
Muchas de esas tierras (algunos argumentan largas sucesiones familiares) fueron obtenidas al amparo de gobiernos complacientes que, por décadas, atentaron contra el movimiento campesino y permitieron que se ocuparan, ilegalmente, grandes extensiones de terreno. Personas que modificaron a su antojo los linderos y acapararon las mejores tierras del país. Coincidencialmente, los grandes grupos importadores y la oligarquía comercial (junto con un grupo de políticos que vivieron su esplendor en el puntofijismo) son los mayores acaparadores de las tierras.

NORTE BOLIVARIANO
Cuando en Venezuela habla de implementar la soberanía alimentaria, debe necesariamente revertir la situación del campo, superar la dependencia petrolera y comenzar un amplio programa de promoción del campesinado para lograr producir, al menos, los alimentos que consumimos, grosso modo ese es uno de los objetivo está contemplado en el proyecto bolivariano.
Para dar fuerza a este objetivo estratégico, en un acto multitudinario presidido por el presidente Hugo Chávez Frías, realizado el lunes 10 de enero de 2005 en Caracas, dentro de los actos conmemorativos de los 145 años de la muerte del prócer Ezequiel Zamora; se relanzó la Misión Zamora, cuyo objetivo: es reorganizar la tenencia y uso de las tierras ociosas con vocación agrícola para erradicar el latifundio.
La Misión Zamora (Decreto Presidencial 3.408) es un lineamiento constitucional enmarcado dentro del proceso revolucionario que vive Venezuela, para alcanzar igualdad y equidad social, dando cumplimiento al artículo 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dice de forma directa: "El régimen latifundista es contrario al interés social".
Se trata, el latifundio, de una situación tan inocultablemente injusta, que hasta los gobernadores opositores (Manuel Rosales, Zulia y Morel Rodríguez, Nueva Esparta) anunciaron su voluntad de sumarse al decreto presidencial y la pronta publicación de sendos decretos en sus respectivas jurisdicciones.
Durante el acto de lanzamiento de la Misión Zamora, Chávez recordó los grandes logros del general Ezequiel Zamora. A este connotado militar, el presidente le reconoció haber sabido recoger “…del alma adolorida, pero grande, de un pueblo traicionado por la oligarquía de la época, las inquietudes para promover la causa revolucionaria del pueblo, tanto así que comandó en 1846 la primera insurrección campesina nacional”.

TIERRAS Y HOMBRES LIBRES
La firma del decreto, bautizado por el pueblo como de guerra contra el latifundio, contó con la presencia de más de 20 gobernadores de estado (Venezuela tiene 24 estado) y todo el tren ministerial, junto a una representación de campesinos de todo el país.
Entendiendo, que si no logra una justa distribución de las tierras para ponerlas a producir, el gobierno bolivariano no podrá superar la dependencia petrolera y de mercados externos; asumió entonces la revisión de los documentos de propiedad para entregar a los campesinos aquellas tierras que, ilegalmente, fueron obtenidas. "Una democracia que permita esa injusticia está perdiendo su esencia y termina convirtiéndose en una pantomima de democracia. Una revolución que permita este estado de injusticia, no puede llamarse revolución", aseguró Chávez.
Pero la distribución de tierras en Venezuela viene acompañada de una serie de iniciativas que apoyen a los campesinos: créditos blandos a través del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), créditos para obtención de maquinarias (Fondafa órgano crediticio del estado), entrega de maquinarias para cooperativas de campesinos, asesoría técnica para aprovechar los suelos y las temporadas de siembras (INTI), cursos de formación de Cooperativas (Sunacoop); funcionamiento de silos para almacenar las cosechas, inclusión en red de distribución de alimentos CASA y comercialización de los productos (a bajo costo) en la red de mercados populares Mercal, entre otras iniciativas.

VISIÓN CAMPESINA
El dirigente campesino, Braulio Álvarez pidió la colaboración de todos los organismos del estado para conseguir, que el decreto firmado, no sea letra muerta. Por ello echó a andar la propuesta de la conformación de la fuerza bolivariana de campesinos.
Para Álvarez todo el proyecto del gobierno se define de forma simple y clara: "estoy seguro que si lo hacemos entraremos en el plan de profundización del proceso agrario del país, que significa la producción de comida buena y barata".
Esto es lo que el gobernador de Cojedes interpreta como objetivo estratégico de la revolución bolivariana: “la acción de gobierno en el tema de las tierras, representa el sentimiento de los líderes revolucionarios de llevar adelante el compromiso de darle el poder a los pobres para combatir la pobreza”.
Lo cierto es que la batalla apenas comienza. El gobierno bolivariano y el campesinado nacional deberán enfrentar la férrea resistencia de la oligarquía criolla y sus aliados de siempre: los medios de comunicación privados. El objetivo es claro: soberanía alimentaria. El reto: vencer al poder económico contrario al interés nacional.

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