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Un Mundo sin Miedo. Argentina... ¿También?
Por José Luis Zamora
Publicado digitalmente: 5 de febrero de 2005

Con el espinoso tema existente entre España y Argentina, respecto a las extradiciones de militares argentinos solicitadas por el magistrado español Baltasar Garzón en el año 2003, nunca se sabe por dónde va a saltar la liebre.
Las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y el mandatario españól hacen retrotraernos en el tiempo y es conveniente hacer ejercicio de la memoria.

Por ello ahora, a modo de recordatorio e introducción, transcribo una nota escrita el l8 de septiembre del mismo año, la cual titulé en esa oportunidad:

“España solicita, Aznar resuelve”

«Entre los meses de julio y agosto, las FF.AA y los tres poderes del Estado argentino se vieron jaqueados ante una nueva solicitud de extradición de represores de la última dictadura militar, ocurrida entre los años 1976-1983, solicitada por el magistrado español, Baltasar Garzón. Cabe recordar que durante ese período, fue presa, de vejámenes y desapariciones, se estima, la cantidad de 576 ciudadanos de nacionalidad española. Por ende, con criterio y principio de Justicia universal y sobre la base de la investigación impulsada; principalmente por testimonios contundentes de víctimas y de familiares de desaparecidos, radicados en España; es que impulsó desde el año 1996, la extradición de represores militares y civiles. El material recopilado como pruebas hasta ese año, permitía el procesamiento de más de cien represores comprometidos en violaciones a los derechos humanos.

En marzo de 1997, recae la primer orden de detención sobre el dictador, fallecido posteriormente en el mes de enero de ese año, teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. Al año siguiente dicta embargo sobre cuentas bancarias y bienes a 152 imputados. Al cumplirse, después de este hecho, un año más en la continua lucha que no ceja, el magistrado español, reitera la extradición de 48 militares.

El gobierno de La Alianza, abraza la preferencia del amparo y como los tres anteriores gobiernos actúa en consecuencia, o sea, en aras de mantener la impunidad a tan aberrantes delitos. El presidente Dr. Fernando De la Rúa, estampa su firma, el 5 de diciembre de 2001, en el decreto 1581, sin intervención judicial. En principio, el argumento, con el que se permitieron manejar una salida ignominiosamente, fue invocado en nombre de la defensa de la territorialidad nacional, rechazando con ello toda solicitud, como en esa oportunidad, que proviniera de países extranjeros.

No era un dato menor para La Alianza que, el año anterior, fuera descubierto en México por una publicación periodística el ex represor y torturador de la ESMA, el capitán de corbeta ® Ricardo Cavallo. En ese caso puntual, con prontitud, el juez Baltasar Garzón, solicitó a México con un exhorto la extradición del mismo; la cual se le concede sin reparos por intermedio de una ejemplar resolución de la Corte Suprema de ese país. Cavallo, es finalmente trasladado a España el 28 de junio del corriente año, quedando detenido y procesado, en Madrid.Asimismo, el camino trazado por Garzón, seguía siendo un dolor de cabeza y motivo de preocupación para el gobierno de De la Rúa, además del anterior episodio, se sumaba el hecho que, también en agosto de 2001, Garzón pidiera la captura internacional de 18 argentinos que actuaron en la ESMA y en la policía de la provincia de Santa Fe, todos acusados de terrorismo, torturas y genocidio. Como respuesta a ello el juez argentino, Gabriel Cavallo, ordena la detención de 13 militares y cinco civiles. En noviembre el Gobierno argentino, rechaza este pedido de extradición, como así también el que pesaba sobre Suárez Mason, solicitado por un tribunal alemán.

Con el cambio de vientos, después de un largo recorrido y luego de la estrepitosa caída del gobierno de La Alianza, de una inestabilidad económica atroz hasta el punto de declarar institucionalmente en quiebra el Estado y el paso de esporádicos y sucesivos seis presidentes, cinco en el lapso de pocas horas, llega a la Casa Rosada, Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003. “Quiero un país serio y más justo”, proclamo ese día.

Parece, que fue escuchado en España por Baltasar Garzón, y pocos días después, el 8 de julio, éste vuelve a la carga como se recuerda al principio de esta crónica, solicitando para 46 represores: captura internacional, embargo por 2648 millones de euros para hacer frente a posibles indemnizaciones de víctimas y familiares de la dictadura argentina y, al flamante gobierno argentino, las preventivas detenciones para la solicitud de extradición puesta en marcha por la Audiencia Nacional de ese país.

Era la oportunidad que hacía vislumbrar una ventana de esperanza para los abogados querellantes en España, entre ellos el Dr. Carlos Slepoy y al propio juez, después de tantas piedras puestas en el camino, a pesar de que, en 1994 ambos países habían suscripto un documento llamado: Tratado de Cooperación y Asistencia en Materia Penal. Justamente para regularizar procesos de extradiciones. Por lo tanto en este último esfuerzo no debería porque surgir ningún inconveniente. Tal desprendimiento surgió del texto que Baltasar Garzón reiteró como en tantas oportunidades alegando en el auto de procesamiento que desde 1975, acontecimientos políticos, sociales y delictivos llevaron a los militares a diseñar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de desaparición y eliminación de ciudadanos en función de su adscripción a determinados sectores, por motivos ideológicos, políticos, étnicos y religiosos. Con lo cual se determinaría entre otras cosas el grado de discriminación y altísimo grado de criminalidad con el que se manejaban en el poder de entonces.

Se dejaron oír voces provenientes de diversos “actores” influyentes que, acostumbrados a lanzar al seno de la sociedad opiniones de variado tenor, tanto a favor o en contra como en esta oportunidad, contribuyeron a a enmarañar y politizar aún más el camino a un justo reclamo. El ex jefe militar, teniente general ® Martín Balza, en una clara pronunciación a favor de la extradición, abogó por terminar con el sentimiento de impunidad que a su entender una de las maneras de erradicarlo era con la oportunidad que se presentaba de enjuiciamiento a los represores en el extranjero, dejando de manifiesto que no estaba en juego el principio de territorialidad, recalcando que por lo tanto era muy triste ser juzgado afuera. Poco después volvió a la carga manifestando que las heridas no habían cicatrizado. En una marcha de algunos pocos civiles y militares pocos días después manifestándose en contra de las extradiciones, Balza fue repudiado convirtiéndose en el blanco de las críticas más feroces de sus ex camaradas representados en esta oportunidad por familiares y “amigos”. Una solicitada de marinos retirados cuestionando las posibles extradiciones y la derogación del decreto 1581, provocaron malestar en el gobierno y en consecuencia el jefe de la Armada, vicealmirante Jorge Godoy, recibió uno a uno en su despacho del edificio Libertad a los firmantes, entre ellos Lavezzo Julio, Couto Norberto, Albino Oscar, Grondona Miguel, etc. informándoles de una sanción que consistió en “seis” días de arresto. El candidato oficial a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se explayó terminantemente, alegando que en líneas generales no le gustaba dar la extradición de ningún ciudadano argentino, oponiéndose y dando a entender que se generaría con ello un caos jurídico internacional.

No obstante, en Argentina, el 24 de julio, por orden del juez federal, Canicoba Corral y dando intervención a la Policía Federal y el ministerio de Defensa, comenzaron los arrestos preventivos. Algunos de los represores incluidos en la lista, ya se encontraban en calidad de detenidos, en el marco de los procesos que se les instruye por robo de bebés o el llamado Plan Cóndor. Estas medidas adoptadas por el juez, se complementan con una audiencia de conocimiento a los imputados. A partir de los arrestos, Baltasar Garzón sabe que dispone de un plazo no mayor a 40 días, para el envío del exhorto a la Cancillería argentina, solicitando fehacientemente las extradiciones. Uno a uno se fueron entregando, salvo tres que se encontraron en calidad de prófugos: González Naya, Vildoza Ostini y Arrechea Andrade. Para allanar el camino a la Justicia y a las extradiciones, quedaba la derogación del decreto 1581, que finalmente fue efectuada por el 420. También dejaba trascender el juez federal argentino en una entrevista al diario español El Mundo, que preferiría que los militares sean juzgados en Argentina. Mientras en España, voces de alerta se alzaron al conocerse la opinión del Estado español por intermedio del fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, en el sentido de rechazar el pedido de extradición de los militares argentinos por entender que se corría el riesgo de que quedaran en libertad, porque la Justicia española no tiene competencia, dado que interpretaba que las dictaduras pasadas de Chile y Argentina, no construyeron genocidio ni terrorismo, cuya persecución es universal. En otras palabras, respondía con ese argumento a la posición fijada por el Presidente Aznar, de no ver un desfile de militares argentinos por los estrados de su país, provocando, además, confusión en la opinión pública de ambos países; es más, con respecto a la situación de los represores de la ESMA, detenidos en España, Adolfo Silingo y Ricardo Cavallo, en caso de la eventual derogación o anulación de las leyes del perdón, el Gobierno español demostró disposición para su repatriación y juzgamiento en la Argentina. Con estos antecedentes tan directos comenzaba a enunciarse un final cantado, a pesar de que poco después y bajo el peso que significa un fallo de la Audiencia Nacional, equivalente a la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, rechazó los argumentos del fiscal, Eduardo Fungaidiño, habida cuenta de la existencia de víctimas españolas; siendo congruente afirmar, tal como sostiene Baltasar Garzón, que aún habiéndose provocado en el extranjero, corresponde ser caratulado como acciones de genocidio, terrorismo y torturas.

Llegado agosto, Canicoba Corral, denegó las excarcelaciones solicitadas por los abogados defensores de los represores detenidos y formalmente pone en conocimiento al juez español de las 40 detenciones efectuadas en la Argentina. Al momento de la notificación se fueron acortando los plazos para que Baltasar Garzón envíe al Consejo de Ministros español la solicitud formal de extradición, ya que correspondía como máximo el 2 de septiembre, la fecha tope para que llegue el exhorto al Gobierno argentino de Néstor Kirchner. Al producirse el día 20, por intermedio del Congreso Nacional, la nulidad de las leyes del perdón, se pone de manifiesto sobre el tablero político de ambos países una nueva instancia, ya que deja en manos del presidente José María Aznar, la evaluación de las decisiones a tomar. Si opta o no por el pedido del juez Baltasar Garzón, dado que ahora a la Justicia argentina le correspondería prioridad sobre la española y, además, dejaría conforme a Aznar a pesar de la manifiesta intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

El 30 de agosto, se cierra el círculo, el Gobierno español que resuelve no solicitar las extradiciones, una señal que ya a principio de julio el gobierno argentino recibía de Aznar, las filas castrenses también se muestran conformes, ya que la posibilidad de que sean juzgados en Argentina y no en el exterior se vislumbraba como un mal menor, dado que la Corte Suprema de Justicia no posee hasta el momento una posición tomada respecto a las leyes del perdón. Amparo, como se sabe, de la mayoría de los represores, además del lentísimo y complejo desarrollo que significa un reinicio de juicios, lo cual demandaría muchos años, quedando muy claro, porqué aquellos que abogaban en tiempos en que se encontraban en vigencia las leyes del perdón, que la intervención de cualquier justicia proveniente del extranjero era invadir la soberanía nacional y ahora que se encuentran anuladas, los mismos personajes sostenían que no había que producir las extradiciones porque podían ser juzgados “tranquilamente” en el país. Evidentemente, siempre encuentran argumentos a su saber y entender en beneficio propio y de los represores del pasado, que obstaculizan cualquier intento de Justicia. Es lo que aparenta.»

Como se puede apreciar, varios fueron los actores directos y responsables a la hora de una toma de decisión “necesaria” al empuje - social, político, judicial - inicial que necesitaba y sigue necesitándose, el debido proceso de juzgamiento a los represores genocidas en nuestro país o en España, o en Francia o en Alemania o en Suecia o en Italia.

El llamado o pedido de justicia en un acto de juzgamiento a autores de crímenes de lesa humanidad, no sólo no se olvidan, no proscriben, sino que no deberían quedar impunes.

Hoy, todavía, la Corte Suprema de Justicia, no se ha expedido en la toma de posición respecto de las leyes del perdón u olvido.

Hoy, todavía, desde la cúpula de la Iglesia católica, se reivindica la teoría de “los dos demonios” y aboga a una “pacificación y olvido” de los crímenes cometidos en la dictadura.

Hoy, todavía, “sectores” de la FF.AA -retirados o en actividad - ven los “gestos” de Kirchner, - el museo histórico en la ESMA o el “descuelgue” de algún cuadro - como inofensivos en relación al “verdadero” pandemoniun que provocaría un debido proceso.

Y, en medio de ello, a raíz de la publicación del libro “Un mundo sin miedo”, en el que Garzón afirma que la extradición de los 40 represores solicitada en el 2003 fracasó por convivencia de acuerdos surgidos entre los gobiernos de Aznar y Kirchner, hace pensar que la toma de responsabilidad o la posta a terminar definitivamente con la impunidad de los represores, recayó, por decisión propia, en manos del Estado argentino.

Eso, tal vez, sería lo coherente. Pero no, las decisiones políticas no aparecen. A la luz de los hechos y declaraciones tendientes a una perversa ambigüedad en materia de derechos humanos en todo este tiempo, en realidad, lo que se consiguió o se buscó, fue dilatar lo más posible imponer un sello de igualdad jurídica en Argentina acorde a los demás países europeos que siguen persistentes en su justo y atendible reclamo. Y, que como en este caso, la denuncia explícita de Garzón, ofende y convulsiona a un gobierno que muy lejos está de empezar a “des-nudar”, cuanto antes, “la verdad” de lo ocurrido.


© José Luis Zamora
Equipo de Investigaciones ’Rodolfo Walsh’
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