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HERRAMIENTAS

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Soberanía Energética e Integración Regional Sudamericana
Por Gustavo Lahoud
Publicado digitalmente: 14 de abril de 2005

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción.

2. Soberanía Energética: una aproximación teórica.

3. Integración Sudamericana: una perspectiva teórica diferente.

4. Conclusión: energía e integración, una necesaria reconciliación con la realidad.

5. Referencias bibliográficas

1. Introducción

Resulta necesario plantear, desde las Ciencias Sociales, objetivos de investigación que liguen crecientemente las condiciones que pueden hacer posible un mejoramiento constante de la calidad de vida de nuestras comunidades con el uso racional, eficiente y comunitario de una variedad de recursos naturales- entre los que están los energéticos-, con el fin de conducir a un desarrollo inclusivo y sostenible en un marco de avance permanente de los procesos de integración en la región sudamericana.

Esto nos lleva a plantear, de manera clara y precisa, un diálogo abierto con los desafíos que la realidad fenomenológica nos impone sobre la mesa del análisis y de la comprensión, lo cual supone, como primera operación metodológica decisiva, observar críticamente el devenir caótico de los acontecimientos, a fin de iluminar con otro grado de precisión el camino del necesario debate teórico de estas cuestiones.

Es más, este sendero iniciático, al formularse preguntas y al registrar incertezas de manera permanente, intenta establecer qué tipos de criterios, parámetros o conceptualizaciones pueden guiar, en la coyuntura presente, el debate teórico sobre la soberanía energética como fin a preservar por una comunidad política portadora de valores, intereses y creencias y su vinculación con la dinámica de la integración de las economías y de las sociedades de los países sudamericanos. En este orden de cosas, un primer objetivo a desarrollar, es qué se entiende hoy por soberanía energética, qué implicancias tiene para la propia comunidad involucrada en ese proceso y qué instrumentos supone en términos de posibilitar el logro de tal fin y/o propósito mayor. Asimismo, al asumir esta evidente necesidad metodológica de precisión conceptual, nos preguntamos sobre la dinámica político-institucional y económico-social del proceso de integración regional sudamericano, lo cual implica, desde la teoría, rescatar el despliegue del fenómeno político en su real actualidad como materia prima fundamental para reiniciar un debate desde el plano de lo teórico.

Los dos términos de ese continuo fenoménico inducen un camino de reformulaciones que incorporen, inevitablemente, las condiciones contextuales imperantes hoy en el escenario internacional en lo que respecta al control, uso, explotación y reservas de los recursos críticos para la reproducción de la vida humana y el tipo de diseño estructural que la dinámica de la economía mundial le impone a los procesos de integración regionales.

Por otra parte, la observación de ese devenir en constante cambio, nos introduce en la reflexión sobre la soberanía y la forma más precisa o concreta de dimensionarla en función de ese contexto crítico que le genera preguntas insoslayables a las autoridades de los Estados nacionales- actores privilegiados en el sistema westfaliano de las relaciones interestatales de poder - que hoy deben convivir con una multiplicidad de fuerzas con crecientes capacidades de poder, autonomía y heterogeneidad en términos de organización transnacional, que ponen entre paréntesis las nociones tradicionales de soberanía asociadas a dimensiones hobbesianas absolutas de control, autoridad, monopolio de uso de la fuerza, creciente autonomía decisoria e independencia en el orden internacional .

Esta situación que se expone en la realidad internacional, toca de manera estratégica a los recursos energéticos, sobre cuya posesión, control, acceso y explotación, gira, como eje pivotal, la reflexión teórica sobre la soberanía del Estado en función de asegurar, para la comunidad de que se trate, una potestad y una reserva de relativa autonomía sobre el uso futuro de esos recursos. Asimismo, esto ocurre simultáneamente al avance de la integración económica de los países de la región, lo cual, tal como manifestamos antes, reconoce una dimensión global como proceso, pero que, en el plano sudamericano, importa poder encuadrar comprensivamente en línea con los desafíos que esa redefinición de la soberanía energética le plantea al avance de un esquema de integración que ha privilegiado-mediante el progreso de núcleos dinámicos regionales catalizadores del proceso en si conjunto - el logro de beneficios leídos en clave productivista con criterios de especialización como rasgo fundamental de los patrones de inserción de nuestras economías en el escenario de los mercados internacionales, todo lo cual entra en colisión con las mismas perspectivas de desarrollo sostenible en función de un uso racional de los recursos en el proceso productivo.

De hecho, la interpenetración de una dinámica de creciente pérdida de soberanía- en clave de control y dominio excluyente- sobre los recursos, expuestos a un tipo de explotación en función de un modelo de crecimiento hacia fuera con una matriz exportadora que se profundiza- que se ha constituido, de hecho, en uno de los pilares estratégicos del tipo de integración que nuestra región sudamericana ha encarado como proyecto-, es una determinante decisiva de la realidad que se debe poder describir y explicar a fin de incorporarla como supuesto crítico a la hora de comprender- en términos de estructura de sentido-, el nuevo tipo de debate teórico que debe encararse en relación a la dilemática cuestión de la soberanía energética y la integración sudamericana.

Gunnar MyrdalA tal punto es así, que, en ese camino dialéctico abierto de ida y vuelta entre teoría y hechos, nos apoyamos en el criterio del gran economista noruego, Gunnar Myrdal, quién, en relación a estas cuestiones, afirmaba: “... Nuestras cajas teóricas están vacías principalmente porque no están construidas en tal forma que puedan guardar la realidad. Necesitamos de nuevas teorías que, aún siendo abstractas, sean más reales en el sentido que se adapten mejor a los hechos”.

2. Soberanía Energética: una aproximación teórica

La construcción de una conceptualización teórica en relación a la temática de la soberanía energética puede viabilizarse tan solo a partir de la comprensión multicausal del fenómeno de la relevancia de la cuestión energética en el debate público de nuestras comunidades y el peso que tiene en la definición de la agenda pública de los gobiernos.

En tal sentido, la reformulación del concepto de soberanía a la luz de los cambios globales y regionales, con la emergencia de fuerzas diversas y con capacidad de acción en el ámbito internacional es hoy una tarea que, desde lo teórico-especulativo está lejos de haber sido concluida, sino que, más bien, se trata de la continuidad gnoseológica-fenomenológica de la permanente reconstrucción y revalidación de un debate de la teoría política moderna que ha estado vigente desde hace más de 400 años. En este particular enfoque que le damos a nuestro trabajo, importa especular sobre las nuevas dimensiones o, lo que es lo mismo, la forma en que la concepción tradicional de soberanía ha mutado en el período histórico reciente de la globalización como proceso económico, tecnológico e informacional de creciente profundización e internacionalización . En efecto, tomando a Krasner en su obra " Soberanía: una hipocresía organizada", tratamos de comprender parte de estos nuevos fenómenos de reconceptualización teórica a partir de la consideración de cuatro dimensiones de la soberanía que retoman, por un lado, el núcleo duro de la construcción conceptual de la soberanía y, por otra parte, dan cuenta de los cambios que están acaeciendo en el contexto global y que, necesariamente- tal como lo hemos expresado más arriba- deben ser considerados se partimos de una concepción metodológica que privilegia un tránsito abierto y dialéctico entre teoría y hechos.

En ese orden de cosas, referiremos esas cuatro dimensiones y trataremos de vincularlas con la cuestión energética en lo que respecta a las propias dimensiones que resultan de la especificidad de la temática en su aspecto teórico multidimensional.

La primera de ellas es la que refiere al carácter legal-internacional de la soberanía, que abarca todas aquellas cuestiones que están relacionadas con el reconocimiento de un Estado en el sistema de relaciones interestatales. En efecto, se trata de una dimensión jurídico-legal-institucional, que se ha desarrollado con la emergencia y consolidación del proceso de conformación estatal después de la Paz de Westfalia. En tal sentido, el autor marca que la existencia de un status que le brinda al actor estatal un marco de igualdad formal en las vinculaciones interestatales- que han sido, históricamente, las predominantes en el sistema internacional-, es un aspecto que en sí mismo constituye un atributo fundamental y funcional en el orden de relaciones sistémicas. Ese reconocimiento legal implica la real existencia del Estado mediante y en un territorio- atributo esencial de la soberanía desde la concepción de Bodin y Weber, por citar sólo algunos autores que han reflexionado sobre estas cuestiones en diversos momentos históricos- en el que están asentadas una serie de recursos materiales y humanos para cuyo control el Estado debe procurar los medios necesarios; uno de esos insumos de poder, que conforman la dotación natural de recursos de una comunidad determinada contextualizada en un territorio, es el bien estratégico de la energía, cuya cadena inicial está cimentada en las fuentes de riqueza que un Estado posee en materia de yacimientos geológicos ricos en hidrocarburos o en zonas con potencial hidrológico o de cualquier otra fuente posible de generación de energía de manera natural. Sin embargo, los aspectos relacionados con la posibilidad que un Estado tiene de poner en juego toda su maquinaria de poder nacional , tienen que ver con otra dimensión de la soberanía, que es la interna; en este caso, Krasner nos dice que este aspecto de la cuestión conceptual de la soberanía hace referencia a la efectiva capacidad de autoridad y control que un actor estatal puede alcanzar dentro del marco geográfico de sus fronteras políticas reconocidas. En esta dirección, el contexto de transformaciones regionales y mundiales de los últimos 20 años, le plantean a los Estados interrogantes que apuntan directamente a la posibilidad de realización de la capacidad soberana en términos de control y autoridad, y, con ello, la efectiva capacidad de disponer libremente de los recursos materiales y humanos entre los que están los energéticos, que son estratégicos para la supervivencia y reproducción socio-económica de la comunidad implicada en su gestión.

Por otra parte, los recursos energéticos están gravemente condicionados en su disponibilidad y capacidad de explotación por parte de las comunidades sudamericanas, si tenemos en cuenta cómo son afectados por la dimensión que Krasner caracteriza como transfronteriza; en este caso, el autor hace referencia a la manera en que los flujos transfronterizos de diversa índole y naturaleza influyen sobre las propias capacidades objetivas de los Estados para asegurar el control y la jurisdicción sobre regiones que, en el mundo de la globalización, se transforman en escenarios geopolíticamente complejos, generadores a la vez de fenómenos de integración creciente y, por ello, reforzadores de las propias herramientas soberanas de los Estados pero, también, de fenómenos disolventes, asociados a la emergencia de complejos procesos sociales como las migraciones, la extensión de conflictos internos más allá de las fronteras de los países de origen ( con el fenómeno asociado de refugiados y desplazados), la presencia de redes de crimen organizado y el debilitamiento de las estructuras de poder estatal en un marco de creciente conflictividad social y política , todo lo cual convierte a los espacios territoriales compartidos en fuente permanente de inestabilidad, con el consecuente perjuicio en el orden de la soberanía del actor estatal y de la misma capacidad de disponibilidad de factores de poder reales para hacer frente a las necesidades que plantea el manejo de recursos que son vitales para el desarrollo de las comunidades.

Finalmente, hay un cuarto aspecto considerado por Krasner que nos parece relevante, y que se refiere a lo que denomina como dimensión westfaliana de la soberanía; por ella se entiende la forma en que los Estados se ven condicionados por actos de imposición externa que provocan una mella en su capacidad de control y autoridad, generando una debilidad manifiesta- que puede ser leída en términos de sensibilidad creciente y hasta de vulnerabilidad - en su propia capacidad de reproducción material y simbólica, lo cual produce inocultables efectos en su condición de estatidad. De hecho, es la propia externalización de la autoridad del Estado como atributo mismo de poder la que se ve amenazada y condicionada por la creciente vulnerabilidad ante las presiones externas. Ciertamente, esta dimensión es crítica cuando intentamos reflexionar sobre la forma en que los países sudamericanos pueden garantizar reaseguros mínimos en términos de control efectivo y posterior explotación de los recursos energéticos del Continente. En efecto, buena parte de estos condicionamientos que hoy están ensombreciendo la capacidad de los Estados de la región para proveer una planificación estratégica conjunta y coherente de estos recursos están relacionados con las presiones políticas y económicas que se ponen en juego en el contexto hemisférico y regional por parte del actor hegemónico en el Hemisferio, los EE.UU.

En efecto, el tipo de vínculo que se construye a partir de esta disparidad de poder estratégico-táctica en el escenario geopolítico y geoestratégico del continente Americano, impone, necesariamente, un fuerte condicionamiento que se puede leer en clave jurídico-formal-institucional pero, a su vez, puede comprenderse en el orden de la capacidad efectiva de acción política de un Estado, más aun si se consideran las variadas limitaciones (constraints) que operan sobre la misma posibilidad de hacer del poder soberano. Esas limitaciones son de diversa índole y refieren a un complejo entramado de intereses externos e internos, que son producto de debilidades estructurales de los Estados de la región, pero, asimismo, son la consecuencia de acuerdos y compromisos tomados por los mismos actores estatales en sus procesos de consolidación de vínculos externos generalmente ligados a la profundización de la liberalización de las economías latinoamericanas y la consecuente extensión y consolidación de un esquema de inversiones externas directas en los sectores considerados como más eficientes, dinámicos y modernos desde el punto de vista de sus potencialidades de inserción en y vinculación con los mercados mundiales.

En tal sentido, coincidimos con Bergalli cuando afirma que “...el concepto de soberanía, por lo menos aquel que se ha manejado en las ciencias políticas y jurídicas de la cultura occidental...puede ser fácilmente contrastado con las realidades económicas y sociales de esos propios países...” . Es decir, se pone en blanco sobre negro las tensiones estructurales sobre las que se han desarrollado en el espacio común latinoamericano y, con más fuerza aun en el sudamericano, las opciones político-estratégicas que históricamente han intentado responder a una pregunta básica y, por lo mismo, rotunda en sus posibles respuestas contradictorias: ¿ cómo fortalecer el poder soberano de la unidad política con las menores limitaciones posibles en términos de imposiciones, coacción política y prácticas ligadas a la coerción económica, ejercidas permanentemente por los países del Norte industrializado que son los que han liderado los procesos de expansión del capitalismo de la mano de Estados que se arrogaban la atribución de supersoberanía ya desde la misma construcción colonial e imperial consolidada durante el siglo XIX y hecha realidad en el transcurso del XX?. En verdad, la contracara de este galimatías conceptual y político ha sido la dependencia estructural de las economías de la región, proceso éste que se ha leído y comprendido desde las distintas vertientes de la teoría de la dependencia en los ’60 y los ’70, pero que hoy asume una nueva necesidad que es a la vez teórica y práctica: cómo comprender- en el sentido weberiano de reconstrucción de sentido- la dinámica de la coyuntura presente que ensombrece aun más la capacidad de autoafirmación del poder soberano de los Estados sudamericanos en un momento del devenir histórico en el que la fluidez de los intercambios financieros potencializados por la explosión tecnológica e informacional ha venido a ensanchar el hiato o la brecha entre las aspiraciones formales de la propia atribución de soberanía y las reales capacidades de acción que ese entorno global permite en términos de posibilidades de aumentar el propio margen de maniobra y la influencia en el escenario regional e internacional.

Por ende, volviendo a Bergalli, “Si el poder político, o sea el de decisión suprema e incontestado que en democracia se otorga, mediante reglas preestablecidas, a órganos y gobernantes para que lo ejerzan soberanamente, aparece tergiversado por influencias e injerencias extrañas a la delegación de tal poder, entonces la soberanía no es esa racionalización jurídica capaz de transformar el poder de hecho en poder de derecho.”

Si, entonces, el poder soberano de nuestros Estados se ve tan gravemente contestado y limitado a tal punto de exponer peligrosamente su propia supervivencia en el escenario regional y mundial, ¿qué ocurre cuando intentamos definir los criterios conceptuales y teóricos sobre los que debe descansar la atribución de soberanía en materia de recursos y polìtica energética en el territorio sudamericano? La pregunta tiene pertinencia, ya que partimos de la constatación de un esquema global de poder que es altamente restringente de las propias capacidades soberanas materiales y simbólicas de los Estados, que ha profundizado los vínculos y dinámicas de la dependencia y que ha puesto en serio entredicho la misma factibilidad de usufructo, control y gestión de los recursos energéticos, considerados como un auténtico factor de poder no ya exclusivamente nacional, sino regional pensando en una dinámica concreta y factible de integración polìtica, económica y socio-cultural de nuestros pueblos, cuestión ésta sobre la que volveremos más adelante.

Ciertamente, entendemos por soberanía energética la propia capacidad de una comunidad polìtica para ejercer el control y la potestad (entendida como autoridad) y para regular de manera racional, limitada y sustentable la explotación de los recursos energéticos, conservando un margen de maniobra y una libertad de acción que le permita minimizar los costos asociados a las presiones externas de los actores estratégicos que rivalizan por la obtención de esos recursos.

Históricamente, las referencias que hemos encontrado en la Argentina y en Sudamérica en relación a la mejor forma de maximizar un uso racional de la energía en beneficio del acrecentamiento y consolidación del poder nacional, se remontan a las primeras décadas del siglo XX, cuando los desafíos planteados por la necesidad estratégica de lograr un desarrollo económico-social endógeno, autoafirmado y con proyección futura, a partir de un modelo de industrialización progresiva y de modernización e incorporación social y económica de capas cada vez más crecientes de ciudadanos, generaron todo un pensamiento teórico y práctico que es crucial conocer si es que se pretende fundamentar acabadamente la posibilidad de una integración que maximice poder y recursos en la Sudamérica de hoy.

Por ende, teniendo en cuenta el fondo histórico sobre el que se han desarrollado diversos ensayos en Sudamérica en pos de lograr la efectiva consolidación de un poder regional integrado a partir de sólidas bases materiales, veamos cómo podemos explicar el concepto de soberanía energética en términos de lo que medularmente importa a las naciones sudamericanas en la presente coyuntura; es decir, cómo maximizar margen de maniobra en un contexto internacional inestable y dinámico con fuertes asimetrías en la distribución de capacidades de poder entre los actores del sistema. En realidad, se trata de pensar cómo consolidar control soberano y de qué manera reeditar los truncos proyectos del pasado histórico común de una manera que sea pragmáticamente viable y conducente al desarrollo integral de los pueblos sudamericanos. En primer lugar, al definir conceptualmente soberanía energética, hablamos de la capacidad de control relativamente autónomo de una variedad de recursos finitos que, inteligentemente organizados, pueden dar sustento a un desarrollo de mediano y largo plazo que sea compatible con el crecimiento económico constante en un marco de sustentabilidad ambiental. Sin dudas, estos aspectos del problema son fundamentales, pero su comprensión es incompleta o por lo menos poco clara si no se parte de una noción que es fundamentalmente anterior y que en el plano de lo teórico-práctico está relacionada básicamente con el papel directriz-conductor que en el proceso de control y racional usufructo de los recursos energéticos desempeña el Estado como legitimador y garante de estos bienes públicos que, como tales, deben beneficiar equitativamente a toda la comunidad.

Por cierto, desde nuestro enfoque teórico del problema de la soberanía energética, el Estado nacional juega un rol estratégico que es esencialmente articulador y legitimador del interés común-entendiendo por ello al de toda la comunidad- a fin de garantizar un uso adecuado de los bienes referidos. Asimismo, ese papel supone la emergencia explícita de un nuevo tipo de compromiso que es, a todas luces, reforzador de una dinámica autonómica del Estado en el control de los recursos; ese nuevo “contrato” puede caracterizarse como la necesaria reformulación de un rol planificador, extensivo, dinámico y abiertamente democrático en cuya programación y posterior ejecución sea factible la observación del problema de los recursos energéticos desde una óptica integral ( desde todos los ángulos perceptivos) e integrada ( recuperando la idea-fuerza de sistema).

En verdad, no se trata de reeditar un juego político-institucional que no pueda sostenerse en la realidad concreta, signada por intereses abiertamente en pugna y por mercados que están masivamente concentrados y oligopolizados en lo que respecta a la propiedad del recurso y a la gestión del mismo con sus correspondientes beneficios desigualmente distribuidos. Esta situación, no es más que el espejo de la realidad socio-polìtica de Sudamérica luego de más de 15 años de reformas denominadas “estructurales” que, con el aval de los organismos internacionales, pusieron en marcha los distintos gobiernos de la región con la finalidad de concesionar, privatizar y, en definitiva, terminar por enajenar recursos a través de los más variados artilugios que se pudieran imaginar. Es decir, lo que queremos significar es que la reconstrucción de un concepto funcional y práctico de soberanía energética, debe dar cuenta de este proceso histórico para evaluar qué formas puede darse hoy el Estado nacional en su reconfiguraciòn estructural, a fin de maximizar los grados de control y empezar a desandar el camino de reformas que han provocado una efectiva desarticulación de los roles de intervención, dirección, extracción regulación y equilibrio que han estructurado la formación estatal después de la Segunda Guerra mundial y que hoy, a la luz de las ultimas décadas de reformas y cambios político-institucionales de signos más bien rupturistas con aquella tradición de políticas progresivas marcadas por la expansión de un Estado social abierto y pluralista, nos encuentra ante la dilemática incapacidad de formular una propuesta integral que pueda dar cuenta, definitivamente, de los procesos político-institucionales, socio-económicos y simbólico-culturales que deban ponerse en marcha para hacer realmente efectiva la soberanía en el control de los recursos energéticos.

Entonces, podríamos preguntarnos si el “...nuevo cuadro geopolítico latinoamericano permite apelar a recursos al alcance de la mano incluso sin contar con herramientas primarias como es la propiedad del Estado sobre fuentes y empresas de energía”. Cuando abordemos la perspectiva de la integración sudamericana, trataremos de dar cuenta de las dificultades serias que impone un escenario como el descripto, en el que el Estado ha sido enajenado en el efectivo control de activos públicos que son vitales para el desarrollo de una comunidad, siendo los hidrocarburos los recursos energéticos sobre los que se han puesto en marcha diversas formas de desapropiación, enajenación y destrucción del Estado mismo, con el previsible daño sobre la propia capacidad de control, autoridad y autonomía, es decir, afectando, de hecho, las atribuciones formales y materiales que, desde nuestro enfoque, le reconocemos al Estado como portador de un poder soberano.

Ciertamente, la cuestión energética es un área de problemáticas asociada a la cada vez más acuciante escasez de recursos hidrocarburíferos no renovables. En este sentido, una matriz energética hoy dominada por el petróleo y el gas como fuentes primarias de energía en la mayoría de los países de la región, plantea un gran dilema que podrá leerse en el mediano plazo en términos de mayor vulnerabilidad estratégica, estrangulamiento del crecimiento económico y crisis político-sociales recurrentes. Aquí surge, entonces, la discusión por la viabilidad tecno-productiva de fuentes alternativas de producción de energía (hidroelectricidad, nuclear, biocombustibles, eólica, solar, mareomotriz, etc.). Esta preocupación está, sin dudas, en el corazón de la misma problemática de la soberanía energética y, de hecho, constituye un proceso que se está desplegando en la vida cotidiana de nuestra comunidad y sobre el cual hay que volver permanentemente a fin de dialogar biunívocamente y sin mediaciones con el contexto teórico-conceptual de una manera más claramente pragmática, entendiendo que la realidad energética de la región- con sus debilidades y fortalezas- es el lugar apropiado para formular los planteos teóricos pertinentes.

Instalándonos en esa realidad latinoamericana, hay propuestas que no han sido pergeñadas en el ámbito regional, pero que nos vinculan con la temática energética y con la necesidad de plantearnos caminos posibles en el orden de la construcción de una soberanía energética sudamericana. En efecto, el denominado Plan Puebla-Panamá (PPP), es una de las fundamentales iniciativas estratégicas que los EE.UU. están desarrollando en la región mesoamericana, siendo México el país que recibiría la mayor cantidad de inversiones en el marco de este plan. Efectivamente, el periodista Braulio Moro afirma que “Esta región constituye una apuesta de capital importancia, si se tiene en cuenta su ubicación estratégica y sus recursos: dos océanos, extensas costas, gran variedad de suelos, vastos bosques, rica biodiversidad, enorme presencia de agua, yacimientos de minerales e hidrocarburos. Sólo la porción mexicana del PPP alberga el 65% de las reservas petroleras del país (noveno productor mundial) y provee el 94% de la producción actual así como el 54% de la de gas.”

Justamente, lo que me importa marcar, a la luz de algunos de los indicadores considerados en la teoría sobre el uso racional de los recursos no renovables, es el impacto particularmente regresivo y pernicioso que ha tenido un tipo de explotación predatoria de los recursos no sólo sobre la misma posibilidad de “renovación” del bien natural, sino sobre el conjunto de la economía, generando externalidades negativas que se han manifestado tanto a nivel ambiental como a nivel social y productivo. Entonces, hay por lo menos dos factores de la teoría referida que han de ser identificados en función de encarar una explotación económica sostenible del recurso.

Ellos son, por un lado, la distribución intergeneracional del uso del recurso, lo cual significa pautar un sendero de explotación del mismo y la constitución de fondos de ahorro para garantizar consumos estables a las futuras generaciones. El otro, es la distribución intertemporal del uso del recurso y la previsión de constituir ahorros precautorios ante posibles futuras caídas de rentabilidad y para amortiguar la volatilidad del precio internacional, teniendo en cuenta que la Argentina, por citar nuestro caso, no es un formador de precio en este mercado.

Es decir, la consolidación de un espacio soberano para el manejo de la energía, implica la efectiva regulación y, más aun, participación concreta del Estado como actor económico en un área en la que se trabaja con activos “...cuya explotación está sujeta a una decisión intertemporal de uso. Esto significa que si el gobierno limita su explotación en determinado año, por ejemplo, ello no impide que al año siguiente se lo haga. La decisión de hacerlo hoy o mañana en realidad depende de como se ponderen las funciones de utilidad de la presente y futura generación, pues el recurso es agotable (‘no reproducible’) y, por lo tanto, que se lo aproveche hoy significará no poder aprovecharlo mañana y viceversa.”

Ahora, asociado al argumento anterior, ¿qué pasa con la propiedad del suelo y subsuelo de donde se extraen los recursos? Por citar nuevamente el caso argentino, con la Reforma Constitucional de 1994 , el dominio sobre los recursos hidrocarburíferos se ha traspasado a las provincias y, aunque el gobierno nacional estaría en condiciones de hacer valer su poder regulatorio, lejos ha estado de responder favorablemente a estas prerrogativas. A su vez, se han transferido, consecuentemente, los pagos de regalías obtenidos por la explotación de los bienes aludidos. En definitiva, el Estado se ha retirado efectivamente, renunciando a toda tarea de control de policía sobre un mercado de características oligopólicas. La pervivencia de esta situación, entraña un grave riesgo en términos de la reconstitución de un poder nacional que recupere capacidad de planificación económica sobre sus bienes naturales. Esta preocupación se puede leer en clave de amenaza a nuestra seguridad como comunidad. Por ende, su enfoque estratégico cobra relevancia en función de la posibilidad de desplegar realmente un proceso de reapropiación soberana de los recursos energéticos.

En efecto, estas dimensiones particulares que se desprenden de la problemática misma de la conceptualización de la soberanía energética, deben ser abordadas convenientemente desde una perspectiva integral y sistémica, tal como lo hemos propuesto en nuestro acercamiento teórico-empírico al tema. En verdad, la capacidad de imponer los propios criterios como comunidad polìtica organizada en relación al uso racional y sustentable de los bienes energéticos, requiere de una visión estratégica del problema, de una consecuente planificación que sea a la vez centralizada pero flexible y dinámica en función de las condiciones siempre cambiantes del entorno geográfico, económico, social y productivo del país y, fundamentalmente, de una capacidad material de ejecución de políticas públicas que puedan plantearse cambios graduales y acumulativos en el sentido, dirección y finalidad de la explotación de las fuentes naturales de recursos energéticos.

Finalmente, bien vale recuperar una reflexión que sigue siendo válida cuando se debaten este tipo de problemáticas en los ámbitos científicos y académicos. En este orden de cosas, Adolfo Silenzi de Stagni, en un trabajo sobre la política energética nacional, afirmaba que “El enfoque ideológico es inevitable aún para aquellos que creen hacer un análisis estrictamente científico y técnico. El método científico aplicado a las ciencias sociales y a la ciencia económica, además de su rigor lógico, debe partir de ciertas hipótesis que suponen la valoración de unos intereses materiales y culturales sobre otros. En el análisis de cualquier problema político, económico o social, es ineludible que uno se apoye en determinados juicios de valor que integran la “visión” que uno tiene de lo que es y debe ser la sociedad.”

En la continuidad de ese camino, el referido autor argentino, consolidaba el rol estratégico que, desde su óptica, debía tener el Estado en al gestión de los recursos naturales del país, como una forma concreta de reafirmar, permanentemente, el desafío siempre riesgoso de fortalecer el poder soberano como premisa esencial y apriorística en cualquier consideración teórico-empírica sobre la cuestión de los bienes naturales energéticos. Ciertamente, son esas premisas y supuestos críticos que devienen de la estructura axiológica y cultural que todo hombre y mujer que mira, percibe y observa, lleva inextricablemente en su propia conciencia de Ser para desplegarla, después, en su conciencia activa aplicada en el conocer. Afirmaba, entonces, que “La explotación de los recursos naturales y en particular, las fuentes de energía, deben estar a cargo del Estado por ser el principal apoyo para una capitalización nacional. Un régimen de concesiones a intereses privados extranjeros constituye un factor de fuerte descapitalización, como asimismo, no puede ignorarse la perniciosa influencias que ejercen tales intereses sobre los gobiernos.”

En cualquier esfuerzo por conceptualizar y pensar lógicamente desde la teoría, es imprescindible- tanto por una necesidad metodológica como gnoseológica- dialogar en términos de dialéctica abierta estructural y estructurante con la realidad, sobre cuya complejidad se puede operar ampliamente persiguiendo la más profunda comprensión del problema en cuestión, parea lo cual es imprescindible reconstruir las estructuras de sentido de las acciones humanas, sobre cuya regularidad y persistencia las ciencias sociales han alcanzado pobres respuestas en su sempiterna y hasta infructuosa búsqueda de generalizaciones símil-leyes sobre hechos, objetos de investigación y universos analíticos que sólo son comprensibles integralmente en un contexto de presencia situada en la realidad histórico-política que sirve de referencia inescapable a la propia búsqueda del conocimiento.

En nuestro caso, esta visión teórico-metodológica nos parece pertinente, ya que debatir en la formalidad de los conceptos no verificados por control empírico alguno, asume una gravedad que puede ser leída en términos de insipidez y rigidez teórica, condiciones éstas que son incompatibles con la comprensión de las implicancias teóricas y prácticas que la soberanía energética tiene en un contexto de creciente complejidad.

Pero, nos preguntamos, ¿qué signo tienen estos procesos integrativos y cómo se vinculan en función de potenciar las capacidades del poder soberano de los Estados en la búsqueda de autonomía relativa en el control y uso racional de los recursos naturales energéticos? Esta pregunta la intentaremos desmenuzar en el siguiente apartado, en el que problematizaremos la cuestión de la Integración sudamericana.

3. Integración Sudamericana: una perspectiva teórica diferente

Teniendo en cuenta el tenor formal-conceptual y práctico-empírico en el que pensamos el fenómeno de la soberanía energética en un contexto de integración regional sudamericana, es indudable que nuestro enfoque del proceso de complementación y asociación entre los pueblos de la región, está fuertemente contextualizado en un momentum histórico que es, a su vez, tributario de una tradición histórico-cultural de pensamiento y acción políticos en América Latina respecto a la factibilidad de la consumación y despliegue real de un proceso de Integración regional.

En tal sentido, concebimos la Integración como un proceso-fenómeno que es profundamente político y que hunde sus raíces en una tradición compartida que puede ser cabalmente comprendida cuando nos referimos a la memoria común de nuestros pueblos en términos de la existencia real de un proyecto de asociación y complementación que se presenta como vital, abierto en función de la propia dialéctica del juego político y básicamente integral en cuanto a sus fundamentos, orientaciones y políticas posibles. En esta perspectiva hermenéutica, sostenemos que un esquema de Integración supone la implementación de unidades de decisión y estructuras de poder comunes al amplio espacio geográfico sudamericano, tarea esta que es presente permanente- en función de los proyectos e intereses en pugna- pero, también, pasado que se actualiza en términos de causa profunda, entendida como el conjunto de hechos y factores que determinan y condicionan estructuralmente a las unidades políticas que son sujetos de la integración.

En efecto, la historia sudamericana está jalonada por el pensamiento y la acción de proyectos que fueron pensados desde una enorme diversidad de corrientes filosóficas políticas que eran tributarias de fuertes tradiciones heredadas de los tiempos de la organización del poder colonial español en el espacio geográfico hispanoamericano y que planteaban, de manera recurrente, la problemática de la organización territorial y funcional del poder en el marco de una situación internacional cuyo epicentro y locus standi estaba en Europa y que cambiaba en función de la dinámica de confrontación de los poderes rivales de España en su carrera por el control de nuevas espacios territoriales, en momentos en que estábamos asistiendo al despliegue inicial del fenómenos capitalista con la consecuente creación de todas las estructuras económicas, sociales y culturales que le darían sustento en los próximos trescientos años.

Con ese trasfondo histórico-político, uno de los aspectos más lúcidos que nos dejó la tradición del pensamiento político en Hispanoamérica, ha sido la capacidad para dar cuenta de los cambios acaecidos en la escena política internacional y la forma de responder ideal y materialmente a los desafíos que tal situación imponía a las dirigencias de la región. Una de las formas de acción política que los sudamericanos hemos trasuntado desde los primeros tiempos de la emancipación e independencia, ha sido la que se expresó en la voluntad política compartida en pos de elaborar y poner en marcha un proceso de integración continental con todo lo que ello significaba. Esto no significa, ciertamente, que las condiciones materialmente existentes hayan devenido en la concreción de un esquema viable, pero sí es necesario remarcar, al intentar explorar un nuevo acercamiento teórico al problema de la integración, que en Hispanoamérica y en la tradición luso-brasileña hemos experimentado estos debates, nos hemos tropezado con las dificultades para la concreción del proyecto y las políticas adecuadas y hemos tomado nota de las restricciones que el sistema internacional imponía para nuestro margen de maniobra.

El camino conciente de las dirigencias políticas en búsqueda de los mejores esquemas y mecanismos para poner en marcha la integración regional, reconoce, entonces, este pasado común que ha significado- en su sentido profundo- la existencia de un verdadero “pacto implícito”, que estaba vivo en los momentos de la lucha por la Independencia y que se justificaba legítimamente en al “...ciudadanía común, el uti possidetis jure, la obligación de solucionar pacíficamente las controversias, la negociación conjunta del reconocimiento de la independencia y de los grandes temas globales, el derecho de intervención ( desde dentro de la confederación) para defender los gobiernos legítimamente constituidos, según sus leyes, y, en suma, todas las políticas comunes que sean necesarias para enfrentar la amenaza externa y la anarquía interna.” Estas grandes guías para la acción política constituyeron, de hecho, el basamento histórico-político-cultural de nuestros países y son recuperados, permanentemente, en términos de memoria conciente, aunque, también la propia historia sudamericana nos ha demostrado que las dificultades de la pragmática de los hechos y las políticas concretas de integración en nuestro devenir histórico, han puesto en contradicción y tensión estos principios-guía con las vicisitudes de la evolución político-institucional de las unidades políticas diferenciadas del espacio geográfico sudamericano. Esta tensión es estructural y debe ser comprendida más aun desde un enfoque teórico que se sustenta en la historia como una de las fuentes en las que abreva para constituir y comprender el objeto de estudio en cuestión.

Otro de los componentes conceptuales que hacen comprensible nuestro enfoque teórico de la integración, nos refiere a la idea de la comunidad política como portadora de intereses, valores y creencias que convierten a ese agrupamiento de seres humanos en una estructura viva, dinámica, con contradicciones, pero conciente, desde la experiencia política concreta, de ser parte de un proyecto común. En realidad, esta marca de identificación provee un espacio de creación de identidad en el que intervienen múltiples aspectos o dimensiones desde los cuales puede ser abordada la problemática de la integración regional sudamericana. Esas dimensiones son las que deben ser escrutadas y analizadas desde una perspectiva integral y sistémica, considerando, de hecho, al proceso integrador como un espacio temporal-espacial continuo, situado, referenciado a una determinada constelación de relaciones de fuerza y factores de poder que portan visiones y percepciones diversas sobre cómo hacer operativos los valores, creencias e intereses de la comunidad política considerada.

Por ende, la existencia de varios planos en los que se manifiesta la compleja red de un esquema de integración, supone la presencia de objetivos en pugna que, en su expresión político-institucional, son las variadas formas en que puede presentarse y representarse- social y simbólicamente- un proceso de estas características. Ciertamente, las diversas formas en que son problematizadas las cuestiones de la integración, nos lleva a conferir status de sentido formal-conceptual y práctico-empírico a una cosmovisión que aparece, permanentemente, como imposibilitada de elaborar un diagnóstico y un esquema de comprensión en el que estén debidamente identificados los diversos aspectos y/o elementos componentes de un proceso de integración que, como tal, solo cobra identidad comunitaria en un espacio geográfico e histórico compartido, si es capaz de dar respuesta a una comprensión necesariamente integral del conjunto de dimensiones que intervienen en su explicitación y posterior explicación y comprensión. Entonces, es fundamental crear una hermenéutica de sentido que permita identificar las tensiones vivas y continuas entre los aspectos económico-comercial-financieros, político-institucionales, histórico-culturales y simbólico-ideales de todo proceso de integración. De hecho, estas variadas caras de la misma realidad, son las que se manifiestan y entran en disputa permanente aún cuando se analiza la pertinencia, conveniencia o aptitud de un proyecto específico en el marco de un escenario de construcción de poder compartido, como es el caso de un proceso de integración en marcha. Así, cuando se habla de la integración energética sudamericana, de los proyectos concretos para efectivizarla, la problemática es un poco más compleja y asume un cariz multidimensional, a tal punto que no es suficiente saber que los referidos proyectos contarán con asistencia financiera y técnica para llevarlos a cabo, sino que, a su vez, es necesario tener en cuenta el tipo de estructuras políticas, la calidad del juego institucional que protagonizan en sus interrelaciones, la existencia de consensos sociales sobre la pertinencia de tales iniciativas, el efectivo conocimiento y difusión de las modalidades de implementación y ejecución de proyectos compartidos y, básicamente, el sentido y dirección de la voluntad política de las dirigencias sudamericanas en términos de comprender la entidad estratégica e integral del proceso. En verdad, será la conciencia de esos condicionamientos la que proveerá una estructura interpretativa y material sólida para entender el porqué de cada propuesta, el para qué de los mecanismos, la pertinencia del cómo y de los instrumentos más adecuados y, fundamentalmente, la razón de ser de un proyecto que esté en condiciones de maximizar el poder soberano del bloque sudamericano, en términos de consolidar una voz con autoridad y capacidad de autonomía que permita que los proyectos energéticos de integración estructural sean viables. E decir, la soberanía energética sudamericana no es una entelequia ahistórica desprovista de contexto histórico, sino, más bien, es una condición de posibilidad realizable tan solo a partir de una comprensión compleja del proceso de integración en su conjunto, con la identificación de actores e intereses en juego y con la conciencia que las dimensiones antes aludidas son, en sí mismas, tanto esferas de poder y de acción política como categorías conceptuales de un mismo proceso a desplegar.

Este juego ideal-material que se construye permanentemente constituye, esencialmente, una comunidad incluyente, en los términos en que el citado Karl Friedrich la usa al referirse, en su brillante obra, a la estructura y organización del federalismo en una comunidad política determinada. Ciertamente, no trabajaremos aquí la cuestión del federalismo con todas sus complejas implicancias en el orden de la efectiva organización territorial-funcional del poder, pero sí es necesario comprender que la dinámica del espacio geográfico sudamericano- autorreconocido como comunidad incluyente en formación-, para ser realmente posible como proyecto, tiene que dar cuenta de su complejidad de componentes y estructuras, con unidades políticas que han organizado su poder interno desde una gama que va entre el modelo unitario de organización territorial-funcional del poder, hasta el modelo federal más abierto posible. Esta discusión nos remite, necesariamente, a la constatación de la realidad como un inescapable control empírico que debe poder mostrarnos, indubitablemente, las dificultades con las que se topa la estructuración de un esquema de integración que, tal como lo hemos visto desplegarse en la práctica política de la historia reciente de nuestra Sudamérica, ha privilegiado, en su constitución, una visión más bien reduccionista desde la eficiencia material de la organización del espacio territorial y de la distribución de funciones, ligada, las más de las veces, a un modelo de tipo institucionalista-formal o, más bien, a uno centrado en los patrones económico-comercialistas, tan en boga en los últimos 20 años en toda nuestra región.

Ahora, esa comunidad que se constituye como incluyente, lo es en tanto y en cuanto pueda dar cuenta, en su evolución, de las dimensiones de organización del proyecto que han sido aludidas. En tal sentido, es la dimensión político-institucional aquella que debe erigirse en realidad estructurante de un proyecto integral que reconozca las otras constelaciones del universo espacial-social como esferas de poder y autoridad, es decir, de autonomía, que interactúan entre sí para dar sustento y realización a la Integración. Aquellos que circunstancialmente ejercen el poder soberano en las comunidades políticas sudamericanas son los encargados de tomar en sí este desafío de “creación de poder” para proyectarlo en un para sí , materializado en grandes líneas maestras de decisión polìtica, que se expresan tanto en el plano de la organización institucional del esquema de Integración con las problemáticas aludidas de distribución del poder en su faz territorial y funcional, como en la propia conducción estratégica del proceso, que sólo puede materializarse desde la política constituida en pensamiento situado para la acción, lo cual implica la voluntad de Ser comunidad incluyente y de Hacer comunidad mediante una práctica democrática más abierta, profunda y flexible.

Ciertamente, esta voluntad de la conducción estratégica puede operar- como ha sido testigo incólume nuestra propia historia común- en un sentido que podríamos llamar estructuralmente emancipatorio, liberador, en donde las características del proyecto de Integración continental han estado inextricablemente unidas en su concepción y en su acción posterior, a una visión de construcción típico-ideal de comunidad mundial trasegada por los anhelos de fraternidad, libertad e igualdad heredados de la Revolución Francesa. Esta particular concepción universalista- que es tributaria de Kant, fundamentalmente- ha estado y sigue estando presente en la dimensión político-institucional de las dirigencias sudamericanas en toda nuestra historia y se ha expresado, a su vez, en una dimensión más bien inasible, que es aquella interpretada en clave simbólico-ideal, camino éste que ha sido recorrido por el pensamiento latinoamericano ya desde la segunda mitad del siglo XIX. Un actor político protagonista en esta coyuntura histórica, afirma que “ La tendencia natural del ser humano, como ser social que es, es a la integración- por eso se integran desde las parejas, las tribus, los clanes, las naciones- y por ello llegará un día a borrar las fronteras, que son cosas artificiales. ¿Qué diferencia hay entre el lado venezolano y el colombiano de nuestra frontera? Una raya imaginaria. Es una tendencia natural del ser humano y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir, estimular y potenciar esa tendencia integracionista, basados en la cooperación, la solidaridad, la complementación.” Es interesante observar cómo es posible encontrar en nuestro pensamiento político actual una serie de principios que tienen que ver con la posibilidad de llevar a acto concreto el sustrato simbólico-ideal de una dimensión política organizadora, en clave institucional, del poder sudamericano.

Sin embargo, el lugar que el debate político-ideológico, axiológico-conceptual y filosófico-político ocupa en el momento en que nuevamente aparece instalada como problemática política de primer orden el proyecto de Unión Sudamericana , no puede ocultar las dificultades estructurales que nuestros países tienen ante sí, cuando se trata de debatir las formas concretas de organización y distribución del poder, los objetivos de tal creación de poder e instituciones, el lugar que las dimensiones del proceso de Integración tendrán en toda esa constelación y, por sobre todas las cosas, lo que puedo denominar como la pragmática de las decisiones políticas y el lugar que el Hacer político- materializado en políticas o líneas maestras de acción- tienen en todo este espacio formal e informal de debates.

En esta necesidad de unir pragmatismo para la acción con clarividencia para el pensamiento situado, podemos encontrar, en la dialéctica abierta sobre la construcción de un gobierno federal como la mejor vía para organizar el poder en un proceso de Integración sudamericano, la posibilidad de enlazar y relacionar, biunívocamente, las dimensiones político-institucionales y simbólico-ideales del proyecto, echando un poco más de luz, a su vez, sobre las dimensiones histórico-cultural y económico-comercial las que, dentro de esa matriz de poder, están en condiciones de ser pensadas en función de una lógica que, sociológica y antropológicamente, recupere un sentido de dirección política de la Integración que haga de la comunidad incluyente una guía para la acción y para la ejecución de políticas públicas, que, como tales, deben poder hacerse cargo de la insuficiencia generatriz de un modelo que no contempla la dinámica interrelacionada de las dimensiones aludidas. En efecto, basta citar una de las grandes debilidades que nuestro continente tiene estructuralmente y que, en los últimos 30 años, no ha hecho más que profundizarse, que es la enorme desigualdad social con su consecuente polarización político-social, lo cual ha creado las condiciones recurrentes para la inestabilidad crónica de nuestros sistemas políticos.

En efecto, en una estructura de poder así concebida, la dimensión sociológico-antropológica, que cruza continuamente a las otras dimensiones aludidas, encuentra un canal de comunicación con las acuciantes necesidades que nuestros gobiernos deben intentar solucionar, y que, al agravarse, por acción u omisión, no han hecho más que sacudir el ya endeble edificio de la Integración concebida desde una matriz económico-comercialista que ha sido incapaz de pensar, teórica y empíricamente, las nuevas condiciones necesarias y suficientes para un proyecto de Integración que haga factible la soberanía energética de nuestros países como uno de los pilares concretos con el que la pragmática del proceso debe construirse a fin de dar andadura, básicamente, a la vinculación física de Sudamérica como espacio autocentrado, abierto y geopolíticamente relevante.

Por ende, esa dimensión aludida, que es la que habla del hombre y la mujer, ciudadanos plenos de nuestros países y, como tales, sujetos portadores de la voluntad y la acción políticas como antropos racionales que son y, a vez, sujetos socialmente vinculados en una comunidad que les da razón de Ser y de Hacer, se realiza cuando- en un marco de organización federal de la dimensión político-institucional- “...el gobierno democrático supranacional, y la división sustancial del poder entre gobierno federal y estados federados (también éstos con base democrática), permiten unificar diversas comunidades nacionales y realizar la participación política en una extensión limitada del territorio...” Asimismo, “...la posibilidad de hacer coexistir en la misma área constitucional dos órdenes de poderes soberanos, permite conciliar las ventajas de la pequeña dimensión, en la cual los individuos tienen mayor posibilidad de participar directa y permanentemente en el proceso de formación de las decisiones políticas y donde el poder puede ser sometido a un control más directo por parte del pueblo, de modo que se deje amplio espacio al autogobierno de la comunidades locales, con las ventajas de la gran dimensión, requerida por las condiciones modernas de la producción industrial y de la técnica militar y necesaria para mantener el desarrollo económico y la independencia política”.

En verdad, un proyecto de integración sudamericano dinámico, plural, creador, productor y productivo, justo e igualitario, necesita repensar profundamente la mejor forma de vincular el espacio geográfico pletórico de riquezas con el ecosistema humano, tan herido por la desintegración de vínculos sociales, políticos e institucionales que, como tales, eran dadores y portadores de certezas vinculadas con la propia condición digna de la vida. Esa sería, entonces, la forma de recuperar esa dimensión antropológica-sociológica que cruza, permanentemente, el universo real-material y axiológico-ideal de nuestras comunidades.

Acto seguido, nos preguntamos: ¿cómo reconciliar las dimensiones económico-comerciales e histórico-culturales en un esquema de organización del poder regional tal como ha sido abordado desde este trabajo?

Ante todo, nos parece fundamental preguntarnos, desde la dimensión cultural del proceso de Integración sudamericano, cómo aquellas representaciones de lo político y de lo profundamente antropológico en la cosmovisión del hombre latinoamericano, encuentran, en el plano de la expresión cultural-histórica, un canal de comunicación que permita hacer inteligible y comprensible una construcción abierta de un proyecto que implica, fundamentalmente, la consolidación de una matriz de interrelaciones sociales que se reconozcan- en términos de identidad de una comunidad incluyente- en una idea de cultura común registrada desde la tradición viva en la memoria de nuestros pueblos, pero, también, en la necesidad de hacer políticamente un nuevo modelo de apropiación cultural que incorpore, como información estructurante y constitutiva del mismo proceso, una manera genuinamente diferente de entender el papel de la economía, el comercio, las finanzas y la política en el proceso de Integración sudamericano.

En efecto, para el logrode tal comprensiónsistémica se requiere la materializacióndeun esquema de creación cultural que, siendo profundamente histórico al tomar en sí y como propia toda la herencia del pensamiento político latinoamericano, sea, a su vez y simultáneamente, intensamente real, concreto y presente en una coyuntura que impone, precisamente, observar y entender- en un sentido de totalidad e integralidad sensible - cómo el resto de las dimensiones del proceso de la Integración pueden ser mediatizadas e iluminadas a la luz de una cosmovisión cultural más amplia que haga de los económico y lopolíticoy de sus instrumentosy mecanismosesenciales y de la propia distribución del poder en cada una de sus estructuras, uncamino de construcción permanente de una comunidad incluyente, tanto dentro de las unidadespolíticas sudamericanas, como en el marco de sus relaciones interestatales y comunitarias.

Es decir, la cultura, en alianza estructural con la historia común de nuestros pueblos, puede desempeñar, hoy, un papel mediatizador y apropiador de un nuevo sentido de organización del espacio político público en la gran comunidad sudamericana en formación y, fundamentalmente, del espacio geoeconómico, tan pletórico de recursos, pero, a la vez, tan desigual en su distribución y acumulación entre los actores sociales y políticos de la región, situación ésta que se viene a agravar debido a la escasa conciencia de la necesidad de explotar racionalmente y de manera sustentable los bienes comunes, entre ellos, los energéticos.

Unida a esta necesidad extrema, es también parte de la nueva apropiación ciudadana materializada desde el sentido profundo de cultura como todo aquello que los sudamericanos somos y hacemos como comunidad, la creación de conciencia medioambiental, fenómeno éste que va más allá de la existencia de normas o regulaciones al respecto ( pienso en las que ya están tipificadas en los procesos de Integración en curso, como el MERCOSUR) y que implica, más profundamente, un nuevo sentido de compromiso ético con el espacio en el que se vive y en el que se desarrollan las actividades económicas y comerciales. Pensemos, cómo la cultura puede desempeñar, en un nuevo Ser y Hacer público, un rol fundamental para reconciliar un sentido humano y realmente progresivo en el uso económico de los recursos y bienes naturales de nuestra geografía sudamericana. Más aun, todavía, si recordamos aquello que tan concretamente ha formulado Ulrich Beck, al referirse a la sociedad de riesgo mundial como un entorno comunitario que estaba y está sometido a fuertes presiones devenidas, básicamente, de la superexplotación irracional de los recursos y la falta de conciencia real respecto al peligroso avance de esta situación.

Por todo ello, el ámbito de la cultura, reconciliado fuertemente con lo público como espacio de creación comunitaria promovido desde los Estados de la región, es el adecuado para instalar, tanto desde lo teórico-conceptual y formativo, como desde lo empírico- materializado en las políticas públicas comunes de creación y gestión de lo cultural- una nueva conciencia ciudadana que registre- en el marco de una sociedad profundamente herida por la desigualdad y la polarización social extrema- al otro como prójimo, al entorno como el hábitat a preservar y cuidar y a los recursos, entre ellos los energéticos, como bienes sensibles que deben ser explotados desde criterios racionales y sustentables a partir de una nueva cultura de manejo y gestión de la economía.

Desde esta particular mirada, influida por la cultura, ¿qué criterios teóricos pueden sustentar un nuevo paradigma de conducción, manejo y gestión de la dimensión económica-comercial en el contexto de la Integración?

En primer lugar, la esfera del poder económico-comercial-financiero puede ser pensada en lo que respecta a la organización de sus recursos, capacidades e instrumentos en el ámbito regional sudamericano, como una dimensión profundamente estratégica del proceso en marcha en virtud de lo que significa en términos de aumentos de intercambios de todo tipo entre los países integrantes de la dinámica integracionista. En este sentido, lo que prima es una óptica que permita poner el foco en las condiciones que pueden llevar a un real proceso de profundización de la Integración sudamericana, a partir de criterios de convergencia que puedan ser alcanzados en diversos planos de las políticas económicas de los países involucrados. La dinámica orientada por la profundización-convergencia implica, fundamentalmente, la reconceptualización- como una imagen en espejo- de las visiones teóricas, de las percepciones dominantes y de los instrumentos de polìtica económica que están enmarcados y contextualizados en un pensamiento neoliberal de la economía que se asume como modélico, autosuficiente, estático y determinista, tanto en las orientaciones centrales sobre el manejo de las economías en todo el rango de variables consideradas como en las visiones y concepciones imperantes en el ámbito del comercio internacional, cuyos ejes centrales están surcados por los criterios de especialización productiva eficiente como requisito medular para entrar en las corrientes de comercio mundiales.

Ciertamente, este criterio de reorganización del espacio geoeconòmico necesita de una serie de principios-ejes ordenadores que hagan viable la profundización de un proceso productivo de intercambio creciente que es simultáneo a una paulatina convergencia de las economías sudamericanas. En verdad, ha sido la propia genealogía histórica del MERCOSUR en su planteo estratégico inicial la que nos da una serie de pistas que son fundamentales rescatar desde una visión especulativo-conceptual a fin de comprender, posteriormente, cómo pueden ponerse en marcha políticas conjuntas que impliquen y realicen, en su implementación, la profundización-convergencia como concepto teórico articulador del esquema de Integración en Sudamérica. Esos ejes principios son básicamente tres y su planteo aparece pertinente en función de nuestra visión multidimensional, flexible, dinámica y abierta de la Integración.

En primer orden, el criterio de gradualidad recupera el espíritu con el que había sido pergeñado el Programa de Integración y Cooperación argentino-brasileño de 1986, que derivó después en el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo sellado por ambos países en 1988 y que se constituyó en la célula madre del posterior Tratado de Asunción de marzo de 1991 que es aquel instrumento jurídico que instituye al MERCOSUR- con Uruguay y Paraguay como socios plenos- como un sujeto de derecho internacional formado desde una matriz de acuerdos intergubernamentales. El criterio de gradualidad implica, en su exacta determinación, el reconocimiento de etapas, generalmente anuales, en que deben definirse criterios fundamentales de negociación, ejecución y evaluación de medidas aplicadas. A su vez, este eje ordenador supone la existencia previa de un esfuerzo de las economías vinculadas en pos de crear una dinámica de complementación productiva que desaliente caminos de “integración sectorial selectiva” en un marco en el que han estado en vigencia patrones de organización de las estructuras productivas a integrarse que privilegiaban criterios de centros o núcleos dinámicos de cooperación generalmente alienados del conjunto del espacio económico en términos de vínculos materiales con el mismo o de creación de polos productivos con capacidad de inserción en los mercados globales. Precisamente, esa dinámica está regida por los valores-criterios de la competencia y la eficiencia productivista, que se han constituido en pilares de organización de los recursos e instrumentos materiales de la economía de nuestros países pari pasu a las estrategias de inserción estáticas de núcleos y/o polos productivos, que son funcionales a la propia dinámica del comercio internacional.

A su vez, unido a ese primer criterio, está el eje de la flexibilidad, que prevé la realización de ajustes permanentes en el alcance, ritmos y objetivos del proceso de Integración, incluyéndose proyectos que puedan ser viables a partir de la construcción teórico-empírica de la profundización-convergencia- Básicamente, esta flexibilidad lleva implícita la búsqueda de criterios de armonización y simetría en la organización de los sectores económicos que puedan incorporarse a la dinámica del proceso de Integración sudamericana. En el caso de la profundización-convergencia a alcanzar en los mercados energéticos de la región, se parte de la necesidad estratégica de orientar la planificación, el manejo y control y la gestión de los recursos desde un modelo que, privilegiando la búsqueda de complementación entre las áreas productivas de los sectores energéticos de nuestros países, incorpore gradualidad y flexibilidad en los programas y proyectos orientados a la armonización de los balances energéticos- de por sí asimétricos en términos de recursos, capacidades e instrumentos- de la región sudamericana.

Finalmente, un criterio reforzador de esta concepción es el que marca el eje del equilibrio que debe existir en el esquema de integración a fin de no inducir engañosamente a una especialización de las economías de la región en sectores específicos que anulen las capacidades de coordinación, cooperación y complementación intrasectorial entre los distintos países. En verdad, estas dinámicas de construcción de espacios intraproductivos armónicos regionales, implican una auténtica consolidación de estructuras económicas que vuelvan a pensar su condición de rentabilidad y obtención de beneficios en el marco de un entramado socio-antropológico y simbólico-cultural que recupere la necesidad estratégica de revitalizar los mercados internos y las economías regionales desde perspectivas guiadas por los criterios de flexibilidad, equilibrio y gradualidad en la dinámica de profundización-convergencia a ser implementada por las políticas económicas de los países de la región.

En orden a la consolidación de un proceso de integración así conducido, se reactualiza el MERCOSUR como modelo de planificación abierto e integrador- tanto de vínculos cooperativos horizontales como verticales entre agentes económicos-, a tal punto que, en el marco del debate teórico-empírico sobre la integración sudamericana y sus potencialidades, se sugiere que se debe profundizar el MERCOSUR”... como proyecto político que acreciente su gravitación y capacidad de negociación internacional. Tanto por su historia como por su proyección es más que un proyecto comercial o aún económico, sólo encaminado a resolver problemas circunstanciales o intereses sectoriales. Sus orígenes estuvieron relacionados con el fortalecimiento de los regímenes democráticos de Argentina y de Brasil y con las negociaciones económicas bilaterales sobre la energía nuclear. Fue un proyecto de los Estados, no de grupos corporativos privados, aunque en algunas etapas de su devenir pareció cooptado por el discurso neoconservador.” Ciertamente, nos quedamos con esta última expresión de Alberto Sosa, la que recalca el papel estratégico del Estado en la construcción de la agenda inicial del proceso de Integración del Cono Sur; sin embargo, lo antes expuesto desde estas páginas persigue el objetivo de encauzar una comprensión profunda de un esquema de Integración para la región que reconcilie la dimensión económica-comercial- entendida bajo los ejes organizativos que se han plasmado en el trabajo- con el conjunto del universo realmente existente en un proceso de Integración que es, como tal, un proyecto vivo, abierto y creador de una nueva instancia de soberanía popular que se expresa en la búsqueda de esa comunidad incluyente a través de un vínculo histórico-cultural que reivindique el pasado hecho vivo en el presente socio-político de nuestras comunidades. Para ponerlo en otras palabras, “Si el hombre fuese siempre lo que es y se limitase a desarrollar su esencia independientemente de toda realidad exterior, ciertamente podría haber una historia del hombre, pero no de los hombres, no del género humano. Pero el hombre vive en el seno de una ‘cadena de individuos’, ‘la tradición sale a su encuentro, da forma a su cabeza y estructura sus miembros’...depende de realidades que están fuera del alcance de los hombres, depende del ‘tiempo, del clima, de las necesidades, del mundo, del destino.” En verdad, la economía es un hecho social y, como tal, desde una comprensión teórica fijada en un ethos social axiológicamente comprometido, rescatamos su finalidad humanista en un proceso de Integración sudamericano que reconcilie esta dimensión- desde una mirada esencialmente polìtica del acontecer humano- con el entorno geoeconómico considerado como un espacio estratégico a preservar, explotándolo racionalmente desde y para la comunidad. Esto reactualiza, entonces, el sentido de la soberanía sobre los recursos energéticos como una búsqueda permanente de autonomía a través de los instrumentos provistos por una esfera económica de poder que se articula en función de una concepción multidimensional y compleja del proceso de Integración en Sudamérica.

4. Conclusión: energía e integración, una necesaria reconciliación con la realidad

Alberto Sosa, en el trabajo citado sobre las condiciones de posibilidad de la Integración sudamericana, plantea un concepto que resulta relativamente estable en términos de la capacidad descriptiva-explicativa-comprensiva de nuestra cosmovisión multidimensional, abierta y dinámicamente política del proceso aludido. Si bien necesita de una mayor profundidad teórica en función de los límites de su alcance conceptual-formal en un debate de estas características, nos parece importante rescatar el criterio asociativo de la Integración, concepción ésta que se toma de Johann Galtung.

En efecto, el carácter asociativo de la Integración supone la complementación de actores estatales que son homogéneos, dimensión ésta que se explicita en términos de su grado y condición de desarrollo relativo y su peso específico en la economía mundial; asimismo, es una asociación que implica niveles de complementación horizontal, es decir, efectivizada entre actores de un mismo nivel y que se relacionan en un orden intergubernamental pero, también, hablamos de una dimensión de cooperación-asociación vertical, que vincula tanto contextos regionales subnacionales en proyectos concretos de Integración, como agentes económicos privados-nacionales y extranjeros- relacionados con los Estados nacionales en proyectos específicos que consoliden la dinámica de profundización-convergencia del espacio sudamericanos de Integración. Finalmente, existe en este proceso una dimensión igualitaria, entendida como meta-fin de desarrollo equilibrado, sostenible y racional en la explotación de los recursos- en nuestro caso, los energéticos- en un marco de construcción de una comunidad incluyente de matriz federal en términos de la organización y distribución del poder entre los distintos niveles institucionales involucrados en la dinámica de Integración.

De hecho, la matriz multidimensional que está implícita en la construcción de un poder asociado, convergente y con múltiples polos de desarrollo integrados horizontal y verticalmente, supone una interacción sistémica permanente que, a la vez que es estructurante del mismo proceso de Integración, consolida, también, una concepción de reificación de un poder soberano conducido por una voluntad política expresada en una planificación racional, sustentable y distributiva e igualitaria de los recursos energéticos. En verdad, el tipo de coordinación y acuerdos que se necesitan contemplar en orden a desplegar esta visión política del proceso, no puede explicitarse, unívocamente, desde una concepción vertical- construida de arriba hacia abajo- que suponga que se debe lograr un espacio de mega-consensos que lleven a una coordinación de los subsistemas macroeconómicos, de la política exterior, de la defensa de los países involucrados y del resto de las áreas del poder político organizado, ya que se estaría privilegiando una concepción básicamente funcionalista del esquema de Integración que adolece, en este caso, de una incapacidad para observar el proceso desde una cosmovisión multidimensional, integral y dinámica en la que los recursos energéticos y la maximización de su control soberano y la necesidad geopolítica de su explotación racional, constituyen un eje estructural formativo de un proceso que comprenda la vinculación material que existe entre la consolidación de una comunidad incluyente en Sudamérica y la gestión políticamente planificada de un proyecto de integración energética continental que sea coherente con las estrategias de profundización-convergencia y de complementación económico-comercial que deben guiar un esquema de Integración global como el que hemos estado describiendo.

Finalmente, tomamos una afirmación de Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, quienes en una nota sobre la integración en Sudamérica, reflexionaban sobre estas cuestiones. Decían que “EL ejercicio de la soberanía requiere por su parte la ocupación plena y efectiva del territorio, para lo cual es indispensable una red de comunicaciones y transportes. En Sudamérica existen enormes espacios vacíos que pueden ponerse en producción; en varios casos, ya se ejecutaron obras con criterios nacionales, que sería necesario interconectar. Con un enfoque sudamericano el entonces presidente de Brasil Fernando Enrique Cardoso convocó a una reunión de presidentes, realizada en Brasilia en agosto-setiembre de 2000, para elaborar un programa de obras de infraestructura. El programa será ejecutado por el ente interestatal Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)”. En el marco de estos proyectos, que son múltiples e integrales ya que abarcan la cuestión energética, hidrográfica e infraestructural, “Se han establecido doce ejes de integración y desarrollo, de los cuales cinco son relevantes para el bloque Argentina-Brasil-Venezuela: primero el eje MERCOSUR (San Pablo-Montevideo-Buenos Aires-Santiago); segundo, el eje Venezuela-Brasil; tercero, el eje multimodal Orinoco-Amazonas-Plata; cuarto, el eje marítimo del Atlántico; quinto, el eje Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta”.

Sin embargo, para orientar estratégicamente la constitución de un proceso de estas características en el contexto de las naciones sudamericanas, es imprescindible comprender que la dinámica de la Integración asumida hoy como un esquema cuasi inercial que depende más de voluntades políticas sustentadas en proyectos aislados y en visiones teóricas de construcción de ingenierías macroeconómicas e institucionales que no responden a las complejidades de las realidades socio-políticas y económicas profundamente deterioradas de nuestros pueblos, no está en condiciones de reproducir un modelo de desarrollo que preserve y consolide poder soberano sobre los recursos energéticos, al tiempo que, simultáneamente, se plantee la consolidación de una comunidad incluyente desde una perspectiva multidimensional de la integración sudamericana.

Para concluir, rescatamos un pensamiento de Robert Cox, tomado, en realidad, de un trabajo sobre la Integración gasífera sudamericana elaborado por Felicitas Torrecilla, en el que “se adopta la idea de que ‘... no hay teoría independiente de un contexto político concreto”, y que la teoría siempre sigue a la realidad en el sentido de que es constituida y cobra densidad cuando se la contrasta con la experiencia, pero que a la vez la precede al orientar el pensamiento. En efecto, esa dinámica biunívoca e interactiva que debe existir entre la contemplación teórica formal-conceptual y la práctica empírica provista por los hechos y por la realidad en su infinita complejidad, constituye la guía fundamental sobre la que ha pivotado este modesto esfuerzo intelectual que hemos encarado a fin de comprender- en términos de sentido ontológico-gnoseológico integral- la cuestión de la soberanía energética y su condición de posibilidad en función de un proyecto de Integración sudamericano que, conducido desde la política, estructure un nuevo poder soberano para la región.

5.

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www.salvador.edu.ar/idicso
www.worldbank.org


Notas sobre el autor:
Gustavo O. Lahoud
Lic. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador (USAL).
Magíster en Defensa Nacional (tesis en etapa de conclusión) de la Escuela de Defensa Nacional.
Docente Adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL.
Investigador becado de la Escuela de Defensa Nacional.
Investigador del Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la USAL.
Investigador del Área de Relaciones Internacionales de América Latina del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la USAL.
Colaborador del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO).
Colaborador del Grupo Galileo de Estudios Internacionales, Económicos y Sociales.

Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del IDICSO:
http://www.salvador.edu.ar/csoc/idicso/energia/energia.htm

Departamento de Comunicación y Tecnología del IDICSO:
idicso@yahoo.com.ar

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