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HERRAMIENTAS

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La otra inseguridad... la otra historia.
Por José Luis Zamora
Publicado digitalmente: 25 de mayo de 2005
Cuando hablamos de fuerzas represivas del Estado, nos referimos a cualquier institución destinada a tal fin. Esto, indefectiblemente, conlleva dentro de la sociedad, como es lógico, a diversas tomas de posición en cuanto a las formas que se deberían implementar para que en el manejo de dichas instituciones, entre ellas, policía Federal, policías provinciales - como la bonaerense - Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional, fuerzas armadas en general, etc, exista un control estatal eficiente, acompañado de la mirada estricta que le cabe al accionar de la Justicia sobre quienes tienen la responsabilidad de conducirlas en particular o de los cuadros de menor jerarquía, en general. Durante décadas, sólo se habló de la necesidad de mantener estas instituciones tal como fueron creadas para “combatir” la “inseguridad”, más aún, para el resguardo de la vida y los bienes de las personas. Figuras plasmadas en normas internas, como los famosos edictos policiales o leyes que vigorosamente enmendadas y manejadas según necesidades políticas del momento, fueron durante muchos años “caballitos de batalla”, jamás fueron auxiliares eficientes de la Justicia. Bastaría con tener en cuenta que la conducción de, por ejemplo, la PFA, aún en la actualidad, cuenta dentro de sus filas, en la mayor parte de sus oficiales jefes de la cúpula e incluso muchos suboficiales, con individuos que formaron parte de la dictadura militar o con “destacadas” actuaciones, en tiempos de la Triple A, a pesar de la existencia de disposiciones en contrario. Este compendio de “manejos” que a continuación se detallan, se refiere solamente a un corto período, al último, a partir del 2002 hasta mediados del 2004, pero que a lo largo de la historia, cíclicamente, se repite hasta el cansancio. Se podrá ver que la inseguridad es hija de “otra inseguridad madre” absolutamente más peligrosa y dañina para la sociedad toda, y que la exclusión y la miseria planificada continúan siendo implementadas sobre la gran mayoría, bajo la figura de la prédica de la inseguridad ciudadana, -otro caballito de batalla, en este caso en manos de un ciudadano civil como ocurre con Blumberg desde hace un año- tapón que no deja ver el agujero o vacío jurídico que se va produciendo lentamente con la creación de leyes cada vez más represivas. Sería, en definitiva, el otro lado de la moneda. Todo lo que se esconde o lo que sistemáticamente se niega al momento de producirse avasallamientos sobre las garantías individuales y libertades públicas, en suma, el derecho que le asiste a cualquier ciudadano de ser considerado inocente mientras no se demuestre lo contrario

Peligroso camino hacia la represión sin límites.

Escuela tienen.
Y desde hace años.
Tanto, las policías: Federal como Bonaerense, poseen incorporado a fuego en su cotidiano accionar, idéntico manual de sistemas represivos.

Las “reglas”, están basadas en un especial y cuidadoso método de estudio y empleo relacionado con la aplicación sistemática de violaciones a los derechos humanos sobre los detenidos.
Estos métodos, catalogados mundialmente por la mayoría de los organismos dedicados a la defensa de los derechos del hombre, son conocidos como: apremios ilegales, torturas, supuestos “suicidios” en celdas, armado de causas, supuestos enfrentamientos con la policía, desaparición de personas con el “necesario” negociado de autopsias y fraguando todo documento necesario para dar sepultura en fosas comunes a la víctima... como NN.
En clara complicidad con casas funerarias y cementerios.
Esto último, cuando creen estar seriamente comprometidos o con posibilidades que se descubra la verdad de lo sucedido dentro de las comisarías. Y no es ninguna novedad que la “escuela” se corresponda con las sucesivas dictaduras que inescrupulosamente atacaron las diferentes democracias, que se instauraron a lo largo de la historia en más de ochenta años en nuestro país, implementando terrorismo de estado

También está claro que, en épocas de democracia la comodidad y el oportunismo de la política que, representa para ciertas autoridades en general hacer la vista gorda a estos métodos aberrantes e inclusive en no dudar en dar órdenes explícitas para la práctica de brutales represiones, fueron puntos oscuros e inquietantes, funcionales a sus propósitos y determinantes ante tanta arbitrariedad.

Y sigue sucediendo; particularmente, cuando en situaciones de debilidad política es imperioso que sea cumplido el manual a rajatabla, complementado éste, con la excusa corporativa en las distintas fuerzas de la obediencia debida a la hora de un rendimiento de cuentas, cubriéndose en complicidades descaradas ante el amparo institucional que les prodigan y profesan, sin culpas.

La campaña estatal sobre la inseguridad fue sistemáticamente perversa. Lograron, como primera medida, instalar en el seno de la sociedad, miedos.
Miedos provocadores, entre otras reacciones, de desinterés por el otro y, por consiguiente, generadores de una conducta antisolidaria, de temor y desconfianza a aquel que circula por las calles, cerca de nosotros.
Miedo al otro, al desconocido.
Miedo al pobre, no a la pobreza.
Pobreza generada por un estado inepto y corrupto, dedicado a tapar los “boquetes” sistemáticos del vaciamiento producido en las eternas y debilitadas arcas del país.

El balance, que se desprende de un estudio efectuado al accionar de fuerzas represivas del estado y los “mensajes” a la sociedad de parte de funcionarios ineptos a resolver problemas claramente distorsionados y manipulados por ellos mismos, a su conveniencia, con un discurso ambiguo referido a la inseguridad, es a fines del 2002, no muy diferente al practicado también a fines del 2001, salvo que, se registraron 179 casos más de muertes a mano de estos verdaderos escuadrones de la muerte, denominados por la sociedad y por los medios de comunicación como casos de “gatillo fácil.”

No hay nada más fácil para el Estado argentino que torturar, matar a los que ocupan una importantísima franja de pobres, de desposeídos, que por su condición se tornan “sospechosos”, especialmente menores y sin recursos a una justa defensa, pero también a los que se atreven a levantar una voz de débil protesta, urgente y necesaria, rebelados ante semejante cúmulo de bárbaras arbitrariedades y descarada injusticia social.

Quedará demostrado más adelante que “gatillo fácil e impune” es una realidad, sin miras a ser resuelto, ni por el poder ejecutivo, ni por el poder judicial, ni por el poder legislativo, que de hecho en mayo del 2001, otorgaron, sin sonrojarse, mayores facultades a las policías de todo el país y que como resultado lo único que se logró, a modo de ejemplo, fue una mayor arbitrariedad policial, con muchas más muertes en su haber.

Bastaría recordar, a los “ejecutores” de la comisaría 34, que obligaron en septiembre de 2002, a tres jóvenes arrojarse, después de haber sido golpeados brutalmente por nada, al riachuelo, con la consecuencia de la muerte del joven Ezequiel Demonty.
Como se sabe, no se trataría de un único caso, dado que, hubo muchos otros casos que por miedo a represalias, los familiares no denunciaron.
Cabe rememorar que, más exactamente en el mes de agosto del 2001, una circular interna enviada a todos las departamentales, ordenaba una encubierta privación ilegítima de la libertad entre otras aberraciones, por la inmediata detención mediante razzias de menores niños y jóvenes que se encontraran en la calle “pidiendo limosna.”
Esta acción de “limpieza social” fue defendida en su momento por el ministro de seguridad, comisario Ramón O. Verón.
Tanto a él como al firmante de la circular: comisario mayor Carmelo Impari (Director Gral de coordinación operativa del ministerio), les resultó mucho más fácil y cómodo atacar a las víctimas del sistema imperante, que atacar al propio sistema de pobreza y a sus mentores.
Después de todo, ¿porqué tamaños personajes habrían de hacerlo?
Si queda demostrado que son actores principales del mismo pensamiento de barbarie, corrían a la par del entonces gobernador de la provincia de Bs. As. Carlos Rückauf, devenido posteriormente, a canciller durante el gobierno de Duhalde.
Impari dejó finalmente su cargo, pero, como “premio” fue trasladado a cumplir funciones en Mar del Plata.

En el mes de mayo, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, rendida ante las evidencias reunidas, remitió una copia del crudo y revelador relato de un joven, menor de edad, sobre los tormentos a los que fuera sometido en una comisaría de Quilmes.
El ejecutor, un funcionario policial de apellido Fontanini.
Al mismo tiempo, un informe de Amnistía Internacional, sobre derechos humanos, denunciaba y revelaba que, el año anterior, en Argentina habían muerto por “excesivo uso de la fuerza” por parte de la policía, al menos 80 personas.
Y se quedaron cortos, registros de la Coordinadora contra la Represión Institucional Correpi, demuestran que la cifra ascendía a 208 casos.
Respecto al “excesivo uso de la fuerza”, Amnistía Internacional, practicó a mi criterio, una desafortunada expresión, dado que con ello, se justificaría el “uso represivo de las fuerzas” siempre y cuando no sean excesivos.
¿Tal vez los querrán más moderados?
¿No deberían erradicarse de raíz esas prácticas de fuerza y poder?
Pregunto:
¿Qué de las palizas, las picanas, qué de los tormentos, qué de los fusilamientos disfrazados de supuestos enfrentamientos, qué de las extorsiones por dinero a los familiares de los detenidos o a ellos mismos, qué del hacinamiento en cárceles y comisarías, qué de las muertes en éstas mismas comisarías y cárceles, una práctica habitual?
¿Qué del incremento en las torturas en un 140% respecto de los 17 años anteriores, denunciados por otro organismo no gubernamenteal?
¿Se trataría, como dijo en su momento, muy suelto de cuerpo y lengua, el ministro y comisario Ramón O. Verón, que: "De parte de los detenidos, era habitual las denuncias por tormentos, que lo hacían por deporte"
¿Quién puede comerse ese sapo?
Si no es otra cosa que la desacreditación a una fuerte demanda, en su momento, de pronunciamientos en contra de la vieja práctica de la tortura y de la muerte, que, sus subordinados, sí hacen de ello un deporte y que, desde el estado, se justifica y avala desde hace décadas como moneda corriente.
El registro creado en el 2000 a cargo de la Subsecretaría de Patronato de Menores de la Corte, informó en mayo del 2001, 738 denuncias, 69 por malos tratos o torturas en instituciones de menores, 669 sobre el mismo motivo, pero en comisarías.
Ya en octubre, la Corte Provincial denunció que las causas registradas por torturas llegaban al millar.

Quedó demostrado que el “placer” de la picana lo practica únicamente las fuerzas represivas institucionales.

Dicen que para muestra basta un botón.
Mostraré varios “botones”.

José Aurelio Ferrari, comisario de San Nicolás, por ese tiempo, efectuó una defensa denodada de la tortura, contando, como en España se tortura a los detenidos para obtener información.

También podemos recordar como el comisario Giacomino declaró barbaridades mostrando la hilacha de represor.
Declaró cómo en su época de oficial primerizo cuando veían a un chico tomando cerveza en la calle o robando una manzana, se lo llevaba a la comisaría.
Asimismo, defendió la figura policial del “merodeo”, una sanción predelictual en la que el policía se acercaba a un sospechoso utilizando su “olfato profesional”; lo interrogaba y si no podía justificar un trabajo o un domicilio, lo metía preso.
Con este criterio, hoy más de el 75% de la población estaría presa, por obvias razones de desempleo y recesión económica.
Y al sostener enfáticamente que un policía se da cuenta cuando alguien está en el delito, propuso el regreso de los edictos policiales, porque según él no les iban tan mal.
Basta recordar los discursos rigurosos de casi todos los días de los partidarios, sostenedores y defensores, de la aplicación de la “tolerancia cero” o la “mano dura.

En la provincia de Bs. As. del total de denuncias por torturas y malos tratos a presos, sólo el 1,5% llegaban a juicio.
Tornándose, de esa manera, prácticamente nula la responsabilidad que debería ser ejercida por el sistema judicial de la tierra del Gobernador Solá.

Una gestión de gobierno ilegal y fuerzas de seguridad corruptas.

Tan sólo una semana faltaba para que Eduardo Duhalde dejara el cargo de Presidente Interino de la República Argentina.
Puesto con el aval de la mayoría de la dirigencia política que, desmerecida en su honor por la opinión pública en general y con razón de ser en particular, se atrevió, después de los graves hechos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001 con la huida y forzada renuncia de De la Rúa y Cavallo a la cabeza, dejar en sus manos el destino de la Nación a un gobierno sin consenso popular.

Durante y desde el año 2002 en adelante, el tema excluyente se llamó: Inseguridad.

Nunca se aclaró bien, de parte de los “preocupados” medios de comunicación; de cual seguridad se estuvieron ocupando todo ese tiempo, dado que a lo único que se dedicaron fue a mancillar, a humillar cada vez con más vehemencia a los sectores pobres.

Claro está que especialmente el gobierno nacional y el de Felipe Solá en la provincia de Bs. As, se refirieron cada vez que tuvieron la oportunidad de hacerlo, en remarcar que la culpa de todos los males que aquejan a la República la tenían los pequeños o medianos chorros que andan por ahí.
Con estos árboles taparon el bosque que se les incendió varias veces y que por otra parte, nunca lograron controlar, brasas quemaban la planta de sus pies pero no se daban por aludido.
Las brasas, a las que me refiero, también se las puede llamar, en otras formas, ineptitud y ceguera en la toma de decisiones o insensatez, dote muy común de encontrar en casi todo el espectro político, aunque todo esto junto no supera en nada a la corrupción instalada. La “otra inseguridad”, la más fuerte, la verdadera, les pasaba por sus narices vestidos de uniforme.

Declararon una y mil veces diferentes formas de combatir la tan temida inseguridad, en algunos casos actuaron, pero con el sello de la impericia, siempre.
Todo ese tiempo tiraron la pelota afuera o se la pasaron los unos a los otros.
Mientras tanto, hubo todo tipo de corrupción policial que se pudiera imaginar.
Los verdaderos delincuentes trabajaron junto a ellos codo a codo y no se percataron ni por asomo, nunca.
Abundan los ejemplos que da por bruces todo ese incoherente discurso gastado por ese gobierno y los anteriores en 20 años de democracia para algunos privilegiados.
Quienes se cuentan entre éstos, ellos mismos, por supuesto.
Mientras tanto, en el grosor del pueblo, se vivía (e) la seguridad de no tener que comer, que es más que evidente, bastaba con mirar el norte argentino.
La seguridad de no tener trabajo,era (es) brutal, despiadada, 22% de desocupación permanente.
Bajo la línea de pobreza se encuentraba el 53% de la población.
¿Existe peor inseguridad de vida para la gente que éstos contextos?

La “violencia” inusitada de la que habló el fiscal José María Gutierrez en el sepelio de policías muertos en el “cumplimiento de su deber” mostró una sola cara.
Obvió explayarse, como debería haberlo hecho para que su argumento fuera completo, no sucedió y quedó tapado que la violencia viene siempre desde arriba y esa sí que es inusitada.
La violencia de todos los días para condenar al hambre, a la miseria, a la muerte a miles y miles de chicos, adolescentes y ancianos que sufren las consecuencias de políticas neoliberales, que son despellejados lentamente, sin reparar en que existe un retorno posible a la dignidad humana, para el fiscal pasó desapercibida en su memoria.

La violencia institucionalizada desde las fuerzas de seguridad, ejercida con la habitual represión y gatillo fácil ante el menor atisbo de alguna protesta popular en marcha por la situación vivida y creada a espaldas de los oprimidos de siempre, no estuvo nunca en la decisión política de los gobernantes de erradicarla de una buena vez, porque son sirvientes de un aparato estatal que no sabe pronunciar otros propósitos que no sea el enriquecimiento ilícito, como se llama ahora, y que en otros tiempos se denominaba lisa y llanamente: afano.
Ya lo dijo alguna vez con absoluta certeza Rodolfo Walsh: “La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata.”

Por ese tiempo se refería exclusivamente a las fuerzas de seguridad, ahora hay que agregar a los estamentos políticos que lejos de erradicar dichas prácticas, son incentivadas como una “caja chica” que han sabido adquirir para el manejo de campañas políticas, además de mantenerse ocupados en las propias para el enriquecimiento personal, aquellas colaboran a ocultar prácticas de mayor envergadura para llegar o mantenerse en el poder.

Algunos ejemplos ocurridos durante el año 2002 en adelante, correspondientes a corrupción policial fueron por: adulteración de pruebas por extorsiones, violación de chicos, arrestos ilegales, asociación ilícita por ocultar y destruir denuncias, robos de vehículos, armados de causas, secuestros, robos, pedido de coimas, narcotráfico, control del negocio de la prostitución y juego, en fin, como se ve una gama de delitos que los guardianes del orden y de la seguridad dicen combatir y que se pueden traducir, según un informe de Correpi en: 1) El fusilamiento de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aún de hechos menores como arrebatos, en una fragante evidencia de que las pregonadas políticas de mano dura y tolerancia cero consisten, sencillamente, en la “ejecución extrajudicial sumarísima”, aprovechando el mayor consenso social obtenido para legitimar estos homicidios, o sea, operaciones de limpieza social”, fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal. 2) La muerte de transeúntes provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro al tercero totalmente ajeno al hecho. 3) La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. 4) Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta. 5) La participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando y secuestros extorsivos, incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.

Si te detienen. (una burla a la inocencia)

“Si te detienen” era el título en un papel impreso, confeccionado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, con pliegues que al doblarse quedaba a modo de carné para que pueda ser transportado en el bolsillo.

Tenía sus “bondades” como así también “mayúsculas contrariedades.
El indicado carnet poseía información sobre como se debía reaccionar ante un posible atropello o accionar, como el que nos tiene acostumbrados las diversas fuerzas de seguridad al momento en que arbitrariamente detienen por olfato y sin la orden judicial correspondiente, a menores de edad.

Este “privilegio” era asegurado por la Corte Suprema de Justicia, con la detención de menores, de entre los 12 y 18 años, sin ton ni son.
Las bondades a las que me refiero correspondían únicamente a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia que con esta iniciativa daba ha entender que de vez en cuando utilizan el ingenio para ver si podían frenar la tortura institucionalizada de siempre en las fuerzas represivas de siempre, lástima que ese ingenio aludido recorría un camino interminable de soluciones blandas, como en este caso, que en nada beneficiarían a las víctimas del sistema represivo.

Sonaba, como una burla a la inocencia.

Desde el sentido común no estaba mal que se les informe a los chicos del peligro que corrían -corren - al ser interrogados en la calle, tanto por un policía como por una brigada de policías, lo mismo da.

El represivo manual nazi está incorporado a fuego en cada uno de ellos.
Y fuego hacen sin preguntar.

Pero, ¿No hubiera sido mucho más coherente la depuración definitiva y total, desde lo más alto para abajo, de estos verdaderos mercaderes de la muerte?

Parecía patético que se quisiera hacer creer, como dijo Alejandro Kawabata, que para evitar “actitudes irregulares”, el carnet era una herramienta a menores para defenderse con la ley en la mano.

Primero, más que “actitudes irregulares”, al tenaz accionar de la policía se lo debe llamar por su nombre, tanto en gobiernos de facto como en gobiernos neoliberales de ahora, es “ejecución sistemática de terrorismo de estado.”

Segundo, de sobra se sabe que cuando un menor presenta su DNI al momento de su segura futura detención, el mismo es roto en mil pedazos en sus narices acompañado de las burlas y risotadas de los “agentes del orden”, cuanto más le puede llegar a suceder a un menor que presente una pretendida “herramienta de defensa”, sin valor legal para estos individuos.
Cuanto más los podía llegar a enardecer tamaña osadía para sus ojos inquisidores, cuando solicitata, la víctima, llamar al 0800 y efectuar la correspondiente denuncia.

La “herramienta” se les habría convertido una contra de tamaño mayor.

¿Cuál era la gran ventaja, entonces?

Cuando se afirmaba que los menores debían conocer sus derechos porque “ésa es la única forma de exigir su cumplimiento a las fuerzas de seguridad”, era por lo menos mendaz, sonaba a bolero mal cantado.

Si bien es cierto que los menores deberían tener conocimiento de sus derechos, también los integrantes de las fuerzas de seguridad deben ser exigidos con todo rigor con el peso de la ley cuando cometen atropellos de todo tipo, que van desde la muerte, la tortura, ocultamiento o desaparición de pruebas, extorsiones, etc.

Mas, para eso también debería cambiarse el Código Penal y el funcionamiento de la Justicia que mayoritariamente trabaja en forma mancomunada con estos funcionarios policiales y, una férrea decisión política, hasta ahora ausente para erradicar de cuajo estas sistemáticas prácticas de salvajismo.

“Vulnerabilidad” de las ideas sobre la pobreza.

Desde diferentes y acostumbrados “sectores” de la sociedad argentina, se hace en general hincapié en subrayar, con todo posible tipo de discursos a los que se puedan apelar, que se vive actualmente en constante peligro amenazados por un “accionar delictivo” de la clase “vulnerable”, que no cesa en dejar pasar la oportunidad de “quitarles” todo aquello material, que con tanto esfuerzo han sabido conseguir.

Ni palabra, por supuesto, de toda la dignidad robada a aquellas “amenazantes” personas “vulnerables.”
Éstas, como realidad innegable y habitual, son excluidas rápidamente de la sociedad y de cuajo por un perverso sistema neoliberal sostenido gobierno tras gobierno, con múltiples e inacabables gestos acompañados de acciones que, decididamente en los resultados finales, demuestra el fin que se persigue, abolir sus derechos constitucionales.

Existen diversas formas de anular el derecho a desarrollarse como individuo libre y digno.
Pero, la más brutal corresponde al negado acceso a un trabajo bien remunerado y seguro para el sustento de la familia o de sí mismo como corresponde ser en un estado de derecho bien entendido y justo.
Sucede todo lo contrario.
Predomina el discurso de la globalización capitalista en marcha, que, con relación a mercados mundiales han adoptado la idea de trabajos temporarios y serviles, cada vez más exiguos, sin respeto por los derechos del trabajador y de su familia.

Se trata de la impronta de un despiadado oportunismo que ha dado vida y forma de esclavitud a la denominada “clase vulnerable”, pero en si misma no es otra cosa, en la realidad de todos los días, que una clase explotada y manipulada a gusto, en donde los recursos de apelación a la protesta, antaño conquistados, han sido descaradamente borrados o anulados en sus formas y contenidos.

Quien protesta, quien se manifiesta en contra ante tamaña injusticia social, quien por diversos estados emocionales y después de luchar decide bajar los brazos y se abandona, quien se defiende como puede ante tanta ignominia y pasa a la acción, se los agrupa rápidamente en la categoría de “vulnerables” o sea, delincuentes, cultivando la idea en la “otra parte” de la sociedad permanentemente viviría en estado de peligro latente al que hay que combatir, como sea.

Un estado ausente, una justicia ausente, hacen de cómplices y verdugos a la hora de actuar en el menoscabo o desprecio por una ley que se debería aplicar y hacer observar, para empezar, a los numerosos grupos económicos nacionales o extranjeros existentes, directos responsables de la estocada de muerte económica decretada en el país.
Son los famosos ladrones de guantes blancos, los intocables.

Pero, si de justicia se habla, pasan casi desapercibido también, salvo en las denuncias efectuadas a los organismos internacionales de derechos humanos en general, las condescendientes investigaciones judiciales sobre los persistentes métodos de torturas practicados por las diversas fuerzas de seguridad, con anuencia desde el poder político, que no muestra interés, por consiguiente, voluntad política de erradicarlas, mas sí para persistir con un continuo derrotero, finalmente reflejado en las numerosas muertes provocadas impunemente a la vista de todos, incluso de aquellos que no las quieren ver o aceptar, ni les preocupa entender las causas por lo cual se producen.

Entonces, sin rumbo cierto, entre excusas y “soluciones mágicas represivas” van a la búsqueda de réditos políticos que les permita seguir en carrera, en especial en épocas de campañas electorales y a principios de gobiernos eufóricos que prometen en los primeros tiempos la recomposición del Estado con un leve maquillaje a las ya practicadas medidas anteriores, que no dieron nunca en el balance final, resultados positivos a nada.

Menos que menos para los pobres.

Medidas gubernamentales y otras yerbas.

Una de las medidas que demuestran el grado de insensibilidad, ineficacia e incompatibilidad en la función pública de los actores de siempre en la vida política del país, fue, en otras, la idea de “montar” celdas con paneles de hormigón, debido a la superpoblación carcelaria en comisarías.
Se divulgó que serían módulos con espacio para cuatro detenidos hasta completar pabellones completos con capacidad para 144 personas privadas de su libertad.
El plan, se debió entre otros motivos, del fracaso que la Provincia de Bs. As. es dueña al “consumir” 360 millones de pesos en un proyecto que no pudo llegar a ver finalizado, que era, la construcción de ocho unidades penitenciarias con capacidad para 640 internos y quedó en la nebulosa, flotando la idea de que los fondos públicos son utilizados en “aspiraciones” más personales y represivas que sociales y que las soluciones finales llegan de la mano negra con guantes blancos de graves lesiones a los derechos de las personas.
Alcanza con observar la declaración de Amadeo D’ Angelo: (Jefe de la Policía Bonaerense) que, en relación con una de sus tantas ideas, por demás discriminatoria del funcionario, fue la de cerrar las villas y convertirlas en cárceles a cielo abierto, manifestando: "Esa es la nueva forma final de la exclusión y la segregación social. Para ser claros, la idea es que se eliminen entre ellos. Y si no que alguien explique las cifras de detenidos, insólitas, increíbles".

Este mismo comisario general debió transmitir su cargo, forzado por las evidencias que pesaron en su contra, al verse involucrado, poco después, en una investigación judicial por el presunto pago de sobornos a compañeros uniformados de San Isidro.
La idea de que “se eliminen entre ellos” esta vez recayó sobre sus espaldas.

Se trata de una práctica habitual entre las altas esferas de las fuerzas policiales, ya que debido a la innegable corrupción practicada por sus efectivos se ven obligados a recurrir a purgas, que cada tanto los deja al descubierto por aplastantes evidencias inocultables a los ojos y conciencia de la sociedad.

A mediados del mes de mayo del 2002, se convirtió en ley una modificación al Código Penal en su Art. 80, homicidios calificados.
El proyecto había sido elaborado por el Poder Ejecutivo, en abril tuvo media sanción con la aprobación en Diputados.
Hubo amplia mayoría del bloque peronista, partidos provinciales y gran parte del radicalismo.
La cuestión se centró en dar un “golpe” de efecto sobre la conciencia de la delincuencia y “conformismo demagógico” a sectores sociales que apoyan medidas drásticas de represión para continuar “viviendo en paz” con su conciencia, libre de maltratos, que según parece, ven a la vuelta de cada esquina.
Resultado que, se escuchó en favor de dicha corrección enfáticos discursos a favor de aplicar prisión perpetua para los que asesinen policías, de Miguel Ángel Toma o Jorge Casanovas.
En Senado, se pudo oír a los justicialistas Miguel Pichetto y Ángel Pardo.
Pocos días después en el mes de junio, Juan José Álvarez (ministro de Justicia y Seguridad de la Nación) manifestaba que se comenzaban con operativos de control de vehículos, en busca de armamento ilegal, a los accesos a Capital Federal, así mismo en sus calles, efectuados en conjunto por las fuerzas de la Policía, Gendarmería y Prefectura.
Todo parecía indicar que se llevarían a cabo controles en armerías, polígonos de tiro y la detección de lugares de venta ilegal de armas.
Crearían un depósito único para guardar y destruir toda arma que sea incautada.
En su euforia tuvo una opinión, por lo menos, desafortunada: “Para detectarlas decidimos controlar vehículos en los accesos a la ciudad y sus calles, ya que no podemos entrar a buscar a las casas".
El final de ese exabrupto recuerda épocas de dictaduras en las que a las patadas “rompían” puertas, se podía llevar a cabo cualquier operativo con el consiguiente secuestro de las personas y su posterior desaparición, luego de haber padecido todo tipo de vejámenes físicos y psíquicos, amén del robo de todas sus pertenencias particulares y lo que resultaría el más grave de los delitos catalogados de crímenes de lesa humanidad como fue el robo de bebes nacidos en cautiverio, delitos imprescriptibles para la ley, aún frente las más aberrantes, como las leyes de obediencia debida y punto final.

Pero no sólo ese ministro mostró la hilacha, una semana después otro ministro del gobierno de Duhalde, Jorge Matzkin (Interior) enviaba al Congreso un proyecto, con rasgos claramente discriminatorios.
Deportar aquellos extranjeros que estuvieran en una cárcel federal, en el caso que estuvieran en condiciones de obtener su libertad condicional.
Pregonó endurecer las políticas migratorias y efectuar operativos cerrojos en la ciudad de Bs. As, junto a autoridades de migraciones, para emprender la caza de extranjeros con el fin de expulsar a todo aquel que no tuviera regularizada su situación.
Todo este andamiaje de medidas, respondían, a un expreso pedido de los EE.UU a la Argentina para que reforzara los controles de ingreso y egreso de las fronteras nacionales.
Los organismos espias del país del norte, como la CIA y el FBI, después de los atentados del 11 de septiembre y perseguidos por un “control” exhaustivo de la situación mundial en resguardo de su seguridad interior, señalaban a la zona denominada Triple Frontera, como un libre manejo de células guerrilleras que debían ser sofocadas.
El gobierno Argentino rindió tributo a las demandas impuestas por el gobierno de Bush y se puso manos a la obra sin chistar, otros intereses urgían más, "los eternos y denodados esfuerzos" por conseguir acuerdos con el FMI.
Había que quedar bien demostrando obediencia y disciplina a los gendarmes del mundo.
Luego le tocaría el turno a Irak, pero en otros términos, más duros.
Con una invasión.

El colmo del papelón en materia de búsqueda de resultados para la neutralización de una ola de secuestros que se venían sucediendo especialmente en el conurbano bonaerense, llega en el mes de julio, con la creación de una unidad especial antisecuestros, en la que es nombrado para ocupar su titularidad el comisario inspector Daniel Rago.
No llegó a ocupar ni tan luego 24 hrs en su flamante destino.
Dicho oficial venía de ser titular de la comisaría 7° de Villa Centenario, Lomas de Zamora.

El 21 de octubre del año anterior dicha dependencia policial debió ser allanada por las acusaciones de torturas reiteradas a una persona que había sido detenida por circular en un automóvil aparentemente con pedido de captura.
Finalmente los capturados fueron seis oficiales y suboficiales, primeramente detenidos y luego como es habitual, determinaron diferentes “traslados” o destinos a otras dependencias.

Rago zafó inexplicablemente en ésta y declaró muy suelto de cuerpo que su gente no tenía nada que ver y que la seccional comenzaba de cero.
El clásico, borrón y cuenta nueva.
Mas, no se debió al detalle que estuviera señalado como torturador el impedimento de ocupar el cargo para el que había sido elegido.
Tiempo atrás y gracias a los oficios de su incondicional amigo, el ex comisario Juan José Ribelli, principal acusado por el atentado contra la AMIA, Rago había realizado viajes de “perfeccionamiento” a los EE.UU para estudiar los “métodos” de operaciones antiterroristas que le enseñarían el FBI en Quántico y a España para interiorizarse de técnicas aplicadas por ETA.
Esos galones fueron los que se tomaron en cuenta para su nombramiento, parece ser que nadie se acordó de su verdadero oficio de torturador, ni siquiera Juan José Álvarez, quien se desempeñaba en el ministerio de Justicia de Seguridad bonaerense y había sido tan luego él quien había determinado su relevo y ahora avalaba su nuevo destino como la persona indicada para llevar a cabo el Plan Global Antisecuestro.

Como el éxito esperado no llegaba, esta vez le tocó el turno de dar la cara, por un pedido expreso del entonces presidente Duhalde, al jefe de la fuerza de la Policía Federal, comisario general Roberto Giacomino.

Trasciende que se realizarán, por día, unos sesenta controles rotativos en la ciudad, que meterá sus narices, a modo de colaboración, la Secretaría de Inteligencia del Estado, (SIDE), que como se sabe nada tiene de inteligente y sí sabe de colaboraciones conspirativas al mejor postor.
Agrega, el super jefe, que el vecino se puede quedar tranquilo, porque han volcado a la calle, a raíz de este nuevo plan, 400 policías retirados que fueron reclutados para tal fin.
Vientos de inquietud, escozores en el alma, comenzaron a sentir aquellos ciudadanos que, en estado de alerta permanente por rechazar con su denuncia decisiones como la aludida, tuvieron presente la Masacre de Floresta, la cual fuera perpetrada el 29-12-01, justamente, por un “convocado” de la comisaría 43. el asesino Juan de Dios Velastiqui. Y... así les fue. Giacomino, es quien poco después prosigue con su embestida presionando para que se derogue el Código de Convivencia y se restablezcan los edictos policiales sin la necesidad de la intervención de un juez.
Dichos edictos habían tenido su nacimiento en 1965 por la expresa recomendación de dos jueces de menores.
Era una disposición policial interna conocida como “memorando 40” ratificado durante la dictadura militar.
Permitía, entre otras cosas, las famosas “razias”, que trataba simplemente de la detención, en forma arbitraria, de menores sin la expresa autorización de un juez, tal como reclamaba ahora el comisario.
Fueron derogados en 1998 a raíz del asesinato provocado por la policía de Walter Bulacio, el 19 de abril de 1991, luego de que fuera detenido en un recital de los Redonditos de Ricota. Para Giacomino, inexplicablemente, “Walter murió por un aneurisma, no porque le hayan pegado en una comisaría”.
Giacomino declaró que un policía “sabe cuando un tipo está en el delito, se da cuenta.”
Por lo visto para el comisario general, un policía, más que un agente del orden como comúnmente lo denomina esta sociedad, además, era un potencial futurólogo, ya que puede “adivinar el por-venir”. Añoró, como dijimos, las épocas en que un policía se acercaba al “sospechoso” y si éste no podía “justificar un trabajo o un domicilio”, lo metía preso.
Con éste criterio medieval, ¡Pobres, hoy en día, los desocupados y los sin techo!
Más de la mitad de las personas que habitan estas tierras arrasadas y postergadas del cono sur estarían tras las rejas por tiempo indeterminado y sin derecho a defensa.
Ni que hablar de la moda impuesta por la juventud de éstos tiempos, en que acostumbran a tomar cerveza en las calles; para el señor comisario en sus tiempos de oficial “al ver a un chico tomando cerveza en la calle o robando una manzana lo llevábamos a la comisaría, llamábamos a los padres y si veíamos que eran normales, se lo entregábamos.
Sin palabras.

Por el lado bonaerense, en el mes de agosto, el gobernador Felipe Solá manifiesta encontrarse “preocupado” por la inseguridad en su provincia.

Para dar un “gesto” de autoridad le encomienda a su flamante ministro de Justicia y Seguridad, Juan Pablo Cafiero, una purga de jefes policiales de la bonaerense, se cambian a 11 pertenecientes a 5 jefaturas departamentales y 6 direcciones de investigaciones.
Asimismo, exoneró a 170 oficiales y suboficiales que se encontraban comprometidos en diversos procesos por delitos penales.

El movimiento de ex - ratis denominado “Los sin gorra” sumaba nuevos adeptos a sus filas, una vía de escape legal para delinquir sin sentirse vigilados, cuestionados, como les gusta a ellos, con “zonas liberadas”.

Hay condiciones para pensar que existe un complot”, dijo Juan Pablo Cafiero, sin ahondar en quienes eran los personajes involucrados en la supuesta instrumentación ideológica y material de semejante denuncia.
No obstante estas declaraciones, Solá apresuró un reacomodamiento de su gabinete, reafirmando políticamente en su puesto, con un polémico sostén atado a hilos demasiado tensos, a su ministro.
Siguieron, mientras tanto, paralelamente desde el gobierno nacional, un análisis de una eventual movilización de más gendarmes trasladados desde las fronteras al conurbano.
Estudiaron” reemplazar dichas plazas por personal “ocioso” de las fuerzas armadas.
Vieja propuesta del jefe del ejército Brinzone- uno de los responsables de la Masacre de Margarita Belén en la dictadura- al expresidente De La Rúa.
En esta nueva oportunidad, declaraba: “nosotros estamos esperando que nos llamen”.

Casi al mismo tiempo, desde el ministerio de Justicia y Seguridad de Juan José Álvarez, se aseguraba, contradiciendo todo lo “estudiado” que “no se va a dar intervención militar en la seguridad interna”.

Cafiero, volvió a la carga con su pesadilla de “gente complotada” y criticó la mano dura cuidándose de nombrar la gestión pasada del ex gobernador Carlos Ruckauf, señalando su política de: “posicionamientos” y responsabilizando, siempre sin nombrarlos, al torturador Patti y al carapintada Rico, “políticos que tienen una tesis de salida autoritaria”.

El mes de agosto venía movido, un comité de crisis presidido por Solá y Álvarez en conjunto, hizo punta en otras “nuevas” ideas, que no resultaron ser más que de lo mismo: reforzar la seguridad en el Gran Buenos Aires con la vieja receta de controles vehiculares.
Mágicamente, en los primeros días del mes de septiembre, para todos los involucrados en tomar medidas, todo marchaba sobre rieles, “bajó la inseguridad”, profesaban enfáticamente.

Algunas viejas costumbres de ganarse el mango.

Dicen, las malas lenguas, que primeramente, desde hace ya muchos, muchos años, como en los cuentos para chicos, para mitigar el tedio de largas noches de guardias interminables, y entonces que los muchachos aburridos y siempre con hambre de todo, decidieron irse hasta la pizzería más cercana y como se afirma nadie tenía un mango, “apretaron” a su dueño con el verso de la inseguridad dejando entrever que “algo” les podía suceder en el futuro, que para “protegerlos” ellos estaban vistiendo el uniforme.
Y vieron que les dio resultado.
S e llevaron “gratis” la primera pizza.

Y lo más importante: a la vista de todo el mundo con el patrullero en la puerta.
No requería de aplicar el “disimulo” a la impunidad.
La idea, dicen siempre estas viperinas lenguas, fue festejada en esa y todas las otras comisarías;la noticia había corrido como reguero de pólvora.
Los altos jefes “celebraron” la idea y al que la concibió, se repite hasta el cansancio, fue inmediatamente ascendido de rango y se floreó por las seccionales con sus nuevas jinetas divulgando el modus operandi; todos debían aprenderlo y así se hizo popular, toda una costumbre necesaria a implementar por el bien de la caja chica, en el futuro inmediato.

Claro, que poco después, con el correr del tiempo y ya animándose no ya tan sólo a las pizzas, arremetieron con las empanadas y las facturas; advirtieron que, esa caja chica podía fácilmente convertirse en “algo” mucho, mucho, mayor.
Y los ingenios comenzaron a surgir.

Moraleja: como siempre se repite hasta el cansancio, el ocio no es buen consejero.

El cuento es dueño de demasiadas páginas, se pueden escribir varios y gruesos tomos de esta escuela de economía policial, pero para no aburrir y tan sólo poner en duda las palabras del flamante secretario de Seguridad del Ministerio de Justicia del gobierno del Dr. “K”, otro Dr. el ex fiscal de Cámara Norberto Quantín quién se atrevió a abonar la rápida conjetura de que “los argentinos somos muy mal pensados."

Se piensa, según sus palabras, de manera generalizada en que policías, jueces, periodistas, etc. tienen un accionar habitual sospechoso para la sociedad.

A modo de ejemplo, en el 2001 al entonces subsecretario de Seguridad porteño Eduardo Thölke, se le solicitó la renuncia a su cargo por atreverse a denunciar un secreto a voces cuando dijo que: “Los policías toleran la prostitución, salen a recaudar, pero lo hacen para funcionar: ponerle nafta a los patrulleros, comprar insumos para las seccionales."
Todos se habían olvidado que el año anterior la Sala I de Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Capital Federal había procesado al comisario Hugo Bafaro, ex jefe de la seccional 38a por cohecho y encubrimiento, confirmando, además, el procesamiento por regentear prostíbulos del ex agente de la SIDE Raúl Martins.

Para no seguir pensando mal y sólo a modo de ejemplo cabe recordar que la Policía Federal tuvo su pesadilla cuando por una investigación de casi cuatro años terminó con el descubrimiento de una red de protección a prostíbulos.

Igual que la “protección” dada al antaño primate pizzero, pero en mayor escala de recaudación.
Por ello los comisarios inspectores Horacio Busetti, Carlos Alberto Roncati y los comisarios Ricardo Sofandi, Federico Almeder, Armando Borrajo, éstos dos últimos retirados, se los acusó de cobrar coimas e indagados por el juez Alberto Baños.
Por supuesto la bonaerense no se queda atrás y compite con su hermana la Federal.
Se sacan chispas las chicas, tanto que locales distribuidos en los partidos de San Miguel, (tierra del carapintada Rico) José C. Paz y San Fernando al comisario Ricardo Pyzynsky y al comisario Alberto Rubén Sagasti, hoy retirado, más otros compañeros encargados de dar “protección”, llegaban a recaudar unos dieciocho mil pesos promedio por mes de coimas.
Todo documentado en prolijas planillas bien detalladas con sus correspondientes fechas e importes.
El fiscal Edgardo Ledesma solicitó que la causa sea elevada a juicio oral.
¡Qué argentino mal pensado!
Si por todo esto solamente le costó el cargo máximo en la policía bonaerense al comisario Amadeo D’Angelo, otro investigado de enriquecimiento ilícito, dado que una anotación en las planillas lo marcaba como posible beneficiario.
Otros policías bonaerenses sentían atracción por el número dieciocho mil, ya que era la cantidad de pesos que le solicitaron a modo de extorsión a un ciudadano desprevenido, pero no tonto, ya que terminó denunciándolos.
Había sido víctima del robo de su ganado y por esa módica suma prometían devolverle los animales.
Éstos “honestos” funcionarios policiales, el subcomisario Walter Parnisari, el oficial principal Víctor Klippan y el sargento ayudante Norberto Díaz, prometedores de lo imposible, no sólo coimeaban a la víctima sino también al ladrón, al cual aseguraban su excarcelación por la misma cifra que parece desvela a los de uniforme: dieciocho mil.
Pero... ¡Qué mal pensados los argentinos!

Si de cifras se trata, el número, pero en dólares, quinientos mil, parece conquistar los sentidos proyectados a futuro de una vida sin sobresaltos, al ex jefe, siempre de la bonaerense, comisario general Alberto Sobrado.

Todo junto, vía Uruguay hacia las Bahamas y sin justificación lo aguardaban para tal fin.

¡Qué mal pensados, nuevamente, los argentinos!

Mas, no únicamente con cifras se recorre el amplio espectro que dan las virtudes policiales en acción, también de muertes.
Allá por el año 1997 para Adolfo Vitelli, el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, le costó su alejamiento.
Los escuadrones de la muerte, en el 2000, removieron a Ramón Verón.
La Masacre de Ramallo, a fines del mismo año, la de Eduardo Martínez y en el 2002, tras las muertes de Kosteki y Santillán en la estación Avellaneda, Ricardo Degastaldi y su segundo Edgardo Beltracchi se fueron a sus casas.

Para despejar toda duda, de que si los argentinos somos o no mal pensados, nos la otorgó un “arrepentido” miembro de sus filas, el comisario Norberto Fiori, ex titular de la comisaría de Pacheco.
Pero como los argentinos somos mal pensados, no sólo para Quantín, sino también para el gobernador Solá, no dudó en calificarlo a Fiori de corrupto, ladrón y homicida y defender de este modo simplista la institución policial de la provincia de Bs.As y de paso... su pellejo.

Fiori, no develó, por cierto, nada nuevo del proceder habitual y sistemático de la policía para los argentinos mal pensados, sólo reafirmó lo que se sabe, que las comisarías recaudan de desarmaderos, protíbulos y drogas y que cada jefe manda una parte a los comisarios que están en La Plata y a la caja política.

Después de todo este panorama, ¿Será cierto? ¿Tan mal pensados somos los argentinos?

Palabra de Quantín.

Matanza... o Tierra Azul.

No es de ahora, es de siempre que en La Matanza la impunidad policial practicada sistemáticamente en sus comisarías es moneda corriente.

El historial delictivo de la policía bonaerense puede rastrearse de varios años hacia atrás; ya hay registros de la práctica de torturas implementadas en sus comisarías desde los años 55, para el “esclarecimiento” de delitos.

No sólo supuestos delincuentes eran sometidos a estas practicas aberrantes, además, se perseguían obreros, sindicalistas, defensores de la vida en general.

Los suicidios en turbias celdas, provocados o inducidos, se fueron incrementando desde entonces a pasos agigantados.
Después, vendría el manto negro de la dictadura y con ello, ya se sabe, borradas de la faz de esta tierra argentina todas las garantías constitucionales; quedó el soberano sometido y expuesto a un planificado exterminio, en donde el terror, con todas sus facetas macabras e inimaginables, debió ser soportado.

Luego, desde el año 1983, creímos que con la defensa de la democracia, con la que se educaba, se sanaba y se comía, todo quedaría atrás sin perder el ejercicio de la constante memoria, para que no se repitiera la historia pasada y aprendiéramos.
No aprendimos.

Poco tiempo después, el 8 de mayo de 1987, el denominado hasta ese momento: “gatillo alegre” pasaba a llamarse con otro eufemismo: “gatillo fácil”.

Ese día, en la esquina de Guamini y Figueredo, a tres cuadras del Camino Negro, en Ingeniero Budge, fueron acribillados a balazos por tres policías, - todos ellos suboficiales de la bonaerense -, tres jóvenes que conversaban y tomaban cerveza en el lugar.

El caso inauguró lamentablemente, en época de democracia, una nueva etapa de asesinatos policiales o gatillo fácil. Los jóvenes se llamaban: Agustín Olivera, Roberto Argarañaz y Oscar Aredes.

Los asesinos fueron: suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda; cabo 1ro Jorge Miño y cabo 1ro Isidro Romero.

A sólo tres cuadras, cruzado por el Puente de La Noria el Riachuelo, se pisa tierra de La Matanza.

Tierra difícil de andar.
Dura.
Tierra olvidada, teñida de color azul.
Olvidada, porque nadie se ocupa y azul porque hasta 1997 la policía bonaerense tuvo amplias facultades “operativas”, pero no muy diferentes a las impulsadas posteriormente por el entonces gobernador Ruckauf, con eco hasta nuestros días.

Duro en las expresiones vertidas siempre con una sonrisa dibujada en el rostro, supo decir cosas como: “Me siento muy orgulloso de haber firmado el decreto en 1975, como ministro de Trabajo, de operaciones para aniquilar el accionar subversivo.”
Más tarde, afirmó muy tranquilo: “Una bala para cada delincuente.”
Este concepto fue vertido cuando era vicepresidente de la Nación, el 2 de agosto de 1999.

Luego, ya como gobernador, el 14 de junio del 2001, reunido el Consejo de Seguridad Interior, tuvo expresiones y deseos de concreción de ideas propias como la siguiente: “Yo quisiera que los presos hicieran trabajos forzados. Me gustaría vestirlos de naranja, ponerles grilletes en los tobillos y sacarlos a cortar el pasto en las rutas.” Insistió en el tema reiterando: “Yo haría como se ve en las películas de los Estados Unidos.
Les pondría uniformes y grilletes a los presos y los mandaría al campo para que colaboren en las obras públicas.

Pero se apresuró en agregar: “Ahora no se puede.
Si lo hago me van a atacar todos los organismos defensores de los derechos humanos.

Más tarde en una carta dirigida al entonces presidente Fernando De la Rúa, propuso enfáticamente la necesidad de eliminar las libertades anticipadas, agravar las penas por delitos violentos y permitir que la suma de delitos se transforme en una suma de condenas.

No obstante, en su gestión, Carlos Ruckauf apeló a una fórmula que consistió en devolver a la policía bonaerense la facultad de “requisa” y de “interrogatorios” con los cuales cualquier comisión policial se encontraba habilitado para “revisar” bultos y vehículos; “recoger del ciudadano sospechado información que resulte de utilidad para la investigación”, pudiendo realizarse en comisarías, aún sabiendo que dichos testimonios no poseían validez jurídica.
Para ello se reformó el Código Procesal Penal.

Y claro, tuvo sus consecuencias, como seguidamente se podrá apreciar, pudiéndose afirmar y comprobar que en La Matanza, los asesinos vestidos de azul actuaron - actúan - impunemente, a la vista de todo el mundo y en la mayoría de los casos sin sufrir las consecuencias de tal accionar de brutalidad asesina policíaca.

Es menester agregar, que no sólo la nefasta influencia del ex gobernador de la provincia de Bs. As: Carlos Ruckauf, permitió esas sistemáticas ilegalidades en el proceder policial bonaerense, también se debe agregar que, por desidia institucional propiamente dicha; por una total falta de coraje y decisión política de los gobernantes de turno; sospecha cierta de bajas probabilidades que, en la educación a las fuerzas de seguridad, llámese Policía, Gendarmería o Fuerzas Armadas en su conjunto, se instruya al personal afectado en una convivencia democrática pluralista, con respeto a la Constitución Nacional, leyes nacionales o provinciales, al servicio y cuidado del ciudadano; arrastre de años de historia negra en desaparición de garantías fundamentales - apoyados en sucesivos golpes militares - con todo lo que ello implicó para un desarrollo de atraso y vergüenza, que fue sostenido bajo argumentos mentirosos, canallescos, criminales.

Hoy todavía, con creces se están pagando y otros sectores de empeñan en seguir viéndolo como un camino válido de acción para seguir siendo impunes.

Basta con recordar algunos de los casos sucedidos en La Matanza... o Tierra Azul, en el período que contemplamos:
  El 18 de enero de 1999, Juan Cabrera es asesinado por Juan Domingo Pavón; éste le dispara con su pistola 45, después de diversos encontronazos, tres disparos que le produjeron su muerte casi instantánea.
Sólo alcanzó a decirle a su hermano Anibal: “Cuidame a Manuelito”, en alusión a su hijo de dos años.
El asesino actualmente se encuentra muy bien “custodiado” y “protegido” por la policía bonaerense, la misma que se reunía en la parrilla de Pavón en busca de algún pollito o vino tinto.
Se cree que Pavón pertenece a la fuerza.
  El 14 de marzo de 1999, en Ruta Nac. 3 Km. 29 es “hallado” por un testigo “puesto”, Alfonso Cáceres Chamorro, quien junto a su bicicleta se encontraba tirado a la vera del camino.
Para la policía de comisaría IV había sido atropellado.
Nunca se localizó al enigmático autor del hecho; para la “gente de azul” el conductor del vehículo tuvo una puntería increíble a la hora de producir la muerte de Alfonso, con el paragolpes.
Lo atropelló de atrás, por la espalda, sin escoriación en la misma, le produjo estallido de hígado, estallido de diafragma, rotura de escroto y rotura de pelvis.
¡Puntería, el muchacho!
Además, su bicicleta resultó sin un solo rasguño.
Luego de una rápida autopsia, llena de irregularidades fue sepultado como NN en el cementerio de Villegas, San Justo.
Mientras tanto se le negaba a la familia cualquier indicio de su paradero a pesar de haberse hallado desde un primer momento sus documentos personales en un bolsillo del pantalón.
  El 23 de diciembre de 1999, a raíz de un robo en una panadería del barrio La Loma de Laferrere, Claudio Cardozo, de 19 años, es “cazado” por una patrulla policial, perteneciente a la comisaría IV.
A pesar de haber sido ajeno totalmente al delito con el que se lo quería “empapelar”, fue sistemáticamente torturado hasta que se hizo cargo del robo.
Luego fue liberado por falta de pruebas.
Quienes en principio lo acusaban, luego no lo reconocieron.
  El 23 de junio del 2001, Pablo D. Benítez, de 24 años, fue a la cancha a ver el partido Boca-Cruz Azul. Al no regresar a su domicilio la familia efectúa la denuncia en comisaría 20 de San Alberto.
También lo hacen en hospitales y comisarías de Capital y Provincia con resultados adversos.
Finalmente la comisaría 21 de San Carlos, se “descuelga” informando que en Ruta 3 había ocurrido un “accidente” (calcado del caso: Chamorro A.) y que se encontraba en el cementerio de Villegas, San Justo, enterrado como NN.
  El 1° de agosto del 2001, Sergio D. Díaz, de 31 años de edad, tuvo la mala suerte de olvidarse al salir las llaves de su casa.
Al regresar a la misma, dejó su bicicleta afuera y saltó el paredón de su propiedad.
Un patrullero de la comisaría V de González Catan lo observa.
Lo detienen sin ser escuchado, ingresa en perfecto estado de salud a la boca del lobo (léase comisaría) y luego sale de la misma “masticado” por los golpes recibidos en torturas, como hematomas, vasos sanguíneos rotos y fractura de cráneo.
Falleció el 6 de agosto, producto de los golpes recibidos, después de permanecer en estado de coma profundo.
  El 19 de diciembre del 2001, días de saqueo en diversos supermercados de la provincia, Damián Ramírez, de 14 años, quién se encontraba junto a su madre y cuatro hermanos, es asesinado de un balazo en el cuello en la esq. de Maciel y Crisianía, Laferrere, por Bernardo Jutlie (detenido) y Luis Mazzi (prófugo sin que nadie en la policía de la provincia pueda “encontrar”)
La familia sufrió amenazas, la primera semana de febrero de 2002 por un hombre y desde una camioneta con arma de fuego.
  El 08 de enero del 2002, Cristian E. Flores, de 17 años, quien temprano se dirigía a una pileta junto a 3 o 4 amigos en el barrio de Puerta de Hierro, es parado por una comisión policial que distribuía células en el lugar y al no obedecer las órdenes, que arma en mano, trató uno de los uniformados de imponer, en una clara exposición de odio racista, éste trata de humillar a Cristian.
Se traban en lucha despareja.
El policía dispara por torpeza propia, debido a la impericia que demostró en ese momento en el manejo de su arma y se lesiona una pierna, los compañeros al ver lo sucedido, uno de ellos rodilla en tierra, extrae también su arma y efectúa sobre Cristian dos disparos que lo hieren en cadera y pantorrilla con fractura expuesta.
Luego es arrastrado y cargado vivo a un móvil policial, según testigo “cual bolsa de papas” y llevado a la comisaría n° 20 en donde es rematado de un disparo en el estómago.
  El 03 de marzo del 2002, Gastón Matías Flores, conocido como “Tonchi”, mientras circulaba en un automóvil Fiat Uno junto a dos amigos, en el semáforo de la esquina de la Av. Crovara y Arieta son encañonados por un civil quién comenzó a disparar su arma de fuego al ver que los muchachos emprendían la fuga debido al temor de ser víctimas de un asalto.
Este civil era un policía que no se había identificado como tal, apodado "el turco" y de apellido Azamed.
Instantáneamente se le sumó en la balacera un móvil perteneciente al comando de patrullas de La Matanza.
Se detuvieron a unos metros, Gastón herido en la espalda, reclamando el injusto ataque.>br> Como respuesta obtuvo un disparo de Itaka efectuado a dos metros de distancia.>br> Luego recibió puntapiés en las costillas y pisotones en la cabeza, a pesar de estar herido de muerte.
Hubo varios testigos, además de los dos amigos de Gastón quienes habían sido reducidos y arrojados al piso.
Luego el SEIT (Servicio especial de Investigaciones) “colocó un arma de fuego en el asiento trasero del Fiat Uno. S e pudo observar claramente que ésta arma era traída y oculta en una carpeta que poseía uno de los de “azul.
También, “plantaron” vainas servidas.
El cuerpo fue derivado a una cochería y no a la morgue judicial Puente 12 como hubiera correspondido.
  El 20 de abril del 2002, Hernán Navarro, de 17 años, es detenido por un robo simple en la Comisaría del Menor, trasladado por el comisario de la seccional lindante de Ciudad Madero, es brutalmente torturado al no querer firmar la declaración.
Querían hacerlo culpable de un crimen que no había cometido.

Como se puede apreciar todo ésto forma parte de la "otra inseguridad, a la otra historia"y es sólo un simple muestreo del vergonzoso, humillante proceder de los integrantes de las filas de la policía de la provincia de Bs. As. Fueron consultados, , al Fiscal de Cámara del Poder Judicial Matanza: Alberto Cano y al titular de la Jefatura de la Departamental de policía de La Matanza: comisario Juan Carlos Pérez, los cuales dieron su “compromiso oficial” una vez expuestos diversos casos de maltratos, torturas físicas y sicológicas, suicidios aparentes producidos en sórdidas celdas, asesinatos manifiestos y comprobados, etc, de reunir a sus subalternos para poner fin a estas graves “irregularidades”, según sus palabras.

Nunca se obtuvo respuesta alguna sobre lo actuado.

Para estos funcionarios en el reino del revés, el color “azul” era visto inmaculadamente blanco, casi “transparente”.

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. . La derrota estratégica del pueblo argentino
. . La derrota y sus lecciones
. . Uturuncos: Murió el Comandante Faber
. . Lisandro De la Torre: Crónica de un suicidio patriótico
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Investigaciones Rodolfo Walsh