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Decreto 1581- Avatares de una ayudita para "los amigos".
Por José Luis Zamora
Publicado digitalmente: 3 de junio de 2005
A principio del mes de julio de 2003, se esperaba en esferas del Gobierno nacional que de un momento a otro, el juez español Baltasar Garzón repitiera como en el año 2000 el pedido de extradición reclamando la presencia en su país para el debido proceso de 48 represores argentinos responsables de la desaparición de 576 ciudadanos españoles en la Argentina durante la pasada dictadura militar. En virtud a ello, se anunciaba la posible derogación del decreto 1581 que fuera firmado por el gobierno de La Alianza, el 5 de diciembre de 2001, con la rúbrica del entonces presidente de la Nación, Fernando de La Rúa. Instrumentado, por el gobierno de La Alianza, con el claro objetivo de proveer “otra ayudita para los amigos castrenses”.

En dicho documento se descartaba de plano todo reclamo proveniente de tribunales extranjeros, en especial a los correspondientes de países como España, Alemania, Italia, Francia, Suecia o Israel, que reclamaban con insistencia poner fin a tanta impunidad e injusticia a los aberrantes crímenes de esa época; catalogados de lesa humanidad, por lo tanto, según diversos firmes e inapelables tratados internacionales, eran (son) considerados: imprescriptibles.

El canciller Rafael Bielsa y su equipo de asesores, dejaron entrever que se iba en camino, como un gesto de férrea decisión política, a la futura derogación del decreto 1581 buscando los caminos acordes al momento y precisos para que sea luego la Justicia la que decidiera.
La vigencia del mismo, cabe recordar, invocaba además de lo expuesto, el principio de territorialidad y soberanía, haciendo caso omiso a compromisos contraídos por los tratados de cooperación en el marco del encuentro de una justicia internacional más justa y ecuánime.
No obstante, no tardaron en aparecer y producirse roces entre Cancillería y Defensa, cuya titularidad, representada por el ministro José Pampuro, a quien a su vez el jefe de la Armada, vicealmirante Jorge Godoy, le habría expresado la incertidumbre en el seno de las FF.AA, que la noticia de la derogación del decreto en cierne, habría provocado.
Acto seguido, Pampuro, tomó distancia en la polémica suscitada y reveló entre sus colaboradores, según pudo saberse más tarde, que acataría la decisión de Cancillería, aludiendo no tener nada que ver a partir de ese momento.
Por su parte, Bielsa recogió el guante y declaró, tratando de calmar las aguas: “El tema genera tanto debate jurídico por lo incierto de la situación, que no se arregla únicamente derogando el decreto, eso sería profundamente irresponsable".

Por lo tanto, a criterio del canciller, como primer medida, debía hacerse un estudio exhaustivo de los tratados internacionales de extradición para así tomar una medida que no diera de bruces con ello y provocara malestares de nivel protocolar dado la inminente gira presidencial programada por algunos países europeos, entre ellos España y Francia.
Además, entendía como exagerado el hecho de que ante un pedido de extradición, la Justicia liberara un pedido de detención inmediata sobre los afectados, porque entre otras causales, los mismos estaban muy lejos de abandonar el país dado que sin una declaración en firme hasta el presente de la Corte Suprema de Justicia en cuanto la inconstitucionalidad o no de las leyes del perdón, Argentina les seguía otorgando privilegios que en otro país seguramente no obtendrían de ninguna manera. Hasta ahí, coherente.

Así, llegado el día 7 de julio, tras días de una especial tensión entre el poder político y los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, el presidente Néstor Kirchner, dejó deslizar algunos conceptos, en una cena de camadería con antiguos jefes en situación de retiro y la cúpula militar de las FF.AA, entre ellos su delfín, el nuevo jefe del Ejército, Roberto Fernando Bendini, intentando dejar vislumbrar una especie de reparo en el flamante gobierno en opiniones vertidas sobre las FF.AA. al afirmar que no existía animosidad en provocar un ataque que rompiera la armonía anhelada.

Expresó el presidente en su discurso: “La política de derechos humanos no tiene que ser interpretada como un ataque a las FF.AA".

Pero como se sabe, ignorantes del significado de esas dos simples palabras, derechos humanos, esos señores de apariencia atildada, viejos y nuevos uniformados, tras el discurso oficial no se cuadraron como se esperaba tras las filas de su máximo jefe, y se dejaba escuchar un tibio y desganado aplauso que muchos omitieron, provocando un vacío evidente.

Los diarios al día siguiente reflejaron la cena como “tensa, sin química" ¿Qué esperaban?

Inmediatamente, desde el Gobierno, comenzaron a acelerar los tiempos, ya que unas pocas horas separaban al presidente de una formal toma de decisión en cuanto a dar respuestas contundentes a organizaciones de derechos humanos que lo estaban esperando en España y Francia.

El primero, por las extradiciones que de manera inminente el juez español Baltasar Garzón reiteraría, el segundo país, por el pedido expreso que se realiza por el ex marino Astíz, juzgado en ausencia y condenado a cadena perpetua.

Las modificaciones serían instrumentadas bajo el siguiente mecanismo:

a) La derogación llana del decreto.

b) Una modificación a la ley de extradición con un decreto reglamentario cambiando en el texto la palabra “deberá” por un “podrá” que de tal manera los jueces ante un eventual pedido de extradición no se hubieran vistos obligados a producir detenciones inmediatas, tal como sostenía el canciller Bielsa.

Finalmente, el día 10 se anunció que en la secretaría Legal y Técnica se encontraba el decreto que daría por tierra con el decreto 1581, junto a la modificación a la ley 24767 de extradiciones, con la salvedad que Kirchner comenzaba su anhelada gira presidencial por Europa, dejando pendiente el tema para la vuelta.

Bendini en Tucumán, por su parte, reafirmaba que las FF.AA estaban subordinadas al poder político.
No se sabe si fue a instancias suyas o a pedido de quien había provocado su rápido ascenso, el presidente de la Nación y programaba un viaje a su entender arduo de trabajo, pero amparado bajo un manto de tranquilidad.

Ya una vez en Francia, más distendido y en su encuentro con el presidente Jacques Chirac, éste le expresó, entre otros temas, dos, muy importantes que volvieron a tensar y a crispar los nervios del visitante.
Uno, fue el referido a la inconstitucionalidad de las leyes del perdón y, en el otro, le expresó tajantemente que para la sociedad francesa, lo del represor Astiz era un caso muy irritativo. Se acabó la tranquilidad planeada.

El 18 de julio, sin pérdida de tiempo, el general de brigada Roberto Bendini vuelve a la carga sobre sus congéneres y pone en conocimiento a éstos, generales y coroneles, en el Edificio Libertador, sobre la inminente derogación del decreto 1581 y que tenía el poder de aterrorizar por primera vez las filas castrenses.

Seguramente para ellos dicho decreto se transformaba en poco menos que en un texto subversivo, para emplear su acostumbrado giro idiomático.
También se refirió a la intencionalidad del gobierno de impulsar que la Corte Suprema de Justicia determine, en lo posible a corto plazo, la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.
Para rematar, Bendini, se hizo odiar un poquito más y también se explayó en cuanto a la sanción que les tocaría a los oficiales retirados que eran firmantes de una solicitada dirigida al presidente de la Nación, en la cual le expresaban densos reclamos, advirtiendo que “por ideología, revanchismo y la presión de algunos argentinos residentes en el exterior, el gobierno nacional podría llegar a posibilitar que un gobierno extranjero avasallara la soberanía del Estado, la Constitución, las leyes y los derechos de los argentinos que juró defender".
Algunas de éstas firmas correspondían a los contralmirantes retirados, Horacio Mayorga, Héctor Albino Martín, Miguel Troitiño, el coronel retirado Norberto Couto, quien fuera ex ministro de Defensa, en 1981, del otro presidente de facto en la dictadura, teniente general Roberto Eduardo Viola.

No obstante y ya debidamente informado, lejos de dejarse presionar y a tan sólo cuatro horas de su llegada al país, Kirchner derogó el decreto de la polémica, los desencuentros y los desvelos.
Polémica para el ámbito privado, desencuentros y desvelos para las filas castrenses.
De manera que se estableció, finalmente, disponer que las solicitudes de extradición debían encuadrarse en el marco de la ley 24767 de cooperación internacional en materia penal y de extradición, facultando al Poder Ejecutivo a intervenir en todos los pedidos de esa índole que llegaran en el futuro al país.
Cancillería por su parte es la que resolvería si es procedente o no la solicitud, para luego girarla al juez pertinente.
La Justicia analizaría caso por caso.
El primer paso del juez actuante era realizar una audiencia de identificación y conocimiento donde los detenidos fueran informados de su situación judicial.
En el caso que el reclamo estuviera dirigido hacia algún represor que se encontraba detenido por otra causa, el juez debía ponerlo a disposición de ambos jueces, en forma conjunta.
También debía mantener los arrestos preventivos por un máximo de 40 días. Si en ese plazo no llegaba el pedido formal de extradición, los detenidos,a pesar de los múltiples avatares, lamentablemente, debían ser liberados.

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