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Convocatotia: No al CIADI

La Asociación de Abogados de Buenos Aires convoca junto a numerosas asociaciones gremiales, sindicales, sociales y culturales, además de legisladores de distintos bloques parlamentarios, a aunar esfuerzos para la defensa de la soberanía nacional en contra del sometimiento de la República Argentina a tribunales judiciales y arbitrales extranjeros en materias atinentes a la política económica nacional. Son nulas por inconstitucionales las normas que legitiman el accionar de esos tribunales extranjeros cuyo ejemplo más relevante y reciente es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI). En este sentido la CONVOCATORIA NO AL CIADI realizará un acto público el 24 de mayo del 2005 a las 14 hs. en el Hotel B.A.U.E.N. sito en Avda. Callao 360 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se impulsará un proyecto de ley declarando la nulidad de las cláusulas mencionadas y de los procesos arbitrales sustanciados en su consecuencia. La soberanía nacional como presupuesto indispensable para la efectiva vigencia de los Derechos Humanos, es irrenunciable y no negociable.

Adhieren a la Convocatoria:
APDH, Asociación Americana de Juristas -Rama Argentina-, Asociación Empleados Judiciales del Chaco, Asociación Empleados Judiciales de Entre Ríos, Asociación Justicia Democrática, Asociación Usuarios y Consumidores Avellaneda, Area Queer LPP/UBA, Attac Argentina, Cade cámara de emprendedores; CELS, CLACSO, Confederación General Económica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comité de Movilización Santa Fé del Foro Social, Corriente social (capital federal); Diálogo 2000, Diputados M. Cafiero, H. Macaluse, L. Monteagudo, L. Zamora, Lucrecia Monteagudo, EMPRESAS RECUPERADAS BAUEN, TALLERES CHILAVERT, ESCOMBROS -Arte de lo que queda-, Federación Judicial Argentina, FISYP, FOCO/INDAPE, Frente Transversal Nacional y Popular, FUTA TRAW Gran Parlamento Indígena, Hans Dietrich, Hna. Martha Pelloni, IBAPE, INADI, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos,
Intercamaras,
Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sres. Héctor Bidonde, Sergio Molina y M. Wolman,
Liga Argentina por los Derechos del Hombre,
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,
Agrupación Martín Fierro,
Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados,
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos,
Movimiento para la Victoria del Pueblo,
Movimiento Sanmartiniano de Córdoba, MTD resistir y Vencer,
Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut,
Sindicato de Trabajadores Judiciales del Neuquén,
Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro,
Unión de Empleados del Poder Judicial de la Nación,
Comité de Movilización Santa Fe del Foro Social.

Buenos Aires, 19 de mayo de 2005

Declaración conjunta de las organizaciones participantes en la Convocatoria por la Soberanía Nacional - NO AL CIADI 26 de abril de 2005

El gobierno argentino, en la década del 90, autorizó a través de la ley 24.353 y 56 tratados internacionales que las diferencias entre las empresas contratistas extranjeras y la Nación Argentina se resuelvan fuera del país por tribunales del Banco Mundial -Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI- es decir por sus propios funcionarios simulando investidura de jueces arbitrales. Esto es la antesala del ALCA.

Los abajo firmantes, comprometidos con la defensa de los intereses nacionales, ponemos de manifiesto la supremacía del Estado Social y Democrático de Derecho por sobre estrategias economicistas que violentan el mandato constitucional de legislar en pos del desarrollo económico con justicia social y atender las acciones positivas para lograr la igualdad real de oportunidades de los ciudadanos.

En ese orden de cosas afirmamos la jurisdicción nacional para resolver los casos presentados contra la Argentina ante ante cualquier tribunal arbitral o judicial extranjero en el marco de tratados de aparente inversión reciproca.

La encendida defensa de los intereses de las empresas multinacionales contra el estado argentino encubierta bajo el discurso de la seguridad jurídica ha sido esgrimido por funcionarios de la ultima dictadura militar en nuestro país y por los personeros y beneficiarios del modelo de privatización, extranjerizacion y exclusión social.

Frente a esa posición que repugna la conciencia nacional, defendemos la voluntad popular de construir un camino autónomo de justicia social que implica generación de empleo y recursos genuinos con redistribución de la riqueza y los ingresos a favor de los sectores mas perjudicados y desposeídos de nuestro país.

Buenos Aires, 26 de abril de 2005.

Se repiten las firmas arriba mencionadas.

respuestas a: liberacion@argentina.com
Muchas gracias.

PROYECTO DE LEY DECLARATIVA DE LA NULIDAD DE LAS CLAUSULAS DE PRORROGA DE JURISDICCION CONTENIDAS EN LOS TRATADOS DE PROTECCION DE INVERSIONES RECIPROCAS Y EN OTRAS NORMAS DELEGANTES DE LA JURISDICCION EN FAVOR DE TRIBUNALES ARBITRALES O JUDICIALES AJENOS A LA JURISDICCIÓN FEDERAL ARGENTINA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que constituye una noción jurídica básica y recibida del derecho que en cuestiones de derecho público en las que se encuentre comprometido el orden público y el Estado sea parte, los procesos arbitrales no son válidos y la jurisdicción judicial reviste el carácter de plena e irrenunciable por constituir un atributo de la soberanía nacional. Para el caso, la jurisdicción judicial federal argentina.

Que así lo consagró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su histórica sentencia "Compte y Cía. C/Ibarra y Cía" (Fallos 176:218) al hacer suya la jurisprudencia de la Corte de Casación Italiana en cuanto ésta decidió que "las Cláusulas de contrato que anulan la competencia de los tribunales (propios) son nulas como contrarias al orden público de que participa la organización de la jurisdicción y como contrarias a la soberanía del Estado a quien esas cláusulas deniegan uno de sus atributos esenciales".

Que la prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales arbitrales del CIADI, dependiente del Banco Mundial, como asimismo de otros tribunales extranjeros (arbitrales o judiciales) en materias atinentes al poder monetario, poder tributario, poder expropiatorio, poder de policía económica, regulatorio de los servicios públicos y de endeudamiento del Estado -operaciones de crédito público- y, en general, todas aquellas que comprometen la política económica del Estado, resulta inconstitucional por infringir lo dispuesto por los artículos 27, 31 y 116 de la Constitución Nacional. En consecuencia, dichos tribunales carecen de legitimidad por lo que los procesos ante ellos sustanciados así como los laudos y sentencias dictados por los mismos, son nulos de nulidad insanable en tanto basados en normas contrarias a la Carta Magna de los Argentinos. Todo esto, con abstracción del resultado mismo del laudo ya que, dicho resultado, aunque nos fuera favorable sería "el fruto del árbol venenoso", esto es el generado por una inconstitucional cesión de facultades propias e indelegables del Estado Nacional.

Que el gobierno nacional, al remitir el instrumento de ratificación del Pacto de San José de Costa Rica en materia de Derechos Humanos formuló reserva a su artículo 21 preservando la jurisdicción nacional en todas aquellas materias en las que estuviese involucrada la política económica del Estado. La reforma constitucional de 1994 le adjudicó jerarquía constitucional a dicho Pacto en las condiciones de su vigencia.

Que, no obstante lo expuesto en los considerandos precedentes, el gobierno argentino, en la década del 90, autorizó a través de la ley 24.353 y tratados internacionales nominados como de protección recíproca de inversiones que las diferencias entre las empresas contratistas extranjeras y la Nación Argentina se resuelvan fuera del país por tribunales arbitrales como es el caso del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, es decir por sus propios funcionarios, simulando investidura de jueces arbitrales. Esto no es sino la antesala del ALCA.

Que similares prórrogas de jurisdicción fueron estipuladas en materia de empréstitos públicos y otras operaciones de crédito público.

Que dichas cesiones de soberanía nacional se sustentan en estrategias economicistas que se exhiben en pugna con el Estado Social y Democrático de Derecho en tanto violentan el mandato constitucional de promover el bienestar general (concepto antitético con el de malestar general), el desarrollo económico autónomo con justicia social y atender las acciones positivas para lograr la igualdad real de oportunidades de los habitantes del suelo argentino según lo ordena el Preámbulo y los artículos 14 bis y 75, incisos 8 -con reenvío al 2, 3er. párrafo-, 18, 19, 22 y 23 CN., sólo efectivizables con redistribución de la riqueza y de los ingresos -públicos y privados- en favor de los sectores más perjudicados y desposeídos de nuestro país.

Que lo expuesto en precedencia es también aplicable, tratándose de cuestiones de derecho y orden público, a la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales arbitrales nacionales en la medida en que, tratándose de cuestiones no disponibles, la jurisdicción federal establecida por la Constitución nacional 1853/60 en su artículo 110 (actual 116) resulta irrenunciable e insusceptible de transacción o compromiso arbitral.

Que la entrega de la soberanía nacional (de la que la jurisdicción es un atributo inherente) es propia de los infames traidores a la Patria, conforme lo sanciona categóricamente el artículo 29 CN al afirmar que "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de Provincia, facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna". Tales actos, como lo prescribe dicha cláusula constitucional, son nulos de nulidad absoluta e insanable. En tales condiciones el actual Congreso de la Nación cumple, con la presente ley, su deber inalienable e imprescriptible de declarar la nulidad de los actos viciados con dicha tacha infamante.

Que a los efectos de otorgar estabilidad y seguridad jurídica a las partes involucradas en las relaciones actualmente controvertidas en tribunales ajenos a la jurisdicción federal de la República Argentina se considera oportuno fijar un plazo de caducidad para el ejercicio de los derechos y acciones susceptibles de ser entablados, en dicha sede, contra la Nación Argentina.

Por ello, el Congreso de la Nación sanciona con fuerza de ley:

ARTICULO 1°: Declarar la nulidad de las cláusulas de prórroga de jurisdicción contenidas en los tratados de protección de inversiones recíprocas y en cualquier otra norma legal o convencional delegante de la jurisdicción de los tribunales federales argentinos en favor de tribunales arbitrales o judiciales de jurisdicción nacional o extranjera en todas aquellas materias de derecho y orden público nacional.

ARTICULO 2°: La declaración de nulidad del artículo 1° importa la consecuente nulidad de los procesos arbitrales y judiciales radicados ante los referidos tribunales -cualquiera sea el estado en que se encuentren- y, en su caso, de sus laudos o sentencias, sean ellos favorables o desfavorables al Estado argentino.

ARTICULO 3°: Los demandantes que articularon los procesos a los que se refiere el artículo 2° deberán promover las respectivas acciones ante los tribunales de primera instancia del Poder Judicial de la Nación dentro del plazo de 90 (noventa) días hábiles judiciales a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTICULO 4°: El plazo al que se refiere el artículo 3° reviste el carácter de perentorio caducando automáticamente a su término los derechos y acciones que no hubieren sido articulados dentro del mismo.

ARTICULO 5°: De forma.

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