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HERRAMIENTAS

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En misiones
Los ignorados cortan rutas
Campesinos ocupantes de latifundios del norte de Misiones están hace 15 días cortando rutas en reclamo por sus tierras.
Por Walter Griguoli
Publicado digitalmente: 29 de julio de 2004
El 17 de Julio la Nación toda asistía a una expresión de protesta, protagonizada por diversos sectores, a las puertas de la Legislatura Porteña a través de imágenes aparentemente destinadas a desestabilizar al gobierno y a profundizar la brecha entre "incluídos" y "excluídos".
Sorprendentemente similar protesta (y mas numerosa) realizada el pasado 21 de julio frente a la Legislatura Provincial de Misiones -en Posadas- no mereció la misma cobertura por parte de los medios. Las dos argentinas.
Comentario IRW

(Misiones) Un numeroso grupo de campesinos de los departamentos de San Pedro y San Vicente, ocupantes de 4 asentamientos (Pozo Azul, Intercontinental, Agroforestal y Santa Rita) luego de llevar adelante reclamos por muchos años, cansados de que los engañen, se encuentran realizando su reclamo, cortando la intersección de las rutas 20 y 17, rutas por las que circula el intercambio con Brasil (a 50 km de Bernardo de Irigoyen).

Son parajes que se fueron ocupando desde hace decenas de años, donde viven los abuelos, los hijos y los nietos de más de 1.300 familias (7.000 personas). Las grandes empresas realizaron una explotación total de la selva misionera, dejando sólo restos del antiguo esplendor, pero todo ello sin ningún control y con prácticas destructoras y en algunos casos, los menos, han realizando grandes forestaciones subsidiadas por el Estado donde han descuidado todas las normas ambientales.

Lentamente, en los últimos 20 años, esas tierras fueron puestas en producción en pequeños lotes por las familias que trabajaban en los obrajes, por hijos de agricultores de otras zonas de la provincia “buscando un lugar donde cultivar para dar de comer a nuestros hijos ante la crisis de trabajo en aserraderos y en las ciudades” expresa una campesina.

Ya llevan 4 años de negociaciones con los propietarios y los sucesivos gobiernos provinciales que van dilatando y agravando el problema. Los dos más grandes latifundios tienen entre 30 y 40 mil hectáreas cada uno, y casi no queda madera en ellos porque durante decenas de años fueron explotados por contratistas (los titulares son absentistas) y no recibieron ninguna inversión.

En los últimos 3 años, en vista de la valoración de las tierras y la madera (nativa o forestada) por la devaluación “se acordaron que tienen un título de tierra en Misiones y ahora quieren vendernos por oro la tierra”, expresó uno de los ocupantes más antiguos -tiene 49 años y nació en la tierra que ocupa-.

Las maniobras de Rovira
El gobierno de Rovira abrió supuestas mesas de negociación, firmó un acta acuerdo de solucionar el problema con intervención del Estado provincial y proveyó los fondos para la realización de un relevamiento y determinación de la superficie ocupada (terminado por la Universidad Nacional de Misiones a fin del 2003) de donde resulta que alcanzan a 1.300 las familias censadas y la ocupación llega a más de 30 mil hectáreas. A partir de allí y pasadas las elecciones del 2003 entró en una política dilatoria y en beneficio de las empresas. El Estado fue “arreglando” las deudas de impuestos de las empresas y lo mismo hicieron los municipios. Lo más grave fue que permitió que uno de los más grandes latifundios (mayor a 30.000 hectáreas) fuera subastado por el Banco Nación en el 2003 por deudas de sus titulares, cerrando así un camino de solución. Por si fuera poco, se ha dictado una ley provincial por la cual sólo el Estado puede reclamar deudas hasta 5 años atrás. Así fueron beneficiados varios de esos grandes propietarios en millones de pesos.

En estos años los ocupantes varias veces realizaron medidas de fuerza y así fueron defendiendo su tierra en un lento proceso de organización. Ahora su situación se ha puesto al límite, puesto que los titulares registrales de los latifundios (por medio de sus apoderados) impulsan con el apoyo del gobierno la firma de contratos individuales con los ocupantes con cláusulas leoninas del pago de la tierra y prohíben la inscripción que realizan las empresas tabacaleras para la plantación del presente año a quienes no firmen. Una empresa comenzó la venta de lotes en el pueblo cercano, ignorando a los ocupantes y generando un mayor conflicto. Han puesto barreras en rutas provinciales y caminos vecinales para impedir la circulación y en algunos casos se han producido casos de destrucción de galpones de tabaco, apañados por las fuerzas de seguridad (Gendarmería o policía provincial). Dos empresas han iniciado juicios de desalojo.

Los campesinos organizados en una coordinadora de organizaciones reclaman una negociación global, donde se fije el precio de la tierra y la forma de pago a largo plazo, con intervención directa del gobierno (según actas firmadas). En los últimos meses las propuestas fueron realizadas en diversas oportunidades, en más de 5 encuentros con el gobierno provincial. Este fue dilatando la negociación y apoyando a los propietarios para la firma de contratos individuales, dando pie a las denuncias por usurpación y apertura de juicios de desalojo.

Estalla la bronca
Todo esto hasta que los campesinos dijeron ¡basta!: Primero surgió un corte de 4 días en la Ruta Nacional 14 a la altura de San Vicente (220 km de Posadas), que fue desalojado por orden judicial. Ahora, van más de 15 días de corte en Pozo Azul donde se concentraron todas las organizaciones y mantienen su firmeza. Estalló la bronca cuando se vencía el plazo para plantar tabaco y las compañías tabacaleras en connivencia con los latifundios exigen la firma del convenio de compra para entregar los insumos. Clara forma de extorsión y prepotencia.

Entre 300 y 400 campesinos mantienen con firmeza su corte y han endurecido la medida el jueves 22 de julio con un corte total que duró toda la noche. El 21 de julio los campesinos concurrieron a la Legislatura provincial exigiendo una ley de expropiación y la solución definitiva del conflicto. Finalmente el gobierno, que primero acusó a las ONGs de ser los culpables de las medidas de lucha por “incitar a la gente” (palabras del vicegobernador ante el apoyo de la Pastoral Social de Iguazú y otras entidades a los campesinos), llamó a abrir nuevamente el diálogo ante la presión del corte.

Se está ante un impase hasta el 27/7 con la promesa de destrabar el problema del tabaco por parte de las empresas y recomenzar el diálogo. Las entidades de campesinos solo levantan su medida de fuerza durante el fin de semana y vuelven a la ruta el lunes 26, para seguir luchando.

Se está discutiendo la posibilidad de marchar hacia Posadas y continuar allí la lucha como hicieron los productores yerbateros durante el 2002. Se prepara en ese caso la solidaridad de otros gremios y organizaciones sociales, estudiantiles, y populares.

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