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Prisión y tortura en la Argentina
Por José Luis Zamora
Publicado digitalmente: 24 de noviembre de 2005
Las condiciones infrahumanas en que se encuentran las personas detenidas en las principales prisiones argentinas; el alojamiento y comida recibidos; atención médica; trato a las visitas; el “negocio” de las autoridades carcelarias; condiciones en que se encuentran sus instalaciones; el accionar de la justicia; la lucha y denuncia cotidiana de los derechos humanos; la sistemática nulidad, justamente, de esos mismos derechos fundamentales de las personas confinadas reclamados en consecuencia. Otras cárceles de países en dónde la política de Estado se equipara a la nuestra; la manifiesta incapacidad resocializadora que supo demostrar desde siempre el servicio penitenciario en la Argentina, etc. son algunos puntos que se abordarán en esta investigación. Además, los castigos corporales, como las torturas físicas o psíquicas que no pueden ni deben ser dejados de lado, dado que estas prácticas aberrantes son habituales en todas las cárceles del mundo, tanto en países con regímenes autoritarios o democráticos. La palabra “humanitarismo” no tuvo lugar y aún hoy, todavía “simulada”, aunque no desconocida, simplemente, a todas luces es ignorada.

"Nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. En un instante, con intuición casi profética, se nos ha revelado la realidad: hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegarse. Una condición humana más miserable no existe, y no puede imaginarse"

Primo Levi

Falta de “humanidad”- el comienzo de todo.

En el Imperio Romano se enfrentaron dos grupos cristianos cismáticos, corría el año 1100.

Los valdenses, predicaban la Biblia, aunque no eran precisamente clérigos. Su radio de acción la desarrollaban por el sur de Francia y el norte de Italia; el papa Lucio III, los excomulgó.

Los cátaros, hostiles a la Iglesia, a la que consideraban “maligna”, eran, por consiguiente, un grupo más radical que el de los valdenses, y creían ser los verdaderos religiosos.
Éstos, asesinaron a un representante papal.
Ambos grupos fueron perseguidos, torturados, encarcelados y ejecutados por orden expresa del papa Inocencio III, quién consideraba la herejía como una traición a Dios.
El Papa torturador, sostuvo que el propósito de la Iglesia era:
«Divulgar la salvación, y un hereje muerto sólo puede ir al infierno.»

Gregorio IX, instauró en 1231 un plan para volver toda la fuerza legal en contra de los herejes.
Mediante el envío de los inquisidores a las campiñas alemanas y francesas con el claro objetivo de que aquellos herejes que se rehusaran a practicar sus creencias fueran quemados en hogueras.

Antes de 1252, la Iglesia, prohibía a los inquisidores la aplicación de tormentos o torturas.
Posteriormente cuando los cátaros asesinaron a un inquisidor, el papa Inocencio IV, autorizó la tortura como un medio legítimo para detectar mentiras, “arrancarles” alguna confesión.
Existían diversas fases de proceso inquisitorial tales como el período de gracia, el edicto de fe y el enjuiciamiento.
El sistema acusatorio inquisitorial era un mecanismo en el que «la demostración escrita necesita de un correlato oral; en el que las técnicas de prueba administrada por los magistrados van mezcladas con los procedimientos de las torturas por las cuales se desafiaba al acusado a mentir; en el que se le pide, de ser necesario por la más violenta de las coacciones, que desempeñe en el procedimiento el papel de colaborador voluntario; en el que se trataba, en suma, de hacer producir la verdad por un mecanismo de dos elementos, el de la investigación llevada secretamente por la autoridad judicial y el del acto realizado ritualmente por el acusado».

En el siglo XIV se acentuó la incidencia del ala política y del Estado en la cruzada antiherética a través de las figuras del rey francés Felipe El Hermoso y del español Fernando de Aragón.

Los judíos en España son obligados a abandonar la península, volvieron a ser perseguidos acusados de practicar la judaización en secreto, pasaron a la categoría de sospechosos, sólo tenían como opción o método de salvación, convertirse al cristianismo.

En 1757, por ejemplo, los condenados en Francia por parricidio - en este caso en contra del rey, a quien se equiparaba a la figura de un padre - públicamente, eran, primeramente, torturados sobre un cadalso por el verdugo de turno, para «a continuación, ser su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento».

Hoy en las cárceles de Estados Unidos en Guantánamo (Cuba) o en Abu Ghraib (Irak) el enemigo principal es el islamismo; presentado ante el mundo como sinónimo de terrorismo global por el único país imperialista. Cárceles que son una acabada muestra de hasta dónde puede llegar a situarse en el alma de los seres humanos la indignidad infame del verdugo opresor hacia un semejante.
Las técnicas de torturas empleadas en dichos lugares no se diferencian demasiado de las descriptas anteriormente, solo que ahora son efectuadas con elementos más refinados.

Para este año, 2005, se espera un nuevo acuerdo internacional, llamado: «Protocolo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes».
Los Estados que lo acepten se comprometen a permitir que una institución nacional o internacional tengan acceso a todos sus lugares de detención.

En Argentina, el sistema penitenciario se encuentra colapsado.
El aludido protocolo pronostica tener alcance subnacional, como podría suceder en el caso de las unidades constituyentes de los Estados federales, como es de hecho en las provincias argentinas.
Mecanismos con garantía de independencia funcional serán indispensables para que la sociedad civil tenga protagonismo en el control, como sería el acceso de las ONG’s y Asociaciones de Familiares a los lugares de detención, en demostración de una contribución indispensable y categórica para impulsar, de una vez por todas, la humanización de las instituciones carcelarias.

La colonización o «estúpida educación española».

Los primeros antecedentes sobre la existencia de una cárcel en territorio argentino, se ubican tras la Segunda Fundación de la ciudad de Santa María de los Buenos Aires; estos datos se corresponden a actas del Cabildo.

La colonización española iba construyendo otras cárceles similares en los cabildos de cada ciudad que fundaba.
Sus cuidadores, además de cumplir funciones de portería en los cabildos, con el título de Alguacil tenían a su cargo la vigilancia de los detenidos; pero quienes supervisaban y ejercían el poder de policía eran los alcaides. Éste no se ocupaba de proveer a los detenidos alimentos o ropas; comían gracias a la práctica de la mendicidad, ejercida desde las mismas puertas de las cárceles, apadrinados por sus cuidadores.

Todas las cárceles se caracterizaban por poseer instrumentos como grillos, cepos o el temible “potro”: instrumento de tortura en el cual se colocaba al preso desnudo, atado por sus miembros inferiores y superiores, estirándolo hasta que éste confesara.
Los castigos corporales a detenidos y «gratificaciones» especiales a la Policía, ya en 1819, se correspondían a una práctica institucionalizada, como en la actualidad.
Dice una solicitud elevada al gobierno de la provincia, el 16 de marzo, por el intendente general de policía, coronel mayor Eustaquio Díaz Velez: «Considerando que el castigo de Azotes es el único que puede refrenar a unos hombres acostumbrados a obrar con despecho, se ha de servir V.E. facultarme para hacerlo aplicar en lo sucesivo, en el concepto de que no pasarán éstos del número de cincuenta.
Y para capturar a los más escurridizos, más adelante sugería que se entregara una “corta gratificación” a los aprehensores, pagadera de los fondos de la Policía».
El director general aprobó la medida al día siguiente.

Desde el virreinato y hasta la caída de Rosas la idea de cárcel en nuestro territorio se había originado en el medioevo español.
También esto se encuentra certificado en un oficio enviado al Cabildo mendocino, por quien ejerciera la gobernación de Cuyo, entre 1814 y 1816, el general San Martín - documento original expuesto en el Museo Mitre de Capital Federal -que reza lo siguiente:

«Me ha conmovido la noticia q.e acavo de oir, de que a los infelices encarcelados no se les suministra si no una comida cada veinte quatro horas. La transmito a VS. Sin embargo del feriado, paraq.e penetrado de iguales sentimientos propios de su conmiseración, se sirva disponer seles proporcione sena aoras q.e no altere el regimen de la Carcel. Aquel escaso alimento no puede conservar aunos hombres, que no dejan de serlo, por considerarlos delingüentes. Muchos de ellos sufren un arresto precautorio solo en clases de reos presumptos. Las Carceles no son un castigo sino el deposito q.e asegura al que deva recivirlo. I yaque las nuestras por la estupida educación española estan muy lejos de equiparase ala policía armirable que brilla en la delos Países cultos; hagamos lo posible por llegar a imitarles. Conosca el Mundo, q.e el genio Americano adjura con orror las crueles abitudes de sus antiguos opresores; y q.e el nuevo aire de libertad que empieza arespirarse, entiende su vanigno influjo atodas las clases del Estado. Dios gua.e a VS m.s a.s Mendoza Marzo 25 de 1816. José de Sn. Martín.» (sic)

En Londres, en 1825, el penitenciarista John Howard plasmaba una síntesis de su pensamiento en un folleto editado por una entidad filantrópica, éstos claramente influenciados lo darían a conocer «para los nuevos países hispanoamericanos».

En Argentina, el gobierno de Urquiza toma nota de ello - aunque no aportó decididamente al mejoramiento de la situación carcelaria - dado que apareció por primera vez en Argentina en el capítulo inicial del Primer Reglamento para las Cárceles, titulado: Régimen interior que deberá observarse con los presos.

En el capítulo primero, se evidenciaba la postura Howard: «Los presos se distribuirán de modo que en cuanto sea posible, ocupen calabozos diferentes».

Con ello se comenzó a paliar una consecuencia que desde su creación cargaban las prisiones virreinales, el hacinamiento en los calabozos de hombres, mujeres y niños, todos bajo un mismo techo en el que un descontrol sin igual provocaba el contacto de transgresores de edictos policiales, ladrones o estafadores experimentados o algún criminal pertinaz.
Sólo en ello puede decirse que dicho reglamento contribuyó con algún aporte.
No dejaban de ser medidas sólo del momento, paliativas.
Pero once años más tarde, un hombre público de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, ve aprobado su código penal.
En él había establecido la pena de muerte, como asimismo sobre presidio, penitenciaría, confinamiento, prisión y arresto.

El artículo 7° fue definido por Tejedor de la siguiente manera: «Los sentenciados a presidio trabajarán públicamente en beneficio del Estado, llevarán una cadena al pié, pendiente de la cintura o asida a la de otro penado, serán empleados en trabajos exteriores, duros y penosos, como construcciones de canales, obras de fortificación, caminos y no recibirán auxilio alguno de fuera del establecimiento».

Este artículo, como se puede apreciar, correspondía a quienes cumplían su condena en presidio, ya que por el contrario, quienes debían hacerlo en penitenciaría dicha pena no dejaba de lado la corrección del condenado. En teoría, dejando serias dudas en la práctica, este último se encontraba compelido a cumplir con un trabajo que lo readaptara en beneficio propio y no del Estado.

Sectores reaccionarios de la sociedad de entonces pensaban que la regeneración de los condenados eran ensayos infructuosos e innecesarios, que se correspondían más que a una posible realidad, a cierta magnánima utopía.

Confinamiento, prisión y arresto eran penas menores que las detalladas.
Ello se encontró reflejado en el tratamiento impuesto en el arresto y cárcel femenino.

A fines del siglo XIX, en 1890, el castigo mujeril es tomado en gran medida con la intervención de la Iglesia, que transcurre por canales diferentes al de los hombres.
«La generación dirigente conocida por su laicismo y credo cientificista entrega a la Iglesia internas para ser alojadas en una cárcel que hoy es el Museo Penitenciario de San Telmo, administradas por las Hermanas del Buen Pastor.
Se trataba de una especie de depósito de niñas huérfanas, una institución híbrida, mezcla de asilo con cárcel
».
Dado que al constituir menos de un 10 por ciento la población carcelaria femenina, era considerado un problema menor, por lo tanto, la situación se extendería hasta el año 1970.

Penitenciaría Nacional.

Lo cierto es que el 28 de mayo de 1877, se inauguró en la calle Las Heras al 3400 la Penitenciaría de Buenos Aires, pertenecía a la provincia de Buenos Aires, ya que la Capital aun no se había federalizado.
Tres años más tarde, con la asistencia del presidente Domingo Faustino Sarmiento, pasó a denominarse Penitenciaría Nacional.

Fue inaugurada con el alojamiento de 710 presos provenientes de la cárcel del Cabildo.
Es curioso como cuando corría el año 1896, tan sólo 19 años más tarde, en una nota elevada al ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Bermejo, el entonces director de la Penitenciaría Nacional, Juan Boerr, esgrime las deficiencias del lugar que dirigía.
Claro que más que nada puntualiza su queja sobre los presos correccionales a quienes los cataloga de «el más indisciplinado, el más sucio y el más inmoral», esto último en clara alusión a la práctica de la homosexualidad en el lugar.
Pero nada dice sobre el fracaso que comenzaba a dislumbrarse en los hechos, dado que «arriba del 70 u 80 por ciento de los internos eran procesados y, por eso, no podían ser obligados a trabajar».
Por otra parte, «como todas las cárceles, nació hacinada y hacinado de sujetos que no eran los que habían sido pensados para el proyecto. Había pocos condenados, muchos menores, gente durmiendo en los sótanos. Y esto dura varias décadas».

Del informe Boerr, se desprende la manera que - a juzgar por los conceptos vertidos - éste trataba a los presidiarios, seguramente con desprecio visceral. De lo cual se desprende que no se puede esperar de su proceder como máxima autoridad en la prisión, obviamente, nada bueno.
Dice Boerr: (...) «El más indisciplinado, porque siendo su permanencia relativamente corta por la razón de la causa de su prisión, nunca permanece el tiempo suficiente para inculcarle hábitos de orden y porque no exigiendo la naturaleza de sus delitos la obligación de trabajar, permanecen inactivos en la prisión, siguiendo complacidos sus hábitos de holgazanería, haciendo vida en común entregados a juegos que la más estricta vigilancia es impotente para evitar, sin preocuparse por las necesidades de la vida, desde que gozan de un bienestar relativo, muy superior al que disfrutaban al aire libre, donde no teniendo hábitos de trabajo no siempre tienen cómo resolver el problema de la alimentación y del albergue, mientras que en la Penitenciaría disfrutan de alojamiento, cama, alimentación sana y abundante, asistencia médica y medicamentos, sin necesidad de cumplir la ley natural y universal del trabajo.
El más sucio porque generalmente ingresa al establecimiento en un estado tal de miseria, que la administración se ve obligada a tomar medidas de higiene antes de darles alojamiento en el pabellón, empezando por hacerlos depilar, bañar, cambiar de ropas que son remitidas al lavadero para ser sometidas a altas temperaturas a fin de matar las plagas de que vienen llenas y generalmente también dar intervención al médico del establecimiento, porque la mayor parte llegan herpíticos, sifilíticos, más para ser alojados en un hospital que en una penitenciaría
». (...)

Sobre el final del informe Boerr hace referencia a la situación de los menores, diciendo: «Ningún menor debe alojarse aquí con arreglo de las leyes y a las exigencias de la equidad, de la razón y de la moral. Sin embargo, aquí llegan los menores a disposición de los defensores, remitidos en reclusión por carecer de familia, de tutores o defensores que quieran encargarse de ellos. Estos que son los más, son generalmente recogidos de la vía pública, en donde viven, sin domicilio ninguno, en la vagancia, de la caridad para prestar servicios de vigilancia (campanas) y de complicidad, o son ellos mismos los que se ejercitan en el robo. Raros son los que ingresan en un estado siquiera relativo de inocencia o imperversión, casi siempre entran en el estado de miseria que hemos descrito para los presos correccionales, y después de haber pasado por el depósito de policía en donde han concluido por pervertirse y han sufrido violaciones infames, que hemos podido constatar por el informe médico de esta dirección que ha dado lugar a medidas tendientes a suprimir semejantes abominaciones».

Se podría decir que, para Boerr los condenados a permanecer en prisión en esa penitenciaría llevaban una vida «envidiable», que a su entender, al estar «mejor» adentro que afuera o sea «libres», delinquían para conseguir vivir del Estado sin preocupaciones y que si hubiera sido por él los habría mantenido el mayor tiempo posible trabajando sin descanso, permanencia en «solitarios» calabozos para evitar cualquier «contaminación» entre ellos.

En la Penitenciaría Nacional, el 6 de abril de 1900, es víctima de la pena de muerte que legisló el código Tejedor, un italiano nacido en 1854 en Bonefatti, provincia de Constanza, llamado Domingo Cayetano Grossi.

Hasta el último segundo de vida se declaró inocente.

También hubo quienes lograron conseguir evadirse, como fue el caso de Salvador Enrique José Planas y Villeras y otros doce compañeros de prisión, en 1911.
Salvador, un joven anarquista catalán de 23 años, había intentado matar a Manuel Quintana, quien era presidente de la Argentina, el 12 de agosto de 1905.
Quintana fue un auténtico representante de la oligarquía ganadera argentina.
Ya lo había dicho Malatesta «el anarquismo nació de la rebelión moral contra las injusticias sociales».
Entre quienes planearon la fuga se encontraba otro anarquista legendario, Simón Radowitzky, quien había matado al primer jefe de la policía, el coronel Ramón L. Falcón.
Más a último momento desistió a escaparse dado que equivocadamente pensó que se trataba en realidad de una trampa para asesinarlo.

Para Lila Caimari -historiadora- «el modo de pensar una cárcel define a una sociedad».
Agrega que «las ideas de reforma del castigo de la generación que toma el poder en las últimas tres décadas del siglo XIX provienen de modelos europeos y norteamericanos.
El símbolo más contundente de esta apuesta al castigo civilizado fue la Penitenciaría Nacional.
Era una especie de ciudadela punitiva que en los años veinte ya ha quedado rodeada de ciudad.
Entonces se empieza a hablar de demolerla, cosa que recién se hace en los años 60».

La inhumanidad persiste en su derrotero andar.

Actualmente, la violación a los derechos humanos fundamentales, se extiende por casi todo el mundo como moneda corriente; una aceptación de ideas entrecuzadas, cada día, más siniestras y terribles, sin vías de solución, debido en parte a la pasividad política de parte de los diversos países involucrados, comprobándose situaciones de demagogia punitiva que exalta la función del castigo corporal tal cual se veían en los siglos XVI o XVII.

La falta de humanidad parece ser el rasgo común y distintivo en nuestra especie, barbarie inaceptable, por supuesto, desde todo punto de vista.

Hoy, se advierte que tres cuartas partes de los gobiernos del mundo recurren a la tortura.
Esto se traduce en que, en un total que va desde los 70 a 80 países, la tortura es, por ende, legal y la causa de innumerables muertes.
Para las víctimas que logran sobrevivir a este espanto, la vida nunca vuelve a ser lo que era.
El encarcelamiento, está debidamente comprobado no favorece o ayuda a la inserción de las personas privadas de su libertad, luego de cumplido el período de encierro, vueltos nuevamente a la sociedad.

Entre los diversos métodos de torturas que se emplean los más conocidos o denunciados son: palizas, suspensión del cuerpo, descargas eléctricas, violaciones, abusos sexuales bajo custodias, amenazas de muerte, privación del sueño, quemaduras en el cuerpo con cigarrillos, golpes en las plantas de los pies o axilas, asfixia en bolsas de polietileno, sub-marino en tarros con excremento y orín, obligación a comer vidrio, encierro en jaulas con ratas, mutilación de extremidades.

Estados Unidos junto con China, Alemania y España, se cuentan entre los principales países que exportan instrumentos de tortura y armas eléctricas.
Poseen categoría de licencia de exportación, denominada: «Equipos para el control del delito».
Entre los países que importan estas armas se encuentran: Arabia Saudita, Rusia, Taiwán, Israel y Egipto.

En Argentina, la franja más vulnerable de la población se encuentra entre los menores ya que ha demostrado el Estado la incapacidad manifiesta en articular una ayuda activa eficaz, o contenedora.

Reiteradamente se ha formulado desde diversos ámbitos de la sociedad, la necesidad en modificar de raíz el tratamiento que reciben los menores en institutos, donde persisten prácticas represivas intolerables.

Las normas jurídicas hablan del amparo a los menores, pero en la práctica no poseen ningún derecho.
Sólo existe el derecho impune de carceleros que otorga el Estado sobre la indefensión de los menores.

El ejemplo más claro e inapelable lo manifestaron de forma categórica y rotunda en la provincia de Bs. As, los mismos jueces de la Suprema Corte bonaerense.
Los cuales afirmaron y advirtieron sobre las torturas regulares que en comisarías padecen los menores de manera frecuente y sistemática.

Datos oficiales.

Para el mes de mayo del año pasado, se sabía que en los últimos seis años, la población carcelaria había crecido un 66 por ciento.
La Cárcel de Olmos era la más superpoblada.
En el país la totalidad de los presos ascendía a 46.500.
El SPB, con 38 unidades penitenciarias, alojaba el 51 por ciento de ese total, 24.100 internos.

Entre edades que oscilaban entre los 21y 30 años, era ocupada por el 54 por ciento del de los detenidos, el 80 por ciento con menos de 40 años.
El 82 por ciento desocupado o poseedor de algún trabajo en forma irregular.

El último censo penitenciario dio como resultado, cifras mucho más alarmantes por cierto, la superpoblación viene siendo, como todos conocen, uno de los principales problemas de las cárceles argentinas.
Llega hoy, al 700 por ciento.

Las cifras dadas a conocer en forma oficial, revelan que en las cárceles del país hay 51.998 personas detenidas, a las que sumándoles aquellas personas que se encuentran alojadas en comisarías y dependencias de otras fuerzas de seguridad, se eleva a cerca de 63.000 presos.
Al 61 por ciento no se le dictó sentencia, puesto que además del encierro son castigados a cargar con la incertidumbre de no saber a ciencia cierta si finalmente serán condenados o puestos en libertad.

Un informe que dio el diputado nacional del Partido Socialista Jorge Rivas, revela que en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, hay actualmente 25.000 presos cuando la capacidad máxima correspondería a 19.000.
Agregó, que « sólo el 15 por ciento de ellos tiene condena ».
Lo cierto es que nadie tiene la menor idea del total exacto de detenidos en el país.
El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco, dijo estar convencido que la superpoblación se debe a la «gran actividad» desplegada desde hace un semestre por la policía, lo cual produjo en materia de efectividad «un notorio incremento de aprehenciones».
Con lo cual trataría de justificar no sólo la superpoblación carcelaria sino también el atropello policial que se sigue empleando como política de Estado con masivas detenciones de ciudadanos bonaerenses en particular, para el incremento de «la estadística» acostumbrada, en pos de demostrar una gestión de gobierno contra la ya «populosa inseguridad», hacia la restante ciudadanía, ésta, cual ojo visor puesto en el lado equivocado.

Otros datos, dan por tierra las aseveraciones del ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, quién declaró que el delito, en general, en la provincia de Buenos Aires, habría disminuido un 11,15 por ciento, cifra comparada respecto a otros años, y que la situación se encontraría bajo control.
No sería tan así, estaríamos más cerca de los dichos de su colega ministerial y esto se debe a que «el número de reclusos, se incrementa a un promedio de 300 personas cada mes», dato revelado en febrero de este año.

El hacinamiento, una de las consecuencias que arrastran al deterioro sucesivo en las condiciones paupérrimas que se encuentran los detenidos en las cárceles argentinas, estaría lejos de vislumbrarse para el futuro inmediato una solución, de no mediar en dicho conflicto un cambio en el derecho administrativo o del derecho civil.

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, señaló en noviembre pasado que 9.800 personas detenidas en cárceles federales del país incumplen con lo dispuesto en los artículos 18 y 75 de la Constitución Nacional: (...) Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que lo autorice.

La situación se ha agravado a tal extremo que el registro de muertes producidas en cárceles bonaerenses, dado a conocer por la Comisión Provincial por la Memoria, durante los primeros tres meses del año registraban 38 fallecimientos, lo que equivale a cuatro detenidos por semana o una muerte cada 42 horas.
Catorce de las mismas por causas traumáticas o violentas.
Comparativamente en el mismo período del año anterior el número era de 11 presos muertos.
A fines de octubre del mismo año la misma Comisión había denunciado la acumulación judicial de 3500 denuncias por apremios y torturas en penales bonaerenses.
Lo significativo de todo ello implica destacar que desde el Estado, tanto provincial como nacional, se “admita” sin disimulo que en las cárceles o comisarías existe hacinamiento, zonas liberadas dentro de las mismas, haya torturados con picanas eléctricas, guardiacárceles en el negocio de la droga o de las armas, presos “obligados” a cometer delitos extra muro - salir a robar - violaciones, muertes inducidas, requisas violentas, etc.

¿Cuáles serían las causas a tantas contradicciones?

Cuando desde el Estado se fomenta en la sociedad una propaganda discriminatoria criminilizando la pobreza y la protesta social, la situación se tornará cada vez más insostenible.

Asimismo, la respuesta parece estar dada en, como señalamos, las masivas detenciones arbitrarias y en que, por ende, «se prolongan detenciones indefinidas por delitos menores, a autores primarios, que en una cuarta parte terminan con absoluciones»

En pocas palabaras, estas falencias suceden cuando los jueces no verifican las condiciones de detención de los internos, cuando sus defensores oficiales no los visitan, cuando no se realizan las gestiones para asegurar la legalidad de los procedimientos y las detenciones, cuando los tribunales superiores difieren los juicios o no dictan sentencia.

Personas con procesos que han estado presas por períodos que superan con creces la pena que les deberían imponer por los delitos por los que se las acusa.

El 75 por ciento de los 30.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires, para dar un ejemplo, no fueron nunca condenados por un juez, ni siquiera de primera instancia. Tampoco, como indican las estadísticas oficiales, el 30 por ciento de los procesados resulten absueltos, lo que equivale a que 10 mil inocentes padecen una justicia punitiva. La resocialización de los detenidos queda reducida a cero, y también como se verá, a sólo una mera expresión, no ya de deseo sino de «distracción» para seguir con la industrialización impune del encierro, que contradice y lesiona de muerte el objetivo que marcan las leyes internacionales y la propia Constitución Nacional - «cárceles sanas y limpias». «Los principios constitucionales - dice Martín Lozada - que establecen las finalidades resocializadoras de la pena, y las condiciones de higiene y salubridad que deben regir durante su aplicación, verdaderos logros del iluminismo penal, han sido paulatinamente borrados de la superficie política e institucional».

La detención de una persona, sostiene el Dr. Andrés Mega - psiquiatra forense - «crea una condición de tensión psíquica que se profundiza en el individuo cuando posee un trastorno de personalidad de acción, con baja tolerancia a frustrarse y con alto grado de impulsividad, donde los rasgos primitivos y agresivos afloran sin esfuerzo frente a estímulos mínimos, y la que por su situación ha perdido su trabajo y, en muchos casos, sus vínculos familiares».
Se refiere también al hacinamiento «en donde la única expectativa se limita a conservar la propia vida estableciéndose alianzas entre los internos para poder proveerse de necesidades mínimas y protección, en donde la mayoría de los casos esto, por supuesto no es gratuito, ya que entra a jugar una exigible sumisión y obediencia hacia la defensa del líder y del territorio donde se opera, en una concreta manifestación de la parte animal que conforma la condición humana.
El Universo es la cárcel y poco queda por perder y mucho por ganar si asciende en la escalera de prestigio intrapenitenciaria.
Toda esta dinámica, obviamente, está lejos de los propósitos de la resocialización de los detenidos».

Sobre los nuevos mecanismos penales y de las tácticas de poder, Michel Foucault, propone un estudio que obedecería a cuatro reglas generales.
En el punto tercero es interesante ver lo que sugiere: «En lugar de tratar la historia del derecho penal y la de las ciencias humanas como dos series separadas cuyo cruce tendría sobre la una o sobre la otra, sobre las dos quizá, un efecto, según se quiera, perturbador o útil, buscar si no existe, una matriz común y si no dependen ambas de un proceso de formación epistemológico-jurídicco; en suma, situar la tecnología del poder en el principio tanto de la humanización de la penalidad como del conocimiento del hombre».

Por lo tanto, está debidamente comprobado que la función del castigo hasta ahora empleado para lograr una reducción del delito, es además de lo anteriormente expuesto, ni siquiera una efímera solución al problema que se presenta en la resocialización de los internos en la realidad penitenciaria argentina.

Una industria perversa.

No hace falta ir muy atrás en el tiempo para ver que año tras otro las situaciones se repiten y que nada hace posible conjeturar en una solución a corto plazo.

Datos aportados hace tres años atrás por la Procuración nacional, indicaban que en un año las denuncias de los detenidos habían alcanzado la cifra de 8.540 reclamos, de los cuales 1.862 se correspondían a problemas de seguridad interna, como agresiones físicas, requisas violentas y paupérrimas condiciones de vida.
Esto último, si bien es general, dónde más se corresponde con la falta de atención médica es para con aquellos que sufren HIV.
Del total de la población carcelaria, se estima que un 9 por ciento lo padece y de esa cifra, se pudo saber que el 70 por ciento no recibe atención médica.
Es una de las principales causas de muertes, mas no se puede llegar a determinar, según las autoridades, el número exacto de casos.
Asimismo, con respecto a la salud de los detenidos, ninguno recibiría tratamiento criminológico individual con psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, etc. 93 de los 8088 oficiales y suboficiales del SPF trabajaban en la rehabilitación de los condenados, a pesar de lo dispuesto por la ley 24660, sancionada en 1996.
A todo ello, debemos agregarle que, no se puede entender tal situación, si se tiene en cuenta que el gasto por cada preso al país le costaría por mes $ 3.361.
Cifra suministrada en el mes de abril de 2004.

A fines de 2002, la población en las cárceles bonaerenses aumentaba a un ritmo de 2500 presos por año, dando un promedio de 210 personas por mes, nos estaría indicando que, si como marcamos, durante al año pasado fue de 300 detenidos al mes, la diferencia sería de 1080 personas más detenidas que ingresaron en las cárceles, os sea, 3580 más por año.
Además, si por ese entonces, la capacidad estaba ya desbordada por una superpoblación de 7633 internos, con esos índices lo único que podemos esperar es que cada tanto, dado la situación desesperada en que se encuentran los presos y, con «una ayudita institucional», en lo más probable que todo esto pueda llegar a desembocar es en motines, cada vez más reiterados y violentos, en gran parte por las brutales represiones que se ponen en práctica a la hora de tener que sofocarlos.
Los guardias no dudan en disparar munición de guerra a diestra y siniestra y luego, una vez sofocado y puertas adentro, las represalias son traducidas en torturas, golpes o aislamiento.

En octubre de 2003, el Grupo de Detención Arbitrario de la ONU, inspeccionó durante 10 días, los diferentes centros de detención. Luego, informó que «un elevado índice de pobreza impacta en los derechos humanos», agregando que, la forma de cómo el Estado encara la situación produce con ello «la criminilización de la pobreza».

Las condiciones de hacinamiento son “peores” que en países no democráticos.
Las personas detenidas no cuentan con facilidades sanitarias “básicas”, tienen que dormir por turnos y están meses sin ver la luz del sol.
Constataron casos de niños, incluso menores de 10 años, detenidos en comisarías en donde el alimento y la vestimenta son la mayoría de las veces negados o insuficiente. «Al igual que lo sucedido en las cárceles de Israel con más de 300 niños palestinos, a los que se los somete a toda clase de abusos y torturas, "“El Club del Prisionero Palestino” denunció que las autoridades carcelarias israelíes utilizan el abuso sexual como método para intimidar a los prisioneros palestinos, especialmente los menores de 18 años, con el objetivo de obligarlos a declarar»

En la República Checa, se crearán cárceles para homicidas menores de edad, informó el Gobierno, quien ya aprobó el respectivo proyecto con el Ministerio de Educación.
«De los homicidas menores de edad, deberían encargarse pedagogos y psicólogos altamente cualificados y con experiencia en la labor con niños problemáticos.
Para que un día esos pequeños criminales puedan reincorporase a la sociedad, es indispensable que trabajen con ellos profesionales capaces de ayudarles, de educarles, y no sólo de controlarles»
«Es importante que estos criterios sean aplicados en los futuros establecimientos especiales para homicidas menores de edad.
Además, el programa de “reeducación” debería abarcar igualmente la enseñanza escolar regular.
O sea que la creación de los nuevos establecimientos requeriría una estrecha cooperación de varios ministerios».

Estas palabras fueron pronunciadas por el director del sanatorio psiquiátrico de Bohnice, en Praga.

Aquí, el mencionado grupo de la ONU, criticó además, las atribuciones que poseen los policías provinciales para arrestar personas por hasta más de 30 días sin que exista ninguna orden judicial y por si fuera poco, sin garantías personales en contra de posibles abusos.

Ya para marzo de este año, con un documento elaborado por Human Rights Watch, en materia de derechos humanos en el país, este organismo elevó una fuerte crítica en la que desarrollaba varios puntos que comprendían desde, “el hacinamiento gravísimo en las prisiones, las condiciones degradantes de detención y el uso de la tortura hasta la detención y maltrato de menores en comisarías.
En diciembre de 2003, el Cels ya había mencionado en un documento todo ello y que, «niños detenidos junto con adultos no figuran en estadísticas oficiales».

¿Ocultamiento deliberado o inepta la información de la Justicia?

En el informe mencionado, también se hace referencia con fuertes críticas a las llamadas leyes Blumberg, aprobadas el año pasado por el Congreso.
Por su parte, el jefe del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Fernando Rosúa y a propósito del motín ocurrido en Coronda, dijo que “su hipótesis principal - no descartó otros problemas, como reconocer la comercialización de estupefacientes - es que en todos los penales existe malestar por la apresurada sanción de las Leyes Blumberg, que incidieron negativamente alterando la vida carcelaria, distorsionó las condenas y los beneficios”.
Dichas leyes obstaculizan las excarcelaciones, las libertades condicionales y las salidas temporarias.
A ello hay que sumarle la caída de el «dos por uno».
«Preocupa y duele que el castigo contemporáneo no se distinga demasiado del aplicado en la Edad Media, más aún, cuando la única revolución necesaria en nuestras prisiones es, lisa y llanamente, que se cumpla la ley», expresó Raúl Salinas, coordinador del Ctro de Estudios Penitenciarios del Inecip.
La comisión que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel calificó de «depósitos humanos» a las unidades penitenciarias y de «política de exterminio» a la que rige en las cárceles provinciales.

Nils Christie, noruego, quien en el Departamento de Criminología de Oslo enseña e investiga, dice entre otros conceptos, estar convencido que «un hombre o una mujer desocupados tienen mucha dificultad para enseñar a sus hijos a respetar a la sociedad, porque su autoridad fue cercenada».
Porque además, «no hay que concentrarse sólo en el comportamiento de una clase cuando hay fuentes de brutalidad que provienen de las clases mejor posicionadas».
Y al respecto, de estas últimas dijo: «En cualquier sociedad hay muchas voces que pueden ser escuchadas, pero es muy fácil que sólo las muy fuertes y las más ricas, que tienen contacto con los medios, logren atención y legitimidad». «Mi pensamiento se remite al holocausto cuando observo lo que está pasando en la , esa suerte de forma racional de manejarse con las clases más bajas que pueden malograrse con tanta facilidad».
Terminado el concepto del manejo en general del conjunto de actores que conforman la «industria» respecto a la Argentina, expresó que era consciente del “fuerte manejo” -lo llamó: movimiento - tendiente a aumentar las penas, lo cual consideró una peligrosa política.
Peligrosa, porque a su entender, la cárcel en la mayoría de los casos significa una capacitación para el crimen.
O sea, una industria.

SERV. PENITENCIARIO FEDERAL. — Provincia de SANTA FE — Cárcel de Coronda.

Fue inaugurada en el mes de agosto de 1933.
La cárcel de Coronda, Santa Fe, llamada Instituto Correccional Modelo de Coronda, no tiene absolutamente nada de instituto, menos de correccional, y como modelo es un desastre.
Si no que lo digan los 1399 internos que se distribuyen a lo largo de 14 pabellones, en contraste con la década del 90 en que había 674 internos en 6 pabellones.

En la época de la última dictadura militar sirvió de nexo entre los C.C.D. y el P.E.N. para «legalizar» algunos casos de secuestrados - hombres - y en otros casos, todo lo contrario, eran sacados del penal para ser trasladados a la comisaría 4ta, en dónde eran brutalmente torturados nuevamente e interrogados para obtener información.

«Nos aplicaron un sistema de aislamiento similar al que los franceses utilizaron en Argelia. No les importaba que quedáramos vivos», señaló Felipe González, ex detenido del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Había detenidos de tres organizaciones distintas: el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Montoneros y la Organización Revolucionaria Poder Obrero.

Fue diseñada como una cárcel de máximo aislamiento.
Ex detenidos recuerdan que al principio sólo había dos personas por celda, luego sólo uno y, por último uno por cada celda pero dejando vacíos los calabozos linderos.

René “El Vasco” Irurzún, ex hombre del PRT y actualmente miembro del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Río Negro, recuerda que «querían que nos matáramos entre nosotros, pero logramos una unidad inaudita. Habíamos formado una especie de mesa de organización que llamábamos “la tripa”, por ser tripartita».
Gonzáles, por su parte rescató «las buenas relaciones que entablaron con los presos comunes, quienes ayudaban a mantener el sistema de comunicación para quebrar el aislamiento».

Al parecer, por la época en que se vivía, los códigos dentro de los penales no eran los mismos que los actuales... ni los presos.

De ello da testimonio un interno Priotti, quien explica que «este es el centro de todos los males y los problemas que la sociedad no resuelve los encontramos acá».

El razonamiento de este interno es que el delincuente «a la antigua» planificaba más sus golpes y además sabía a que se exponía.
Dice que «la delincuencia es más improvisada».
Agrega que, “no conocen cual es la pena que les corresponde y luego debido a ello cuando se encuentran encerrados, se los encuentra diciendo una y otra vez: . Pero, no nos quedemos sólo con ello.

¿Es tan así, como describe este último interno?

¿No hay un listado de situaciones que se olvidó de describir - o bien no puede hacerlo por obvias razones - y no se trata sólo de la pérdida de códigos internos, como se nos quiere hacer ver a toda costa?

Durante los últimos cinco años, la provincia de Santa Fe a encabezado la lista de casos de muertes provocadas por la violencia institucional.
Y la principal causa de muerte a manos del Estado parte, justamente, de sus seis cárceles.
Y, la mayoría se corresponden con la cárcel de Coronda.

La industria que se maneja en el submundo carcelario en todo el territorio nacional está en manos de sus autoridades, dado que las denuncias de mafias o bandas en disputa, con por ejemplo el negocio de la droga en los pabellones, o la sustracción de la mercadería que llevan los familiares, luego utilizada como reventa, las salidas laborales usando presos como mano de obra esclava o utilizados para efectuar “salideras” especialmente en horarios nocturnos para efectuar golpes previamente digitados, se puede afirmar que todo ello siempre fue público y notorio y ya no representan ninguna novedad.

«Por acción u omisión, cada vez que un preso es muerto, es el servicio penitenciario el que dictó la pena capital y promovió al verdugo»,afirma la Correpi.

Dado la superpoblación carcelaria, y no dejando de lado las disputas internas por el manejo y consumo de droga o psicofármacos, se puede ver en un informe del diario Clarín, en donde revelaba que el SPB, en este caso, bonaerense, distribuye unas 270 mil pastillas mensuales.
Esto había sido denunciado en un informe de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, remarcando que «el sistema sanitario dentro del Servicio Penitenciario no funciona adecuadamente, observándose un altísimo consumo de psicofármacos».

La cárcel de Coronda es dueña de un largo historial en motines.
Los tres últimos ocurrieron en febrero y marzo de 2002, con un saldo de cuatro muertos y 48 heridos, el 15 y 16 de marzo de 2003, éste con connotaciones especiales, tuvo una duración de casi veinte horas, dado que la revuelta comenzó con 300 detenidos de los pabellones 2 y 5, cuando dos internos fueron asesinados con chuzas durante el recreo.
El penal quedó destruido en un 95 por ciento.
El último, que se produjo el 12 de abril fue, por su saldo final de 14 muertos, catalogado de sangriento y trágico por los medios de comunicación.
Y en el que no faltaron las denuncias que poco a poco, luego, se fueron confirmando, como «zona liberada o luz verde» para el emprendimiento de una masacre entre los mismos presos, denominada «cacería humana» por el resultado final de muertos asesinados sin piedad.
En la declaración de uno de los guardias tomado como rehén, declaró que «lo que más le aterró fue el olor a la carne quemada», en alusión a los dos presos prendidos fuego.

En el caso que nos ocupa, la actuación del Servicio Penitenciario estuvo siempre en la mira, al punto que tuvo que renunciar su director e intervenir la cárcel, dado que no existen explicaciones contundentes para saber como lograron los presos del pabellón 7 pasar las dos puertas de rejas para tomar la guardia, ya que guardias de otros pabellones huyeron sin cerrar los portones intermedios.

¿Zona liberada?

Los detenidos no tuvieron entonces inconvenientes en cruzar más de media cárcel para llegar al pabellón 1 y así completar la masacre que se habría dado comienzo en el 11.

¿Estamos lejos de la realidad al suponer que en el caso del motín de Coronda, el último día 12 de abril y que dejó como saldo 14 muertos, la excusa de la rivalidad antagónica de rosarinos y santafesinos, fue aprovechada y orquestada desde las máximas autoridades, para el resultado final de una limpieza interna enmascarada?

Uno de los guardicárceles denunció a un compañero suyo de haber facilitado el operativo y acusó al SPF de haberle mentido al juez Jorge Patrizzi que intervino en la causa de la muerte de los “rosarinos”.
Mientras los presos a los que se les efectuaba declaración indagatoria prefirieron mantenerse encerrados en el «código de silencio», sin aportar datos.

Ya nos recordó Irurzún, el manejo en la dictadura: «querían que nos matáramos entre nosotros» y con esto podría llegar a quedar demostrado que desde entonces, nada cambió.

Provincia de CORDOBA. Establecimiento Penitenciario Nro 2.

Fue inaugurado en julio de 1889, es el más antiguo de la ciudad, ubicado en Colombres 1300 del barrio San Martín de la capital cordobesa.
Actualmente aloja 1539 internos, donde debería haber 900.
Acarrea problemas edilicios, situación con antecedentes ya desde el año 1959 y, como vimos, de crónica superpoblación.

Los movimientos de protesta, dicen los antecedentes, se corresponden justamente a partir de ese año y uno más tarde, durante la nochebuena de 1960, un amotinamiento dejó un saldo de dos presos muertos.
Durante 1971, se registraron 17 muertos por enfrentamientos, en donde la población carcelaria era del doble de lo que podía contener el edificio.

En abril de 1983 se denunció la venta de drogas dentro del penal.
El último antecedente registrado es del año 1997, a raíz de una denuncia periodística.
Presuntamente, una red formada por personal penitenciario y detenidos, se encontraría dedicada a la comercialización de cocaína, marihuana y como en el caso del SPB, también de psicofármacos.
¿Los que proveía el mismo Estado? Posiblemente.

El 10 de febrero último, un nuevo motín pone en evidencia las graves deficiencias del penal, destacándose en este caso el trato que se les brinda a las visitas de los detenidos.Luego de 24 horas, dicho motín fue controlado con la ayuda de efectivos de Gendarmería Nacional proporcionados por la Nación, quien fuera solicitada por el gobernador de la Sota

Paradójicamente, el ministerio de Justicia de la Nación había efectuado el envío de una partida de 10 millones de pesos, a comienzos de año, para la construcción de cárceles, como parte del Plan de Inversión en Infraestructura Carcelario.
Correspondía a un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobernadores de diez provincias, según el expediente 147.257/04.
Pero, además de la burocracia estatal, prevaleció la mano dura del gobernador José Manuel de la Sota, quien estampó su firma en un decreto en el 2003, renunciando a la facultad que le otorga la Constitución provincial de indultar presos.
«Ni indultos, ni rebajas de condenas».
«Los presos condenados a cadena perpetua - añadió - deben salir de la cárcel con los pies para adelante, cuando Dios se los lleve de este mundo».
Por eso, en relación de la orden que dio para impedir en medio del motín la fuga de 16 presos, fue la de actuar y responder a ello de «cualquier manera».
L a represión indiscriminada por causa de una política de aplicación de «mano dura» , esta vez, dejó un saldo de ocho muertos y cerca de 30 presos y guardias heridos.

Provincia de MENDOZA. Casa de Piedra.

Fue construido en 1905, con la idea de albergar a 700 presos; hoy viven hacinados, en las peores condiciones infrahumanas, de 2200 a 2400 internos entre condenados, procesados y presos federales. Dato correspondiente al asesor de Cancillería, Jorge Cardozo.

Detrás de esos muros de seis metros de alto en el último año se cometieron 17 asesinatos. La capacidad sufre un exceso o saturación aproximada de detenidos de 280 por ciento.

«La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), máximo tribunal del continente, recibió una denuncia, perteneciente a un grupo de abogados locales, (expediente CDHS/1713), refiriendo una serie de crímenes sin resolver, sin responsables, sin testigos y al trato discriminatorio recibido por parte de un afamado grupo de abogados, quienes en julio 2004, fueron acusados por Juan Fugazzotto, del Partido Federal y aliado político de Julio Cobos, gobernador mendocino, de ser abogados de delincuentes y que, dado que especulan con todo, son trotskistas que rechazan el orden, porque el delito y los delincuentes son su negocio».
Esta Corte, hizo lugar a la medida cautelar solicitada a fin de garantizar la vida de los internos.
Dicha medida cautelar es un mecanismo contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica, originado en un pedido de intervención urgente ante la sospecha de que los derechos fundamentales corren serios riesgos de ser vulnerados en algún sitio.
A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el propio presidente de la Corte Interamericana, Sergio García Ramirez, comunicó al Estado provincial (Mendoza) la dimensión del problema planteado a la Corte: 16 internos muertos en apenas siete meses.
Como un mensaje mafioso de la Cosa Nostra, cinco días después apuñalaron a un interno.

Frente a las acusaciones vertidas la APDH La Plata, la Pastoral Penitenciaria, el PJ, el PS y PC locales, diputados mendocinos, quince diputados nacionales y el Senado nacional en pleno se solidarizaron con los abogados que, de manera abierta o inocultable, eran perseguidos ideológicamente en una virtual caza de brujas, en disimulo al verdadero accionar de las autoridades de la provincia, únicos responsables directos de todo lo acontecido en dicho penal mendocino.
Anteriormente, en enero de 2000, los abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, presentaron los hábeas corpus que desembocaron en una intimación judicial para que se ampliara los horarios de recreo e higiene, con el consiguiente cese de hacinamiento.
Dicha orden judicial fue absolutamente ignorada por las autoridades del penal.
No solamente no se cumplió con ello sino también con los sucesivos hábeas corpus que a partir de allí se siguieron sucediendo, hasta que en el mes de febrero de 2004, un acuerdo firmado - para la mejora de los problemas de urgente solución del penal, como higiene, visitas, hacinamiento, salud - por los internos y quien fuera ministro de Justicia y Seguridad mendocino Roberto Grillo, tampoco fue respetado, a pesar de la importancia del mismo, dado que allí implícitamente, el gobierno de dicha provincia reconocía una situación de riesgo, tanto para los internos, como para la posibilidad de que ocurriera lo más temido en esas circunstancias de vida infrahumana tras los muros: los consabidos motines como último recurso a ser efectivamente escuchados.
Roberto Grillo, además, deslizó a los medios locales que «bajo el paraguas de una causa humanitaria hay intereses económicos».

Contradictorio y raro esto último, no queda muy claro de que lado estarían los interese económicos, dado que, por ejemplo, los pabellones no poseen luz, ni natural ni artificial; el agua potable brilla por su ausencia; sus pisos son realmente un estandarte a la inmundicia, encontrándose minados de excrementos, basura y barro, en donde se hace casi imposible transitar; los baños, no han podido ser descriptos por cuanto no existen, están demolidos.
Los pabellones se encuentran divididos en celdas de 2,6 metros por 1,80, en la mayoría de las cuales en donde debiera haber alojados dos internos, como mínimo se encuentran cinco con una única plancha de cemento como cama, sin colchones y turnándose para el descanso rodeados de desperdicios que hacen insoportable el ambiente.
Las pulgas, las chinches, los hongos, enjambres de moscas, las ratas, son las verdaderas dueñas del lugar.
Y esto sería sólo una parte de lo que venía - ¿ viene? - sucediendo allí.

¿Qué destino tuvo el presupuesto provincial entonces? ¿En qué se lo aplicó? ¿Dónde fue a parar dicha partida? ¿En cuales bolsillos cayó la partida asignada año tras año, gobierno tras gobierno para la manutención de dicho establecimiento que, por lo visto, nunca se llevó a cabo? ¿De qué lado está el interés económico, entonces, al cual se referían los Sres. Grillo y Fugazzotto, con el aval del gobernador radical Julio Cobos?

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Jorge Nanclares, en oportunidad de efectuar una visita a La Casa de Piedra, manifestó: «Es un chiquero humano». ¿Faltaría agregar algo más?

Provincia de BUENOS AIRES. Unidad Penal N° 1 de Olmos. Palabra del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco, en abril pasado: «Si fuera por mí, mandaría a dinamitar Olmos, porque es el paradigma de lo que no va más».
Olmos se construyó en el año 1938, la mayor cárcel del país.
Concentra el 13 por ciento de todos los presos de la provincia de Buenos Aires.
Para junio de 2004, más de 2900 internos se encontraban alojados allí, siendo que su capacidad normal está prevista para 1800 internos.
Las leyes que limitaron las excarcelaciones durante el gobierno de Carlos Ruckauf, no tuvo en cuenta del impacto que ello representaría para el futuro, transformado rápidamente en presente.
Como no podía ser de otra manera, aquí también, como en la mayoría de las cárceles el problema de hacinamiento es endémico.
Posee una superpoblación del orden del 36 por ciento.

Desde un paranóptico se puede observar nítidamente los pasillos que dan a las celdas colectivas en los cinco pisos del presidio.
Existen cuatro celdas por pabellón, las cuales, tienen capacidad para seis internos cada una.
Entre el tercer y cuarto nivel la concentración por pabellón llega a más de 60 internos, en el último hay más de 600 detenidos en un lugar para 200.
Dos pabellones del quinto piso permanecen clausurados por orden judicial, calificados como inhabitables.
El penal no cuenta con un centro de rehabilitación.
Existen 23 celdas de aislamiento, de 2 por 1,80 metros.
Hay una totalidad de 72 pabellones.

En enero último, un incendio intencional registrado en un pabellón sanitario, provocó la muerte de seis presos.
La típica encerrona con colchones prendidos fuego, a manos de «piromaníacos» jamás individualizados por el servicio penitenciario.
En este caso «la culpa» fue de «alguien» que «sufría problemas psiquiátricos y atravesaba una fuerte depresión».
Con tanta «mala suerte» que murió durante el incendio.

En el segundo piso de Olmos, se encuentran alojados, dicen, los presos más peligrosos y duros del presidio.
En abril, en una aparente pelea de dos bandos de reclusos enfrentados, un preso murió a causa de los puntazos recibidos en el pecho.
Exactamente un año atrás, el gobernador Felipe Solá había dispuesto la intervención del SPB a raíz de las eternas denuncias de hacinamiento, corrupción y maltrato a los internos.
Todo sigue igual... o peor.

En el mes de abril, la Comisión Provincial por la Memoria, dio a conocer unas propuestas en un documento en el que expresaba entre otras cosas que la cantidad de muertes en las cárceles bonaerenses resulta alarmante y puede considerarse el resultado de una verdadera política de exterminio.
Considerando los meses de enero y febrero de 2005 (todo según informe del Ministerio de Justicia) ha muerto un interno día por medio por causas traumáticas.

Han sido 29 muertes en 59 días correspondientes a los meses mencionados (17 muertes por herida de arma blanca, 9 por asfixia y quemadura, 3 por ahorcamiento).
A su vez, enero y febrero tienen 8 semanas y media.
En ese período murieron 9 internos por SIDA/HIV positivo, es decir un muerto por semana por esta causa.
Y luego están las muertes denominadas ‘naturales’, PCRNT, según terminología oficial (paro cardiorrespiratorio no traumático).
Fueron 11 en 8 semanas y media.
O sea más de un muerto por semana.” Para Felipe Solà «no me molesta que se diga que esto ocurre en algún caso, pero me parece terrible que se piense que es sistemático y que constituye un plan de exterminio, eso es una locura».
La verdadera locura es que el gobernador minimice la gravedad de estos datos y los reduzca con frivolidad a «algún caso».

Ciudad de BUENOS AIRES. Unidad Penal N° 1 - Caseros.

Paradigma del horror que ya había implementado en todo el territorio nacional la última de las dictaduras militares representada por uno de los genocidas más grandes de la historia: Jorge Rafael Videla, el 23 de abril de 1979, inauguró la cárcel más grande de Sudamérica, con el consiguiente fallo a la infidelidad o a la mentira, declaró en esa oportunidad: «Construída con >criterio científico>, la nueva prisión es el modelo ideal para y constituye un testimonio explícito de fe en el hombre. Con esta inauguración, la Argentina demuestra su fidelidad con una tradición jurídica y política orientada hacia la consolidación de los derechos y garantías individuales».

Nada más inexacto en boca de un dictador, nada más falso, falaz e inexorable.

Caseros había sido ideada por Paz Anchorena como una futura cárcel de encausados, razón por lo cual el 27 de diciembre de 1968, el diario La Nación, editorializó concordando años después a lo antedicho por el dictador, con lo siguiente: «Las cárceles construidas con criterio que podríamos llamar , como en el caso de esta nueva cárcel de encausados, serán así, un elemento positivo imprescindible si lo que realmente se busca es la El mismo concepto, para Videla quedó claro que para él hablar de «criterio científico» era sinónimo de hacer «hablar» a la «picana eléctrica».

Desde el día siguiente, se daría comienzo a una etapa que duró 21 años, en el que el espanto, la locura y la muerte fueron moneda corriente en esa estructura de 23 plantas que ocupaban 85 mil metros cubiertos, con 2096 celdas individuales construidas «espalda contra espalda» y así evitar que los detenidos pudieran siquiera mirarse, 14 ascensores, 16 patios de recreo, 20 talleres de trabajo, un hospital en el primer piso, en el «18» estaban los buzones de castigo, dos gimnasios, un cine, una capilla y algunas aulas se encontraban en el piso 19.

El proyecto de construcción había comenzado con Frondizi, en pos de resolver, como ahora, problemas de hacinamiento carcelario en la Argentina.
Luego, ya con Illía en 1963 en el gobierno, éste es informado por el Servicio Penitenciario Federal sobre lo «inviable e inhumano» del proyecto, razón por lo cual es ordenada la paralización de la obra.
Abandonado hasta 1969, otro dictador, amante de la represión social sin límites, ordena reanudar los trabajos, era Juan Carlos Onganía.
Diez años después, durante el Proceso, y como dijimos ya al otro día de la inauguración, sus celdas eran ocupadas principalmente por presos políticos, quienes conocieron todo tipo de escarnios, como soportar las torturas màs crueles e iandmisibles. Éstas, comenzaban puntualmente a ser ejercidas a las 6 de la mañana con el típico acompañamiento del tronar de las marchas militares en los parlantes hasta entrada la noche.

Los detenidos veían luz natural sólo dos horas por día, no se les permitía dormir durante la tarde o el ingreso de comida a las celdas.
Los presos comunes tenían absolutamente prohibido comunicarse con los presos políticos.
No obstante, los mensajes se intercambiaban a través de los inodoros o cañerías, usando diferentes tipos de «plomadas».

Cuanto más alto era el piso, más peligroso el clima.
Entre el tercero y el noveno estaban los presos más tranquilos.
Del décimo al 19, los más pesados.
Pero ello tuvo lugar con el advenimiento de la democracia a partir de 1983, en que se decide efectuar cambios en el tratamiento de los internos.
Se ordena que se abran las celdas individuales y se trabajara como pabellón común.
Un mes después se produce el motín más violento que se recuerde en la historia de dicho penal.
En apenas cuatro días su estructura quedó desarticulada.
Los destrozos producidos fueron de tal magnitud, que con enumerar solo algunos se puede tener una idea cabal de cómo se sucedió, posteriormente, el manejo tanto de los detenidos como de los carceleros de ahí en más.
Por ejemplo, las rejas no volvieron a funcionar más; los boquetes en las paredes laterales de ladrillo hueco y fondos de las celdas dieron lugar a pasillos de un metro de ancho aproximadamente, utilizados para circular por todo el penal sin inconveniente.
Los pabellones se transformaron en ranchadas; dejó de funcionar el gimnasio; el hospital; doce ascensores resultaron inutilizados; no se dejó vidrio sano; sin agua potable ni calefacción hicieron del penal un lugar inhabitable, lleno de suciedad donde las ratas, bautizadas «gatos» debido a su gran tamaño, eran dueñas y señoras de una «gran villa» en donde la jerarquía más cercana a ellas la ejercía un jefe en cada piso: el «poronga».

Las historias internas no difieren demasiado a las del resto de las cárceles argentinas.
Y, en cuanto a las condiciones edilicias y de los internos,sucede los mismo, por ejemplo en la provincia de Río Negro en la cárcel de encausados de la ciudad de General Roca, el Grupo de Trabajo y Estudio de Derechos Humanos y Personas Privadas de su Libertad, denunciaron a dicha institución «por las acciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes», constatados durante la visita.
Las condiciones edilicias resultan pésimas: «cloacas obturadas, cableado eléctrico externo en absoluta precariedad, practicamente todas las ventanas sin vidrio y muchas de las cañerías rotas. Se hallaban 477 internos en situación muy crítica, signada por la falta de separación entre condenados y procesados y entre menores y adultos», finaliza el informe.

Hoy, Caseros, la mole de cemento herida hasta sus cimientos por sus antiguos ocupantes y sentenciada a la pena de muerte por implosión, espera ese día que inexorablemente, pero que por el momento a sido postergada siete veces mediante frenos judiciales, por suponer los demandantes del barrio de Parque Patricios que se pone en riesgo a los pacientes de los cuatro hospitales que rodean la edificación.

Cárcel de Caseros, insignia del mayor espanto.

Unidad Penal N° 2 - Devoto.

Para describir lo que siempre significó para una persona privada de su libertad, cumplir su procesamiento o bien su condena en la llamada Cárcel de Villa Devoto, bastaría con citar como ejemplo los acontecimientos que se produjeron en esa prisión en diciembre de 1962 o «la noche de San Bartolomé».

Ya por esa década la promiscuidad y hacinamiento en las cárceles argentinas era una situación muy análoga a la del momento actual.
Devoto, preparada para alojar 820 presos llegó a contabilizar 2.200, no era justamente la excepción.
José María Guido, se encontraba al frente de los destinos del país, y los enfrentamientos militares divididos en facciones denominadas azules y colorados, eran las noticias candentes en los medios del momento.

De pronto, durante la media tarde del martes 18 de diciembre de 1962 tomó estado público una insurrección en la Cárcel de Devoto.
Los amotinados del Celular 3 - se comentó que el penado Hugo Urán Luján actuaba de cabecilla - tomaron seis celadores por rehenes.
Como respuesta a una orden de rendición,comentan los diarios del dìa, eran arrojados dos cadáveres por la ventana y al punto comenzó la resistencia armada.
Las horas pasaron angustiosas, llenas de estupor e incertidumbre.
Arribaron al Penal diferentes autoridades, desde el ministro de Educación y Justicia, Alberto Rodríguez Galán pasando por el jefe de la Policía Federal hasta el director de la cárcel, inspector general José Agrigiani.
La presencia del ministro movió a los amotinados a aceptar el diálogo con esperanzas de arribar a un acuerdo.
Se paró el fuego., que por esas horas era indiscriminado.
Pero, inesperadamente el ministro cesa de parlamentar y abruptamente abandona el lugar.
Una oficina en donde se encontraban cuatro detenidos, entre ellos el cabecilla Luján.
Los carceleros, - ¿desobedeciendo órdenes de sus superiores? - decidieron penetrar en ese recinto y derribaron a golpes de bayoneta a los presos.
Urán Luján quedó en el piso con la cabeza aplastada por una máquina de escribir.
Acto seguido, varios guardianes se dirigieron a los cuadros acompañados por celadores y se oyeron ráfagas de ametralladoras.
Era el fin del amotinamiento y de 25 hombres, guardianes y guardados.

La cárcel de Villa Devoto ya venía ocupando los titulares de los principales diarios con las sucesivas fugas que se venían produciendo muy seguido.

«En la madrugada del 9 de septiembre de 1958, el huidizo Jorge Eduardo Villarino junto a tres presos más, escapó de Villa Devoto tras maniatar al celador del cuadro.

El 13 de enero de 1959 a la una y media de la tarde, siete presos se descolgaron desde el cuadro séptimo, que da sobre la calle Desaguadero, utilizando una cuerda confeccionada con sábanas anudadas.

El 22 de diciembre de 1960, seis penados redujeron a un guardia. Uno de ellos se puso el uniforme y trepó ala pasarela de vigilancia donde dominó a otro guardia, tras lo cual los siete saltaron la verja».

Luego, más cercano en el tiempo, otra fuga famosa fue la que efectuó la banda de delincuentes denominada «del Gordo Valor».
Asaltantes especializados en atracos de camiones recaudadores de caudales.

También fue memorable cuando el presidente Héctor José Cámpora, en 1973, impulsa una ley de amnistía, aprobada en el Congreso Nacional, permitiendo con ello la liberación de presos políticos.
Devoto, esa vez se vistió de fiesta. «En la cárcel de Devoto hay 2500 presos, de los cuales la tercera parte son primarios, es decir, los que ingresan por primera vez al sistema carcelario federal. De esta franja, muchas de estas personas que son más de 800 podrían estar esperando el juicio en la calle. El tema de las cauciones es importante, porque uno ve entrar ,-cada vez más- gente de bajo nivel económico. La cárcel se está convirtiendo en un ámbito de residencia de gente pobre». Palabras dichas por un ex funcionario penitenciario federal.

¿Cese al trato inhumano en cárceles y comisarías bonaerenses? Cuando en el año 2001, más exactamente el 15 de noviembre, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo por la deplorable situación de hacinamiento que los detenidos sufrían -sufren- en las comisarías y cárceles bonaerenses, los datos arrojaban que en las 340 comisarías de la provincia de Buenos Aires se alojaban 6364 presos, no obstante poseer una capacidad sólo para 3178 detenidos.
Dicho reclamo fue rechazado, anteriormente, por la Cámara de Casación y la Corte provincial en dos oportunidades.

Hoy, 5080 presos ocupan 2068 plazas, lo que da una idea de la situación envilecida a la que son sometidos, a pesar que el Servicio Penitenciario bonaerense cuenta con 6810 plazas nuevas.
La situación en las cárceles, como se puede apreciar especialmente este último año, no es tampoco de lo mejor.
Todo lo contrario.

Cabe recordar las más notorias políticas de mano dura impulsadas primero, por el ex gobernador Carlos Ruckauf, y reafirmadas a partir del caso Blumberg, que significaron el incremento en el número de condenas de prisión o reclusión por más de tres años, pasando del 20 por ciento del total producidas en 1998, al 31,4 por ciento en el año 2003.

El número de detenidos en cárceles creció de 23264 en noviembre de 2001 a 30414 a fines del año 2004; entre el 70 y el 80 por ciento de los detenidos son procesados sin condena firme.

Esta tendencia de superpoblación carcelaria se ha ido agravando a pasos agigantados, en el período aludido, la misma creció el 31 por ciento, la distorsión de plazas, entre las disponibles y las existentes, oscilaba entre las 7700 y las 10114.
Llega a tal extremo de gravedad la situación, tanto que las 35 muertes desde principio de año, sólo en la cárcel de Olmos, indicaría que el Estado, de no mediar una urgente solución, no puede garantizar la vida de los internos, menos aún su reinserción social, lo cual constituye un andar seguro hacia la desintegración y malversación de los valores institucionales que son el soporte hacia una sociedad más justa y equitativa.

Los datos señalan a las claras que las reformas legislativas y las decisiones judiciales en la provincia han sido las «variables fundamentales del incremento de los niveles de privación de la libertad y de las condiciones en que éstas se cumplen en dependencias policiales y penitenciarias».

Por ello, al tomar cartas en el asunto la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 3 próximo pasado, en un fallo considerado histórico, intimó al gobierno de Felipe Solá que ajuste sus políticas públicas a los estándares constitucionales, o sea, adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y del derecho internacional, basado en reglas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, ordenadas en la ley 24660.

Al reparar que dicha situación crea una fragante violación a los principios generales de las normas vigentes, dispuso además, que en el término de 60 días deben cesar las detenciones en comisarías de menores y enfermos.
Asimismo, dispuso instruyendo a los ministros de la Suprema Corte provincial que hagan cesar todo agravamiento de la detención que implique «un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal».

Esta resolución implica que cada dos meses se informe de las medidas actuadas, a los efectos de verificar la evolución de la crisis carcelaria bonaerense al máximo tribunal de justicia; precisando: la característica de la celda, cantidad de camas, condiciones de higiene y acceso a servicios sanitarios. De mediar algún cambio deberá ser reportado en 5 días.
Requirieron, que en el caso en que las graves irregularidades que se viven dentro del sistema carcelario, por alguna razón no se fundamentaran debidamente, como por ejemplo la situación de colapso que demuestra actualmente el sistema judicial. «El suplicio judicial hay que comprenderlo también como un ritual político. Forma parte, así sea en un modo menor, de las ceremonias por las cuales se manifiesta el poder», dice Foucault.
Lo único que puede explicar el fenómeno, alegan los integrantes de la C.S.J. es «el uso de la prisión preventiva como pena corta privativa de la libertad, contra toda la opinión técnica mundial, desde el siglo XIX a la fecha».

Firmaron la sentencia de la Corte, Raúl Zaffaroni, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti.

La aprobaron con disidencias parciales, Carlos Fayt, quien aceptó el recurso pero derivó su tramitación a la justicia provincial y Carmen Argibay, quien proponía declarar la inconstitucionalidad del Código de Procedimiento de la provincia, leyes impulsadas en 1999 por el gobernador de entonces Carlos Ruckauf. (el contrapunto lo mantuvo con Zaffaroni - de haber prosperado dicha postura, miles de detenidos hubieran podido acceder en forma casi inmediata a la libertad).

El único ministro de la Corte que no aprobó el recurso del Cels, fue Antonio Boggiano, quien opinó que el poder federal no puede intervenir en una cuestión propia de la esfera bonaerense.

EN OTROS PAISES

En México, el último 30 de marzo, Anders Lompass, representante de la Oficina del Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, (ACNUDH) advirtió que la tortura sigue siendo una práctica generalizada en las cárceles, sobre todo para la obtención de confesiones de culpabilidad de los detenidos.

«Es una cifra negra muy grande entre los casos que se denuncian y los que no, porque la tortura se hace de manera clandestina, los que están torturando nunca lo reconocen y los casos que se dan a conocer son negados por las autoridades».

Mundialmente, de acuerdo con Kompass, la tortura es una práctica recurrente en la mayor parte de los países y en algunos casos «se pretende justificar en el contexto del combate al terrorismo y por razones de seguridad nacional».

«Creo que nadie puede decir que las cárceles son centros de rehabilitación, porque lo que allí se vive, con toda la corrupción de custodios y policías, es un infierno de injusticias. Puede haber excepciones, pero seguro son muy pocas», declaró Silvia Otón, abogada penalista que atiende casos de varios detenidos en cárceles mexicanas.

Un informe de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos, sostiene que en este país los presidios son escuelas del delito donde no se respetan los más elementales derechos humanos.

El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) indica que de 18 países estudiados por el Ilanud en 2003, en todos se comprobó exceso de reclusos en los edificios carcelarios, pero en 15 de ellos el «hacinamiento era crítico», es decir, con densidades iguales o superiores a 120 por ciento de su capacidad.
Además, en muchos países la mayoría de presos ni siquiera han recibido sentencia firme.
Por ejemplo, 79 por ciento de los internos de las cárceles de Honduras esperan que los jueces definan su situación, en Uruguay ese porcentaje es de 72 por cada 100, en Ecuador de 70, en Perú de 67, en Panamá de 58 y en Bolivia de 56.
Los homicidios al interior de las prisiones latinoamericanas ocurren en una relación 25 veces más alta que en la vida en libertad, y el número de muertes por suicidio es al menos ocho veces mayor.

Human Rights Watch (HRW) en la presentación del informe anual de 2055, considera que ’no hay acceso a la justicia para las mayorías’ en Perú, México, Centroamérica, Brasil, Argentina y otros países.
Sin embargo, en el contexto general de la situación de los derechos humanos en la región, y en aquello que deriva de la aplicación del modelo económico ultraliberal que se ha impuesto a la mayor parte de los países latinoamericanos en donde su mayor consecuencia son las grandes desigualdades sociales, la emigración y el empobrecimiento cada vez mayor de la población, el organismo americano de los derechos humanos nada dice.
Asimismo, mencionó que las violaciones en Colombia son por la directa responsabilidad que tienen los grupos paramilitares de extrema derecha.
Lo que no se señala es que son financiados y entrenados por los Estados Unidos.
El informe de HRW, nada dice con respecto a las violaciones de los derechos humanos existente en los Estados Unidos y en especial de aquellos que se encuentran hacinados en las cárceles de Guantánamo y que proceden de Irak, lugar en el cual los EE.UU. han desatado su propio terrorismo y genocidio contra el pueblo de este país, bajo el falso argumento de la existencia de las armas de destrucción masiva.

En Colombia, los derechos humanos y constitucionales de la población son sistemáticamente violados en la mayoría de las 174 cárceles de este país, hecho calificado como un verdadero «infierno» por un informe de Naciones Unidas, «las cárceles se prestan para la tortura, y no sólo la tortura con sangre, sino la tortura seca, la que usan los “gringos” manejando el silencio, la luz, el ruido, la indiferencia, el aislamiento. Una tortura que no deja marcas, una tortura que nunca puede ser probada, garantizada, totalmente impune», se pudo conocer por la revelación de un carcelero.

El apoyo del Gobierno estadounidense ha sido vital en el desarrollo de una de las transformaciones actuales más importantes del sistema penitenciario y carcelario colombiano: la introducción de una nueva forma de gestión penitenciaria que ha sido denominada como «Nueva Cultura Penitenciaria».
Ese programa se desarrolló, de la mano del Buró Federal de Prisiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, todo un programa de intervención en el sistema penitenciario que incluyó entre otras actividades, el asesoramiento para el diseño de los nuevos establecimientos y la creación de un nuevo esquema de gestión penitenciaria que se habría de implantar en dichos establecimientos, y que sería implementado por funcionarios del Inpec, seleccionados y entrenados en las nuevas técnicas penitenciarias.
En su estructura se establecieron mecanismos de control y vigilancia permanentes para los internos, funcionarios y visitantes, a manera de verdaderos panópticos tecnológicos; se edificaron áreas muy reducidas para el desarrollo de programas de trabajo y educación, verdaderamente insuficientes para la capacidad de alojamiento de los establecimientos; y se reintrodujo el aislamiento celular en pabellones especiales, en contradicción con los estándares internacionales.
El modelo instaurado se caracterizó por su alto contenido autoritario, orientado claramente hacia la finalidad retributiva de la sanción penal, generando restricciones muy drásticas para los derechos fundamentales de los reclusos, sin que dichas restricciones tengan relación, en muchas ocasiones, con la seguridad de los penales: la prohibición de tener televisores, radios o relojes personales, la limitación de vestuario, libros y demás objetos de uso personal dentro de las celdas, la obligación de raparse, la utilización de esposas en las entrevistas con los abogados, las restricciones a las visitas, entre otras que podrían ser mencionadas.
El 19 de agosto de 2004, el Gobierno expidió el decreto 2636 mediante el cual se introduce la vigilancia a través de mecanismos de seguridad electrónica como medida sustitutiva de la pena privativa de la libertad.
Una de las razones se debió a que entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2004, la población recluida en las cárceles del Impec pasó de 62074 a 66892 internos privados de la libertad, vale decir, se incrementó a razón de 803 personas por mes, el colmo es que «ni siquiera las mismas autoridades del Ministerio de Justicia o del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) conocen la cifra exacta de personas en los centros de reclusión».

La abogada y antropóloga peruana Raquel Irigoyen Fajardo el filósofo español Federico Marcos y el médico forense argentino Morris Tidball-Binz, ejemplificaron las condiciones de reclusión en Colombia con la cárcel de Valledupar, la más moderna del país, en la que los comisionados vieron los grilletes y bastones metálicos «con goma para golpear a los presos sin que queden huellas superficiales».

En las prisiones colombianas, añade el informe, se violan los derechos a la vida y a la dignidad; a la integridad física y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la salud y la alimentación; a la educación y al trabajo y a la defensa.
Asimismo, indica, que los ancianos, los indígenas y las personas que pertenecen a minorías como los reclusos negros, que son casos de «especial vulnerabilidad», no tienen pabellones propios como establece la ley.
Irigoyen también reveló casos en los que «detenciones de 36 horas pueden pasar a 36 días o a 12 meses» sin que se resuelva la situación jurídica de los arrestados, casi siempre por delitos menores.

En Estados Unidos, las cárceles y prisiones por todo el país están llenas de inmigrantes y refugiados.
La población en los centros de detención de la Inmigración está compuesta de criminales y no criminales, aquellos detenidos por el pecado de tratar de buscar una mejor vida y los que conforman una minoría de aquellos que han cometido crímenes.

Una persona que ha sido deportada y regresa a los Estados Unidos puede ser enviada a la prisión federal por diez años.
Esta persona pasará muchos más años en la cárcel de lo que hizo por su crimen original.
Muchos inmigrantes se quedan en las cárceles sin representación legal.
Sencillamente no hay quien los represente, o si hay abogados disponibles, es muy difícil, sino imposible, el comunicarse con ellos.
Transferencias frecuentes a otras cárceles impiden seriamente mantener el contacto de los detenidos y sus abogados.
Los abogados no son notificados de las transferencias.

Están brotando compañías que administran las cárceles y prisiones - muchas de ellas llenas de inmigrantes.
Todas las mujeres inmigrantes detenidas en el área de Houston son enviadas a la cárcel del condado de Liberty, donde debido a la distancia es muy difícil para ellas obtener representación.
Muchas de las mujeres detenidas tienen niños en casa.
La cárcel del Condado de Liberty (Texas) es una empresa para hacer ganancias y es manejada por la Corporación de Correcciones de América, recibe $52.50 al día por cada detenido del INS (pero solo cobra $25.00 por un prisionero del condado), por ende con el inmigrante hace la diferencia que es más del doble.
Gente que ha vivido en los Estados Unidos por 20, 30, 40 ó mas años y que las han multado con papeletas de tráfico que no han podido pagar son deportadas.
La ley estipula que dos crímenes de “torpeza moral” justifican una deportación.

De 1987 a 1993, por lo menos 48 personas murieron ahorcadas en las cárceles de Misisipí; 22 eran hombres negros.
En todos los incidentes, las autoridades determinaron que la causa de muerte fue «suicidio».
En febrero de 1993, la Comisión de Misisipí sobre Violaciones de Derechos Humanos tuvo audiencias públicas acerca del linchamiento y otras fechorías de agentes del orden.
Andrea Gibbs, ex-sheriff de la cárcel del condado Harrison y la Prisión de Jóvenes de Gulfport, Misisipí, dijo: «He presenciado decenas de golpizas a reclusos negros, blancos y nicaragüenses. [He visto cómo los] patean, estrangulan, abofetean, les pegan y los apuñalan».
Gibbs, quien es blanca, dijo que cuando ella y tres sheriffs afroamericanos les dijeron a sus supervisores que iban a denunciar esos atropellos, fueron despedidos.

En Perú, la prisión militar de la Base Naval del Callao, se terminó de construir en marzo de 1993, iniciada ya la dictadura fujimorista.
Por sus macabras características tomó el nombre de «tumba para seres vivos» y el objetivo principal de ellas fue y es la degradación y destrucción física, psíquica y moral de los presos ahí enterrados, es la demostración palpable de que los mecanismos maquiavélicos de la dictadura mafiosa aun persisten.
Cuenta con ocho celdas de concreto armado, totalmente cerradas y está construida a 8 metros bajo tierra, asegurando de esta manera el cumplimiento de su objetivo principal: aislamiento físico, auditivo y visual; oscuridad, estrechez de espacio y máximo control permanente, en síntesis, aniquilamiento.
Posee detectores acústicos y de movimiento, sistemas de alarma, minas en diversos niveles del subsuelo y cámaras de video en permanente funcionamiento, monitoreadas desde un centro de vigilancia electrónica, además de las torretas de vigilancia ocupadas por personal de la marina, armados con fusiles de largo alcance.

Otra de las cárceles en Perú se encuentra junto a San Juan de Lurigancho, un superpoblado barrio pobre de Lima, de calles polvorientas y modestas casas.
Allí se levanta el penal de máxima seguridad de Castro-Castro.
Para entrar hay que cruzar puertas blindadas y rejas, dejar las huellas dactilares y someterse a una minuciosa revisión de los policías que se ocupan de la seguridad de la cárcel.
Cuando la visita pasa el último control, sus brazos se encuentran repletos de marcas e inscripciones que certifican su ingreso en el centro penitenciario.

«Cada minuto que pasaba parecía una inacabable hora. Prohibida la lectura, la escritura, el trabajo, parecíamos seres del mundo vegetal. La visita familiar era una vez al mes por un máximo de 30 minutos. La visita de los hijos menores, el mismo tiempo pero cada tres meses», es el testimonio de un detenido.
Las leyes especiales de fujimorismo violaron todas las garantías constitucionales de los detenidos.
Las cárceles se llenaron de obreros, campesinos, estudiantes, comerciantes y profesores que fueron condenados en juicio relámpago con penas durísimas.
El gobierno de Toledo, hasta ahora, poco y nada se ha ocupado para revertir tanto despojo, tanto latrocinio humano.

En Bolivia, la mayoría de la población en las cárceles de Cochabamba está por la Ley 1008.
Casi un 80% de los internos es gente campesina que hacía actividades ligadas a la actividad agrícola.
En el penal de mujeres es mucho más visible esto, gente pobre que no tiene posibilidades a acceder a una defensa justa.
Cuando logran organizarse designando delegadas entre las internas, éstas son controladas por la Gobernación, lo que no permite que pueda haber una genuina representación para las detenidas.

También como en Argentina, es sumamente notorio el retardo de la Justicia para resolver el proceso de los detenidos haciendo que incida en la permanencia de los niños, que hasta cumplidos los 16 años quedan junto a sus padres en prisión; la inadecuada infraestructura de las prisiones y el hacinamiento hacen que no se pueda evitar que con ello no incida en el desarrollo de los mismos.
La edad promedio de los padres es de 31 años.
El 75 por ciento solo tiene educación primaria incompleta, hablan castellano y quechua. La ocupación antes de su encarcelamiento era en un 50 por ciento la agricultura y un 20 por ciento choferes.
El promedio de tiempo de permanencia en la cárcel es de 4,3 años.
Un recuento de cuantos niños hay en las cárceles bolivianas dio por resultado unos 350.

Chile, tampoco representa la excepción en América Latina, en cuanto a las condiciones infrahumanas que soportan los detenidos en sus cárceles.

Los últimos datos de 2000, daban como resultado que de los 104 penales existentes en ese país, habría tres reclusos en el espacio en que debería haber uno, es decir que un 45 por ciento de ellos está en condición de hacinamiento.
Luego en cinco años se incrementó en un 58 por ciento la población carcelaria, en parte por la lentitud en los procesos judiciales, elevándose la cifra de hacinamiento en la actualidad a un 60 por ciento, como ya se señaló, en nuestro país.

La peor situación se vive en la cárcel de Melipilla, con un porcentaje de hacinamiento del 282 por ciento, sin duda un mal endémico en todo el Cono Sur.
Por cuanto la infraestructura carcelaria fue concebida para alrededor de 23 mil internos, las cifras indican que existirían aproximadamente 35 mil personas encarceladas, de las cuales el 53 por ciento corresponden a condenados que se encuentran en un establecimiento penal del sistema cerrado o semiabierto y el 41 por ciento a procesados en espera de sentencia, es decir en prisión preventiva.

En Venezuela hay 32 establecimientos penales con capacidad para 16.000 presos, pero albergan a 19.984, según estadísticas oficiales, 47 por ciento de los cuales tienen sentencia firme mientras los demás aún aguardan la decisión final de la justicia.
Los extranjeros, de 56 nacionalidades, suman 1.548.

Organizaciones no gubernamentales indican que, en el año 2004, murieron 225 presos, la mayoría en homicidios atribuidos a sus compañeros de celdas.
En 2002, último año con estadísticas completas, se registraron 317 muertes en las cárceles, y 250 en el primer semestre de 2003, según la el grupo humanitario Provea.

El estado de las cárceles en la década del 90 fue el mayor lunar para los derechos humanos en Venezuela, solapado en medio de la crisis política que absorbió al país después que Chávez llegó al poder en 1999 e impulsó un proceso de cambios políticos y sociales que denominó «Revolución Bolivariana».

El 27 de noviembre de 1992, mientras se desarrollaba la segunda sublevación militar contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993), decenas de presos fueron masacrados por los gendarmes en el Retén de Catia, una cárcel en el oeste de Caracas.

Durante el primer trimestre del presente año se contabilizaron 110 crímenes y 156 heridos en diversos penales del país.

El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, lamentó la utilización indiscriminada de armas de fuego en recintos que se suponen custodiados por las autoridades. En ese lapso, 89 reclusos resultaron heridos por proyectiles y 77 fueron asesinados por armas de fuego.

La organización no gubernamental tras presentar el balance trimestral señaló que la cárcel de La Pica, ubicada en el Estado Monagas, pasó a ser la más peligrosa tras producir 15 muertos y ocho heridos en sólo tres meses.
En el ranking de las cárceles más violentas del país figura también Yare I con once muertos y dos heridos.
La siguen los penales de Barinas, Santa Ana, Tocuyito, Anzoátegui, Tocorón y Ciudad Bolívar.

En Brasil, también la situación carcelaria es alarmante.
Comenzando con informes de 2001, dicen que «la tortura se utiliza sistemáticamente para obtener confesiones y para dominar, humillar y controlar a los detenidos; además, cada vez es más frecuente su uso para obtener dinero de los presos y detenidos o para servir a los intereses de policías corruptos», hechos reconocidos por autoridades gubernamentales.
La mayoría de las víctimas de tortura son presuntos delincuentes detenidos, sin recursos económicos y sin educación y muchos ellos de ascendencia negra.
La organización también señala que el uso de la tortura y los malos tratos por parte de policías y guardias de las prisiones «ha llegado a ser considerado como un precio aceptable que hay que pagar a cambio de una política de seguridad pública cada vez más represiva», a pesar que Brasil cuenta con la ley 9455 (Ley contra la Tortura), pero que como instrumento legal ha tenido resultados limitados ya que cientos de casos han derivado en acciones judiciales, pero nadie ha sido aún condenado en aplicación de la ley.
Además, el 17,4 por ciento de la población penal (casi 60 mil personas) son menores de edad, trascendió en un informe realizado por del diario O Globo en abril de este año.

En Brasil, morir de viejo está siendo cada vez más difícil para los varones de entre 15 y 24 años.
Así lo demuestra la cuarta edición del «Mapa de la Violencia: Los Jóvenes de Brasil», presentado por la UNESCO junto con la Secretaría Especial de Derechos Humanos.

El 11 por ciento de los homicidios del mundo se comete en Brasil, que ocupa el 5º lugar en número de jóvenes muertos de forma violenta entre 67 países estudiados, por detrás de Colombia, Islas Vírgenes, El Salvador y Venezuela.
De cada 100 jóvenes brasileños muertos en el 2002, cuarenta fueron asesinados.
Las cifras son escalofriantes y no paran de crecer.
Entre 1993 y el 2002 -período en que se realizó el trabajo de investigación- el número de homicidios aumentó el 62 por ciento en la población en general, pero entre los jóvenes de 15 a 24 años el número es aún peor: 88 por ciento.
Lo que está matando a los jóvenes brasileños es la exclusión.
Esto se observa claramente en otro dato relevante que se desprende del informe de la UNESCO: Siete de cada diez jóvenes asesinados son negros y pobres.
El sistema penitenciario en Brasil está en una situación de emergencia, entre otras cosas por la sobrepoblación.
Por cada detenido que sale entran dos y los índices de reincidencia son altísimos.
La mayor parte de los presos está en las cárceles por crímenes contra el patrimonio y menos del 20 por ciento por homicidios o narcotráfico.
Pero en ese infierno, las facciones mafiosas que operan dentro de los presidios con la connivencia de autoridades penitenciarias. El 60 por ciento de la población carcelaria tiene menos de 30 años, la mayoría no completó la escolaridad primaria y muchos son analfabetos.
La exclusión como fenómeno racial también está presente: la mayoría son negros o mulatos.

La penitenciaría federal de Tamara, aproximadamente a media hora de la capital hondureña, Tegucigalpa, fue construida en el decenio de los ’90 para una población máxima de 1,800 presos.
La población actual equivale a casi el doble de esa cifra.

En el 2001, según prominentes expertos forenses de Honduras, la tasa de homicidios en Tegucigalpa se disparó hasta 905 asesinatos, en comparación con los 581 que se registraron el año previo.

La policía es la que entabla cargos penales casi enteramente.
Los tatuajes constituyen la prueba de mayor importancia.

La muerte de 107 maras salvatruchas en 2004, en un incendio en una cárcel de San pedro sula, es visto por los reclusos como un plan de eliminación, según las autoridades, fue causado por cableado defectuoso en la unidad de aire acondicionado.
Los custodios en la cárcel informaron que el calor proveniente del incendio era tan intenso que, durante 45 minutos, no pudieron abrir la puerta que da acceso al bloque de celdas.

Un año antes, en una prisión diferente, las autoridades determinaron que los custodios fueron responsables de una matanza.

Sesenta y ocho personas, en su mayoría pandilleros de la Mara 18, murieron en un incendio en una penitenciaría llamada El Porvenir.

Las autoridades de la prisión dijeron que los pandilleros habían disparado contra otros reos y después se habían pertrechado en el interior de su bloque de celdas, para luego provocar un incendio suicida.
No obstante, una investigación por parte de una comisión presidencial encontró que 59 de las víctimas fueron apuñaladas, recibieron disparos y fueron quemadas hasta perder la vida a manos de custodios y soldados. Algunos de ellos, afirman las autoridades, fueron acribillados a balazos conforme salían corriendo del incendio con las manos en alto.

ANEXOS

La tortura y sus consecuencias. Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos - Principios básicos para el tratamiento de los reclusos. 16-12-90. Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos - Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. 09-08-88 Las cárceles - por José Hernández - Fuentes.

La tortura y sus consecuencias

Índice Visitas del CICR a los presos Cometido del médico Acerca de las definiciones de la tortura Acerca de la documentación sobre la tortura

Punto de vista de un colaborador del CICR Durante el seminario sobre tortura y violencia organizada, que COMPASSION organizó y tuvo lugar en Moscú, el mes de septiembre de 1994, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) describió someramente sus principales actividades sobre el terreno por lo que atañe a las visitas a los presos, haciendo hincapié en la labor que despliega en relación con el conflicto de Alto Karabaj. Desde entonces, el conflicto en Chechenia ha adquirido una nueva dimensión. Los principios entonces proclamados en cuanto a las visitas a los presos de todas las partes implicadas son igualmente válidos en este reciente conflicto, como lo son en todos los ámbitos en los que trabaja el CICR. Al escribir este resumen, el autor decidió definir algunos principios generales relativos a la tortura y a sus consecuencias, dado que están relacionados con la labor que los delegados y los médicos del CICR realizan sobre el terreno. Visitas del CICR a los presos Entre las múltiples actividades que el CICR despliega en zonas conflictivas figuran las visitas a los presos en todo el mundo. En 1994, sus delegados y sus médicos visitaron a más de 99.000. La finalidad de tales visitas es cerciorarse de que las personas detenidas se benefician de las adecuadas condiciones de detención, y de que no son sometidas a tipo alguno de malos tratos, es decir, que se respeta su integridad física y moral. Las visitas del CICR y los requisitos necesarios para que éstas tengan lugar se negocian previamente con las autoridades detenedoras. Son varias las condiciones sine qua non que las autoridades han de aceptar antes de que el CICR inicie las visitas. Las condiciones y los objetivos de las visitas del CICR se describen en un documento publicado en la revista TORTURE [1, 2] del International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT). Todos los aspectos sanitarios no relacionados con el problema de la tortura se reseñan en el mismo, y no serán mencionados aquí. Cuando los presos son víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, los delegados del CICR se documentan sobre el empleo de la tortura, a fin de presentar a las autoridades un minucioso informe acerca de la situación, instándolas a hacer que cese esa manera de proceder. Además, los médicos del CICR tienen que ver y examinar a dichos presos para evaluar su estado de salud. Cometido del médico Los médicos del CICR reciben una formación específica y disponen de documentación especializada que les permite prestar una asistencia lo más eficaz posible a las víctimas de la tortura a las que visitan. El cometido del médico en este ámbito específico de trabajo es obviamente muy diferente del de un médico "ajeno" al entorno penitenciario. No se trata, en absoluto, de que el médico del CICR "atienda" -en el sentido generalmente aceptado de la palabra- a esas personas mientras están detenidas. Es más, una vez puestas en libertad, la cuestión del tratamiento sigue estando fuera del alcance de los médicos del CICR; pero, al menos, se puede enviar a esas personas que precisan tratamiento a cualquier centro inmediatamente accesible. Lo que sí se puede lograr en el breve lapso asignado al médico durante la visita del CICR es dar al preso la oportunidad de consultar con un médico que se compadezca de su situación (una visita médica a un preso puede durar entre 15 y, rara vez, 40 minutos; a veces, incluso más; los médicos del CICR han de explicar que es necesario el suficiente tiempo para que todos los que precisan ver al médico tengan la oportunidad de hacerlo). El médico del CICR puede, si procede, asesorar y orientar tras haber efectuado un examen médico independiente. Así, el preso podrá contar con un defensor médico para cualquier terapia necesaria y disponible mientras sigue detenido. Los médicos del CICR procuran hacer todo esto; uno de sus cometidos, a menudo difícil, es intentar que se efectúe un examen médico externo (rayos X, análisis, etc.) a los presos que ven, o que se les ingrese en un hospital de rehabilitación para recibir un tratamiento específico, un establecimiento donde el médico del CICR podrá seguir el caso del paciente. No se debería minimizar la importancia de que un médico independiente -en este caso del CICR- pueda llevar a cabo un examen médico. Ver a un médico independiente que se preocupa sinceramente por la salud de los presos es tanto más importante cuanto que, en muchos (¿o en la mayoría?) de los países donde se practican los malos tratos o la tortura, los presos dependen de los servicios de médicos institucionales; los médicos externos no están autorizados a atender a los presos. Las más de las veces, en esas situaciones, los presos no confían en el personal médico "interno". Quizá sea porque hay países donde los médicos participan, por ejemplo, en los interrogatorios. También puede deberse a un sentimiento de desconfianza comprensible que todo preso puede tener mientras está detenido. De mediar alguna cuestión de tortura, la importancia de un médico independiente es manifiesta. Por muy profesional que sea un médico penitenciario, es fácil comprender que los presos que han sido torturados no confíen en un médico a quien consideran como parte del sistema penitenciario o represivo. Así pues, aparte del indiscutible interés que supone recabar datos de primera mano sobre la tortura, los médicos del CICR están en condiciones de prestar cierta asistencia médica y de aportar un poco de consuelo a esas personas a quienes se ha negado consuelo y alivio durante su penosa experiencia. Por una parte, una evaluación profesional acerca de la situación de tortura conduce a la redacción de un informe -el cual, de conformidad con los satisfactorios métodos de trabajo del CICR, es confidencial- que se envía a las autoridades superiores instándolas a que pongan término a todas esas prácticas. Por otra parte, sobre el terreno (es decir, en la prisión), con ventajas inmediatas y prácticas para las propias víctimas, el médico del CICR puede asesorar, explicar y tranquilizar a las personas que sufren de las variadísimas molestias y repercusiones de la tortura. A pesar de que, por supuesto, el principal problema de los presos -su privación de libertad- es una cuestión de la que el CICR no puede ocuparse, y habitualmente no lo hace (aparte de los casos médicos excepcionales en los que se pueden hacer gestiones para la puesta en libertad por motivos médicos o humanitarios), ese contacto único mientras siguen detenidos puede ser útil. Poder explicar los síntomas y asesorar sobre lo que se puede hacer mientras están detenidos, o lo que cabe esperar a largo plazo, es en sí, en muchos casos, un tipo de terapia. Es posible explicar a alguien, incluso si está detrás de unas rejas, que los síntomas de la tortura son la "reacción normal de una persona normal a una situación anormal" (cita de la doctora. Genefke [3] en IRCT). En nuestra opinión, es un servicio que puede ayudar a los presos mucho más de lo que una persona ajena puede pensar a primera vista (por dar un ejemplo, para un preso puede suponer un gran alivio que un médico independiente le diga que, a pesar de que su cuerpo ha sido golpeado y objeto de abusos, aparentemente -tras haber sido examinado- no hay lesiones permanentes en su sistema reproductor; cabe recordar que, a menudo, los torturadores blanden la amenaza de una futura esterilidad como parte de la penosa experiencia). Muchos de los conocimientos, adquiridos gracias a la gran experiencia de los centros de rehabilitación para las víctimas de la tortura que hay en el mundo -información que ha sido debidamente publicada-, pueden ser utilizados por los médicos del CICR en su intento por aliviar lo más posible a esos presos mientras siguen detenidos, presos que a veces cumplen una larga condena, con escasas esperanzas de ser puestos en libertad en un futuro próximo. Acerca de las definiciones de la tortura Los motivos de la tortura son muchos. Han sido objeto de largos debates en incontables publicaciones e informes, particularmente en estudios y documentos médicos realizados por el ICRT en Copenhague y en otros centros de rehabilitación similares. Aunque la finalidad de este informe no es volver sobre el tema, parece necesario y útil hacer una serie de comentarios basados en la experiencia adquirida por el autor en el CICR. La "tortura de Estado", política gubernamental cuya finalidad es acabar con cualquier -o con toda la- oposición política y, como tal, infligida a todo sospechoso de ser un "enemigo" de las personas que ostentan el poder, sigue siendo, desafortunadamente una práctica muy real. La tortura de "presos políticos", especialmente de sus líderes, sigue practicándose en muchos países (la expresión "preso político" se emplea aquí por conveniencia para designar a los oponentes, reales o considerados como tales por el Gobierno; pocos Gobiernos -de haber alguno- reconocen tener "presos políticos"). Este uso de la tortura es el que mejor se aviene con la descripción de "el arma más eficaz contra la democracia" como lo emplea el IRCT danés (cita de la doctora Inge Genefke [4]). Desafortunadamente, esta más bien restrictiva definición tiende a hacer olvidar que se puede utilizar -y de hecho se utiliza- la tortura en muchos otros contextos. Evidentemente, este tema tiene otras muchas vertientes. El CICR no tiene su propia definición de la tortura y emplea, cuando es necesario, las ya existentes -o ninguna-, según convenga en una determinada situación. A lo largo de los años, las definiciones de la tortura se han vuelto más complejas, y no necesariamente más claras (véanse las definiciones de Amnistía Internacional y de la Asociación Médica Mundial, ambas formuladas en 1975, así como la de 1984 de las Naciones Unidas en su Convención contra la Tortura). La definición generalmente aceptada hoy es la de la ONU: se define la tortura como una forma agravada de trato o castigo cruel, inhumano y degradante. Cabe destacar que mediante las definiciones de la tortura se ha intentado corroborar los propósitos de aquellos que la practican (en las primeras definiciones, como por ejemplo la del profesor Chet Scrignar de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, no se pretende determinar las intenciones del torturador, sino sólo describir los efectos de ésta en la víctima; el profesor Scrignar define la tortura como "un trauma internacional deliberadamente concebido por personas viles para ocasionar sistemáticamente dolor y sufrimientos a un individuo determinado, y que culmina con el colapso físico y psicológico de la víctima"). La antigua noción de que la principal finalidad de la tortura es hacer "hablar" a las personas (y dar información) fue correctamente contrarrestada en el decenio de los setenta por la noción opuesta, es decir, que su intención es, de hecho, hacer que la población en general guarde silencio... Es este tipo intencionado de tortura el que realmente intenta reprimir la democracia. Sin adentrarnos en un minucioso análisis de la tortura tal y como se practicaba a mediados de la década de los noventa, hay que decir, no obstante, que la finalidad de la tortura no es tan claro como lo era, por ejemplo, a mediados de la década de los setenta o a comienzos de la década de los ochenta. En aquellos años, la fórmula la "tortura contra la democracia" era, si no la regla, al menos, qué duda cabe, la forma más visible y difundida de tortura de Estado sistemática. Era el tipo de tortura que se había aplicado a las víctimas (o "supervivientes", como se les denomina hoy) que lograron llegar a los distintos centros de Europa y América del Norte, donde fueron acogidas y atendidas por profesionales de la salud y por especialistas en derechos humanos preocupados. Esas personas han sido las fuentes de información para muchas de las publicaciones sobre la tortura. Pero, al igual que ocurría ya entonces, la verdadera finalidad de la tortura tenía, a mediados de la década de los noventa, un espectro mucho más amplio de razones que la "mera" disuasión de los disidentes políticos. La tortura siempre se ha empleado, y sigue empleándose, por muchos otros motivos. Una de las formas más perversas de tortura es su utilización para obtener la sumisión y la colaboración de personas que no están involucradas en un determinado conflicto, pero que son torturadas y chantajeadas para que se infiltren o presten declaración contra supuestos "enemigos" del Gobierno. La colaboración forzada, con todas sus implicaciones, es sin lugar a dudas uno de los más trágicos aspectos del empleo de la tortura. Las víctimas que se han visto forzadas a colaborar son rechazadas y marginadas por todos, y corren gran riesgo de ser asesinadas o torturadas por su propia gente. La tortura y otras formas de violencia perpetradas en aras de lo que hoy se denomina "limpieza étnica" constituyen otro ejemplo que hace al caso. Se ha torturado brutalmente -muchos han muerto despiadadamente- a personas civiles inocentes sin postura o ideología política, únicamente para obligarles a abandonar su tierra. Esas personas son víctimas de una política que poco tiene que ver con la represión de la democracia. También podemos mencionar un tercer ejemplo de tortura que no se atiene a la definición de "antidemocracia", a saber las palizas y otras formas de violencia increíblemente crueles e inhumanas -que sólo se pueden calificar de tortura- propinadas a los presos en algunos países. Esas personas son presos de derecho común, y no disidentes u oponentes de ningún tipo, y se les tortura para disuadirles de huir. Cuando se dice a los guardias de las prisiones que su ya de por sí miserable sueldo se verá reducido al 50% si un preso se escapa, no dudan en emplear formas inimaginablemente violentas de represión. Podría proseguir la lista. Lo que se trata de dejar claro aquí es que hay que considerar la lucha contra la tortura como lucha que abarca todas esas formas de tortura, y no sólo la tortura de disidentes políticos, reales o imaginarios. Es en ese sentido en el que en la definición de la Convención de la ONU sobre la tortura, al determinar las posibles intenciones de la tortura, se dice con razón como punto fundamental : "... o por cualquier otra razón". La misma expresión violencia organizada es quizá defendida con razón por muchos grupos que actúan en favor de los derechos humanos. Esa violencia se ha empleado, y sigue empleándose, con los mismos propósitos que la tortura y, en algunos casos, ha habido una política gubernamental para aplicarla. En otros, el motivo que se oculta tras el empleo de la violencia organizada puede resultar menos claro ... La expresión incluye seguramente la noción de tortura, sea cual fuere la definición, y es posible que, en muchos casos, su empleo sea preferible al siempre controvertido término de "tortura" (de lo que aquí se trata al decir "controvertido" es de que el propósito de intervenir contra la tortura es hacer que cese, y no andarse por las ramas diseccionando definiciones; ésta es una de las razones por las que el CICR no utiliza definición específica alguna, sino que prefiere describir lo que está sucediendo). Los efectos de la tortura o de la violencia organizada (¿y qué decir de la violencia "no organizada?) para las víctimas son, evidentemente, muy diferentes dependiendo del grupo destinatario. Cuando se es sometido a la tortura de Estado, los activistas políticos, que están "preparados" para la tortura -en algunos casos, incluso "formados" para contar con ella- disponen de mecanismos para hacerle frente; obviamente, de tales mecanismos carecen los hombres, las mujeres y los niños que son torturados, porque se encuentran en el lugar equivocado o pertenecen a un grupo étnico mal visto (o ambas cosas), pero que no son militantes en causa específica alguna. En varios países, las personas civiles presas de las distintas formas de "limpieza étnica" son ejemplos de personas que no están, en absoluto, "preparadas" para la espantosa violencia que contra ellas se perpetra. Seguramente no se trata aquí de comentar los divergentes parámetros de esos grupos médicos profesionales que aprueban lo que se puede resumir como el enfoque "síndrome de la tortura", ni de aquellos otros profesionales que creen que los efectos de esa misma forma de tortura variarán mucho dependiendo de la fuerza interior, de la personalidad y de los mecanismos de respuesta de aquellos a quienes se aplica. Baste decir que todavía queda mucho trabajo por hacer a ese respecto. El punto principal que cabe señalar aquí es que no hay que considerar la tortura únicamente como una forma de represión de potenciales presos políticos, sino como un mal mucho mayor. Acerca de la documentación sobre la tortura Se puede decir que el CICR tiene una gran experiencia en esta materia, porque ha estado visitando a presos políticos sin interrupción desde 1918. Desafortunadamente, con frecuencia, la tortura ha sido uno de los puntos abordados durante dichas visitas. Los delegados y los médicos del CICR recaban los datos sobre la tortura durante sus visitas a los presos en los lugares de detención (rara vez, los médicos del CICR ven a los presos una vez puestos en libertad). Lo hacen durante la fase esencial de la visita, que incluye el diálogo y el contacto directos con los detenidos. Esas entrevistas sin testigos son una de las condiciones no negociables para que se lleven a cabo las visitas del CICR. Sólo gracias a ese contacto personal y directo con el preso puede el CICR esperar obtener información fiable sobre los distintos temas que le interesa tratar. La cuestión de la tortura y sus consecuencias es evidentemente una de las principales preocupaciones del CICR. Al entrevistarse con los presos individualmente y posibilitarles el hablar de sus problemas y preocupaciones, los delegados y los médicos del CICR obtienen una imagen general de la situación. Una vez que el CICR tiene una idea clara al respecto, el principal objetivo es abordar el tema a nivel oficial con las correspondientes autoridades, instándolas a poner término a esas prácticas. Ya se ha mencionado el cometido específico adicional de los médicos. En algunos casos, el personal enfermero del CICR también asiste al delegado y a los médicos en estas tareas. En los informes remitidos a las autoridades se ha de dar una imagen completa y precisa de la situación de los presos. Trabajar con profesionalidad, con delegados y médicos formados, cotejar minuciosamente toda la información recibida -de las autoridades y de los presos- permite al CICR determinar lo que realmente ha sucedido. Se insiste, en particular por lo que respecta a los médicos que examinan a las víctimas de la tortura y obtienen la mayoría de la información clave gracias a su relación privilegiada médico-paciente, sobre el hecho de que han de describir minuciosa y ampliamente la tortura. El principal objetivo es evaluar las consecuencias generales de la tortura, y no sólo hacer una lista de los métodos empleados. Éste es un punto importante, que comporta, al menos, dos subsecciones. Primera, cabe decir que limitarse a "enumerar métodos", un proceder demasiado empleado al documentar la tortura, no es una manera eficaz de abordar el tema. En dichas listas no se puede reflejar el verdadero horror de una situación, y se tiende a separar los "métodos físicos" de los métodos psicológicos". Segunda, hay que destacar que las lesiones visibles y aparentes sólo son una parte de la historia, y quizá no la peor. Los delegados del CICR están formados para ver más allá de las meras cicatrices y marcas de la tortura que pueden ver o que se les muestra en un primer momento. "Las peores cicatrices están en la mente" (dice del doctor Sten W. Jakobsson, Estocolmo) [5]; a las víctimas de la tortura les resulta mucho más fácil mostrar las heridas de su espalda que hablar de las del alma. Debería evitarse a toda costa lo que podríamos denominar el enfoque de documentación "LQVELQH" (término que significa "Lo que ve es lo que hay") Las secuelas de la tortura han sido ampliamente descritas en otro lugar [6, 7]. Desafortunadamente, muchos profesionales de la salud que trabajan con solicitantes de asilo, por ejemplo, han de presentar "pruebas físicas" para demostrar que ha habido tortura. En muchos países, todavía no se aceptan las pruebas psicológicas de la tortura como argumento válido. Sea cual fuere el método de análisis empleado por los profesionales en estudios e informes acerca de la tortura, parece necesario decir algo en cuanto a la manera de consignar la documentación en general. Hay una tendencia a utilizar "listas de control" y otras listas por el estilo en las actividades sobre el terreno. Con frecuencia, la información obtenida de las víctimas de la tortura es muy variada y, dado el empleo cada vez más frecuente de ordenadores y sistemas de bases de datos, los profesionales de la salud inexperimentados que tienen que manejar esa información, la presentan, a menudo, en forma de cuadro, limitándose a comprobar qué métodos de tortura se han utilizado, y a enumerarlos. Peor todavía, las cifras y las categorías de esos cuadros se introducen, con frecuencia, en un sistema que calcula "estadísticamente". Es posible que, en algunos casos, esas cifras confieran profesionalidad a un informe; pero, a menudo, inducen a error y son, qué duda cabe, limitativas. En el CICR se insta a los delegados y a los médicos que se hallan en período de formación a que eviten esa mentalidad "tabular". Nada puede reemplazar un informe escrito por un profesional, en el que se describen los métodos y las observaciones con frases objetivas y con cuantos ejemplos sean necesarios. Esos ejemplos pueden ser la transcripción de las palabras de la víctima o un resumen, lo que sea más conveniente y práctico. Muchas organizaciones de derechos humanos profesionales trabajan de esta manera, y no se basan en engañosas presentaciones tabulares. En el siguiente cuadro, intencionadamente simplista (cuadro 1), se ilustra el tipo de documentación que, en opinión del autor, convendría evitar. Las deficiencias deberían ser especialmente obvias en el ejemplo de tres casos que figura más adelante, pero el principio es válido para cualquier cuadro de este tipo. Cuadro: Ejemplo ficticio de tres presos víctimas de la tortura

Métodos Presos Golpes Electricidad Capucha Amenazas e insultos Sacha ++ + - + Aylosha ++ + + + Pavel ++ - + +

Este cuadro es el resultado "gráfico" de una hipotética visita a una determinada prisión donde fueron entrevistados a tres presos que habían sido torturados. El cuadro resultante es parecido a muchos resúmenes tabulares de ese tipo utilizados por personas bien intencionadas que trabajan con víctimas de la tortura e intentan organizar y consignar la información. Según el mencionado cuadro, Sacha fue golpeado (brutalmente: ++ es peor que +) y sometido a choques eléctricos. Alyosha también fue brutalmente golpeado y también se le aplicó corriente eléctrica. Además, se le encapuchó. Pavel recibió el mismo trato que Alyosha, pero sin choques eléctricos. Los tres fueron víctimas de lo que de forma eufemística se denomina "amenazas e insultos". Lo que no aparece en el cuadro, pero bien podría ser una columna adicional, son las "estadísticas"; En este caso simplificado, habría 100% de golpes, 66% de choques eléctricos, 66% de capucha, y todos los presos (100%) fueron amenazados e insultados mientras eran torturados (el hecho de que nunca se deberían hacer estadísticas sobre la base de un número tan limitado de casos es indiscutiblemente importante; sin embargo, se ha producido demasiado a menudo). Precisamente ese tipo de "cuadro metodológico" justifica un examen más minucioso. El primer preso, Sacha, que recibió golpes y choques eléctricos, debería ser un caso bastante claro. Aparentemente, se le dio una "gran paliza". Pero, ¿qué significa eso? ¿Se basa el doble signo "++" en la descripción que dio el preso? ¿O corresponde quizá al estado físico en que se encontraba cuando tuvo lugar la entrevista? ¿Se tienen en cuenta al calificar de "++" las diferencias entre recibir una paliza cuando el sujeto es un militante robusto, atlético y obstinado o la mujer de un campesino que pertenece al grupo étnico o a la religión equivocados y que no tiene ni idea de por qué se la está maltratando? Se practicaron choques eléctricos. Pero un mero signo "+" en la casilla apropiada no indica en absoluto los efectos que tuvieron para esa persona. El signo "+" reduce la información a la presencia o a la ausencia de su empleo. En sus resúmenes, los colaboradores sin experiencia desechan, con frecuencia, "las amenazas y los insultos" por considerarlos parte inevitable de la tortura. Al consignarlos en el cuadro, el lector puede considerarlos una especie de efecto secundario, como las náuseas y los vómitos que, a menudo, se considera que son efectos secundarios de algunos medicamentos... Ése no es el caso aquí, como toda persona que haya tratado con víctimas de la tortura sabe. El segundo preso, Alyosha, recibió los mismos malos tratos. Supongamos por caso que las circunstancias fueron aparentemente las mismas (mismo torturador, misma duración, mismo lugar...). Las amenazas y los insultos también fueron una realidad de la tortura para Alyosha. El hecho de que fuera encapuchado durante la "sesión" puede resultar de gran importancia, una característica que un mero cuadro no puede reflejar. La angustia y el dolor adicionales de no saber de qué ángulo llegará el próximo golpe o cachiporrazo cambia totalmente la situación. La "misma" paliza surtirá efectos considerablemente diferentes en esos dos presos. En muchos estudios se demuestra que este detalle aparentemente superficial es un importante factor que hace que la tortura sea más insoportable todavía. A la angustia mental debida a la incapacidad de ver de dónde llegará el siguiente golpe, se suma un componente físico real. La incertidumbre hace que los músculos del cuerpo se contraigan con antelación haciendo que el golpe sea todavía más doloroso, más aun si se trata de un choque eléctrico. Los espasmos musculares producidos por la corriente eléctrica en esa situación se describen como mucho peores que cuando se pueden prever los choques, y ha habido casos en los que han causado lesiones adicionales. ¿Es necesario repetir que la capucha forma parte integrante de la tortura, y que no es, como siempre alegan los torturadores, "una mera precaución de seguridad"? Incluida en una sesión de golpes y choques eléctricos, agrava los efectos de la tortura. Este hecho es difícilmente comunicable en una simple columna de un cuadro. En el tercer caso, Pavel (este ejemplo -uno de los muchos- está basado en un caso real, el de una persona entrevistada por el autor en 1994), el trato parece haber sido el mismo que el que recibió Alyosha, con la diferencia de que no se empleó la electricidad. Sin embargo, ¿cómo se puede reflejar en un cuadro de ese tipo lo que quizá fue la peor parte de la penosa experiencia de Pavel? El preso Pavel fue detenido al mismo tiempo que su hijo de 14 años. Mientras recibía la misma paliza que en el caso precedente (golpes mientras estaba encapuchado), lo peor de todo -en el caso de Pavel- era no saber si "ellos" iban a infligir el mismo trato a su hijo, sumado a las amenazas de que iban a aplicarle la corriente eléctrica. Es posible que se presupusiera directamente la tortura de su hijo (y se consignara debidamente en la aséptica columna del cuadro "amenazas e insultos"), o que fuera simplemente imaginada por el padre. La amenaza contra el hijo pudo ser real, o quizá sólo fuera utilizada por los torturadores como una forma más de tormento. El resultado es que, para ese tercer preso, el miedo que sentía a causa de su hijo eclipsó completamente todo sufrimiento físico (en el caso real, el preso declaró que apenas recordaba el dolor causado por la -brutal- paliza, porque estaba preocupado a causa de su hijo). Sin embargo, la angustia mental se prolongó hasta mucho después de finalizada la "sesión" propiamente dicha, hasta que por fin pudo saber lo que había sido de su hijo. Es imposible incorporar ese factor psicológico ("las peores cicatrices están en la mente") en un cuadro de esos. Es imposible transcribir en una tabulación el efecto psicológico que la tortura produce en la gente. En un texto cuidadosamente redactado, es irremplazable una descripción exacta de los efectos que los diferentes métodos de tortura surten en las personas, Sobre la base de este ejemplo -intencionadamente simplista-, debería ser obvio que describir situaciones de tortura es una compleja tarea, y que la imagen real no se puede comunicar mediante cuadros y listas. El falso carácter de "evaluación científica" que se da haciendo tales cuadros y sus "estadísticas" puede, de hecho, resultar contraproducente. Ésta es una de las trampas contra las que se pone en guardia a los delegados y a los médicos del CICR a los que se envía sobre el terreno para visitar a presos. Lo que hace falta para reflejar la situación real ante una autoridad responsable de esas cuestiones -con la esperanza de convencerla de que la tortura ha de cesar- es un amplio informe con una incuestionable descripción, no sólo de los métodos empleados, sino de los efectos posteriores de la tortura para las víctimas. En las descripciones médicas, si se justifican, se debería dar una imagen general, y no sólo una descripción forense de las cicatrices y demás secuelas. Los aspectos psicológicos deberían acompañar a los aspectos físicos, a fin de que no se produzca una falsa dicotomía de lo que, en realidad, es una única entidad indivisible. Otro punto -frecuentemente descuidado o minimizado- a saber, los aspectos degradantes y humillantes que juegan un papel fundamental en el ámbito de la tortura, también se deberían explicar y destacar. Estos aspectos fueron omitidos en el ejemplo anterior (cuadro) para simplificar el mensaje, pero es evidente que tampoco se pueden transcribir en una columna. En resumen, un "cuadro clínico" de la situación no debería dejar lugar a dudas de que las víctimas fueron sometidas a algo que sólo se puede calificar de tortura. De esta manera, es posible comenzar a debatir cómo poner término a ese proceder, en vez de discutir inútilmente de definiciones, métodos o porcentajes.

Conclusiones Sería presuntuoso sacar conclusiones definitivas sobre un tema tan difícil como el formulado en el encabezamiento. Digamos simplemente que, en sus actividades, el CICR presta socorro y asistencia a todos los presos que visita en una situación de conflicto, e intenta garantizar su integridad física y moral. Esto es válido para todas las partes y para todos los bandos. Se ha destacado la necesidad de contar con intermediarios neutrales, en particular médicos. Esta necesidad es tanto mayor cuanto que se trata de tortura. Con información directamente recabada de todas las fuentes, y mediante evaluaciones de primera mano efectuadas por su personal, incluido el personal médico, el CICR está en condiciones de redactar minuciosos informes que remite a todas las autoridades concernidas. Garantizando que todos los informes sean lo más profesionales posible, se podrán hacer las oportunas gestiones a todos los niveles para que cese la tortura. En este sentido, los delegados y los médicos del CICR, al realizar su evaluación, tendrán que esforzarse continuamente por mantener un enfoque profesional. Al poner en conocimiento de las autoridades los casos de tortura, habrán de evitar las trampas inherentes a las catalogaciones y simplificaciones de las bases de datos. Es mejor dejar el empleo de tabulaciones y estadísticas a los médicos y a los grupos médicos que realizan investigaciones en entornos adecuados, y que utilizan una verdadera metodología científica. Ambos enfoques son complementarios; pero, la mayoría de las veces, no son intercambiables.

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Referencias: Reyes, H.: "Comments by Hernán Reyes, MD, on the 1993 WMA Statement on Body Searches of Prisoners". Torture vol. 4, nº 2, 1994, pp. 54-55. Reyes H. Visits to prisoners, Torture, vol. 3, nº 2, 1994, p. 58. Genefke I. The purpose of torture, torture methods and sequelae. Copenhagen: International Seminar 1986. Alocución de la doctora Inge Genefke en el IV International Symposium on Torture and the Medical Profession, Budapest, Hungría (24-26 de octubre de 1991). Alocución del doctor Sten W. Jakobsson (CTC: Centrum for Tortyr- och Traumaskadede, Karolinska Sjukhuset, Estocolmo), en el V International Symposium on Torture and the Medical Profession, Estambul, Turquía (24-26 de octubre de 1992). Rasmussen OV. Medical aspects of torture (tesis). Danish Medical Bulletin 1990: 37 Suppl. 1. Basoglu M, redactor. Torture and its consequences: current treatment approaches. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Original: inglés

Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos Principios básicos para el tratamiento de los reclusos

Adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990

1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos. 2. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otros factores. 3. Sin perjuicio de lo que antecede, es necesario respetar las creencias religiosas y los preceptos culturales del grupo a que pertenezcan los reclusos, siempre que así lo exijan las condiciones en el lugar. 4. El personal encargado de las cárceles cumplirá con sus obligaciones en cuanto a la custodia de los reclusos y la protección de la sociedad contra el delito de conformidad con los demás objetivos sociales del Estado y con su responsabilidad fundamental de promover el bienestar y el desarrollo de todos los miembros de la sociedad. 5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos5 y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales33 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo33, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas. 6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana. 7. Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción. 8. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio. 9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica. 10. Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles. 11. Los principios que anteceden serán aplicados en forma imparcial.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977

Observaciones preliminares

1. El objeto de las reglas siguientes no es de describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. 2. Es evidente que debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas existentes en el mundo, no se pueden aplicar indistintamente todas las reglas en todas partes y en todo tiempo. Sin embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo constante por vencer las dificultades prácticas que se oponen a su aplicación, en vista de que representan en su conjunto las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas. 3. Además, los criterios que se aplican a las materias a que se refieren estas reglas evolucionan constantemente. No tienden a excluir la posibilidad de experiencias y prácticas, siempre que éstas se ajusten a los principios y propósitos que se desprenden del texto de las reglas. Con ese espíritu, la administración penitenciaria central podrá siempre autorizar cualquier excepción a las reglas. 4. 1) La primera parte de las reglas trata de las concernientes a la administración general de los establecimientos penitenciarios y es aplicable a todas las categorías de reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de reeducación ordenada por el juez. 2) La segunda parte contiene las reglas que no son aplicables más que a las categorías de reclusos a que se refiere cada sección. Sin embargo, las reglas de la sección A, aplicables a los reclusos condenados serán igualmente aplicables a las categorías de reclusos a que se refieren las secciones B, C y D, siempre que no sean contradictorias con las reglas que las rigen y a condición de que sean provechosas para estos reclusos. 5. 1) Estas reglas no están destinadas a determinar la organización de los establecimientos para delincuentes juveniles (establecimientos Borstal, instituciones de reeducación, etc.). No obstante, de un modo general, cabe considerar que la primera parte de las reglas mínimas es aplicable también a esos establecimientos. 2) La categoría de reclusos juveniles debe comprender, en todo caso, a los menores que dependen de las jurisdicciones de menores. Por lo general, no debería condenarse a los delincuentes juveniles a penas de prisión.

Primera parte Reglas de aplicación general Principio fundamental 6. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 2) Por el contrario, importa respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso. Registro 7. 1) En todo sitio donde haya personas detenidas, se deberá llevar al día un registro empastado y foliado que indique para cada detenido: a) Su identidad; b) Los motivos de su detención y la autoridad competente que lo dispuso; c) El día y la hora de su ingreso y de su salida. 2) Ninguna persona podrá ser admitida en un establecimiento sin una orden válida de detención, cuyos detalles deberán ser consignados previamente en el registro. Separación de categorías 8. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente separado; b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena; c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separadas de los detenidos por infracción penal; d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos. Locales destinados a los reclusos 9. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. 2) Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se trate. 10. Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación. 11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista. 12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente. 13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima templado. 14. Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y limpios. Higiene personal 15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. 16. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres deberán poder afeitarse con regularidad. Ropas y cama 17. 1) Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes. 2) Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene. 3) En circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no llamen la atención. 18. Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se tomarán disposiciones en el momento de su ingreso en el establecimiento, para asegurarse de que están limpias y utilizables. 19. Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza. Alimentación 20. 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite. Ejercicios físicos 21. 1) El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre. 2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario. Servicios médicos 22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado. 23. 1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres. 24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo. 25. 1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión. 26. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; b) La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos; c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos; e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado. 2) El Director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus propias observaciones. Disciplina y sanciones 27. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común. 28. 1) Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un empleo que permita ejercitar una facultad disciplinaria. 2) Sin embargo, esta regla no será un obstáculo para el buen funcionamiento de los sistemas a base de autogobierno. Estos sistemas implican en efecto que se confíen, bajo fiscalización, a reclusos agrupados para su tratamiento, ciertas actividades o responsabilidades de orden social, educativo o deportivo. 29. La ley o el reglamento dictado por autoridad administrativa competente determinará en cada caso: a) La conducta que constituye una infracción disciplinaria; b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se puedan aplicar; c) Cuál ha de ser la autoridad competente para pronunciar esas sanciones. 30. 1) Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. 2) Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad competente procederá a un examen completo del caso. 3) En la medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa por medio de un intérprete. 31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias. 32. 1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste puede soportarlas. 2) Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud física o mental del recluso. En todo caso, tales medidas no deberán nunca ser contrarias al principio formulado en la regla 31, ni apartarse del mismo. 3) El médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o mental. Medios de coerción 33. Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medios de coerción. Los demás medios de coerción sólo podrán ser utilizados en los siguientes casos: a) Como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa; b) Por razones médicas y a indicación del médico; c) Por orden del director, si han fracasado los demás medios para dominar a un recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca daños materiales; en estos casos, el director deberá consultar urgentemente al médico, e informar a la autoridad administrativa superior. 34. El modelo y los métodos de empleo autorizados de los medios de coerción serán determinados por la administración penitenciaria central. Su aplicación no deberá prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario. Información y derecho de queja de los reclusos 35. 1) A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas; y cualquiera otra información necesaria para conocer sus derechos y obligaciones, que le permita su adaptación a la vida del establecimiento. 2) Si el recluso es analfabeto, se le proporcionará dicha información verbalmente. 36. 1) Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de presentar peticiones o quejas al director del establecimiento o al funcionario autorizado para representarle. 2) Las peticiones o quejas podrán ser presentadas al inspector de prisiones durante su inspección. El recluso podrá hablar con el inspector o con cualquier otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el director o cualquier otro recluso miembro del personal del establecimiento se hallen presentes. 3) Todo recluso estará autorizado para dirigir por la vía prescrita sin censura en cuanto al fondo, pero en debida forma, una petición o queja a la administración penitenciaria central, a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad competente. 4) A menos que una solicitud o queja sea evidentemente temeraria o desprovista de fundamento, la misma deberá ser examinada sin demora, dándose respuesta al recluso en su debido tiempo. Contacto con el mundo exterior 37. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas. 38. 1) Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. 2) Los reclusos que sean nacionales de Estados que no tengan representación diplomática ni consular en el país, así como los refugiados y apátridas, gozarán de las mismas facilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado encargado de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos. 39. Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos más importantes, sea por medio de la lectura de los diarios, revistas o publicaciones penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones de radio, conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado por la administración. Biblioteca 40. Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más posible. Religión 41. 1) Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá un representante autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con carácter continuo. 2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo 1 deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales particulares a los reclusos de su religión. 3) Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá respetar en absoluto su actitud. 42. Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiéndosele participar en los servicios organizados en el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de instrucción religiosa de su confesión. Depósitos de objetos pertenecientes a los reclusos 43. 1) Cuando el recluso ingresa en el establecimiento, el dinero, los objetos de valor, ropas y otros efectos que le pertenezcan y que el reglamento no le autoriza a retener, serán guardados en un lugar seguro. Se establecerá un inventario de todo ello, que el recluso firmará. Se tomarán las medidas necesarias para que dichos objetos se conserven en buen estado. 2) Los objetos y el dinero pertenecientes al recluso le serán devueltos en el momento de su liberación, con excepción del dinero que se le haya autorizado a gastar, de los objetos que haya remitido al exterior, con la debida autorización, y de las ropas cuya destrucción se haya estimado necesaria por razones de higiene. El recluso firmará un recibo de los objetos y el dinero restituidos. 3) Los valores y objetos enviados al recluso desde el exterior del establecimiento serán sometidos a las mismas reglas. 4) Si el recluso es portador de medicinas o de estupefacientes en el momento de su ingreso, el médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos. Notificación de defunción, enfermedades y traslados 44. 1) En casos de fallecimiento del recluso, o de enfermedad o accidentes graves, o de su traslado a un establecimiento para enfermos mentales, el director informará inmediatamente al cónyuge, si el recluso fuere casado, o al pariente más cercano y en todo caso a cualquier otra persona designada previamente por el recluso. 2) Se informará al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la enfermedad grave de un pariente cercano. En caso de enfermedad grave de dicha persona, se le deberá autorizar, cuando las circunstancias lo permitan, para que vaya a la cabecera del enfermo, solo o con custodia. 3) Todo recluso tendrá derecho a comunicar inmediatamente a su familia su detencion o su traslado a otro establecimiento. Traslado de reclusos 45. 1) Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán disposiciones para protegerlos de los insultos, de la curiosidad del público y para impedir toda clase de publicidad. 2) Deberá prohibirse el transporte de los reclusos en malas condiciones de ventilación o de luz o por cualquier medio que les impongan un sufrimiento físico. 3) El traslado de los reclusos se hará a expensas de la administración y en condiciones de igualdad para todos. Personal penitenciario 46. 1) La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios. 2) La administración penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para ilustrar al público. 3) Para lograr dichos fines será necesario que los miembros del personal trabajen exclusivamente como funcionarios penitenciarios profesionales, tener la condición de empleados públicos y por tanto la seguridad de que la estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de su aptitud física. La remuneración del personal deberá ser adecuada para obtener y conservar los servicios de hombres y mujeres capaces. Se determinarán las ventajas de la carrera y las condiciones del servicio teniendo en cuenta el carácter penoso de sus funciones. 47. 1) El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. 2) Deberá seguir, antes de entrar en el servicio, un curso de formación general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas. 3) Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán periódicamente. 48. Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir sus funciones en toda circunstancia, de manera que su ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa en los reclusos. 49. 1) En lo posible se deberá añadir al personal un número suficiente de especialistas, tales como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos. 2) Los servicios de los trabajadores sociales, de maestros e instructores técnicos deberán ser mantenidos permanentemente, sin que ello excluya los servicios de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios. 50. 1) El director del establecimiento deberá hallarse debidamente calificado para su función por su carácter, su capacidad administrativa, una formación adecuada y por su experiencia en la materia. 2) Deberá consagrar todo su tiempo a su función oficial que no podrá ser desempeñada como algo circunscrito a un horario determinado. 3) Deberá residir en el establecimiento o en la cercanía inmediata. 4) Cuando dos o más establecimientos estén bajo la autoridad de un director único, éste los visitará con frecuencia. Cada uno de dichos establecimientos estará dirigido por un funcionario residente responsable. 51. 1) El director, el subdirector y la mayoría del personal del establecimiento deberán hablar la lengua de la mayor parte de los reclusos o una lengua comprendida por la mayor parte de éstos. 2) Se recurrirá a los servicios de un intérprete cada vez que sea necesario. 52. 1) En los establecimientos cuya importancia exija el servicio continuo de uno o varios médicos, uno de ellos por lo menos residirá en el establecimiento o en su cercanía inmediata. 2) En los demás establecimientos, el médico visitará diariamente a los presos y habitará lo bastante cerca del establecimiento a fin de que pueda acudir sin dilación cada vez que se presente un caso urgente. 53. 1) En los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de un funcionario femenino responsable, que guardará todas las llaves de dicha sección del establecimiento. 2) Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección femenina sin ir acompañado de un miembro femenino del personal. 3) La vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por funcionarios femeninos. Sin embargo, esto no excluirá que funcionarios del sexo masculino, especialmente los médicos y personal de enseñanza, desempeñen sus funciones profesionales en establecimientos o secciones reservados para mujeres. 54. 1) Los funcionarios de los establecimientos no deberán, en sus relaciones con los reclusos, recurrir a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos. Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán inmediatamente al director del establecimiento sobre el incidente. 2) Los funcionarios penitenciarios recibirán un entrenamiento físico especial que les permita dominar a los reclusos violentos. 3) Salvo en circunstancias especiales, los agentes que desempeñan un servicio en contacto directo con los presos no estarán armados. Por otra parte, no se confiará jamás un arma a un miembro del personal sin que éste haya sido antes adiestrado en su manejo. Inspección 55. Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad competente, inspeccionarán regularmente los establecimientos y servicios penitenciarios. Velarán en particular por que estos establecimientos se administren conforme a las leyes y los reglamentos en vigor y con la finalidad de alcanzar los objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales.

Segunda parte

Reglas aplicables a categorías especiales A.-Condenados Principios rectores 56. Los principios que se enumeran a continuación tienen por objeto definir el espíritu conforme al cual deben administrarse los sistemas penitenciarios y los objetivos hacia los cuales deben tender, conforme a la declaración hecha en la observación preliminar 1 del presente texto. 57. La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho a disponer de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las mediadas de separación justificadas o del mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a tal situación. 58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo. 59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer. 60. 1) El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su persona. 2) Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá una asistencia social eficaz. 61. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento en su tarea de rehabilitación social de los reclusos. Cada establecimiento penitenciario deberá contar con la colaboración de trabajadores sociales encargados de mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los organismos sociales que puedan serle útiles. Deberán hacerse, asimismo, gestiones a fin de proteger, en cuanto ello sea compatible con la ley y la pena que se imponga, los derechos relativos a los intereses civiles, los beneficios de los derechos de la seguridad social y otras ventajas sociales de los reclusos. 62. Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y deberán tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso. Para lograr este fin deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico que se juzgue necesario. 63. 1) Estos principios exigen la individualización del tratamiento que, a su vez, requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos. Por lo tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos distintos donde cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 2) Dichos establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de seguridad con respecto a todos los grupos. Convendrá establecer diversos grados de seguridad conforme a la que sea necesaria para cada uno de los diferentes grupos. Los establecimientos abiertos en los cuales no existen medios de seguridad física contra la evasión, y en los que se confía en la autodisciplina de los reclusos, proporcionan por este mismo hecho a reclusos cuidadosamente elegidos las condiciones más favorables para su readaptación. 3) Es conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. En algunos países se estima que el número de reclusos en dichos establecimientos no debe pasar de 500. En los establecimientos abiertos, el número de detenidos deberá ser lo más reducido posible. 4) Por el contrario, no convendrá mantener establecimientos que resulten demasiado pequeños para que se pueda organizar en ellos un régimen apropiado. 64. El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda postpenitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a la comunidad. Tratamiento 65. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad. 66. 1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena y las perspectivas después de su liberación. 2) Respecto de cada recluso condenado a una pena o medida de cierta duración que ingrese en el establecimiento, se remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos mencionados en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del recluso. 3) Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente individual. Estos expedientes se tendrán al día y se clasificarán de manera que el responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario. Clasificación e individualización 67. Los fines de la clasificación deberán ser: a) Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detencion; b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social. 68. Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos de reclusos. 69. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o medida de cierta duración, y después de un estudio de su personalidad, se establecerá un programa de tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad y sus inclinaciones. Privilegios 70. En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los diferentes grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a fin de alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe su tratamiento. Trabajo 71. 1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 2) Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y mental, según la determine el médico. 3) Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo. 4) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida después de su liberación. 5) Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 6) Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar. 72. 1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. 2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria. 73. 1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser dirigidas por la administración y no por contratistas privados. 2) Los reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la administración estarán siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario. A menos que el trabajo se haga para otras dependencias del gobierno, las personas para las cuales se efectúe pagarán a la administración el salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en cuenta el rendimiento del recluso. 74. 1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres. 2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres. 75. 1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de horas de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo de los trabajadores libres. 2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el tratamiento y la readaptación del recluso. 76. 1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa. 2) El reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, una parte de su remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal y que envíen otra parte a su familia. 3) El reglamento deberá igualmente prever que la administración reserve una parte de la remuneración a fin de constituir un fondo que será entregado al recluso al ser puesto en libertad. Instrucción y recreo 77. 1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle particular atención. 2) La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación. 78. Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y culturales en todos los establecimientos. Relaciones sociales, ayuda postpenitenciaria 79. Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes. 80. Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del cumplimiento de la condena, el porvenir del recluso después de su liberación. Deberá alentarse al recluso para que mantenga o establezca relaciones con personas u organismos externos que puedan favorecer los intereses de su familia así como su propia readaptación social. 81. 1) Los servicios y organismos, oficiales o no, que ayudan a los reclusos puestos en libertad a reintegrarse en la sociedad, proporcionarán a los liberados, en la medida de lo posible, los documentos y papeles de identidad necesarios, alojamiento, trabajo, vestidos convenientes y apropiados para el clima y la estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su destino y puedan subsistir durante el período que siga inmediatamente a su liberación. 2) Los representantes acreditados de esos organismos tendrán todo el acceso necesario a los establecimientos y podrán visitar a los reclusos. Se les consultará en materia de proyectos de readaptación para cada recluso desde el momento en que éste haya ingresado en el establecimiento. 3) Convendrá centralizar o coordinar todo lo posible la actividad de dichos organismos, a fin de asegurar la mejor utilización de sus actividades. B.- Reclusos alienados y enfermos mentales 82. 1) Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales. 2) Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y tratados en instituciones especializadas dirigidas por médicos. 3) Durante su permanencia en la prisión, dichos reclusos estarán bajo la vigilancia especial de un médico. 4) El servicio médico o psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios deberá asegurar el tratamiento psiquiátrico de todos los demás reclusos que necesiten dicho tratamiento. 83. Convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos competentes, para que, en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico después de la liberación y se asegure una asistencia social postpenitenciaria de carácter psiquiátrico. C.- Personas detenidas o en prision preventiva 84. 1) A los efectos de las disposiciones siguientes es denominado "acusado" toda persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción a la ley penal, detenida en un local de policía o en prisión, pero que todavía no ha sido juzgada. 2) El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia. 3) Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas a la protección de la libertad individual o de las que fijen el procedimiento que se deberá seguir respecto a los acusados, estos últimos gozarán de un régimen especial cuyos puntos esenciales solamente se determinan en las reglas que figuran a continuación. 85. 1) Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados. 2) Los acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, serán detenidos en establecimientos distintos. 86. Los acusados deberán dormir en celdas individuales a reserva de los diversos usos locales debidos al clima. 87. Dentro de los límites compatibles con un buen orden del establecimiento, los acusados podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose alimentos del exterior por conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. En caso contrario, la administración suministrará la alimentación. 88. 1) Se autorizará al acusado a que use sus propias prendas personales siempre que estén aseadas y sean decorosas. 2) Si lleva el uniforme del establecimiento, éste será diferente del uniforme de los condenados. 89. Al acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se le requerirá a ello. Si trabaja, se le deberá remunerar. 90. Se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o a las de un tercero, libros, periódicos, recado de escribir, así como otros medios de ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de la administración de justicia, la seguridad y el buen orden del establecimiento. 91. Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su dentista si su petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal gasto. 92. Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su detencion y se le concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con ésta y sus amigos y para recibir la visita de estas personas, con la única reserva de las restricciones y de la vigilancia necesarias en interés de la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del establecimiento. 93. El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio cuando se haya previsto dicha asistencia, y a recibir visitas de su abogado, a propósito de su defensa. Podrá preparar y dar a éste instrucciones confidenciales. Para ello, se le proporcionará, si lo desea, recado de escribir. Durante las entrevistas con su abogado, el acusado podrá ser vigilado visualmente, pero la conversación no deberá ser escuchada por ningún funcionario de la policía o del establecimiento penitenciario. D.- Sentenclados por deudas o a prision civil 94. En los países cuya legislación dispone la prisión por deudas u otras formas de prisión dispuestas por decisión judicial como consecuencia de un procedimiento no penal, los así sentenciados no serán sometidos a mayores restricciones ni tratados con más severidad que la requerida para la seguridad y el mantenimiento del orden. El trato que se les dé no será en ningún caso más severo que el que corresponda a los acusados a reserva, sin embargo, de la obligación eventual de trabajar. E.- Reclusos, detenidos o encarcelados sin haber cargos en su contra 95. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las personas detenidas o encarceladas sin que haya cargos en su contra gozarán de la misma protección prevista en la primera parte y en la sección C de la segunda parte. Asimismo, serán aplicables las disposiciones pertinentes de la sección A de la segunda parte cuando esta aplicación pueda redundar en beneficio de este grupo especial de personas bajo custodia, siempre que no se adopten medidas que impliquen que la reeducación o la rehabilitación proceden en forma alguna respecto de personas no condenadas por un delito penal.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988

Ambito de aplicacion del conjunto de principios Los presentes principios tienen por objetivo la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

Uso de los terminos Para los fines del Conjunto de Principios: a) Por "arresto" se entiende el acto de aprehender a una persona con motivo de la supuesta comisión de un delito o por acto de autoridad; b) Por "persona detenida" se entiende toda persona privada de la libertad personal, salvo cuando ello haya resultado de una condena por razón de un delito; c) Por "persona presa" se entiende toda persona privada de la libertad personal como resultado de la condena por razón de un delito; d) Por "detención" se entiende la condición de las personas detenidas tal como se define supra; e) Por "prisión" se entiende la condición de las personas presas tal como se define supra; f) Por "un juez u otra autoridad" se entiende una autoridad judicial u otra autoridad establecida por ley cuya condición y mandato ofrezcan las mayores garantías posibles de competencia, imparcialidad e independencia.

Principio 1 Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Principio 2 El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin. Principio 3 No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado. Principio 4 Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos humano de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad. Principio 5 1. Los presentes principios se aplicarán a todas las personas en el territorio de un Estado, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia religiosa, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Las medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente los derechos y la condición especial de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, los niños y los jóvenes, las personas de edad, los enfermos o los impedidos, no se considerarán discriminatorias. La necesidad y la aplicacion de tales medidas estarán siempre sujetas a revisión por un juez u otra autoridad. Principio 6 Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Principio 7 1. Los Estados deberán prohibir por ley todo acto contrario a los derechos y deberes que se enuncian en los presentes principios, someter todos esos actos a las sanciones procedentes y realizar investigaciones imparciales de las denuncias al respecto. 2. Los funcionarios que tengan razones para creer que se ha producido o está por producirse una violación del presente Conjunto de Principios comunicarán la cuestión a sus superiores y, cuando sea necesario, a las autoridades u órganos competentes que tengan atribuciones fiscalizadoras o correctivas. 3. Toda otra persona que tenga motivos para creer que se ha producido o está por producirse una violación del presente Conjunto de Principios tendrá derecho a comunicar el asunto a los superiores de los funcionarios involucrados, así como a otras autoridades u órganos competentes que tengan atribuciones fiscalizadoras o correctivas. Principio 8 Las personas detenidas recibirán un trato apropiado a su condición de personas que no han sido condenadas. En consecuencia, siempre que sea posible se las mantendrá separadas de las personas presas. Principio 9 Las autoridades que arresten a una persona, la mantengan detenida o investiguen el caso sólo podrán ejercer las atribuciones que les confiera la ley, y el ejercicio de esas atribuciones estará sujeto a recurso ante un juez u otra autoridad. Principio 10 Toda persona arrestada será informada en el momento de su arresto de la razón por la que se procede a él y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. Principio 11 1. Nadie será mantenido en detención sin tener la posibilidad real de ser oído sin demora por un juez u otra autoridad. La persona detenida tendrá el derecho de defenderse por sí misma o ser asistida por un abogado según prescriba la ley. 2. Toda persona detenida y su abogado, si lo tiene, recibirán una comunicación inmediata y completa de la orden de detención, junto con las razones en que se funde. 3. Se facultará a un juez o a otra autoridad para considerar la prolongación de la detención según corresponda. Principio 12 1. Se harán constar debidamente: a) Las razones del arresto; b) La hora del arresto de la persona y la hora de su traslado al lugar de custodia, así como la hora de su primera comparecencia ante el juez u otra autoridad; c) La identidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hayan intervenido; d) Información precisa acerca del lugar de custodia. 2. La constancia de esas actuaciones será puesta en conocimiento de la persona detenida o de su abogado, si lo tiene, en la forma prescrita por la ley. Principio 13 Las autoridades responsables del arresto, detención o prisión de una persona deberán suministrarle, en el momento del arresto y al comienzo del período de detención o de prisión o poco después, información y una explicación sobre sus derechos, así como sobre la manera de ejercerlos. Principio 14 Toda persona que no comprenda o no hable adecuadamente el idioma empleado por las autoridades responsables del arresto, detención o prisión tendrá derecho a que se le comunique sin demora, en un idioma que comprenda, la información mencionada en el principio 10, el párrafo 2 del principio 11, el párrafo 1 del principio 12 y el principio 13 y a contar con la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete en las actuaciones judiciales posteriores a su arresto. Principio 15 A reserva de las excepciones consignadas en el párrafo 4 del principio 16 y el párrafo 3 del principio 18, no se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en particular de su familia o su abogado, por más de algunos días. Principio 16 1. Prontamente después de su arresto y después de cada traslado de un lugar de detención o prisión a otro, la persona detenida o presa tendrá derecho a notificar, o a pedir que la autoridad competente notifique, a su familia o a otras personas idóneas que él designe, su arresto, detención o prisión o su traslado y el lugar en que se encuentra bajo custodia. 2. Si se trata de un extranjero, la persona detenida o presa será también informada prontamente de su derecho a ponerse en comunicación por los medios adecuados con una oficina consular o la misión diplomática del Estado del que sea nacional o de aquel al que, por otras razones, competa recibir esa comunicación, de conformidad con el derecho internacional o con el representante de la organización internacional competente, si se trata de un refugiado o se halla bajo la protección de una organización intergubernamental por algún otro motivo. 3. Si la persona detenida o presa es un menor o una persona incapaz de entender cuáles son sus derechos, la autoridad competente se encargará por iniciativa propia de efectuar la notificación a que se hace referencia en este principio. Se velará en especial porque los padres o tutores sean notificados. 4. La autoridad competente hará o permitirá que se hagan sin demora las notificaciones a que se hace referencia en el presente principio. Sin embargo, la autoridad competente podrá retrasar una notificación por un período razonable en los casos en que las necesidades excepcionales de la investigación así lo requieran. Principio 17 1. Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La autoridad competente les informará de ese derecho prontamente después de su arresto y les facilitará medios adecuados para ejercerlo. 2. La persona detenida que no disponga de asistencia de un abogado de su elección tendrá derecho a que un juez u otra autoridad le designe un abogado en todos los casos en que el interés de la justicia así lo requiera y sin costo para él si careciere de medios suficientes para pagarlo. Principio 18 1. Toda persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse con su abogado y a consultarlo. 2. Se darán a la persona detenida o presa tiempo y medios adecuados para consultar con su abogado. 3. El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado y a consultarlo y comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta confidencialidad, no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias excepcionales que serán determinadas por la ley o los reglamentos dictados conforme a derecho, cuando un juez u otra autoridad lo considere indispensable para mantener la seguridad y el orden. 4. Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán celebrarse a la vista de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero éste no podrá hallarse a distancia que le permita oir la conversación. 5. Las comunicaciones entre una persona detenida o presa y su abogado mencionadas en el presente principio no se podrán admitir como prueba en contra de la persona detenida o presa a menos que se relacionen con un delito continuo o que se proyecte cometer. Principio 19 Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho. Principio 20 Si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un lugar de detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de residencia habitual. Principio 21 1. Estará prohibido abusar de la situación de una persona detenida o presa para obligarla a confesar o declarar contra sí misma o contra cualquier otra persona. 2. Ninguna persona detenida será sometida, durante su interrogatorio, a violencia, amenazas o cualquier otro método de interrogación que menoscabe su capacidad de decisión o su juicio. Principio 22 Ninguna persona detenida o presa será sometida, ni siquiera con su consentimiento, a experimentos médicos o científicos que puedan ser perjudiciales para su salud. Principio 23 1. La duración de todo interrogatorio a que se someta a una persona detenida o presa y la de los intervalos entre los interrogatorios, así como la identidad de los funcionarios que los hayan practicado y la de las demás personas presentes, serán consignadas en registros y certificadas en la forma prescrita por ley. 2. La persona detenida o presa, o su abogado, cuando lo disponga la ley, tendrá acceso a la información descrita en el párrafo 1 del presente principio. Principio 24 Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos. Principio 25 La persona detenida o presa o su abogado, con sujeción únicamente a condiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o prisión, tendrá derecho a solicitar autorización de un juez u otra autoridad para un segundo examen médico o una segunda opinión médica. Principio 26 Quedará debida constancia en registros del hecho de que una persona detenida o presa ha sido sometida a un examen médico, del nombre del médico y de los resultados de dicho examen. Se garantizará el acceso a esos registros. Las modalidades a tal efecto serán conformes a las normas pertinentes del derecho interno. Principio 27 La inobservancia de los presentes principios en la obtención de las pruebas se tendrá en cuenta al determinar la admisibilidad de tales pruebas contra una persona detenida o presa. Principio 28 La persona detenida o presa tendrá derecho a obtener, dentro de los límites de los recursos disponibles si se trata de fuentes públicas, cantidades razonables de materiales educacionales, culturales y de información, con sujeción a condiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o prisión. Principio 29 1. A fin de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos pertinentes, los lugares de detención serán visitados regularmente por personas calificadas y experimentadas nombradas por una autoridad competente distinta de la autoridad directamente encargada de la administración del lugar de detención o prisión, y dependientes de esa autoridad. 2. La persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse libremente y en régimen de absoluta confidencialidad con las personas que visiten los lugares de detención o prisión de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente principio, con sujeción a condiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en tales lugares. Principio 30 1. Los tipos de conducta de la persona detenida o presa que constituyan infracciones disciplinarias durante la detención o la prisión, la descripción y duración de las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse y las autoridades competentes para aplicar dichas sanciones se determinarán por ley o por reglamentos dictados conforme a derecho y debidamente publicados. 2. La persona detenida o presa tendrá derecho a ser oída antes de que se tomen medidas disciplinarias. Tendrá derecho a someter tales medidas a autoridades superiores para su examen. Principio 31 Las autoridades competentes procurarán asegurar, de conformidad con el derecho interno y cuando se necesite, la asistencia a los familiares de las personas detenidas o presas que estén a cargo de éstas, y en particular a los menores, y velarán especialmente por la tutela de los niños que hayan quedado privados de supervisión. Principio 32 1. La persona detenida o su abogado tendrá derecho a interponer en cualquier momento una acción, con arreglo al derecho interno, ante un juez u otra autoridad a fin de impugnar la legalidad de su detención y, si ésta no fuese legal, obtener su inmediata liberación. 2. El procedimiento previsto en el párrafo 1 del presente principio, será sencillo y expedito y no entrañará costo alguno para el detenido, si éste careciere de medios suficientes. La autoridad que haya procedido a la detención llevará sin demora injustificada al detenido ante la autoridad encargada del examen del caso. Principio 33 1. La persona detenida o presa o su abogado tendrá derecho a presentar a las autoridades encargadas de la administración del lugar de detención y a las autoridades superiores y, de ser necesario, a las autoridades competentes que tengan atribuciones fiscalizadoras o correctivas una petición o un recurso por el trato de que haya sido objeto, en particular en caso de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 2. Los derechos que confiere el párrafo 1 del presente principio, podrán ser ejercidos por un familiar de la persona presa o detenida o por otra persona que tenga conocimiento del caso cuando ni la persona presa o detenida ni su abogado tengan posibilidades de ejercerlos. 3. La petición o recurso serán confidenciales si así lo pidiere el recurrente. 4. Toda petición o recurso serán examinados sin dilación y contestados sin demora injustificada. Si la petición o recurso fueren rechazados o hubiere un retraso excesivo, el recurrente tendrá derecho a presentar una petición o recurso ante un juez u otra autoridad. Ni las personas detenidas o presas ni los recurrentes sufrirán perjuicios por haber presentado una petición o recurso de conformidad con el párrafo 1 del presente principio. Principio 34 Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez u otra autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la familia de esa persona o de alguna persona que tenga conocimiento del caso, investigará la causa de la muerte o desaparición. Cuando las circunstancias lo justifiquen, se llevará a cabo una investigación iniciada de la misma manera cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de terminada la detención o prisión. Las conclusiones de esa investigación o el informe correspondiente serán puestos a disposición de quien lo solicite, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso. Principio 35 1. Los daños causados por actos u omisiones de un funcionario público que sean contrarios a los derechos previstos en los presentes principios serán indemnizados de conformidad con las normas del derecho interno aplicables en materia de responsabilidad. 2. La información de la que se deba dejar constancia en registros a efectos de los presentes principios estará disponible, de conformidad con los procedimientos previstos en el derecho interno, para ser utilizada cuando se reclame indemnización con arreglo al presente principio. Principio 36 1. Se presumirá la inocencia de toda persona sospechosa o acusada de un delito y se la tratará como tal mientras no haya sido probada su culpabilidad conforme al derecho en un juicio público en el que haya gozado de todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Sólo se procederá al arresto o detención de esa persona en espera de la instrucción y el juicio cuando lo requieran las necesidades de la administración de justicia por motivos y según condiciones y procedimientos determinados por ley. Estará prohibido imponer a esa persona restricciones que no estén estrictamente justificadas para los fines de la detención o para evitar que se entorpezca el proceso de instrucción o la administración de justicia, o para el mantenimiento de la seguridad y el orden en el lugar de detención. Principio 37 Toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin demora tras su detención ante un juez u otra autoridad determinada por ley. Esa autoridad decidirá sin dilación si la detención es lícita y necesaria. Nadie podrá ser mantenido en detención en espera de la instrucción o el juicio salvo en virtud de orden escrita de dicha autoridad. Toda persona detenida, al comparecer ante esa autoridad, tendrá derecho a hacer una declaración acerca del trato que haya recibido durante su detención. Principio 38 La persona detenida a causa de una infracción penal tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad en espera de juicio. Principio 39 Excepto en casos especiales indicados por ley, toda persona detenida a causa de una infracción penal tendrá derecho, a menos que un juez u otra autoridad decida lo contrario en interés de la administración de justicia, a la libertad en espera de juicio con sujeción a las condiciones que se impongan conforme a derecho. Esa autoridad mantendrá en examen la necesidad de la detención. Cláusula general Ninguna de las disposiciones del presente Conjunto de Principios se entenderá en el sentido de que restrinja o derogue ninguno de los derechos definidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

LAS CÁRCELES por Miguel Hernàndez

I

Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo, van por la tenebrosa vía de los juzgados: buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan.

No se ve, que se escucha la pena de metal, el sollozo del hierro que atropellan y escupen: el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso.

Allí, bajo la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de la lágrima que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas, fabrican, tejen, hunden.

Cuando están las perdices más roncas y acopladas, y el azul amoroso de las fuerzas expansivas, un hombre hace memoria de la luz, de la tierra, húmedamente negro.

Se da contra las piedras la libertad, el día, el paso galopante de un hombre, la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma, la libertad, un hombre.

Un hombre que cosecha y arroja todo el viento desde su corazón donde crece un plumaje: un hombre que es el mismo dentro de cada frío, de cada calabozo.

Un hombre que ha soñado con las aguas del mar, y destroza sus alas como un rayo amarrado, y estremece las rejas, y se clava los dientes en los dientes del trueno.

II

Aquí no se pelea por un buey desmayado, sino por un caballo que ve pudrir sus crines, y siente sus galopes debajo de los cascos pudrirse airadamente.

Limpiad el salivazo que lleva en la mejilla, y desencadenad el corazón del mundo, y detened las fauces de las voraces cárceles donde el sol retrocede.

La libertad se pudre desplumada en la lengua de quienes son sus siervos más que sus poseedores. Romped esas cadenas, y las otras que escucho detrás de esos esclavos.

Esos que sólo buscan abandonar su cárcel, su rincón, su cadena, no la de los demás. Y en cuanto lo consiguen, descienden pluma a pluma, enmohecen, se arrastran.

Son los encadenados por siempre desde siempre. Ser libre es una cosa que sólo un hombre sabe: sólo el hombre que advierto dentro de esa mazmorra como si yo estuviera.

Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero. Ata duro a ese hombre: no le atarás el alma. Son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias: no le atarás el alma.

Cadenas, sí: cadenas de sangre necesita. Hierros venenosos, cálidos, sanguíneos eslabones, nudos que no rechacen a los nudos siguientes humanamente atados.

Un hombre aguarda dentro de un pozo sin remedio, tenso, conmocionado, con la oreja aplicada. Porque un pueblo ha gritado, ¡libertad!, vuela el cielo. Y las cárceles vuelan.

FUENTES

Vigilar y castigar - Michel Foucault
Las Cárceles - Carlos Cúneo
La Nación - 23-05-04
Río Negro - 27-03-05
La Nación - 14-04-05
Clarín - 18-05-05
La Nación - 11-01-05
Clarín - 1-3-02-05
International Middle East Center - 02-02-05
www.fdlpalestina.org - 08-11-04
Notas de Actualidad - 21-10-04
La Nación - 13-03-2005
Página/12 y La Nación - 14-04-05
Pág/12 - 14-04-05
Pág/12 - 08-05-05
Clarín - 24-10-04
CCD en la provincia de Santa Fe
Prensa - 24-01-05
La Capital - Impresiones de la cárcel de Coronda.- Boletín Informativo n° 319
Correpi Clarín - 24-04-05
Le Monde Diplomatique - mayo 2005
Le Monde Diplomatique - junio 2005
Página/12 - 18-11-04
Clarín 14-01-05
Clarín 15-04-05
Clarín 13-05-05
La Nación 11-02-05
La Nación 07-06-04
Clarín - 02-01-05
La Nación 26-04-05
Pág/12 - 17-04-05
Clarín - 18-09-04
Clarín - Revista Viva - Historias del Infierno - La Opinión Digital- 31-03-05V Terra VNA América Latina - 10-09-04
Pacificar. Com 21-01-05
http://www.redvoltaire.net/article1866.html - 15-04-04
Círculo de Investig. Castigo y Sociedad - 01-11-04
Trabajador Católico de Houston, Vol. XVIII, No. 7, diciembre 1998
Francesc Relea - 12-02-01
Red AndinaRisolidaria - Fundación Paz Ciudadana - 20-01-03
Cimac -IPS - Caracas - 01-10-04
Revolutionary Worker Online - http://rwor.org
BBC Mundo
Diario O Globo
Radio Cooperativa - 13-04-05
Niñez y Juventud - 11-06-04
El Universal - Caracas - 08-04-05
Torture - volumen 5 - n°4, pp.72 -76, 1995
El hombre acecha (1937-1939)

Concluídas
. Cómo el Imperio mueve sus piezas en Latinoamérica
. Rodolfo Walsh
. El Informe Kissinger - NSSM 200
. Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar
. Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar
. ¿El último negocio de Ibarra?
. Minerales al rojo
. El precio de un muerto
. Camila
. ¿Qué Pagamos?
. Cinco Siglos Igual
. La Contraofensiva
. Buenos Aires S. A.
. El Vuelo del Águila
. El Imperio Contraataca (2)
. El Imperio Contraataca (1)
. El Misterioso Señor H
. Escuadrones de la Muerte
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