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Morales hará cambios en su política petrolera
 

Buenos Aires, 30 ago (Urgente 24) - Los percances han sido varios y Evo Morales acumula problemas en vez de resolverlos. Por lo tanto, pareciera decidido a reformular su relación con las empresas de hidrocarburos para asegurar recursos financieros. Esto sería positivo aunque con Morales parece que nunca se sabe en parte por él y en parte por la dinámica de Bolivia, casi un estado fallido. Algunas novedades:

Malos días en Bolivia. Fuentes diplomáticas estadounidenses explicaron que el presidente, Evo Morales, negoció los reclamos en la zona fronteriza con la Argentina y del departamento de Chuquisaca, mientras busca acercarse a los maestros urbanos,de orientación trotskista, que amenazan con paralizar otra vez las clases en todo el país. El martes llegó a un acuerdo con el gremio de transportistas. Pero los trabajadores del sector salud mantienen su huelga que ya lleva varios días.

Morales logró conjurar un paro de actividades en Chuquisaca, pero no la huelga de dirigentes ni el estado de emergencia. La Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) decidió cerrar los accesos de la ciudad como protesta a la actitud agresiva del Gobierno.

Pero la situación más grave para la administración Morales fue destituir a duras penas a su correligionario y titular de la compañía estatal de petróleos, Jorge Alvarado, acusado de corrupción.

Morales debió hacerlo mientras, a la vez, solucionaba, a medias, una huelga en Tarija, convocada por la dirigencia cívica en solidaridad con pobladores de la frontera con la Argentina, que están afectados por medidas restrictivas al comercio adoptadas por el gobierno de Néstor Kirchner.

La administración del presidente Evo Morales ofreció amplias garantías a las empresas petroleras para que puedan seguir operando en Bolivia y, de paso, anunció que hasta el 1º de noviembre estarán firmados los nuevos contratos con las transnacionales.

“Nadie se va, todas se quedan. Con todas vamos a negociar, y estoy seguro que vamos a encontrar muy buenos resultados para el país”, afirmó el ministro de Planificación de Desarrollo, Carlos Villegas.

Añadió que el equipo del sector hidrocarburos se reunió con el presidente Evo Morales para ultimar los detalles de los nuevos contratos, “que ya están aprobados” y que serán puestos a consideración de las empresas petroleras que operan en el país.

Explicó que únicamente falta la aprobación por parte del Presidente del cronograma de negociaciones, toda vez que todos los ministros que forman parte de la comisión de negociación ya conocen a profundidad el tema.

Por su parte, la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia (CHB), a través de su gerente de Estrategias, Yussef Akly, expresó su confianza en las autoridades designadas para negociar los nuevos contratos y dijo que el objetivo es “viabilizar el proceso de negociación y dar un impulso a las inversiones de este sector”.

A diferencia de los contratos de riesgo compartido, la Ley de Hidrocarburos (Ley 3.058) establece 3 modelos de contrato:

> de producción compartida,

> de operación, y

> de asociación.

“Nosotros como Gobierno nos vamos a inclinar a tener un solo contrato”, explicó Villegas y añadió que una de las razones es porque las petroleras “ya tienen campos descubiertos, explorados y lo que necesitan —las empresas y nosotros— es desarrollo de plantas; eso vamos a negociar”.

De acuerdo al análisis de la propia diplomacia estadounidense, Evo Morales no ha tomado debida cuenta, por ejemplo, que Bolivia no representa ni el 1% de los beneficios de Repsol YPF, pero supone el 15% de sus reservas.

El Gobierno español cuestionó activamente las persecuciones judiciales contra sus ejecutivos de Repsol YPF. Al día siguiente, Morales le pidió la renuncia a Jorge Alvarado, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

En cualquier caso, la ayuda prometida por Hugo Chávez vía Pdvsa no alcanza para reimpulsar la producción de energía de Bolivia. En el pasado, Bolivia tenía gas en explotación pero la riqueza no llegaba a su población. En el presente, Bolivia no tendrá gas en explotación y el resultado será similar.

El siguiente Memorando circula en fuentes diplomáticas, petroleras y también en varios medios de comunicación:

"Introducción

La nacionalización de los hidrocarburos atraviesa en estos días por su peor momento. Tras haber suspendido sus inversiones, la industria petrolera espera que el gobierno concluya el proceso de auditorias para renegociar los contratos y un sonoro escándalo de corrupción sacude las estructuras de YPFB, forzando esta semana en el Senado que la oposición - en ausencia de los representantes del MAS - censurara al Ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.

El presidente de YPFB, Jorge Alvarado, cuya cabeza reclaman la oposición y la Superintendencia de Hidrocarburos, está sospechado - entre otras acusaciones -de haber autorizado una venta de crudo a Brasil en abierta violación a las leyes en vigencia, y el presidente Evo Morales - que siempre lo respaldó- le dio plazo hasta el 5 de septiembre próximo para que presente sus descargos.

Para muchos observadores, la política llevada adelante por el gobierno - consistente en una serie de acusaciones de corrupción, contrabando y ganancias desmedidas contra las petroleras - dio una vuelta de campana: ante la serie de negocios poco claros impulsados desde YPFB (denunciados inclusive por otros organismos del Estado), la opinión pública comienza a percibir que están bajo sospecha encumbrados funcionarios designados por Morales.

Aunque no necesariamente esté involucrada en los casos que estamos considerando, hay que mencionar en esta trama a la diputada del MAS por Cochabamba, Milena Aracely Hinojosa García. Y el motivo es que esta mujer es, además de la supuesta amante de Jorge Alvarado, la más activa denunciante contra las compañías del sector.

Sin perjuicio de que en el presente informe serán desarrollados en detalle, hacemos a continuación una breve enunciación de los principales casos de corrupción denunciados en YPFB, que involucran tanto a su presidente, Jorge Alvarado, como a funcionarios y a parlamentarios vinculados con él: Caso Iberoamérica Trading: surgió a la luz al conocerse que YPFB suscribió - sin licitación previa ni conocimiento del Ministerio de Hidrocarburos - un contrato con Iberoamérica Trading SRL para la exportación de 2.000 barriles de petróleo crudo a Brasil.

Iberoamérica sería la intermediaria, ya que la brasileña Univen es la que recibiría finalmente el producto y pagaría, supuestamente, con diesel.

La Superintendencia de Hidrocarburos sostiene que la operación representaría un daño al Estado de aproximadamente US$ 39 millones.

Caso Gas del Sur: mientras los observadores coinciden en que detrás del caso Iberoamérica Trading está la figura de Eduardo Baldivieso Bascopé - veterano asesor del Ministerio de Hidrocarburos, de YPFB y amigo de Alvarado - la Aduana nacional investiga el supuesto contrabando de gas licuado de petróleo (GLP) a Paraguay de la empresa Gas del Sur. El propietario de la firma es el propio Baldivieso y su esposa es la representante legal.

Caso de la auditora Consult System: el diputado opositor Meter Maldonado (UN) denunció que una de las empresas contratadas para auditar los campos petroleros de Colpa y Caranda, Consult System Asociados, no realiza en rigor esas tareas, sino que subcontrataba a su vez a Mostajo Sociedad Civil. Esta última sería propiedad del destacado constitucionalista Manuel Morales Dávila, cuyo hijo - Manuel Morales Olivera - es asesor del presidente de YPB.

Caso de los seguros: el 23 de junio último, YPFB adjudicó su programa de seguros a dos aseguradoras que ofertaron los precios más altos para cubrir todo tipo de siniestros y accidentes personales. Se supo también que una de las dos - Fortaleza, que cubrirá ocho de las 11 pólizas posibles - presentó como reaseguradoras a tres empresas que no están registradas en la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros ni califican para ser admitidas por la autoridad reguladora.

YPFB EN PUNTO MUERTO.

El Gobierno admitió públicamente que desde el 1° de mayo se avanzó poco en la instrumentación del Decreto de Nacionalización, por lo que en estos días - tres meses después - elabora un plan para salvar ese proceso.

Un comunicado del Ministerio de Hidrocarburos indicó que ese plan consiste en un proyecto de ley para reorganizar a YPFB, empresa que resulta clave en el manejo y la comercialización de los hidrocarburos.

En Decreto 27.801 del 1 de mayo estableció que, en 60 días, se procedería a la reestructuración integral de YPFB, “convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social”.

De todas las atribuciones que le otorga el Decreto Supremo, Yacimientos sólo asumió el monopolio del mercado mayorista de carburantes - todavía no tiene la capacidad operativa y llueven quejas por desabastecimiento en distintas regiones - y designó a sus directores en cinco compañías nacionalizadas.

También negoció - con validez sólo hasta fin de año - el aumento del precio del gas boliviano que se vende a la Argentina. La negociación con Brasil, en cambio, está paralizada ya que Brasilia no está dispuesta a seguir las reglas del juego que pretendió imponer el gobierno boliviano.

En cuanto al resto de las tareas, como el control de las refinerías, la negociación de los nuevos contratos con las empresas petroleras y la importación/exportación de petróleo, los avances fueron escasos o nulos.

El comunicado del MH admitió que, por el momento, la participación de YPFB en toda la cadena productiva del sector “está temporalmente suspendida debido a la falta de recursos económicos”. Agregó que ello será subsanado cuando el Banco Central de Bolivia desembolse un préstamo de US$ 180 millones, sobre el que la entidad ya anticipó que no está entre sus atribuciones el otorgarlo.

En cuanto a la renegociación de los contratos, la misma sólo podrá comenzar una vez finalizadas las auditorías, fecha que los observadores fijan - con suerte y viento a favor - cerca de fin de año, y el Gobierno a fines de octubre. Dentro de los 90 días fijados por el Decreto de Nacionalización, el Gobierno tampoco logró hacerse con el 51% de las acciones de las capitalizadas Chaco, Andina y Transredes. Sólo consiguió transferir las acciones de los bolivianos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la petrolera estatal y nombró sus directores y síndicos en esas empresas.

Yacimientos no pudo aún tomar el control de las refinerías de propiedad de Petrobrás ni de la controlada por la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB), porque las negociaciones para comprar el 51% están ciertamente estancadas.

Es en medio de este complicado panorama para el Estado boliviano que afloran los mencionados casos de corrupción dentro de YPFB, y que fueron denunciados o respaldados por el organismo que debe controlarla, esto es, la Superintendencia de Hidrocarburos.

Veamos ahora, caso por caso, de qué estamos hablando.

UN CONTRATO SOSPECHOSO.

El contrato que firmó YPFB con Iberoamérica Trading violó varias normas legales y administrativas - entre ellas el Decreto de Nacionalización y la ley Safco - tal lo establecido por una auditoria recientemente realizada por Ministerio de Hidrocarburos.

Mientras esa auditoria encontró indicios de responsabilidad administrativa por parte del presidente de Yacimientos, Jorge Alvarado, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, aclaró que la destitución del primero es resorte exclusivo del presidente Evo Morales.

“Las sanciones pueden ir desde la amonestación hasta la suspensión definitiva. Si bien hay un vacío legal, se piensa que la autoridad que debe tomar una decisión es la que lo nombró, en este caso, el presidente de la República”, dijo Soliz Rada, quien afirmó que Alvarado tiene 10 días para presentar sus descargos en forma documentada.

El 8 de junio último, YPFB suscribió un contrato con Iberoamérica Trading SRL para la exportación diaria de 2.000 barriles de petróleo crudo a Brasil. El 21 del mismo mes, Iberoamérica firmó otro contrato, esta vez con Univen, para la importación de diesel.

El 21 de julio último, la Superintendencia de Hidrocarburos denegó - por medio de la Resolución 1014/06 - la licencia para la proyectada exportación y giró el expediente a la Fiscalía de La Paz para que se investigue un presunto daño económico en perjuicio del Estado boliviano.

Por su parte, un informe preliminar del Ministerio de Hidrocarburos dictaminó que no hubo un proceso competitivo ni transparente en la contratación con Iberoamérica por parte de YPFB. También, que se vulneraron principios de responsabilidad y de transparencia a los que la administración pública está ciertamente obligada.

El MH sostuvo que no se emitió un informe escrito que sustente la decisión de contratar a Iberoamérica y no a otras empresas del rubro, documento que debió haber sido elevado al propio organismo.

“Se hace notar que el ministro de Hidrocarburos no fue consultado para la firma del contrato”, dijo Soliz Rada.

Siempre según el MH, se comprobó también el incumplimiento de los artículos 2 y 5 del Decreto de Nacionalización, “al haber emitido YPFB la Resolución Administrativa 060/06 del 1° de julio de 2006, que autoriza la firma del contrato con Iberoamérica y le transfiere la propiedad de los hidrocarburos.

Para el ministro Soliz Rada, Alvarado firmó el contrato sin el respaldo de un informe técnico-legal y no comunicó a su superior - como lo fija la ley - que se trataba de un caso en el que por su urgencia era necesario contratar a empresas intermediarias sin licitación previa.

Alvarado, por su parte, justificó su proceder en el hecho de que el crudo que se exportaría serviría para procesar diesel para el mercado boliviano, combustible cuya escasez es notoria en los días que corren.

La auditoría del MH encontró que durante la elaboración y la firma del contrato no intervino el abogado de YPFB.

Soliz Rada agregó que existe “algo poco claro” con relación a la fecha de suscripción del convenio y la presentación del informe técnico. “De la revisión de la documentación se desprende que el contrato fue firmado el 8 de junio.

Sin embargo, el informe técnico se conoció recién el 28 de junio”.

El presidente Evo Morales, a todo esto, salió a respaldar a Alvarado, diciendo que “hay intereses internos y externos que quieren frenar la nacionalización con acusaciones falsas. No encuentro que Alvarado esté implicado en temas de corrupción”, concluyó el jefe del Estado.

MÁS PUNTOS OSCUROS.

Por si al lector desavisado le pasó inadvertida la mención de Univen en el cuestionado contrato entre YPFB e Iberoamérica Trading, recordemos que se trata de la misma empresa brasileña que litiga contra Andina por una pretendida deuda de US$ 177 millones, y que actualmente se dirime en la Corte Internacional de Arbitraje. Su razón social completa es Univen Petroquímica Limitada de Brasil.

La deuda, como se sabe, es inexistente, dado que Andina - según lo estipulaba el contrato que ligaba a ambas y que finalizó en 2004 - debió interrumpir el suministro pactado de petróleo crudo exportable a Univen en cumplimiento de una Resolución de la Superintendencia de Hidrocarburos que ordenó que la totalidad del producto fuera enviado a la Empresa Boliviana de Refinación para paliar la creciente demanda del mercado interno.

Nótese también que el gerente general de Iberoamérica Trading, Germán Ritcher, es también el representante legal en Bolivia de Univen. Preguntado Alvarado si el contrato de Iberoamérica violaba la nacionalización por cuanto se contrató con una intermediaria que luego le vendía a un tercero, contestó: “No, porque en realidad Iberoamérica y Univen son la misma cosa. Son parte de un mismo holding”.

El contrato por el que debe responder Alvarado establecía que Yacimientos iba a vender petróleo crudo a Iberoamérica y que ésta, a su vez, lo comercializaría a la brasileña Univen. YPFB recibiría a cambio diesel oil aunque no los otros subproductos (gasolina, nafta, kerosén, GLP y otros).

Según los diputados René Ramos (MAS) y Peter Maldonado (UN), el ex asesor de YPFB Eduardo Baldivieso Bascopé sería socio en distintos emprendimientos del ya mencionado Germán Ritcher y habría participado activamente en la negociación con Iberoamérica y Univen.

Baldivieso Bascopé renunció a su cargo en YPFB el mismo día que la Superintendencia de Hidrocarburos rechazó la solicitud de Iberoamérica. El personaje trabajó anteriormente como asesor del Ministerio de Hidrocarburos, luego de lo cual fue nombrado intendente de Hidrocarburos, cargo que ocupó hasta enero de 2005.

Los memoriosos recuerdan cómo, en septiembre de 2004, siendo Baldivieso Bascopé transitorio Superintendente de Hidrocarburos por un viaje ocasional del titular, Hugo de La Fuente, nuestro hombre aprovechó la ocasión para firmar una resolución que perjudicaba a Andina en beneficio de Univen. Resolución cuya anulación fue lo primero que hizo De la Fuente al regresar de su viaje.

Días atrás, y antes de que se estallara el escándalo que lo tiene a Alvarado como protagonista, el periodista Carlos Valverde, en su programa televisivo “Sin letra chica”, adelantó algunos datos de la cuestión y se preguntó porqué en aquella oportunidad Univen, que se había visto perjudicada por una decisión gubernamental, querelló sólo a Andina y no al Estado boliviano. Siendo que el incumplimiento de aquella se debió a una imposición oficial. “Es más fácil ir contra Andina - dijo Valverde - porque con el Estado boliviano seguirán haciendo negocios”.

En la misma emisión, y sin que nadie haya desmentido nada hasta la fecha, Valverde indicó que estaba en posesión de informaciones provenientes de Brasil que daban cuenta de que la Justicia de ese país había pedido la quiebra civil y comercial de la firma, la que al mismo tiempo era objeto de una investigación por supuesto fraude impositivo en la Cámara de Diputados. Este último dato está disponible en el sitio de Internet de la Cámara Baja brasileña.

BALDIVIESO SE ANOTA EN TODAS.

Dentro de la serie de acusaciones por corrupción que oscurecen el cielo de la nacionalización y la honestidad de los equipos del gobierno hay que consignar que la Aduana Nacional investiga a Eduardo Valdivieso Bascopé, propietario de la transportadora Gas del Sur, por supuesto contrabando de gas licuado de petróleo (GLP) a Paraguay.

La presidenta de la Aduana, Marcia Morales, aclaró que la investigación busca establecer si Gas del Sur exportó o no la cantidad de GLP que fue autorizada por el entonces ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, en 2004.

“Efectivamente la empresa Gas del Sur exportó gas licuado de petróleo al Paraguay con autorización del Ministerio de Hidrocarburos. Lo que se está haciendo ahora es cruzar la información con Impuestos Internos y la Superintendencia de Hidrocarburos para verificar si los volúmenes o montos corresponden o si hay remanentes que puedan no tener su respaldo correspondiente”, dijo a ABI la titular de la Aduana.

Y agregó Morales: “En ese tiempo, el Ministro Torres autorizó la exportación de volúmenes muy superiores a los que exportó Gas del Sur. Es decir, que tenía una autorización para exportar 7.000 barriles de gas pero sólo exportó dos o tres mil barriles.

En 2004, Gas del Sur recibió de YPFB residual 1.285 toneladas de gas licuado, aunque sólo distribuyeron en el país 426 tn. La diferencia, se sospecha, pudo haber sido pasada de contrabando, concluyó Morales.

Documentos a los tuvo acceso el diario La Razón dan cuenta que, en 2004, Baldivieso Bascopé recurría para defender los intereses de Gas del Sur al entonces diputado Jorge Alvarado. Así, en una carta dirigida al actual titular de YPFB con fecha 4 de octubre, el entonces intendente de Hidrocarburos le informaba de irregularidades cometidas por otras petroleras en la exportación de hidrocarburos líquidos.

En esa misiva, Valdivieso Bascopé le contaba a su amigo Alvarado que Chaco y EBR, además de exportar GLP, vendían el producto a mayor precio en el mercado interno. Gas del Sur, por el contrario, no contravenía disposición legal alguna en sus operaciones de exportación. Siempre según su propietario y entonces funcionario del Gobierno.

EL TURNO DE LAS AUDITORIAS.

Una vez más, el jefe de la bancada de Unidad Nacional de la Cámara de Diputados, Peter Maldonado, cargó contra la corrupción en las filas de YPFB. Denunció que la empresa Consult System Asociados, contratada entre otras para auditar los campos petroleros, no hacía en realidad la tarea encomendada.

“Quienes en realidad hacen el trabajo operativo, la recolección y el procesamiento de la información son los personeros de la empresa Mostajo Sociedad Civil. En julio de 2006 - agregó Maldonado - la firma Mostajo comunicó públicamente la incorporación como asociado del destacado constitucionalista Manuel Morales Dávila a su estudio de abogados”.

El denunciante recordó que Manuel Morales Olivera, hijo de Morales Dávila y ex candidato del MAS a la Prefectura de La Paz, es el asesor de la presidencia de YPFB, esto es, asesora a Jorge Alvarado.

“Sin duda en este caso hubo a todas luces tráfico de influencias”, concluyó el diputado de Unidad Nacional.

El asesor de la presidencia de YPFB, Manuel Morales Olivera, dijo que querellaría por calumnias a Maldonado. Sin embargo, cuando fue consultado si tenía conocimiento de una supuesta vinculación entre Mostajo Sociedad Civil y Consult System, Morales admitió que esta última había contratado al abogado Carlos Mostajo para que realice una consultoría, pero “a título personal”.

Posteriormente, Morales Olivera pidió públicamente al Ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, “la inmediata suspensión y revisión minuciosa de la adjudicación de la auditoria a Consult System. El Ministro le contestó que eso era imposible, porque “las auditorias son impostergables si se quiere cumplir con el calendario de la nacionalización”. Que ya lleva más de dos meses de atraso.

LOS SEGUROS, BAJO LA LUPA.

Otro de los cuestionamientos que se le hicieron a la YPFB de Jorge Alvarado - a quienes no pocos sindican como el “cajero” del presidente Evo Morales - fue el de haber adjudicado su programa de seguros a las dos empresas del rubro que más alto cotizaron en la licitación convocada al efecto.

Las quejas por el resultado del concurso provinieron, lógicamente, del resto de las aseguradoras que no fueron seleccionadas, y que recurrieron a los medios periodísticos sembrando dudas sobre la transparencia de los procedimientos empleados por YPFB.

Uno de los interrogantes planteados por el diario La Razón (11/08) fue, por ejemplo, porqué se descalificó a varias de las compañías que ofrecían los mismos servicios pero con precios más bajos, siendo que se trataba de empresas con larga trayectoria y acreditada solvencia. Se supo también que el proceso licitatorio fue impugnado por lo menos por cuatro de las firmas no favorecidas.

Llamó también la atención que la compañía Fortaleza se haya adjudicado el programa íntegro de Seguros Generales cuando las reaseguradoras que la respaldan no se encuentran debidamente registradas ante la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.

La Razón constató que esas tres reaseguradoras - New Indian Assurance, Ex Managin y Kane Plus Malagian Agency -, tienen sendas calificaciones que son, en todos los casos, inferiores al mínimo admitido por la entidad reguladora. El presidente de YPFB, Jorge Alvarado, dijo a La Razón que “el proceso fue totalmente transparente”. Y todo siguió como nada hubiese pasado."


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